por Cristina de la Torre | Jul 19, 2022 | ELN, AUC, Desplazamientos, Desplazados, JEP, Paramilitarismo, Tierras, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, Acuerdos de paz, Corrupción, Actores del conflicto armado, Julio 2022
Tanto alarde de dignidad ofendida entre empresarios de discutible honradez en el conflicto mueve a sospecha: ¿para salvar la cara y la faltriquera, seguirán endilgando a otros sus culpas? Nuestro paramilitarismo no se contrae a la acción de derechas armadas en la guerra. Muchos empresarios, políticos, militares, funcionarios y narcotraficantes semejan electrones del átomo que gravitan en torno a un núcleo de pistoleros: integran una y misma cosa. Objetivo medular de esta franja de las elites, el poder económico centrado en el acaparamiento de tierras que operó entre ríos de sangre contra el pequeño campesinado. Su presentación política, la lucha contrainsurgente, en un país donde se tuvo por subversivo lo mismo al guerrillero que al minifundista de parcela apetitosa para prolongar un corredor de la droga, para sembrar palma de aceite, para ampliar un latifundio de ganadería extensiva. “Guerrilleros vestidos de civil” fue el mote que lo permitió todo. Surgieron autodefensas, sí, para contener el acoso de la sedición, cuando la seguridad del Estado falló. Pero pronto derivaron en el terrorífico proyecto de despojo y muerte que, al lado de las infamias de las Farc, del ELN y parte de la Fuerza Pública, produjo en Colombia un holocausto.
De tanto padecerlo, ya medio país lo sabía y el resto lo barruntaba. Pero nunca adquirieron los hechos la entidad histórica que el informe oficial de la Comisión de la Verdad les da. Ni la categoría política que el presidente electo les imprime al cooptar diagnóstico y propuestas como divisas de su Gobierno. Contra viento y marea acometen su tarea los órganos de verdad y justicia del Acuerdo de Paz. El mundo registró asombrado dos audiencias históricas de la JEP: en la primera, oficiales de alto rango del Ejército reconocieron responsabilidad en la comisión de los falsos positivos. En la segunda, la cúpula de las Farc reconoció la suya en el secuestro de 21.788 civiles. Ahora se impone la comparecencia de un tercer actor del conflicto: los llamados “terceros” civiles, casi todos empresarios que financiaron al paramilitarismo y, sin integrarse a su cuerpo armado, coadyuvaron a sus crímenes. Y no es que los paramilitares buscaran a empresarios y políticos, que fue de éstos la iniciativa de armar manguala.
Según la Comisión de la Verdad, este empresariado cosechó en el acceso privilegiado a recursos, en la amenaza o eliminación de la competencia económica, en la violencia que el conflicto aparejaba, para multiplicar utilidades. Entre 2011 y 2015 se relacionó en Justicia y Paz a 439 actores empresariales con paramilitares: ganaderos, palmeros, bananeros. Para el comisionado Alejandro Valencia, es en despojo de tierras donde se dibuja nítidamente el acoplamiento de paramilitares, empresarios, políticos y funcionarios: armados masacraban y desplazaban, empresarios compraban a huevo la tierra arrebatada y notarios “legalizaban” la operación.
Díganlo, si no, las confesiones del exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, ante la JEP. Probó él la relación del Fondo Ganadero de Córdoba con la casa Castaño en la usurpación de tierras. Reveló nombres de empresarios y autoridades públicas involucrados en el despojo de Tulapas. Se reconoció como testaferro de paras y dio fe de pactos entre estos y la Fuerza Pública. Las tierras despojadas (8 millones de hectáreas) no están en manos de la mafia sino de empresarios y políticos. Si bien Argos y Unibán descuellan como grandes compradores de predios así habidos, el Fondo de marras y Chiquita Brands se llevan las palmas.
