“¿Quién manda aquí, el Presidente o la isla de Cuba?”, pregunta Rafael Mejía, vocero de los grandes del campo, y amenaza con retirarle a Santos su apoyo en el proceso de paz. Emulando al uribismo, a dirigentes ganaderos amigos de los Castaño, envuelve en el fantasma del castro-chavismo sus temores de que el Gobierno “irrespete” la propiedad privada y el modelo de libre mercado. Credo parco en él mientras la reconciliación era un albur, irrumpe ahora belicoso cuando la presencia plena de las Farc en La Habana augura buen éxito en la negociación final. Cuando a la discusión sobre sustitución de cultivos ilícitos en zonas de influencia guerrillera se suma el Bloque Sur de las Farc, su frente líder en finanzas, en guerra y narcotráfico. Es que la sustitución sería apenas parte de la reforma rural ya pactada; y podría afectar tierras malhabidas dentro de la frontera agrícola, al beso de las ciudades, allí donde la actividad agropecuaria resulta rentable. A aquellas, entre otras, tendrían acceso miles de campesinos sin tierra y cultivadores de coca que retornaran de su exilio en los extramuros de la patria. Perspectiva abrumadora para paramilitares que estrenan zamarros y terratenientes que llevan 200 años haciendo respetar a sangre y fuego su heredad de media res por hectárea, a menudo con títulos falsos. O sin ellos. Negro horizonte si, además, la Misión para la Transformación del Campo proyecta cambios de fondo como producto de los diálogos con las dignidades agrarias y los acuerdos de La Habana.
Piensa la SAC que la insinuación de expropiar tierras aledañas a las ciudades -aun si bien explotadas- y la ambigüedad del Gobierno frente a los baldíos (de los cuales no se desprenderían los grandes propietarios) ponen en peligro la seguridad jurídica de la propiedad. Pero el Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, confirma que el Fondo de Tierras se nutrirá, entre otras fuentes, de la extinción de dominio sobre tierras poseídas en forma ilegal. Y si su afectación “incluye parte de las mejores tierras en zonas centrales del país, como ocurre con frecuencia con la extinción, tanto mejor, pues evitaremos el error histórico de enviar a los campesinos a las zonas más apartadas”.
Mas tampoco parece seguro que las Farc quisieran tributar al repoblamiento en la frontera agrícola con comunidades a las que han gobernado férreamente y cuyo trabajo en los cocales usufructúa la guerrilla. En el negocio del narcotráfico, el fuerte de las Farc son los cultivos. Y no tanto por su rentabilidad económica, como por el poder que deriva del control social y político sobre aquellos colonos y sobre el territorio. Las Farc proponen sustitución de cultivos ilícitos con programas inscritos en alternativas de desarrollo integral del sector que cambien las condiciones de vida de estas comunidades. Pero allí, donde ellas se asentaron, tiempo ha, bajo la égida de las Farc. Incógnitas: de abrirse oportunidades dentro de la frontera agrícola, ¿cuántos de los 300 mil cocaleros permanecerían en tierras de colonización? ¿Cuántos querrían integrarse al mercado sumándose a los nuevos pobladores campesinos cerca de los centros de consumo?
Tal vez en posconflicto la libre movilidad de estos colonos fracture la base social de las Farc. Pero los señores venales de la tierra seguirán perorando su protesta. Y no sólo porque alguna porción de coqueros terminara en predios que fueron suyos mañosamente, sino porque aquellos se sumaran a contingentes mayores de campesinos que tuvieran al fin esa oportunidad sobre la tierra: si se logra la reforma rural que a López Pumarejo le desmontaron a bala hace 80 años; si hoy dejan hacerla los Mejía, los Uribe, los Londoño, los Lafaurie.