Tras bambalinas, sin ruido, va levantando Santos el andamiaje jurídico, institucional y político de la obra que lo consagraría en la historia: la paz. Contra viento y marea, ha dicho. Pero a cualquier precio. Se propone ganarle adeptos y neutralizarle enemigos, acá y allá, alternando sin escrúpulos políticas de todos los colores. Así, se la juega en el marco para la paz –redención de guerrilleros y militares que delinquieron en la guerra, y despedida al militarismo de la seguridad democrática. Desafía a la mano negra con una Ley de Víctimas que reconoce el conflicto armado, repara a los ofendidos y, en elocuente remembranza de la bandera agraria de las Farc, restituye tierras. Sin embargo, orquesta una reforma a la justicia que es sórdida componenda de poderes para comprar la benevolencia de magistrados y parlamentarios en vista de un eventual proceso de paz. En este gobierno o en el siguiente, que lo será de Santos también.
De paso, la tal reforma no le sirve al ciudadano: en vez de multiplicar los jueces para descongestionar la Justicia, cercena su autonomía, abre las puertas a su privatización y formaliza la segregación de las mayorías que, además, no tendrán con qué sufragar el servicio, como se dispuso ahora. Para este trocar en negocio los derechos fundamentales, ¿no bastaba con el ejemplo macabro de la salud? En ejercicio de “gobernabilidad”, el Gobierno reparte caramelos por doquier. A los magistrados de las altas cortes, aunque envenenados –según Jorge Iván Cuervo- pues extendiendo su período los coopta y mina su capacidad de reacción cuando a defender la independencia de la Rama toquen. A la mayoría de parlamentarios les destraba la locomotora de la corrupción y la parapolítica, y éstos retribuirán con creces: le aprobarán al Gobierno todas sus iniciativas, incluidas la ley estatutaria de paz y la que fortalece el fuero militar. Avance notable del gobierno de Unidad Nacional, si se recuerda que el entonces presidente Uribe se limitó a pedirle a su bancada parlamentaria votarle los proyectos “antes de ir a la cárcel”. Mucha gabela maloliente suplantó el cambio que no daba espera. Hay a la fecha tres millones de procesos judiciales pendientes. Seguirán pendientes y crecientes. Entre 1993 y 2011, el número de procesos creció 300%, y la nómina del sector, sólo 17%.
Como otro pilar del andamiaje de paz, el presidente ha integrado en un ente poderoso instituciones consagradas al asistencialismo, a la reconciliación y la integración regional. Si la semana pasada elevó Familias en Acción a política de Estado, es porque ya este programa era parte del billonario Departamento de la Prosperidad Social, conformado, entre otras entidades, por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad para la Reconciliación y la Unidad de Restitución de Tierras. Para La Silla Vacía, “lo que el Presidente creó fue toda una institucionalidad relacionada con la superación del conflicto”. Enhorabuena.
A falta de verdaderas simientes de paz, por ejemplo estrategias de industrialización y desarrollo (clausuradas para siempre con el TLC); mientras madura en el continente la idea de Santos de eliminar el narcotráfico –motor de la guerra- legalizando la droga, Colombia cifrará sus esperanzas en estos dispositivos institucionales. Le pedirá al Presidente, eso sí, no desnaturalizar políticas como la restitución de tierras con otras de signo contrario. Y en lugar de extraviar la paz en los vericuetos de la componenda con otros, movilizar a la sociedad toda en torno a aquella. Su garantía suprema serán los colombianos en pleno, no la versátil, a veces contradictoria personalidad del Presidente Santos.