Más que aliados de ocasión, numerosos empresarios fueron eslabones de la cadena paramilitar. Para que no se repita la impunidad de los responsables de la Violencia con un pacto de silencio, Colombia pide a gritos también la verdad de aquellos empresarios. Ya es hora.
por Cristina de la Torre | Jun 28, 2022 | La paz, Proceso de paz, Junio 2022
Rogó y sus ruegos cayeron en el vacío. Suplicó a los jefes y su súplica se extravió en un socavón de crueldad: no concedieron las Farc el permiso que Andrés Felipe Pérez añoraba para despedirse del padre plagiado por esa guerrilla. Dos dolores lo consumieron hasta el aliento final, el del cáncer que avanzaba a zancadas en su cuerpo de niño, y el del adiós prohibido. A poco, asesinaron los captores al papá, cuando quiso escapar de la mazmorra. Tal vez el cadáver de José Norberto Pérez se refundió entre despojos de los 1.860 secuestrados-desaparecidos de las Farc. Botón de muestra de la villanía que en su guerra ostentó ese grupo armado, ventilada en audiencia de reconocimiento de responsabilidad que, a instancias de la JEP, enfrentó a la cúpula de la extinta guerrilla con sus víctimas.
En sesiones públicas cargadas de sentimientos encontrados, estallaron la rabia y el dolor largamente embozados por hijos, padres, hermanos del soldado, del campesino, del ingeniero, del político arrastrados a un infierno que culminó en muerte o en desaparición. Pero afloró también la blandura hecha solidaridad entre deudos, lágrimas de guerrillero que se reconoció responsable, perdón pleno o condicionado a la verdad completa. Anyela, hija del militar desaparecido Víctor Sierra, pudo decir “suelto la maleta del dolor y brindo el perdón”.
No así Sigifredo López, único sobreviviente de la matanza de once diputados del Valle. No basta con pedir perdón –dijo–, las víctimas ya perdonamos; pero si ustedes quieren que la sociedad los perdone tienen que pensar en la dimensión política del perdón y en la dimensión económica de la reparación. En nombre de la libertad secuestraron ustedes, y en nombre de la vida asesinaron. Lo sucedido –acotaron varias víctimas– fue ensañamiento en la sevicia comparable al del nazismo.
Asesinato, tortura, trabajo forzado, violencia sexual, desaparición muchas veces por desmembramiento de la víctima concurren al cuadro de infamia que en nombre del pueblo tejió esta guerrilla alrededor del secuestro. Crimen abominable contra la humanidad de la persona, reavivado en la cadena que durante 13 años oprimió el cuello del sargento César Lasso y exhibió éste en el escenario mismo de la audiencia. Reveló que desde el momento de su captura le advirtió el Mono Jojoy “esta será su compañera”. Y así fue. En largo, interminable trecho de mi vida me oprimieron el cuello estas cadenas de ignominia. Al coronel del Ejército Raimundo Malagón, 10 años secuestrado, lo tuvieron 20 meses encadenado entre dos árboles, en castigo por intentar fugarse. El propio Julián Gallo, miembro de la cúpula guerrillera, refirió el plagio de cinco trabajadores de una cooperativa, a cuatro de los cuales mataron y al quinto lo instalaron en un vehículo cargado de explosivos que debía explotar en una base militar. A qué mentes, si no a mentes enfermas, se les ocurre eso, se preguntó escandalizado.
Timochenko y sus compañeros reconocieron responsabilidad de la dirección de las Farc en el secuestro de las 21.396 personas que se le atribuye a esa guerrilla, en las torturas infligidas a sus víctimas, y pidieron perdón. No fueron errores, puntualizó Pastor Alape, sino horrores del grupo armado. La rigurosa magistrada que lleva el caso en la JEP, Julieta Lemaitre, se permitió no obstante un mohín del alma: “ver al secuestrador y al familiar darse la mano, me estremece”. Rescata así el otro fin de la justicia transicional, la reconciliación. Se suma este hito, providencialmente, a los vientos de cambio que soplan en la nación desde el 19 de junio, cuando mujeres, juventudes, organizaciones sociales, partidos y las comunidades discriminadas de medio país, los nadie, se disponen a suscribir un pacto histórico por la justicia social y por la paz. Cambia Colombia.
