por Cristina de la Torre | Nov 10, 2021 | elecciones 2022, Neoliberalismo, Derecha, Modelo Político, Modelo Económico, Partidos, Uribismo, Izquierda, Política económica, Iglesias, Mujer, Corrupción, Noviembre 2021
Unos juegan con los principios y se complacen en la derecha; otros se abocan al reto de verterlos en programas de cambio. Mientras Petro se extravía en un crudo pragmatismo haciendo aliados que disuenan entre “los decentes”, los candidatos de la Coalición Centro Esperanza tendrán que optar por una entre las variantes de libre mercado que todos ellos adoptan: la gama va desde un neoliberalismo cerrero hasta el capitalismo social. Si, como dicen, representan la convergencia del reformismo estructural, no podrán menos que allanarse al modelo de economía de mercado con regulación del Estado. Será respuesta al negro balance del Consenso de Washington, cuya alternativa lanzan hoy las potencias del G7: el Consenso de Cornwall.
Conforme se consolida el Centro precisamente porque rehúye el abrazo de un oficialismo liberal amancebado con la corrupción, con el gobierno Duque y su partido, Petro le tiende la mano a Luis Pérez, artífice con Uribe, Martha Lucía y don Berna, de la mortífera Operación Orión. Y convida al pastor Saade, célebre por su odio al aborto, a la mujer, a la comunidad LGBTI.
Genio y figura, de suyo arbitrario, el autoendiosado Petro se ríe de la izquierda sacrificada, probada en mil batallas, que ahora lo acompaña en la idea de transformar este país. Y encubre su arrebato electorero con el argumento de la vieja alianza del liberalismo con la izquierda. Como si Luis Pérez fuera Uribe Uribe o López Pumarejo. Como si no hubiera sucumbido el Partido Liberal a la corrupción, a la hegemonía de la derecha en sus filas, a los turbios manejos del jefe.
Poniéndole conejo con la caverna cristiana y con la derecha liberal, arriesga Petro la cohesión de la coalición de izquierda. Sus aliados podrán pasar del estupor a la estampida. Como se insinúa ya: Francia Márquez pidió “no cambiar los valores de la vida por votos”, Iván Cepeda declaró que “las elecciones se pueden perder pero la coherencia ética, no”, e Inti Asprilla remató: “la pela interna que nos dimos en el Verde no fue para esto”. Pero Petro es así: impredecible en política… y en ideas. Si votó por Ordóñez para procurador, si considera a Álvaro Gómez más progresista que Navarro Wolf, se comprenderá que invite ahora al uribismo al Pacto Histórico, a la derecha liberal y a la caverna cristiana.
Más atento a la formulación de un programa económico que responda al anhelo de las mayorías, en el Centro Esperanza Jorge Enrique Robledo, verbigracia, insiste en cambiar el modelo pero dentro de la economía de mercado, con respeto a la propiedad y a la empresa privadas, y sin estatizar la economía. Para él, un efecto devastador de la globalización neoliberal en Colombia fue la destrucción en gran medida del aparato productivo del país: la desindustrialización y la crisis agropecuaria. Un desastre, pues es la industria el gran multiplicador de la productividad del trabajo, base del desarrollo. Con la apertura comercial se sustituyeron la producción y el trabajo nacionales por los extranjeros: el Consenso de Washington desprotegió el capitalismo nacional en favor del foráneo. Ahora, para reemplazar aquel Consenso, las grandes potencias marchan hacia un paradigma alternativo, el nacido del Consenso de Cornwall, en pos de una economía equitativa y sostenible que restituya el papel del Estado en la economía, sus metas sociales y la perspectiva del bien común.
Horizonte claro para transitar hacia un nuevo contrato social, sin que sus promotores deban endosar la iniciativa a la politiquería tradicional, gran responsable de las desgracias que en Colombia han sido. Modere Petro sus ínfulas napoleónicas en el platanal, y acoja el Centro sin ambigüedades el paradigma del capitalismo social.
Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz Navidad a los amables lectores.
por Cristina de la Torre | Oct 26, 2021 | Reforma tributaria, Iván Duque, Banca, Modelo Económico, Política económica, Octubre 2021
Desafiante, taimado, glotón, este Gobierno (con sus bancadas de logreros) devora a dentelladas el poder que le cayó en suerte. A fuer de reactivación económica, no dejará piedra sobre piedra: si de financiar un fraude colosal en elecciones se trata, menea el paspartú de la reactivación; si de reforma tributaria para redoblar favores a los ricos y penurias a los pobres, invoca la reactivación. Pero esta reforma-parodia será impotente frente a la inversión social que demanda un país con cinco millones de familias en la miseria, cuya financiación no podría salir sino del impuesto progresivo. El que grava proporcionalmente más a los que más tienen, pan comido en democracia que se respete. En previsión del cambio que se impone, el entierro de la Ley de Garantías Electorales se traducirá en orgía de contratos sin control y de votos comprados para llenar alforjas y asegurar curules a las fuerzas que perpetúan un sistema fiscal hecho a la medida de los poderosos.
Ha crecido la economía, sí, mas no el empleo. Se ha multiplicado el beneficio de los conglomerados que concentran el poder económico, controlan los mercados y mandan en las políticas de Estado. Crecimiento habrá pero no redistribución. Ni desarrollo. Es reactivación para los bancos y negocios de los sarmiento-angulos, los mismos que acapararon casi todas las ayudas por pandemia de este Gobierno, mientras sufría, y sufre, la plétora de pequeñas empresas que generan el 87% del empleo.
Loas y campanillas hubo hace dos meses para los empresarios que, en acto de desprendimiento digno de gratitud universal, aceptaron elevar en dos puntos su impuesto de renta pero, eso sí, preservando las gabelas recibidas durante años. Grande era el guardado. Sostiene Jorge Enrique Espitia (Le Monde Diplomatique) que tales concesiones les reconocen $40 billones de ingresos no constitutivos de renta, $13 billones por rentas exentas y $5 billones por descuentos tributarios. Sin estas concesiones y tributando el 35%, el recaudo adicional sería de $24 billones. Es que las tarifas efectivas de tributación que los grandes conglomerados pagan son irrisorias: mientras la de un minimercado es 7,2%, la del sector financiero es 1,5%. La desigualdad clama al cielo: el ingreso medio que el uno por mil más rico declara es 1.300 veces el de un declarante que está en la menor escala; y su patrimonio representa 3.700 veces más.
Como si fuera poco, señala Espitia, la reforma tributaria descabeza la lucha contra la evasión: elimina el artículo que reduce la brecha entre avalúo catastral y valor comercial de un inmueble. En la gloria seguirán terratenientes y ganaderos que llevan siglos pagando impuestos exiguos, o ninguno. Para no mencionar los grandes capitales que medran en la ilegalidad o en paraísos fiscales, bendecidos, estos últimos, por el mismísimo presidente Duque. En $50 billones se calcula la evasión tributaria por año en Colombia.
Mientras tanto, casi la mitad de los colombianos vive con $11.000 diarios, y con $5.000, los hijos de la miseria. Aliviarlos con una renta digna le costaría al Estado apenas el 0,2% del PIB, $2,4 billones. Pero el presidente, viajero saltarín por el mundo, no se agobia con estos menesteres, no y no. Seguirá girando partiditas de caridad a una porción reducida de los sufrientes. Y, claro, listo para pitar la largada a ordeñar en esta campaña electoral hasta la última gota del erario, menoscabar por fraude la representación plural en el Congreso y asegurar la hegemonía de los partidos que, ebrios de sus propias miasmas, querrán preservar la patria de las desigualdades.
