Tras la oferta uribista de volver añicos el “maldito” Acuerdo de Paz podrá escudarse la oposición armada a la reforma rural que buscaría formalizar la propiedad en el campo, dar tierra pública al campesino y forzar la producción en tierras inexplotadas. Tímido intento liberal que asoma periódicamente desde hace 80 años, para desfallecer con la misma regularidad aplastado por una derecha cerril y violenta empotrada desde la edad de piedra en el poder. En la intrincada rebatiña de ELN, paramilitares, Bacrim, mafias y una disidencia de las Farc por territorios y negocios que fueron de esa guerrilla, se refocilan también los enemigos más bravíos de la devolución de tierras, ejércitos anti restitución comprendidos. Y acaso terminen estos por disparar asimismo contra la ley agraria que será avenida principal hacia la paz.
Ni alarmismo ni retórica, que el embate podrá escalar a genocidio. Defensoría del Pueblo y ONU cifran en centenares los dirigentes sociales, de derechos humanos y de izquierda asesinados o amenazados de muerte en el último año. El Cinep confirma la expansión del paramilitarismo, autor en ese año de 550 víctimas de asesinato o amenaza; de 83 ejecuciones extrajudiciales, 44 heridos, 9 desaparecidos y 12 torturados. Y centenares de casos permanecen en la sombra. 72 son los líderes de restitución de tierras asesinados.
Como ambientando acciones ejemplarizantes, avasalla la caverna el debate razonado sobre la ley rural, para potenciarlo como táctica de la mentira, cuya eficacia probó el 2 de octubre pasado. En impecable contravía de la realidad, le atribuye al proyecto el propósito de colectivizar la tierra y de entregársela a las Farc. Un editorial de La República lo señala como “venezolanización del campo”. Tanto crédulo dispuesto a comulgar con ruedas de molino; tan desangelada batalla del Gobierno por la estrategia madre del posconflicto podrán hasta salvar a la ultraderecha del ridículo.
Despojada la controversia de sus deformaciones más groseras, una idea nuclear se saca en limpio: el proyecto de ley armoniza la entrega de tierra al campesino con garantías jurídicas al empresario del campo. Aunque en el proceso de conciliación reparos van, reparos vienen, desde la izquierda, desde la academia, desde los gremios de empresarios. Para unos, el proyecto legaliza el despojo y favorece una mayor concentración de la propiedad, en detrimento del campesino. Para los empresarios, la ley pone en riesgo la propiedad privada. Según Yamile Salinas, el proyecto permite la acumulación ilegal de baldíos y menoscaba el derecho de la sociedad a conocer la magnitud del despojo. Otros resintieron falta de garantías de indemnización en procesos de expropiación; y objetaron el poder que el Gobierno se daba para expropiar y decretar extinción de dominio. Éste modificó el proyecto en función de esa crítica.
Pero la ultraderecha presenta por su anverso la verdad. Desde el podio de pastor en auditorio de iglesia, preside Uribe la convención de su partido; y, en delirio de dios y patria, insta al rebaño a seguirlo en su carrera ciega contra el tratado de paz; en marcha de vencedores contra el enemigo de la sacrosanta propiedad. Evocan Ordóñez y Lafaurie su concentración de un año atrás en apoyo de los llamados compradores de buena fe de tierras arrebatadas a sus dueños. Interpelado se sintió a su vez Aníbal Guerra, falso propietario de predio ajeno quien, a una con alias El Patriota, juró defender con su vida hasta el último centímetro de esa tierra. Merodeaban hombres con leyendas contra la restitución de tierras. Cómo destruirán éstos los acuerdos; como defenderán la tierra usurpada: ¿argumentando? ¿orando? ¿disparando?