por Cristina de la Torre | May 31, 2022 | Reforma tributaria progresiva, Pacto Social, Desarrollo agrícola, Seguridad Alimentaria, Estado Social, Socialdemocracia
En estas elecciones resuena un movimiento de placas tectónicas en la política, un enfrentamiento de fuerzas contrarias que, siempre encubierto por la rivalidad entre los partidos tradicionales, cobra por vez primera vida propia como real opción de poder. Pese a las altisonancias de lado y lado en la campaña, el mentor del cambio no busca la revolución sino la reforma. Tan atornillados han quedado el capitalismo salvaje y sus favorecidos, que la más leve enmienda les resulta anatema. Escándalo. Amenaza demoníaca contra la democracia y la propiedad. Pero lo mismo agonizan los partidos del establecimiento que los de la izquierda ortodoxa. La nueva izquierda rompió con el comunismo y viró hacia la socialdemocracia; la paz con las Farc la liberó del dogma estalinista y podría ahora ocupar la silla de Bolívar. Gracias también a la solidez de las instituciones que a pesar de sus vacíos sustentan la democracia en este país, una involución al comunismo es sólo fantasía de propaganda que las élites más retardatarias menean, por ver de conservar sus privilegios.
No es homogénea la clase dirigente. Teme el gran empresariado al cambio de modelo económico que Petro traería, sí, pero sus posturas van de la coacción delictiva a la discusión democrática de una estrategia de desarrollo. Mientras un canallesco Sergio Araújo impone el voto a sus empleados so pena de cortarles el trabajo, Bruce MacMaster y María Claudia Lacouture –presidentes de Andi y de Aliadas– sorprenden al abrir diálogo con quien resulte electo presidente. El primero propone una estrategia de doble carril: superar la pobreza y robustecer al empresariado, mediante refocalización de los subsidios del Estado y una política integral de desarrollo industrial. Petro comparte esta perspectiva. Con matices. Sostiene que el modelo económico ha de afirmarse sobre la producción nacional en el agro y la manufactura y no en la explotación de hidrocarburos, que deberá declinar con el tiempo. Propende (con Carlos Lleras) a la sustitución de importaciones, mediante protección temporal de la producción propia. Reindustrializar, empezando por renegociar el TLC.
Es que este nsancha la desindustrialización del país, ahonda su déficit comercial y compromete su seguridad alimentaria. En 10 años del Tratado con Estados Unidos, nuestras exportaciones a ese país se redujeron a la mitad. Sus inversiones aquí son en el sector energético, ni crean empleo ni arrojan beneficio financiero significativo. Por eso propone Petro renegociarlo: para relanzar la industrialización y el desarrollo agrícola, escoltados por una banca pública y de fomento en los sectores productivos de la economía, por una reforma tributaria progresiva y sin impuestos (o muy pocos) a las empresas.
Recaba Lacouture en la necesidad de un propósito común de Gobierno y empresarios labrado en diálogo democrático entre las partes. Si se convidara también a los trabajadores, ¿no se configuraría el modelo de planificación concertada que en un tiempo se ensayó y que rigió en el Estado social de Europa y Norteamérica? Impacta la comparación de Marcela Meléndez, del PNUD, entre Colombia y Finlandia, países que 1975 ofrecían el mismo nivel de desarrollo. Hoy el hambre hermana a nuestro país con Haití, mientras el escandinavo presenta uno de los mayores PIB del mundo. “La gran diferencia, escribe, está en una élite que entendió el desarrollo y la igualdad como una ventaja para sí misma y que, en cambio (de proteger) espacios privados para su propio bienestar (impulsó) la construcción de un país igual para todos”. He aquí el principio socialdemócrata que inspira a Petro, pilar de un nuevo pacto social que arranque a Colombia del sufrimiento y la miseria. Construido en hermandad de compatriotas y sin la sangre que toda revolución acarrea.
por Cristina de la Torre | Abr 12, 2022 | ELN, Clan del Golfo, Francia Márquez, Gustavo Petro, Abril 2022
La mano peluda parece estar de fiesta. Abundante, su cosecha de muertos y de obituarios prematuros, sólo en las dos últimas semanas. Se agolpan los hechos para sellar con su impronta sombría el epílogo de un orden reaccionario adicto a la violencia. Veamos.
