por Cristina de la Torre | Dic 5, 2023 | Diciembre 2023, Crímen organizado, Estado liberal, Polarización social, Lavado de activos, Capitalismo Social, Capitalismo, Reforma Rural, Fraude Electoral, Especulación Financiera, Libre Mercado, Neoliberalismo, Modelo Económico, Partidos, Narcotráfico, Impunidad, Justicia, Corrupción, Clientelismo, Modelo Económico en Colombia
Conforme cambiaba el país y creía vencer mi ignorancia sobre él, mudaba yo de tercio sobre el clientelismo. Primero, contra el dogma políticamente correcto de mi generación, que lo tuvo por dominación atrabiliaria de amos contra vasallos. Me maravilló su acción integradora de la sociedad, que daba sentido de pertenencia política y promovía el ascenso de clases emergentes y de nuevas élites del poder. Y ahora, a la ligereza de leyes que inducen la desintegración de los partidos se suma la tormenta de una ética que ha convertido el proverbial sálvese quien pueda en panacea del haga plata como sea. En la relación de políticos mediadores de servicios del Estado con la población que en contraprestación les brindaba apoyo electoral, despuntaron nidos de corrupción, sí. Pero ésta, huevo de codorniz, evolucionó a ahuevo de águila negra empollado en la crisis de los partidos, en el narcotráfico y en la involución al individualismo utilitarista del capitalismo en bruto que la Carta del 91 apadrinó.
Más de un cambio de fisonomía ha sufrido el clientelismo, desde su origen en la hacienda decimonónica donde un señor subordina a la peonada a la vez como fuerza de trabajo, ejército privado y cauda electoral. Ya hacia mediados del siglo XX se nutre de profesionales de la política que medran en provincia y en barrios populares, nichos de poder cada vez más independientes del jefe político. Se pasa de la movilidad social por cooptación a la movilidad por creciente autonomía de líderes y grupos emergentes. Así como los partidos, nuestro clientelismo es policlasista: ni mecanismo de dominación de clase ni prerrogativa exclusiva del vulgo. Porque el clientelismo no sólo redistribuye recursos del Estado sino poder político. Cuando aquel transgrede los salones del Gun Club y del directorio político para instalarse como poder en los bajos fondos, lo resiente la vieja clase dirigente como un desafío.
Otra mutación empezó a gestarse con la Carta del 91. Muchos constituyentes desplegaron cruzada moralizante contra él: asimilaron tránsito de la tradición a la modernidad a tránsito del clientelismo a la ciudadanía. Dos figuras antagónicas simbolizaron la dicotomía entre buenos y malos: el ciudadano y el cacique clientelista – recordaba yo en texto que aquí gloso (“Clientelismo, revolcón y poder político”, Universidad Externado)-. El antídoto, suplantar la democracia representativa con la participativa. En nombre de la sociedad civil, mecánico agregado de hombres libres, se invitó a suprimir las deformidades del atraso: partidos, gremios y sindicatos.
La Constitución del 91 abrió puertas al predominio del modelo de mercado sobre el del capitalismo social y a la supremacía de la democracia liberal sin principio de solidaridad. De la crítica al Estado de partidos se saltó a la sociedad sin partidos, Nirvana de negociantes de todos los pelambres que practican como profesión el asalto al erario y a los recursos del Estado. Se ha degradado la política a actividad instrumental de los negocios, y disuelto la soberanía popular en la libertad del ciudadano-cliente. Territorio donde florece la versión del clientelismo utilitarista que roba votos o los compra en el libre mercado electoral.
A falta de populismo en regla, en Colombia el clientelismo ha sido el sistema. Hemos sugerido aquí aportes suyos a la movilidad y la cohesión sociales. Pero en su deriva actual, ha terminado por acentuar la precariedad ideológica de los partidos y por disparar la corrupción en la política. La alternativa no será restaurar el clientelismo sino repolitizar la política, sobre tres parámetros: modernizarla, democratizarla y vencer la impunidad de la clase política corrupta.
