por Cristina de la Torre | Ago 15, 2023 | Agosto 2023, Congreso de la República, Crímen organizado, Farc, Violencia, Gustavo Petro, AUC, Fraude Electoral, Antioquia, Iván Duque, Paramilitarismo, Modelo Político, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, Justicia, Corrupción, Actores del conflicto armado
La frase, de un congresista en prisión, alude a una realidad abrumadora: se ha pasado en Colombia de la cruda incursión del narcotráfico en elecciones a la corrupción política como profesión. Se asimila el reino de la ilegalidad al negocio de la política, mientras hombres de negocios proceden como mafias. Los comicios son cada vez más una feria en mercado libre de inversión y de lucro, de lavado de activos y asalto de piratas que pasan por políticos a los recursos del Estado. Ideas, pocas o ninguna; es el poder por el poder, por el erario. A dentelladas. Lo que alarma ahora es que el fenómeno pueda penetrar en su antípoda moral: en la fuerza contestataria representada por el hombre que encaró la parapolítica, con riesgo de su propia vida, y que hoy encarna los anhelos de cambio.
Artífice de este azar, su propio hijo. Deslumbrado por los fuegos de artificio que rodean el ascenso de sectores que reclaman su parte en el poder -a menudo desde el delito y el crimen- resulta Nicolás Petro sindicado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Revela, además, financiación ilegal en la campaña del presidente. Sin pruebas para querella judicial, el daño es político: estocada directa a la yugular, desestabiliza al Gobierno y compromete su proyecto reformista. El presidente Petro está obligado a pasar de la presunción de inocencia a demostrarla. Tendrá que demostrarla por honor, y apuntando a menguar la marcha de la fronda que menea cada día nuevos pretextos para tumbarlo.
Agranda ella errores del reformador -por serlo- mientras sigue echando tierra a las vergüenzas de sus antecesores. No defenestró a Uribe por encontrarse su bancada incursa en parapolítica (narcotraficantes, políticos y empresarios en llave); ni porque corriera la ruidosa bola del enriquecimiento de sus hijos por favores del poder. Tampoco movió un dedo para emplazar a Duque cuando se sindicó a su campaña de recibir dineros del narcotraficante Ñeñe Hernández; ni cuando, suvenir de despedida, enterró la Fiscalía la investigación.
Mucha agua ha pasado bajo el puente desde el proceso 8.000, afirma Gustavo Duncan; no es el mismo río, pues ha cambiado la relación entre narcotráfico y política. El cartel de Cali aportó directamente a la campaña de Samper. Pero con la desmovilización de las AUC y las Farc, reyes del narcotráfico, los armados se desplazaron hacia la periferia y se fortaleció en su lugar el poder político de un sector económico enriquecido en el negocio: lavadores, contratistas del Estado, contrabandistas, políticos corruptos colonizaron franjas enteras del poder público y minaron la democracia. Conforme perdían poder los armados y las mafias, agencias del Estado y sus recursos se volvieron fuente privilegiada de riqueza. Ahora son empresarios especializados en contratación pública, en lavado de dinero y contrabando quienes financian las campañas, explica Duncan. Mil indicios y sospechas de tratativas con la corrupta Odebrecht salpican a los expresidentes Uribe, Santos y Duque.
Parte de la nueva capa social se integra a las elites desde su ilegalidad de origen, así como el narcotráfico movió su mercancía por la red de vías que los viejos contrabandistas habían trazado desde hace casi un siglo. Aventureros que en Antioquia, verbigracia, alcanzaron prestancia parecida a la de los paladines de la industria. ¿Ninguna distancia crítica? ¿Rige para todos la misma identidad ética edificada en la exaltación del enriquecimiento personal a toda costa?
Si equidad y democracia han de ser parales del acuerdo nacional, tendrán ellos que afirmarse en la profilaxis de la política. Y esta debería empezar por aplicar sanción jurídica o social a los hijos del Ejecutivo que hayan abusado de su condición de privilegio.
por Cristina de la Torre | Oct 1, 2021 | Modelo Político, Modelo Económico en Colombia, Septiembre 2021
Van por los restos. Ya las bancadas del Gobierno preparan anhelantes el asalto final al erario, no sea que se queden con bolsillos y urnas a medio llenar. Tumbar la Ley de Garantías Electorales será tarea de cierre para cargar sin obstáculos el último saco de la cosecha de corrupción en esta Administración, puesta la mira –entre otros– en los $20 billones de regalías represadas y en los $2 billones reservados a vías terciarias. Si no caen sobre el pastel entero, a lo menos sobre una porción que asegure la curul y el nuevo ciclo de puestos y contratos cocinados en la sombra con amigos. Prolongan la saga de Reficar, Odebrecht, Saludcoop o el carrusel de la contratación en Bogotá, cuyo cerebro, Emilio Tapia, reaparece como el Ave Fénix en la defraudación de Mintic por $70 mil millones.