El presidente del Senado declara que el ELN apoya a Francia Márquez, candidata de oposición a la vicepresidencia; sindicación que ya a otros candidatos les costara la vida. Como quien aparta de un pastorejo la caspita posada en su solapa, le pone lápida a la mujer luminosa que, salida de la entraña del pueblo, sería segunda del jefe de Estado. “Yo no tengo prontuario criminal, responde ella. Lo que (a él) le incomoda es que una mujer que podría ser la que tenga en su casa como empleada doméstica vaya a ser su vicepresidenta”. Cuarta incursión contra Francia, después de tres amenazas de muerte en un mes.
Un hombre ataviado con camiseta de Federico Gutiérrez invita a defender por las armas a Cali ante cualquier resultado de la elección presidencial; comparte tarima y mesa que preside el acto de campaña. “Ya son armas en pie”, exclama al micrófono el seguidor del candidato, para defender instalaciones del acueducto, dice, de la brigada, de la base aérea, todos los puntos estratégicos de la ciudad. Su discurso evoca el apoyo paramilitar a la Policía en días del paro, que costó decenas de muertos. Plan de rebelión civil armada, acota Cecilia Orozco. Pero a Gutiérrez, al presidente, a los ministros del Interior y de Defensa les resbala, como resbalan canicas los niños que juegan con soldaditos de plomo.
Advierte la Dijín que un grupo criminal amenaza a la fiscal Angélica Maldonado, en traslado relámpago al Putumayo al parecer por adelantar imputación de cargos contra figuras del alto mundo de los negocios. El Clan del Golfo niega la amenaza pues, se dice, ésta no podría venir sino de quien la hostiliza. Monsalve rechaza el esquema de seguridad que la Fiscalía le ofrece, dice preferir su independencia judicial. Gustavo Gómez, director de Caracol Radio, recuerda que el caso se ve doblemente empañado por tráfico de influencias de un exfiscal general y un rector de universidad, partícipes del aquelarre del poder tradicional, inmoral y ventajoso. Ante las amenazas contra la fiscal, exclama: “¡que ni se atrevan!” Ensañada contra personeros del pueblo y de la justicia, la campaña se completa contra la libertad de prensa: a la galardonada Cecilia Orozco, orgullo del periodismo independiente, la persigue por cuatro kilómetros un carro fúnebre que, según el conductor, iba por un fallecido. ¡Tamaño símbolo rodante de la muerte!
Todo indica que el Ejército masacra a once campesinos en el Putumayo; presidente, ministro y generales presentan el hecho como acción legítima en enfrentamiento armado con una disidencia de las Farc; pero a la fecha, no logran desvirtuar la riada de testimonios en contrario: denuncia generalizada de que se disparó contra una comunidad inerme, que once personas murieron, entre ellas un gobernador indígena, el presidente de la Acción Comunal y su esposa y un menor de 16 años; que fueron rematados con tiros de gracia y manipularon cadáveres para hacerles empuñar fusiles. Sería otro falso positivo, tras los 6.402 ya documentados.
