Pelando todo el cobre, sorprende este Gobierno cada día con alguna iniciativa para llevar el pensamiento libre al paredón. Ya apunta contra la libertad de prensa; ya contra la libertad de cátedra y la pluralidad de miras en historia, en memoria, en sociedad; ya instala Torquemadas en tu biblioteca y en tu alcoba; ya entrampa la libre profesión de ideas políticas en una telaraña de informantes (¿cuántos armados?), a manera de policía política, cuyos 800.000 miembros son apenas el huevo de un aparato en expansión, probado ya. Pan comido en los gobiernos fascistas y comunistas, son bípedos erguidos a un tiempo sobre la violencia física y la violencia ideológica. Y éstas sostienen los regímenes de fuerza para que prevalezca el pensamiento del jefe, por simple eliminación de toda disensión. Aplanada por la propaganda hasta reducirse a groseras simplificaciones y mentiras, su ideología deriva en dogma afilado para la acción intrépida, profiláctica, que Stalin, Hitler, Mussolini, Fidel, Maduro, Bolsonaro y Trump esgrimieron a su paso por el poder. Lo terrible es que el modelo pega con naturalidad en esta Colombia acostumbrada a dirimir diferencias a puño limpio. O a bala.
En seis meses se ha tejido aquí un dechado de esperpentos. Mientras se amenaza a periodistas independientes, se quiere estrangular a Noticias UNO y se lanza proyecto de vigilancia oficial y censura de prensa, un plumífero le cuelga desde su poder una lápida a la columnista Ana Cristina Restrepo: la sindica de oficiar como activista política de las Farc. Para embolatar las memorias de la guerra, se nombra director de la entidad encargada a un amigo de responsables del horror que necesitan escurrírsele a la verdad y a la justicia. Ahora se escribirá una historia oficial contra el terrorismo, látigo de la democracia ejemplar que aquellos representan. En esta cruzada envolvente contra el pluralismo y la libertad de pensamiento no podía faltar la incursión en la moral privada. Cursa proyecto para crear un Ministerio de la Familia (nuclear), no de la gran diversidad de familias existente, dizque para proteger su moral, armonía y funcionalidad. El ente activará programas de formación ética y rehabilitación espiritual y formulará denuncias penales para salvar a la familia y a los niños.
Se radicó proyecto que sanciona también, aun penalmente, a educadores que hagan en las aulas proselitismo político, “que inciten a discusiones políticas” o influyan en la ideología política de los estudiantes. ¿Cómo enseñar historia si el registro de los hechos, de sus protagonistas e ideas, remite al azaroso movimiento del poder? ¿Y las mil disputas que lo rodean no son, precisamente, la política? Y para justipreciarlas, ¿no se impone la libre evaluación de todas las versiones? Esta sicopatía de querer salvar a la juventud de la aventura de pensar por neurona propia sacrifica su derecho a la educación: a explorar, a razonar, a comparar, a imaginar, a criticar, a hablar de política.
Proyecto éste para un Estado confesional, constriñe la libertad y es idéntico al del filofascista Bolsonaro, cuyo ministro de educación suspira por preservar con él la familia, la religión, la ciudadanía, el patriotismo. El Gobierno de Duque ha adoptado el mismo tono inquisitorial para idéntico principio de censura que ya Monseñor Builes respiraba en 1945, aunque sólo en materia de religión: denostaba el prelado “la corrupción de las mentes por las doctrinas erróneas”, la masonería y el comunismo. Educar en todas las religiones, escribe, es “moldear a la juventud en troqueles de impiedad […] como si las religiones falsas basadas en el error tuvieran derechos…”.
He aquí, apenas entresacados, hilos de la mordaza que el extremismo de derechas ha vuelto a tejer. Menos fácil le será imponerla que jugarse, como se juega, una invasión militar a Venezuela.