A su lado, la ejecución de $5,7 billones del Fome en la pandemia que, según el Foro Nacional por Colombia, registra alertas y “promesas” de investigación. Si no fuera por su grotesca incongruencia, muchos de esos contratos moverían a risa: una distribuidora de licores que vende ventiladores clínicos, una polvorera que vende tapabocas, una firma que suministra materias primas a industrias del acero y el petróleo vende ventiladores para las UCI. La suma de estos contratos daría $179,116 millones. Modesta muestra de la corrupción que puede brotar allí donde el gobernante trueca el interés colectivo por el suyo propio y el de su círculo de poder.
Que corrupción hubo siempre no se discute. Pero en las últimas décadas se acumularon factores que no fueron ya de riesgo sino dinamita para una explosión en masa de la robadera. Para comenzar, con la fiebre privatizadora de 1991 que entregó a particulares empresas y funciones del Estado, creyeron los constituyentes erradicar la corrupción: la empresa privada se les ofrecía como un nirvana de pulcritud y decencia. Se equivocaron. Servicios públicos, salud y pensiones fueron desde entonces negocio de mercaderes, mientras la contratación pública crecía como la espuma, casi sin controles, para contento de sus usufructuarios mayores: funcionarios, políticos y contratistas. Afirmada sobre la cultura de la ley hecha para violarla, del clientelismo y de las mafias, a la corrupción han contribuido también otros factores:
La elección popular de alcaldes y gobernadores rompió los controles (con vacíos pero todavía vigorosos) del poder central sobre funcionarios que se rodearon de nubes de contratistas compinches, mientras las contralorías departamentales participaban del negocio. A la postre, también el poder central se lucraría impunemente bajo el ala de los organismos de control cooptados por el Ejecutivo, como sucede hoy. El auge del petróleo y del carbón, traducido en regalías, derivó en feria de millonarios elefantes blancos. Y, con la circunscripción nacional para senado, los costos de una campaña llegaron a superar los $25 mil millones financiados por alguna chequera intrépida, erogación que el dadivoso recuperaría después con creces en contratos públicos. La financiación privada de campañas electorales es fuente suprema de la corrupción.
Contra ella nada hace el Consejo Nacional Electoral, órgano integrado por delegados de los partidos a los que pretende controlar; ellos mismos tampoco sancionan a sus corruptos. Y sigue triunfal, eficientísima, la sociedad entre funcionarios públicos que monopolizan la contratación del Estado y los políticos, con pliegos amañados y a menudo sin licitación. Tal como lo harían ahora, para reelegirse y acabar de enriquecerse, si hunden la Ley de Garantías. Rendición de cuentas, investigación y sanción quedarán para otros aires. El abuso de poder en este Gobierno es, en palabras del Foro por Colombia, vulneración, afrenta y deshonra para la democracia. Digamos, una cueva de Alibabá.
por Cristina de la Torre | May 21, 2019 | Posconflicto, Impunidad, Corrupción, Mayo 2019
Malitos los actores. Quisieron montar una tragedia (sembrar el caos, hacer invivible la república); pero exageraron a tal punto en gesticulación y voces engoladas, que resultaron inverosímiles y terminaron interpretando una ópera bufa. Para salvar el pellejo, en su vieja escalada contra la justicia precipitaron el fiscal Martínez y el senador Uribe la asonada del día contra ella. Ya la Corte Suprema preparaba reconvención al fiscal por conflictos de interés en el ejercicio del cargo, a cuyo amparo encubría la desmesurada corrupción de Odebrecht. Y reactivaba llamado a indagatoria a Uribe, por manipulación de testigos en un caso que involucra a paramilitares. Curtidos manipuladores de la opinión hasta transformar franjas enteras de ciudadanos en rebaño, aprovecharon el desconcierto de muchos ―crédulos impresionables al vibrato de la caverna y fanáticos que le hacen eco― para mutar en oportunidad política su derrota colosal con las objeciones a la JEP e invitar a la protesta callejera contra ella. Y pasar a mayores. Fantasearon con demolerlo todo con la contundencia de una acción sin retorno.
Según ellos, el auto que libraba de extradición a Santrich desafiaba el orden jurídico y obedecía a un pacto de cogobierno con el narcotráfico. En nombre del Estado de derecho y de la paz, un reducto de exaltados propuso decretar estado de conmoción interior y convocar constituyente. El primero, para extraditar a Santrich acaso sin pruebas, provocar así el regreso de los desmovilizados a la guerra y ensayar los excesos que la conmoción permite en manos de algún perdonavidas desesperado y vengativo. La segunda, para rediseñar un Estado que quepa en el bolsillo de la derecha.