Hubo un tiempo en que Duque se revelaba como lobo con piel de oveja. Ya no. De tanto hostilizarla, le ha jugado la verdad una mala pasada: ahora se insinúa en la ambigua figura de lobo con piel más de lobo que de oveja.
por Cristina de la Torre | Oct 5, 2021 | Modelo Económico, Política económica, Octubre 2021
Lo dice Petro –igual que pudiera decirlo cualquier tibio anónimo– y Duque se enfurruña. Como se indigna ahora por todo, pataletas contra la fuerza de los hechos, creyendo resarcir con mohines de príncipe gratuito la debacle de su Gobierno. En defensa del capitalismo montaraz que trastabilla acá y allá, considera “trasnochada” la idea del opositor de repartir parte de utilidades de la empresa con sus trabajadores. Fue un “fracaso”, acotó el presidente, en los países donde se intentó. En cuáles: ¿en Alemania, Francia y España con larga tradición de esta política? ¿En los cinco países nórdicos que regresan a la socialdemocracia? ¿En México, Brasil y Perú, donde la cesión de beneficios del empleador a sus trabajadores es norma constitucional?
Es esta una manera de fortalecer el bolsillo de empresarios y operarios, que dinamiza la demanda y termina por multiplicar la producción y el empleo. Pero, bedel de los poderosos, látigo de su pueblo, le escandaliza a Duque el mecanismo que en casi toda Europa acompañó la cogestión del capital y el trabajo en empresas públicas, privadas y mixtas. A leguas de él hemos marchado aquí con ingresos cada día más precarios las clases trabajadoras y con empresas como Coltejer, pioneras de la industrialización (interrumpida), al borde de la quiebra. Si en el mundo desarrollado el modelo de mercado le rompió el lomo al Estado de bienestar para solaz de banqueros y multinacionales que invadieron los mercados del orbe entero, en países como Colombia ahondó las rancias desigualdades y lo reconvirtió en exportador de materias primas e importador de productos terminados.
Tras los estragos causados, gana Store las elecciones en Noruega y, con él, regresa toda Escandinavia a la socialdemocracia, referente poderoso de capitalismo democrático: economía de mercado con regulación del Estado, que resultó de transacción entre socialismo y capitalismo cuando este último periclitaba y el modelo soviético mostraba más fauces que tibio nido. En dos plataformas se afirma el modelo nórdico de Estado de bienestar: en la movilidad social y en la negociación de la política económica y social entre Estado, empresarios y trabajadores. Resultado, la igualdad como derecho. Concertación con los sectores productivos advera al corporativismo fascista, que en Colombia copió Duque de Laureano: el que entrega a los gremios privados la capacidad de iniciativa y de decisión del Estado.
En el Occidente desarrollado instauró la socialdemocracia el sistema público de salud, educación y pensiones, elevó el nivel de vida de la población, limó desigualdades y alcanzó el pleno empleo. ¿Cómo lo logró? Fomentando la economía productiva y mediante el impuesto progresivo que por décadas rondó el 80% a los más ricos en Inglaterra y Estados Unidos. La fiscalidad al servicio del bienestar se tradujo en prosperidad general. En cambio hoy Warren Buffet, el archimillonario, paga en proporción 0,003% de impuestos sobre sus haberes. ¿Cuánto le hace pagar Duque a Sarmiento por los suyos y por tantas gracias recibidas en la pandemia? ¿Cuánto más protegerá el negocio sucio de las EPS en salud y de los fondos privados de pensiones?
Bienamado discípulo del neoliberalismo, Iván Duque ahonda abismos sociales y denosta toda iniciativa de equidad. Providencial les ha resultado a él, a su partido y a sus amigos el estribillo del castrochavismo para encubrir la sangre derramada y la violencia económica ejercida. La historia pedirá cuentas. Y las urnas. Guardadas diferencias de brillo y de talento, fue Hayek maestro de esta escuela con su grosera asimilación de estatismo comunista y Estado de bienestar, para inscribirlos en una misma sepa totalitaria. La misma trampa ideológica de Duque para arremeter contra el capitalismo democrático que el Estado social encarna.