Aquella adicción a la violencia apunta de preferencia a quienes representan valores medulares de la democracia: el poder popular, la majestad de la justicia, la comunidad, la libertad de prensa que, oh ironía, también Gustavo Petro ha desafiado. Y parece solazarse en el perseguir, en el amenazar, en la indiferencia frente al matar sin dolor, en la loca ilusión de ver convertido al adversario en “un buen muerto”. ¿No es hora de rescatar el debate político del agravio y de la sangre?
por Cristina de la Torre | Mar 30, 2022 | Violencia, Francia Márquez, Gustavo Petro, Elecciones 2022, Marzo 2022
No se sabe si por cálculo político o por inadvertencia. Pero el silencio del Presidente, de su jefe y su partido sobre los abusos, errores, disparates y provocaciones que en un año acumuló el registrador, tributó a la barbaridad final: a la oposición triunfante el 13 de marzo le embolataron, como al desgaire, medio millón de votos; y cuando jueces y notarios se los devolvieron en el escrutinio, fue Troya. Tal vez aconsejado por sus fantasmas y demonios, transformó el expresidente Uribe la enmienda del error en inminencia de fraude, e incitó a desconocer el resultado de las urnas. Un defecto de forma en el tarjetón –ya salvado– mutó en fraude, y éste, en potencial legitimación del caos. Como sucedería en cualquier democracia dinamitada, que en ello derivaría esta sublevación contra el sistema electoral y contra los jueces de la República que protegen sus procedimientos y certifican sus resultados.
Sabrá Dios si no columbraba Uribe el riesgo de violencia que su llamado entrañaba, la repetición de traumas que signaron con sangre nuestra historia política. De los fraudes electorales que contribuyeron a la Violencia entre partidos, por ejemplo forzando entre liberales la suplantación de la cédula por un salvoconducto con la imagen de Laureano, so pena de perder libertad y parcela; y completados después con la acción intrépida y el atentado personal. Su reedición de hoy, el verbo intrépido que desde la cumbre del poder azuza el exterminio de líderes sociales. Del nunca rebatido fraude en 1970 que engendró la rebelión armada del M-19. Una nueva guerrilla que se alzara contra el Estado fraudulento ¿no llenaría el vacío de las extintas Farc que dieron su identidad al uribismo? Con todo, al riesgo desestabilizador ayudó Petro, la propia víctima, cuyo inicial grito de fraude sin pruebas también ambientó la descalificación de las instituciones, si bien rectificó después.
En esta comedia de equivocaciones, dos exmandatarios y un jefe de Estado le disputan el protagonismo al estulto registrador. Exigen todos a una, a grandes voces, reconteo general; a sabiendas de que es ilegal y acaso porque bloquearía indefinidamente la elección de presidente. Declara Asonal Judicial: repetir el escrutinio contraría la ley, pues los jueces incurrirían en delitos de abuso de función pública o prevaricato. El pronunciamiento de los jueces rubricó la derrota política de los falsarios (el Centro Democrático, Salvación Nacional y Oxígeno) en asamblea de la Comisión de Garantías Electorales: 18 de los 21 partidos allí reunidos negaron el reconteo general y reconocieron las conclusiones del escrutinio. Estimaron que el reconteo propuesto sería un ataque a la institucionalidad. Y ninguno de ellos ni las misiones de observación electoral denunciaron fraude.
Pero Uribe insiste en desconfiar de la elección, además por “la abrumadora votación del petrismo en zonas de narcotráfico”. ¿En cuáles, en Bogotá, donde Petro barrió? En cambio sufrió este candidato una derrota colosal en los baluartes del narcoparamilitarismo en Antioquia. Acaso supura la herida del expresidente que nunca rechazó los votos del paramilitarismo, dueño en su Gobierno del 35% de curules en el Congreso. No les perdona a Petro y a los jueces que dieran con sus parapolíticos en la cárcel. ¿Respira también Pastrana por la herida del padre que al parecer accedió por fraude a la Presidencia en 1970?
Nada han dicho estos prohombres sobre 6 de los 17 elegidos a curules de víctimas mediante compra de votos y apoyo de paramilitares que declararon a candidatos objetivo militar. Ya a Francia Márquez, mentora suprema de Los Nadie y de las víctimas, se la hostiliza desde los meandros más oscuros de la política colombiana. Su rechazo anticipado a un posible triunfo de Petro y Francia huele a conspiración con aroma de falso fraude.
