Esta semana podría derrumbarse la reforma a la salud que precipitó la caída del referendo; pero volverían a quedar en paños menores las malformaciones del sistema. De seguro la Corte Constitucional acogerá la ponencia del magistrado Palacio, que recomienda declarar la inexequibilidad de la emergencia social a cuyo amparo se fraguaron los decretos de marras. Contrapunto de la iniciativa de Obama –un hito en la historia de Estados Unidos-, la de Uribe extrema las inequidades más repelentes de la Ley 100 que él mismo prohijara con el doble efecto de restringir aún más el derecho a la salud y favorecer el negocio de las EPS. No se crea, pues, que, caída la reforma, resuelto el problema. La nueva propuesta obró como creciente de un río que se salió de madre, con todas sus secuelas ominosas: cierre de hospitales públicos, precios astronómicos de las drogas, robo de los recursos de la salud y -¡ay!- el carrusel de la muerte para agonizantes peloteados de un hospital a otro hasta fallecer a las puertas de la última institución que les negó socorro.
La Ley 100 convirtió la salud en un negocio privado que disparó el recurso a la tutela de quienes osaron hacerla respetar como servicio público consagrado en la Constitución. En 2008 hubo 142.947 acciones de tutela por ese concepto. Entonces la Corte Constitucional instó al Gobierno a tomar cartas en el asunto. Quién dijo miedo. La Casa de Nariño puso el grito en el cielo, con acompañamiento del coro de las EPS. Se oyó que los ingresos del sistema no alcanzaban para atender la demanda de servicios y medicamentos, que su colapso financiero era inminente, y se declaró la emergencia social – como si la crisis fuera trauma de última hora. Ministro y Presidente batallaron por “salvar” el sistema de salud reduciendo los servicios a su mínima expresión, y con el fin de mantener la cobertura alcanzada: mares de afiliados al sistema subsidiado, con atención paupérrima, pero tan pródigos en votos como Familias en Acción.
Ni corrupción, ni favoritismo, ni defecto alguno del modelo económico. Dijo el Gobierno que la sola causa de la crisis del sistema de salud era su iliquidez. No es del todo cierto. Fosyga se reputa pobre, pero le cobra al Estado los medicamentos muy por encima de su valor real, o factura más de lo suministrado. Y especula con los fondos. Hacia finales de 2009 había invertido 6.5 billones en títulos valores, 79% de ellos en TES. El facultativo Mauricio Torres señala que los dineros de la salud no se destinan a cubrir las necesidades ciudadanas sino a beneficiar al sector financiero; y le sirven al Gobierno de caja menor para cuadrar el déficit fiscal. Elite entre las cien mayores empresas, y contrario a sus quejas, las EPS no conocerán la quiebra. Su patrimonio saltó de 531 mil millones en 2007 a 578 mil millones un año después.
Si recursos faltan en el sector salud será en virtud de un modelo económico que no crea empleo formal. Y, sin él, no hay quien cotice para seguridad social. Los 8 millones de afiliados al sistema contributivo no pueden responder también por los 29 millones del régimen subsidiado. De otras causas, ni hablar: evasión, malversación de fondos, contratación dolosa, ineficiencia y abusos sin cuento, como el festín de las mafias con los dineros de la salud. Primero indiferente al estropicio, el Presidente se dio luego a defender su solución, esto es, a trasladar las obligaciones de las EPS a los pacientes: que éstos acudan a patrimonio, ahorros, cesantías, pensiones y créditos. Con la reforma o sin ella, urge un cambio de fondo. ¡Venga un candidato que ponga fin a este engendro de la “cohesión social”!