No sorprende, pero verlo confirmado en hechos, dispara las alarmas; o al menos suscita preguntas nacidas del miedo a lo conocido: ¿volverán los horrores de la seguridad democrática? Con sus redes de cooperantes y el estamento ganadero en armas, místicos todos de la fe que niega el conflicto armado y lo reduce a amenaza terrorista, ¿se inicia otra escalada de la guerra? También la nueva norma de seguridad crea su red de informantes para alertar sobre “situaciones que los ciudadanos consideren potencialmente peligrosas”. En el Gobierno de Uribe resultaba peligroso, por definición, quien no hincaba la rodilla ante el caudillo o reclamaba algún derecho o, si togado, juzgaba en derecho. Entonces convergieron los sectores más reaccionarios del campo para perseguir y aún apretar el gatillo contra ellos; o para mandarlo apretar desde las Convivir, refugio que fueron de paramilitares a cuyo amparo acaecieron el despojo y el desplazamiento en masa. ¿Hoy se recompone aquel modelo de seguridad?
Saca sus uñas la guerra, mientras el Gobierno y su partido van liquidando los instrumentos de paz. Como la JEP, en capilla mientras el presidente decide si objeta la ley que la reglamenta o la cercena hasta dejarla manca. Por su parte, Rafael Guarín asegura que el Gobierno no quiere armar a nadie sino, al contrario, desarmar. Será retórica, pues el copresidente Uribe viene de avivar la presión de los ganaderos del Cesar para rearmarse. Y su palabra es la ley. Bloque de acero interpuesto además al primer amago de controlar las dinámicas perversas de la Red –si lo hubiera–. O de justipreciar el peligro de entregar tareas de inteligencia y seguridad a particulares. O de medir el riego de repetir “errores” del pasado. Casos al canto, las detenciones masivas y sin pruebas de ciudadanos inermes; y la abominación de los falsos positivos. Todo lo cual apunta a sabotear las reformas que la paz conlleva.
Dos innovaciones trae la nueva política: primero, eleva la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente a problema de seguridad nacional, por tratarse de preciados bienes estratégicos. Enhorabuena. Segundo, monta una inmensa plataforma tecnológica al servicio de la Red de informantes. Para bien o para mal, esta será infinitamente más eficaz que la de Uribe. Establecerán ellos contacto anónimo con el Ejército y en el primer año serán un millón, prestos a señalar ciudadanos “potencialmente peligrosos”.
Espectro tan amplio e indeterminado dará para cualquier cosa: para prevenir un asalto a la Caja Agraria o el linchamiento de un atracador; pero también para señalar a líderes sociales como potencialmente peligrosos, terroristas, e inducir su asesinato. O la ejecución de miles de jóvenes potencialmente peligrosos porque no andarán cogiendo café, y estirar con ellos la lista de los 10.000 falsos positivos. Es que el anonimato podrá amparar desde abusos y cobardías y venganzas, hasta el linchamiento político originado en sospechas de algún ardoroso vengador que quiere hacer justicia por mano propia. Especulo, sí, pero desde un referente poderoso: es ésta una experiencia ya vivida cuyo mentor recompone ahora con los trazos inconfundibles de su mano de hierro y corazón de hielo. Ojalá me equivoque.
Mas, así formulada, esta política de seguridad desafía al Estado de derecho y al país que busca la paz por medio de la democracia. Desarmando a la sociedad civil, no armándola. Ni cooptando a la ciudadanía en un ciclópeo aparato de espionaje, copia fiel de los comités de defensa de la revolución cubana. La gobernabilidad del presidente no depende sólo de la mermelada que derrame sobre la manzanilla. Ahora depende, sobre todo, del respeto que le profese al movimiento social, activo inconforme contra un modelo de seguridad que no podrá pelechar sino en la guerra.
