por Cristina de la Torre | Sep 19, 2023 | Septiembre 2023, Policía Nacional, Guerrillas, Fascismo, Farc, ELN, Violencia, Conflicto armado, La paz, Justicia, Actores del conflicto armado
En la esperanzadora negociación con el ELN, no todo es certidumbre. ¿Se allanará esa guerrilla a dar por terminado el conflicto y a deponer las armas -meta de todo proceso de paz- como sí lo hicieron las Farc? ¿Se someterá a la justicia transicional, como en vista de la ley se sometió la cúpula de las Farc? ¿Reconocerán sus comandantes responsabilidad en el crimen de secuestro, atrocidad casi exclusiva de las guerrillas en el conflicto, como sí la reconoció el Secretariado de las Farc?
Y no es que la guerrilla de Tirofijo brillara de superioridad moral. Es que en audiencia pública de reconocimiento del delito presidida con rigor por la magistrada de la JEP, Julieta Lemaitre, y desafiados por la indignación de las víctimas, sus jefes debieron redirigir el tránsito de la fantasiosa coartada de héroes del pueblo a la condición de criminales de guerra. De la oda, a la prosa escrita con sangre ajena. Dejaron de llamar “error” de predestinados sublimes de la revolución, al torrente de secuestros que sacrificaron la libertad y, tantas veces, la vida de sus mártires en cautiverio.
Hace dos meses imputó la JEP crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 miembros del Comando Conjunto Central de las Farc: deberán ellos responder por secuestro, asesinato y desaparición forzada. Así como hace un año hizo recaer en la cúpula de ese grupo armado, por responsabilidad de mando, delitos de homicidio, tortura y violencia sexual, conexos al secuestro.
No lejos de tales infamias iría el ELN. Mientras dialoga el Gobierno con este grupo, se dispara el secuestro; en los seis primeros meses del año y para igual período de 2022, pasó de 80 a 173. No en vano hace un mes, cuando se pactó un cese al fuego, declararon sus comandantes que persistirían en el secuestro. La JEP, la Comisión de la Verdad y el Grupo de Análisis de Derechos Humanos certifican 50.770 secuestros perpetrados entre 1990 y 2018; contemplado el subregistro, elevan la cifra a 80.000. Y a las guerrillas, Farc y ELN, se les adjudica el 90.6% de esta práctica nefanda.
En análisis de la citada audiencia, Laly Catalina Peralta, Gonzalo Sánchez e Iván Orozco señalan que el secuestro degradó a la insurgencia hasta despojarla de todo rescoldo de legitimidad. Que deshumanizó lo mismo a sus víctimas que a sus victimarios. Ya se tratara del secuestro extorsivo que el Secretariado había trazado como política para financiar su guerra; ya del plagio de soldados, policías, políticos y funcionarios para canjearlos por sus presos, aquellos permanecieron años apiñados como animales entre corrales de alambre de púas que evocaban campos de concentración nazis en el corazón de la selva. Una tercera modalidad de secuestro definió la JEP: la del perpetrado por control territorial. Este se ensañó en grupos étnicos y campesinos, allí donde las Farc impusieron una dictadura de hierro como gobierno paralelo.
Cargada de símbolos, en catarsis apenas controlada entre comparecientes y víctimas, la escenificación del secuestro en aquella audiencia abundó en descripción de lazos, alambres de púas, cadenas, campos de concentración, marchas de la muerte aún para niños y ancianos; de pagos por el cuerpo del secuestrado asesinado o por el varias veces secuestrado o por el desaparecido en cautiverio. Que fueron, casi siempre, modestos propietarios y campesinos pobres. Y desembocó en el reconocimiento de responsabilidad por la cúpula de las Farc que, en todo caso, reafirmó su vocación revolucionaria: seguiremos luchando por los mismos fines, dijo, pero con otros medios. “Lo revolucionario ahora es la paz”, declaró Londoño; ningún fin, por loable que parezca, justifica medios abominables como el secuestro.