Ni marchó la galería en las calles, ni vivieron más de un suspiro las iniciativas de conmoción y constituyente. Pero Martínez se dio el lujo de inducir, por omisión de pruebas, la decisión de la JEP, que se pronunciaba en estricto derecho. Él y los gringos se las negaron una y otra vez. Mas, no bien se conoció aquel auto, aparecieron las esquivas pruebas. A dos minutos de su libertad, recapturó la Fiscalía al sindicado para juzgarlo, como bien lo proponía la propia JEP. Mas ya Martínez había llevado la justicia transicional a la picota pública y ahora se coronaba con laureles de justiciero insobornable. Ni el Presidente ni el partido de Gobierno le preguntaron por su oscura relación con la firma más corrupta del continente.
No podían. El flamante embajador de Estados Unidos acababa de inmortalizar a Martínez con el calificativo de “patriota”. Al estruendoso silencio con que este Gobierno bendijo la humillante violación de la soberanía nacional en cabeza de nuestras Cortes le seguirá la marcha ―hace nueve meses emprendida― de colonizados en pos del amo. José Obdulio Gaviria, ideólogo del ala extremista del Centro Democrático, abrió en febrero de par en par este camino cuando escribió con pasión de converso: “bien valdría la pena que Secretaría de Estado piense seriamente en aplicar sanciones a los magistrados JEP saboteadores/cómplices”.
Le salieron al público con una bufonada y éste va desalojando desencantado la sala. Ya lo habían dicho voceros de los Partidos liberal, la U y Cambio Radical: “el caos que algunos pregonan no existe. Las soluciones están previstas en nuestra Carta Política”. Y Álvaro García, presidente de la Corte Suprema remachó con broche de oro: rechazó “el sistemático ataque a la integridad del poder judicial […] Las Cortes representan la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Cualquier interferencia, acto injusto, persecución o interceptación ilegal contra sus magistrados es también una agresión contra la independencia judicial”. Controle la ultraderecha su compulsión subversiva contra el Estado de derecho. Mejor le va si se aviene a la democracia y a la paz.
por Cristina de la Torre | May 14, 2019 | Modelo Económico, Corrupción, Mayo 2019
Anacrónico, rudimentario propagandista del neoliberalismo, sostiene Andrés Oppenheimer en Portafolio que la mano peluda de Odebrecht no podía surgir sino en un gobierno como el de Lula en Brasil y alargarse hacia todos los que en la región replicaban ese modelo de “populismo autoritario”. Que, por contraste, aquella apenas si tocó a México y Colombia, dizque por ser estos regímenes de libre mercado. De donde se infiere que la corrupción pega naturalmente en regímenes de centro-izquierda, y menos en los de derecha que, al parecer, preservan heroicamente su virginidad. Se equivoca. Aunque corrupción hubo siempre, con el desmantelamiento del Estado, la privatización de sus funciones y la supresión de instrumentos regulatorios de la economía que el Consenso de Washington introdujo, aquella invadió como mar embravecida el poder público y la sociedad. El amancebamiento de negocio privado y función pública –distinto de la sana asociación público-privada– disparó la corrupción en proporciones bíblicas.
A Odebrecht, por mencionar el desafuero más reciente, le antecedió la crisis financiera de 2008, segunda en tamaño y capacidad de daño después del crack de 1929. La última pauperizó a millones de familias en Estados Unidos y multiplicó hasta la obscenidad las ganancias de un puñado de banqueros que hicieron (y hacen) su agosto protegidos por la inacción del Estado. Por su parte, si corrupción medró en los gobiernos reformistas de América Latina, no fue precisamente porque estos redimieran de la pobreza a porciones sustantivas de la población. Fue porque no desmontaron cabalmente el modelo privatizador que Pinochet había entronizado y los Chicago-boys convertido en dogma de fe. No se diga, entonces, que la corrupción tiene color político, pues Putin y Trump se disputan esa presea.
Por lo que a Colombia toca, no será nuestro país la casta Lucrecia que Oppenheimer quisiera. Aquí las coimas de Odebrecht no sumaron los $11 millones de dólares que él reporta, sino 50. Y si mucho ha demorado la investigación es porque el mismísimo Fiscal General resultó comprometido en ella. Lo mismo que excandidatos presidenciales, viceministros, senadores, altos heliotropos de las burocracias pública y privada, el hombre más rico del país y hubo dos envenenados con cianuro.
Informa Transparencia por Colombia que el punto álgido de la corrupción es la contratación pública. Más de la mitad de gobernadores, alcaldes y concejales están involucrados en ella, por montos que suman $18 billones en dos años. El Contralor Carlos Felipe Córdoba recuerda que en Reficar hubo sobrecostos por $17 billones y, en Saludcoop, hallazgos penales por $1,4 billones. Habla de mallas complejas de contratistas que acaparan casi toda la contratación pública, como que una sola de ellas concentra adjudicaciones por $60 billones. Todo, producto de la privatización de la función pública y de la precaria vigilancia y control del Estado.