por Cristina de la Torre | Oct 1, 2021 | Modelo Político, Modelo Económico en Colombia, Septiembre 2021
Van por los restos. Ya las bancadas del Gobierno preparan anhelantes el asalto final al erario, no sea que se queden con bolsillos y urnas a medio llenar. Tumbar la Ley de Garantías Electorales será tarea de cierre para cargar sin obstáculos el último saco de la cosecha de corrupción en esta Administración, puesta la mira –entre otros– en los $20 billones de regalías represadas y en los $2 billones reservados a vías terciarias. Si no caen sobre el pastel entero, a lo menos sobre una porción que asegure la curul y el nuevo ciclo de puestos y contratos cocinados en la sombra con amigos. Prolongan la saga de Reficar, Odebrecht, Saludcoop o el carrusel de la contratación en Bogotá, cuyo cerebro, Emilio Tapia, reaparece como el Ave Fénix en la defraudación de Mintic por $70 mil millones.
A su lado, la ejecución de $5,7 billones del Fome en la pandemia que, según el Foro Nacional por Colombia, registra alertas y “promesas” de investigación. Si no fuera por su grotesca incongruencia, muchos de esos contratos moverían a risa: una distribuidora de licores que vende ventiladores clínicos, una polvorera que vende tapabocas, una firma que suministra materias primas a industrias del acero y el petróleo vende ventiladores para las UCI. La suma de estos contratos daría $179,116 millones. Modesta muestra de la corrupción que puede brotar allí donde el gobernante trueca el interés colectivo por el suyo propio y el de su círculo de poder.
Que corrupción hubo siempre no se discute. Pero en las últimas décadas se acumularon factores que no fueron ya de riesgo sino dinamita para una explosión en masa de la robadera. Para comenzar, con la fiebre privatizadora de 1991 que entregó a particulares empresas y funciones del Estado, creyeron los constituyentes erradicar la corrupción: la empresa privada se les ofrecía como un nirvana de pulcritud y decencia. Se equivocaron. Servicios públicos, salud y pensiones fueron desde entonces negocio de mercaderes, mientras la contratación pública crecía como la espuma, casi sin controles, para contento de sus usufructuarios mayores: funcionarios, políticos y contratistas. Afirmada sobre la cultura de la ley hecha para violarla, del clientelismo y de las mafias, a la corrupción han contribuido también otros factores:
La elección popular de alcaldes y gobernadores rompió los controles (con vacíos pero todavía vigorosos) del poder central sobre funcionarios que se rodearon de nubes de contratistas compinches, mientras las contralorías departamentales participaban del negocio. A la postre, también el poder central se lucraría impunemente bajo el ala de los organismos de control cooptados por el Ejecutivo, como sucede hoy. El auge del petróleo y del carbón, traducido en regalías, derivó en feria de millonarios elefantes blancos. Y, con la circunscripción nacional para senado, los costos de una campaña llegaron a superar los $25 mil millones financiados por alguna chequera intrépida, erogación que el dadivoso recuperaría después con creces en contratos públicos. La financiación privada de campañas electorales es fuente suprema de la corrupción.
Contra ella nada hace el Consejo Nacional Electoral, órgano integrado por delegados de los partidos a los que pretende controlar; ellos mismos tampoco sancionan a sus corruptos. Y sigue triunfal, eficientísima, la sociedad entre funcionarios públicos que monopolizan la contratación del Estado y los políticos, con pliegos amañados y a menudo sin licitación. Tal como lo harían ahora, para reelegirse y acabar de enriquecerse, si hunden la Ley de Garantías. Rendición de cuentas, investigación y sanción quedarán para otros aires. El abuso de poder en este Gobierno es, en palabras del Foro por Colombia, vulneración, afrenta y deshonra para la democracia. Digamos, una cueva de Alibabá.