¿Concurrirá el ELN un día a acto semejante de justicia, de reconciliación y de reintegración social y política? Por qué no.
por Cristina de la Torre | Feb 10, 2020 | Conflicto interno, Posconflicto, Acuerdos de paz, Febrero 2020
Un duro. En sólo un año logró Darío Acevedo deformar el cometido del Centro de Memoria Histórica, minar su bien ganado prestigio internacional y reducir el ente a paria entre 275 homólogos de 65 países. Por negar su razón de ser, el conflicto armado, y por discriminar víctimas, fue expulsado de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Una vergüenza. El hecho coincide con otros no menos bochornosos que tributan a la evidente intención de imponer, como en las dictaduras, una memoria oficial.
De ello habla, entre otros, el nombramiento de Fabio Bernal como director del Museo de la Memoria. Su larga trayectoria en exaltación de la memoria de las Fuerzas Armadas compromete la imparcialidad que el decoro aconseja cuando se juega el reconocimiento de 8.944.137 víctimas registradas, entre cuyos verdugos cuentan miembros de la Fuerza Pública. En la antesala, una ley del presidente Duque que destina área especial en el Museo de la Memoria a honrar el heroísmo de los veteranos de guerra. Y el plan del exjefe del Ejército, general Nicasio Martínez, de “crear una narrativa institucional del conflicto armado que exalta las victimizaciones (sic) de la Fuerza Pública y su heroísmo”. Sería convertir en víctimas a militares que fueron victimarios. Igual que si se honrara el recuerdo de guerrilleros, o de paramilitares o de los civiles que los secundaron, a cuál más cruel en los horrores de esta guerra.
Se duele Gonzalo Sánchez, inapreciable director del CNMH que precedió a Acevedo, de la amenaza a la verdad y a la memoria que vino con el nuevo Gobierno (Memorias, subjetividades y política). Otros desarrollos de la Ley de Víctimas, escribe, de la paz y de la institucionalidad derivada de los Acuerdos niegan ahora sus bases políticas y sociales. Niegan la existencia misma del conflicto armado. La casa de la Memoria les resulta casa en el aire. (Alfredo Ramos, concejal del CD, insta a eliminar el concepto “ideologizante” de conflicto armado en el Museo de la Memoria de Medellín).
No sería la paz el eje de este proyecto político sino socavar los Acuerdos: desmontarlos, renegociarlos, contener sus instituciones y medidas nucleares en materia agraria, en participación política, en responsabilidades ante la justicia. Vamos desandando el camino, dirá Sánchez: transitamos de la memoria de y para las víctimas a la memoria de y para los victimarios. El sano debate sobre el sentido del pasado y la escritura del futuro se transforma en guerra de narrativas.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, origen del CNMH, empezó por reconocer que uno de los saldos netos del conflicto en los últimos decenios había sido el despojo de tierras y la liquidación del movimiento campesino. Su lineamiento de base: hay conflicto armado por reconocer, hay víctimas por reparar, hay tierras por restituir. Las víctimas devienen aquí en actor principal no-armado contra la guerra y soporte de la paz.
Apunta Sánchez que la complejidad del conflicto riñe con relatos de causa única o reducidos al moralismo de buenos y malos. En vez de dogma, la memoria ha de ser espacio de debate plural que, en todo caso, le busque sentido al pasado, señale responsabilidades y reconozca a las víctimas. Pero nunca, memoria oficial. Porque ésta es memoria interesada del poder y para el poder. En la dificultad de alcanzar un relato compartido, señala, apuntamos a un relato debatido. Hasta hace sólo un año marchábamos hacia la democratización de la memoria. Una memoria para la superación, para la transformación de las percepciones recíprocas de los contendientes y no para la reedición del conflicto. Empeño más difícil hoy, se diría, cuando se avanza con paso marcial hacia una memoria secuestrada.