Caso dramático, el de la salud, convertida en negocio de intermediarios financieros. Claman al cielo imágenes recientes de hacinamiento de 350% de pacientes en hospitales públicos, mientras las EPS les adeudan $10 billones, que no pagan. Y hay también otras fuentes de exacción: como los carteles de hemofilia y enfermos mentales inexistentes, negocio de exgobernador que sigue presidiendo algún notablato regional. Y de la mano vino la privatización de la política, mediada por la corrupción: la alianza entre financiador de campaña, elegido y contratista, que puso en jaque el sistema mismo de la democracia.
Por qué no cambiar el modelo privatizador, o moderarlo, rescatando los proyectos anticorrupción que este Gobierno echó a perder. Por qué no insistir en la lista cerrada de la reforma política. Por qué no generalizar la veeduría ciudadana. Nunca es tarde y hay con quién.
por Cristina de la Torre | Dic 11, 2018 | Iván Duque, Corrupción, Diciembre 2018
Ni torpeza ni ingenuidad; pura marrulla. Hasta un niño sospecharía que la terna del presidente para escoger fiscal ad hoc se armó (¿en algún establo de Rionegro?) con el fin de que la Corte la devolviera en el acto. Como en efecto sucedió, pues más inhabilidades y pasiones de partido no podían ostentar sus miembros. Consecuencia inmediata: no habrá por ahora quién investigue a los señalados de las grandes ligas en las coimas de Odebrecht. Paralizadas las pesquisas, se guarecerán ellos todavía bajo el sopor del olvido, del silencio y la inacción. El primero, el propio presidente que, siendo senador, acudió a cita en el Brasil donde se negociaron apoyos publicitarios para la campaña del candidato de su partido, Óscar Iván Zuluaga, financiados por la oscura multinacional. Si a título de pato (como lo sugiere él), o sólo para ir al baño (según versión del expresidente Uribe) o a título de experto en números con el que su partido lo distinguía, nunca se supo. Ni Duque explicó a satisfacción ni los jueces se tomaron el trabajo de indagar.
Cuando Margarita Cabello renunció, ya ocho magistrados de la Sala Penal habían decidido oponerse a votar esa terna, pues tendrían que declararse impedidos para favorecer a la colega que había contribuido a elegirlos a ellos. Además, ternada en 2010 por el entonces presidente Uribe para fiscal general, la Corte Suprema rechazó su candidatura por “inviable”.
Por su parte, de ser elegida fiscal ad hoc, Clara Lucía González, secretaria jurídica de Palacio, pasaría a juzgar al jefe por su presunta participación en la operación de enganche de Duda Mendonça a la campaña de Zuluaga en 2014, publicista pagado por Odebrecht. Se desempeñaba ella en esa campaña como asesora jurídica del candidato. Proselitista apasionada en la reelección de Álvaro Uribe, a pedido de la Casa de Nari fungió González como abogada de Yidis Medina. Mas no para defender a la parlamentaria que había revelado presiones y dádivas del círculo personal del presidente en palacio, sino para que se retractara y sacara en limpio a la crema del poder presidencial en la dolosa operación que prolongó esa presidencia por cuatro años más.
Tras el escándalo por la tortuosa operación en Brasil, Zuluaga reconoció que su campaña había contratado a Duda a través de Odebrecht; que el pago sería de $2.859 millones. Pero Duda aseguró que Odebrecht le pagó $4,3 millones de dólares por la campaña de Zuluaga. Como en gesto de reciprocidad, en enero de 2017 el entonces senador Duque denunció a Odebrecht por competencia desleal, pero se cuidó de hacerlo también contra el grupo Aval. Abrió así la puerta judicial para que la superintendencia de Industria salvara de multas al consorcio y de inhabilidad para contratar con el Estado por 10 años. Ya la mano peluda de Odebrecht le había extendido $6,5 millones de dólares al entonces viceministro de transporte de Uribe, Gabriel García, coima por la entrega de un contrato en 2009.
En previsión del juego dilatorio con otras ternas inconstitucionales y proclives a absolver conmilitones políticos; del cerrado apoyo de las derechas al fiscal Martínez para atornillarlo en el cargo, parlamentarios de la oposición le piden a la Corte Suprema gestionar con Naciones Unidas la integración de una comisión independiente que ayude a las pesquisas de Odebrecht en el país. Sin funciones judiciales sino de apoyo a nuestros órganos de control. Argumentan que “en Colombia existe un entramado entre las altas esferas políticas e institucionales que impide el real acceso a la justicia, así como a la transparencia y celeridad en las investigaciones”. Única salida honorable contra el adefesio de montar un fiscal uribista para juzgar delitos del uribismo y sus aliados.
Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz Navidad a los lectores.
