Por primera vez en su historia reconocen las Farc haber afectado a la población civil y se declaran dispuestas a asumir responsabilidad frente a sus víctimas. Brusco timonazo desde su discurso de hace dos años en Oslo, donde se reivindicaron como víctimas, hoy se reconocen victimarios. Paso trascendental hacia la paz, este pronunciamiento se suma a la presencia casi plena del estado mayor de las Farc en la mesa y a la conjunción de jefes militares de ambos bandos para acordar el cese definitivo de la confrontación. El proceso parece irreversible. Mas, temiendo una dura calificación de sus delitos contra civiles inermes, y penas inescapables, las Farc invocan “particularidades” del conflicto colombiano y la “juridicidad guerrillera”. Pero, ni el Marco Jurídico para la Paz ni el derecho internacional humanitario amnistían crímenes de lesa humanidad. Tampoco reconocer la existencia de conflicto armado en Colombia erige en Estado a esa guerrilla. Podrá su “juridicidad” darle un código interno de conducta, pero no la exime de la norma del Estado de derecho bajo cuya égida se ha negociado en La Habana. Ni podrán aceptarse como accidentes o excesos esporádicos de la guerra prácticas deliberadas y sistemáticas como el secuestro (26.800 le atribuyó Clara Rojas a ese grupo armado), minado de campos, reclutamiento de menores, ataques indiscriminados contra la población y desplazamiento.
En esto de querer blindarse contra los rigores de la justicia no andan solas las Farc. También se acorazan los militares con un estatuto que amplía su fuero hasta garantizar impunidad por delitos atroces cometidos o por cometer. Como el de falsos positivos. Más de 2.000 casos de uniformados sindicados de este delito se transferirían de la justicia ordinaria a la militar. A tribunales que juzgan con vara de “yo con yo”. Se favorecerían además crímenes de violencia sexual, trato inhumano y mutilación, terrorismo, tráfico de armas y concierto para delinquir. Aun si el concierto es con paras y se resuelve en tortura, desaparición forzada y narcotráfico. Blindados o no, acaso la comisión Histórica del conflicto permita identificar a los máximos responsables en todos los bandos de esta guerra.
A ese blanco apunta fallo que el Tribunal Superior de Bogotá acaba de proferir contra el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Se argumenta allí que el apoyo de miembros de la Fuerza Pública, entre otros, le permitió a aquel criminal asentar sus huestes en Norte de Santander. Que elementos de la Fiscalía, del DAS, de la Policía y el Ejército convirtieron ese apoyo en “política de Estado”. Mancuso declaró que “las AUC fueron apoyadas militarmente por la Fuerza Pública”, de la que recibieron ayuda, protección y armas. Que recibieron fondos de ganaderos, hacendados y aspirantes al Congreso y a las gobernaciones en la Costa Norte. El fallo aboga por juzgar en adelante a miembros de la Fuerza Pública, funcionarios del Estado, comerciantes y empresarios por los crímenes de paras contra civiles: si ellos formaban parte orgánica de esa estructura, resultarán igualmente responsables de los delitos cometidos por su ala militar.
Aquí el secuestro fue invento de las guerrillas, atrocidad que obró como palanca de polarización y escalamiento de la barbarie. De monstruosidades como descuartizamiento con motosierra dan cuenta los paramilitares, tantas veces a sabiendas de militares, empresarios y políticos. En la difícil búsqueda de un consenso mínimo de verdad, de equilibrio entre justicia y paz, mucho enseña la justicia transicional aplicada dondequiera se superó el conflicto. Como tratar con el mismo rasero a sindicados de ambas partes. Y siempre en vista del bien supremo: la paz.