por Cristina de la Torre | Dic 6, 2016 | La paz, Acuerdos de paz, Diciembre 2016
Sino fatal: a cada abrazo entre contendientes suenan clarines de guerra, a veces a cielo abierto, a veces amortiguados con sordina. En ceremonia que distinguió a Gonzalo Sánchez, director del Centro de Memoria Histórica, con el premio al liderazgo por la paz, dijo el galardonado: en el compromiso definitivo de superar el conflicto hay un nuevo aliento, una esperanza cierta de paz. Diríase aliento, esperanza ante todo de las víctimas; anhelo de la democracia. Pero al propio tiempo, en su carrera electoral de apuesta por las armas, afianza el Centro Democrático su vocación de derecha irredenta con el nombramiento de Fernando Londoño, doctrinero del boicot a la paz, como director de ese partido. Al heredero del Laureano que incendió la república, amargo le sabrá el premio otorgado a los negociadores de ambas partes por lograr un acuerdo que el mundo aclama. Amargo, el reconocimiento a la comunidad de Bojayá por su extraordinario ejemplo de generosidad al marcar la ruta del perdón y la reconciliación. Bojayá, una entre centenares de nuestras localidades que suplican parar la sangría.
“Colombia apenas empieza a esclarecer las dimensiones de su propia tragedia”, escribe Sánchez en el prólogo de la obra Basta ya del CMH. Una modesta glosa del texto despejará aristas de la insania, que pasa por la derecha sin romperla ni mancharla. No es esta violencia una simple expresión de delincuencia o bandolerismo, apunta el investigador; ella expresa problemas de fondo en la configuración de nuestro orden político y social. Y no se corrige exterminando al adversario ni se acaba sin cambiar nada en la sociedad. Los actores armados violentaron a la población civil para someterla por el terror. Lógica contra la población inerme que entraña otra lógica, más amplia, de la guerra: el control del territorio, el despojo de tierras, el dominio electoral, la apropiación de recursos legales e ilegales.
La guerra de hoy exacerbó viejos sectarismos políticos que ven en la oposición una amenaza, recava el autor. Esta concepción excluye al otro y niega la pluralidad, en favor del dogma y del pensamiento único; y es vía expedita a la eliminación del adversario. Así, el sectarismo de la política se extiende a las armas y el sectarismo de las armas se proyecta en la política.
La reconciliación que todos anhelamos, señala Sánchez, no puede fundarse sobre la distorsión, el ocultamiento y el olvido, sino sobre el esclarecimiento. Es “un requerimiento político y ético que nos compete a todos […]. La memoria en Colombia es una aliada de la paz, no el instrumento fácil y primitivo de movilización del resentimiento y la venganza”. Elocuente reivindicación de la verdad como presupuesto de paz.
Aclaración. En amable nota me pide la senadora Paloma Valencia “rectificar” mi afirmación de la pasada columna según la cual el objetivo del Centro Democrático “no era la paz sino la campaña electoral que –confiesa Paloma Valencia– le devuelva a Uribe la Presidencia”. Ella niega haber emitido tal aseveración. No dijo ella que su partido se volcara a hacer campaña en vez de buscar la paz. Pero, en lo que a Uribe atañe, mi afirmación se atiene a declaraciones que la parlamentaria emitió el pasado 22 de noviembre a la salida de la Comisión Primera del Senado ante periodistas de varios medios, entre ellos, Hugo García, editor político de El Espectador. En artículo titulado “Nuevo acuerdo de paz será firmado el jueves y refrendado en el congreso”, este periódico registró así sus declaraciones: “si (el Gobierno quiere) jugar rudo, ‘hay herramientas para jugar rudo’, dijo, planteando la posibilidad de recoger firmas, por ejemplo, para convocar a un referendo como vía para revocar el Congreso o, incluso, habilitar la reelección de Uribe”.