por Cristina de la Torre | May 31, 2021 | Cuarentena, Paro Nacional, Iván Duque, Paramilitarismo, Modelo Político, Modelo Económico, Posconflicto, Impunidad, Corrupción, Mayo 2021
En acto vergonzoso que Colombia no olvidará, una mayoría de parlamentarios se postra de hinojos ante el ministro organizador de la represión, ariete del Gobierno que se cobra ya media centena de muertos en las calles. La cobardía inveterada de la clase política, hoy remachada con el voltearepismo de Gaviria y Vargas Lleras, abrió puertas a la anhelada militarización que ha sido arma y estandarte de la extrema derecha. Como si faltaran hechos que confirman todos los días la ilegitimidad de un régimen montado sobre vanidades armadas hasta los dientes: azote de multitudes que reclaman vida digna, cambio y democracia, pero convenientemente reducidas a subversión.
Para que el presidente pueda decretar virtual conmoción interior en nueve departamentos; con sometimiento forzoso de sus autoridades a las medidas que conlleva, so pena de sanciones de la procuradora que trabaja para “nuestro Gobierno”. Providencial, cae la excusa del cielo: entre los infiltrados en las marchas para anarquizarlas, un agente del CTI de la Fiscalía mata a tiros a dos manifestantes y pobladores de la zona lo linchan. Un horror. Ahora podrá Duque responder con el argumento de los fusiles al estallido social que dura y crece porque 98% de los colombianos apoyan la protesta –revela Gallup. Acaso baje aún más el lánguido 18% que, según el Observatorio de la Democracia, confía en las instituciones. Más ilegitimidad de este Gobierno y del Estado, imposible. Incapaz de conjurar el hambre con medidas de sentido común como las que Claudia López toma en Bogotá, menos podrá Duque responder al mar de fondo de la injusticia y la desigualdad. Sin el respeto y el consentimiento de los asociados, querrá gobernar sólo a golpes y manteniendo incólumes los parámetros del poder público.
Sí, dos momentos presenta la resolución de la crisis. El primero demanda medidas de emergencia para neutralizar el golpe social, económico y sanitario de la pandemia. Para rescatar la capital, redirecciona la alcaldesa $1,7 billones hacia la población vulnerable, hasta completar una inversión social de $8,5 billones en la ciudad. Y, para reactivar su economía, reabrirá todos los sectores. Aplauso. Un segundo desafío plantea la reformulación del pacto social con un modelo de democracia y desarrollo que amplíe la participación política, redistribuya el ingreso y desconcentre la propiedad. Y que empiece por devolverle al Estado la legitimidad perdida.
Para el profesor Alberto Valencia, hoy estamos pagando el inmenso costo social de haber enfrentado a los grupos ilegales con medios ilegales: la deslegitimación del Estado. Duque profundizaría la crisis política e institucional que la alimentaba y agudizaría la polarización en torno a los Acuerdos de Paz, ya desafiados por la decisión de terceros y de agentes del Estado de eludir sus responsabilidades en el conflicto. Sin bandera de Gobierno –ni guerra contrainsurgente ni paz– desechó Duque la lucha anticorrupción que Claudia López le ofreció. En sus desencuentros con la sociedad, no captó Duque el cambio en la política que la paz traía. Insistió en crear miedo a unas Farc inexistentes ya y, en el empeño de salvar el pellejo de su mentor, atacó a la JEP; pero perdió la batalla. “En vez de sintonizarse con el país, escribirá Valencia, lo hizo con Uribe”. Terminado el conflicto, recobró su importancia el problema social; pero Duque tampoco lo vio, e insistió en el de seguridad, cuando la gente pedía comida, empleo e igualdad. Golpe final a la legitimidad del Estado será la cooptación de los órganos de control por este Gobierno.
He aquí el trasfondo de un Gobierno arbitrario, brutal en su estentórea debilidad. Este de Duque evoca autocracias que, a falta de legitimidad, se imponen por la fuerza bruta. Ignoran que el poder de la bayoneta, por sí solo, no es poder. No en la democracia.
