Tan acucioso el Procurador Ordóñez para defender la vida del feto aunque ello signifique la muerte de la madre; tan diligente para impugnar la devolución de dos niños que anhelan los cuidados de su padre adoptivo –el periodista estadounidense Chandler Burr, todo entrega y dedicación- por ser éste homosexual; pero tan lerdo para defender a los niños víctimas de violencia sexual en sus colegios. Acaso la retórica del derecho a la vida desde la concepción no le alcance para proteger la integridad de menores que, entre clase y clase, en colegios laicos y religiosos, públicos y privados, sufren acoso y hasta violación por sus superiores y maestros. Entre cientos de casos que la Procuraduría conoce, ésta sólo ha resuelto un número irrisorio. A diferencia de otros países donde este delito escandaliza y suscita la protesta en masa de la sociedad, en Colombia permanece oculto bajo una viscosa capa de silencio e impunidad.
La Defensoría del Pueblo y Women’s Link Worldwide abren decididas el debate sobre acoso, relaciones sexuales bajo coacción, abuso, chantaje y petición de favores sexuales a cambio de calificaciones escolares. Entre nosotros, la agresión resulta más extendida que en otros lares. Raza, edad, género, condición social, situación de desplazamiento y la guerra multiplican la violencia sexual contra infantes y adolescentes. Cuando encuentran ellos por fin manera de denunciar, los silencian. Y la justicia no llega. O tarda demasiado. Una minoría logra exámenes médico-legales a menores por presunto delito sexual en instituciones educativas. En 2009 se denunciaron 489 casos. De 208 quejas conocidas por la Procuraduría General, ésta ha resuelto apenas 32 casos, el 15.5%.
Todo parece conspirar en Colombia para mantener el fenómeno escondido en el cuarto de San Alejo. En primer lugar, se tiene por normal o tolerable el abuso sexual de profesores o directivos sobre los estudiantes. Es la institucionalización del abuso de poder y su extensión a todas las órbitas de la persona. En homenaje al concepto de que educar es dar rejo, muchos consideran que ese tipo de violencia forma el carácter (¡). Y que, en todo caso, el menor no estaría en condiciones de defenderse ni de invocar el respeto de sus derechos. Comprensible en un país donde la iniciación sexual de la mayoría de nuestras mujeres corre por cuenta de tíos, primos, vecinos, padrastros y hasta del padre carnal, que las violentan a menudo desde la infancia. Y a muchos niños también. Los colegios por su parte prefieren encubrir estos delitos para ahorrarse escándalos que desdoren su prestigio. Del desinterés de la Procuraduría, ni hablar. Circunstancias que se conjugan para arrojar “impunidad rampante”, justamente allí donde se forma a los niños para la vida en sociedad. Mónica Roa, luchadora por las mujeres y los niños, invita a respetar los derechos humanos en las instituciones educativas. Volmar Pérez, Defensor del Pueblo, insta a denunciar a los abusadores; y, a los organismos de control, a investigarlos y castigarlos como la ley manda.
Entre tanto, rectores ciegos ante el estropicio; obispos mudos ante la pederastia que es epidemia entre la clerecía católica; y el procurador Ordóñez (tocado en su indolencia de aureolas y crucifijos y rosarios y alitas de querubín) andarán cantando villancicos y elevando plegarias por navidad. Miles de niños, en cambio, contemplarán el pesebre sin alegría y de soslayo, abrumados bajo la carga de una culpa que es ajena. Que de otros era la ofensa al Niño Dios.
Adenda 1. Me sumo a la legión de amigos y discípulos del incomparable Álvaro Camacho, que lloran su muerte.
Adenda 2. Réquiem por El País que pierde a Ramiro Bejarano y, de paso, a Cecilia Orozco, baluartes de la opinión ndependiente.
Adenda 3. Por vacaciones, esta columna se reanudará el 17 de enero. ¡Feliz navidad a los lectores!