por Cristina de la Torre | Nov 10, 2021 | elecciones 2022, Neoliberalismo, Derecha, Modelo Político, Modelo Económico, Partidos, Uribismo, Izquierda, Política económica, Iglesias, Mujer, Corrupción, Noviembre 2021
Unos juegan con los principios y se complacen en la derecha; otros se abocan al reto de verterlos en programas de cambio. Mientras Petro se extravía en un crudo pragmatismo haciendo aliados que disuenan entre “los decentes”, los candidatos de la Coalición Centro Esperanza tendrán que optar por una entre las variantes de libre mercado que todos ellos adoptan: la gama va desde un neoliberalismo cerrero hasta el capitalismo social. Si, como dicen, representan la convergencia del reformismo estructural, no podrán menos que allanarse al modelo de economía de mercado con regulación del Estado. Será respuesta al negro balance del Consenso de Washington, cuya alternativa lanzan hoy las potencias del G7: el Consenso de Cornwall.
Conforme se consolida el Centro precisamente porque rehúye el abrazo de un oficialismo liberal amancebado con la corrupción, con el gobierno Duque y su partido, Petro le tiende la mano a Luis Pérez, artífice con Uribe, Martha Lucía y don Berna, de la mortífera Operación Orión. Y convida al pastor Saade, célebre por su odio al aborto, a la mujer, a la comunidad LGBTI.
Genio y figura, de suyo arbitrario, el autoendiosado Petro se ríe de la izquierda sacrificada, probada en mil batallas, que ahora lo acompaña en la idea de transformar este país. Y encubre su arrebato electorero con el argumento de la vieja alianza del liberalismo con la izquierda. Como si Luis Pérez fuera Uribe Uribe o López Pumarejo. Como si no hubiera sucumbido el Partido Liberal a la corrupción, a la hegemonía de la derecha en sus filas, a los turbios manejos del jefe.
Poniéndole conejo con la caverna cristiana y con la derecha liberal, arriesga Petro la cohesión de la coalición de izquierda. Sus aliados podrán pasar del estupor a la estampida. Como se insinúa ya: Francia Márquez pidió “no cambiar los valores de la vida por votos”, Iván Cepeda declaró que “las elecciones se pueden perder pero la coherencia ética, no”, e Inti Asprilla remató: “la pela interna que nos dimos en el Verde no fue para esto”. Pero Petro es así: impredecible en política… y en ideas. Si votó por Ordóñez para procurador, si considera a Álvaro Gómez más progresista que Navarro Wolf, se comprenderá que invite ahora al uribismo al Pacto Histórico, a la derecha liberal y a la caverna cristiana.
Más atento a la formulación de un programa económico que responda al anhelo de las mayorías, en el Centro Esperanza Jorge Enrique Robledo, verbigracia, insiste en cambiar el modelo pero dentro de la economía de mercado, con respeto a la propiedad y a la empresa privadas, y sin estatizar la economía. Para él, un efecto devastador de la globalización neoliberal en Colombia fue la destrucción en gran medida del aparato productivo del país: la desindustrialización y la crisis agropecuaria. Un desastre, pues es la industria el gran multiplicador de la productividad del trabajo, base del desarrollo. Con la apertura comercial se sustituyeron la producción y el trabajo nacionales por los extranjeros: el Consenso de Washington desprotegió el capitalismo nacional en favor del foráneo. Ahora, para reemplazar aquel Consenso, las grandes potencias marchan hacia un paradigma alternativo, el nacido del Consenso de Cornwall, en pos de una economía equitativa y sostenible que restituya el papel del Estado en la economía, sus metas sociales y la perspectiva del bien común.
Horizonte claro para transitar hacia un nuevo contrato social, sin que sus promotores deban endosar la iniciativa a la politiquería tradicional, gran responsable de las desgracias que en Colombia han sido. Modere Petro sus ínfulas napoleónicas en el platanal, y acoja el Centro sin ambigüedades el paradigma del capitalismo social.
Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz Navidad a los amables lectores.
por Cristina de la Torre | Ago 27, 2018 | Iván Duque, Modelo Económico, Partidos, Movimiento social, Narcotráfico, Impunidad, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia, Agosto 2018
Superando de lejos la votación alcanzada por presidente alguno en la historia de Colombia, casi doce millones de votos contra la corrupción crearon un hecho político soberbio: se alzó la gente contra la ratería que convirtió a Colombia en cueva de Alí Babá y sus buenos muchachos. Victoria del voto libre, no comprado, la clase parlamentaria no podrá sino asumirla como mandato popular para ejecutar las reformas que ocho veces enterró. Fracasó el boicot que contra la consulta se fraguaba: el sabotaje del uribismo, estridente y mentiroso, como lo fuera su campaña en un plebiscito para negar la paz; y el sabotaje por calculada pereza de los partidos que traicionaron su originario respaldo a la consulta en el Congreso. Pero no pudieron ahogar la rebelión de la ciudadanía, hombres y mujeres de todas las clases sociales y colores políticos que echaron los cimientos de un monumento contra la corrupción cuya edificación no cesará ya.
Censura de la sociedad al bandidaje instalado en salas de gobierno y de ricos particulares, que ha mandado a la cárcel a siete exmandatarios en Brasil, Perú, Guatemala, Panamá y Salvador; mientras en Colombia fungen los campeones de la corrupción como patriarcas coronados. Una vergüenza. Un prolongarse el secular asalto a lo público, transmitido al ADN de la nación por ejemplo de sus élites, hoy catalizado por dos disparadores nefandos: la privatización del Estado y el narcotráfico. Sin cortapisas éticas, en el frenesí del ascenso y la revancha social en un país de inequidades extremas, bajo el ala del narcotráfico y tratativas dolosas con el Estado, mafiosos y politicastros de fusta y camándula devienen héroes.
Con la privatización de funciones y empresas del Estado vino el auge de la contratación pública directa. Pícaros que pasan por emprendedores, por viceministros, por parlamentarios, se han feriado los dineros de todos. El contralor saliente, Edgardo Maya, calculó en $50 billones las pérdidas anuales del Estado por corrupción. Mas la plata desaparece en las arcas del canalla, no se recupera. Autor de un desfalco de $70.000 millones, el exgobernador Alejandro Lyons sólo repondrá $4.000 millones.
Extravagancias de hoy que echan raíces en un remoto pasado. Eduardo Lindarte (Razón Pública 8, 18) encuentra entre las causas de tales desafueros una degradación de las normas morales y legales que las reduce a obstáculos por vencer, de donde resultará casi natural violarlas. La concentración del poder en élites que dominaron siempre todas las esferas de la vida en Colombia se resolvió en privilegio suyo, defendido a capa y espada. La corrupción se volvió regla y toda la sociedad cayó en ella. Grande daño causó la dualidad de una tradición legalista –que no legal– al lado de la doblez de una Iglesia que se arrogó el derecho de impartir la moral mientras ella misma caía en corrupción. Para Lindarte, la demora en el trámite de los cambios sociales por la vía política ha sido el motor principal de la violencia, la ilegalidad y la corrupción.
Ya se recordaba en este espacio que el modelo de la hacienda decimonónica –paternalista y despótica– se proyectó como estructura del Estado y este fue patrimonio privado de la élite. Hoy deglute ella la contratación pública y la comparte con élites emergentes que reclaman lo suyo. No pocos entre ellas sobreenriquecidos en el narcotráfico.
La consulta del domingo devuelve confianza en la Justicia. Y abre perspectiva de soluciones que apuntan a las raíces del mal. Educación, sanción social, control ciudadano, compromiso inescapable de la dirigencia nacional con una cruzada sin pausa contra la corrupción. Para empezar, deber del Presidente de explicar la designación del corrupto Alejandro Ordóñez como embajador en la OEA. Doce millones de votantes lo reclaman.
por Cristina de la Torre | Ago 20, 2018 | Partidos, Uribismo, Izquierda, Conflicto armado, Conflicto interno, Régimen político, Modelo Económico en Colombia, Agosto 2018
Sí, vuelve la caverna con todos sus fierros al poder: con la estrategia bifronte de extremar la desigualdad en este país de pobres y excluídos y, por otro lado, apretar con mano de hierro la protesta social que de allí derive. Riesgo a la vista cuando ocho millones de colombianos repudiaron las miasmas de la politiquería y recelan del curubito empresarial. Símbolo ominoso de las componendas que sellaron alianzas en la cumbre cuandoquiera que el monolito del poder se vio amenazado, tres expresidentes -dos aparecidos y otro subjudice- dizque saltaron de la polarización a la reconciliación. Fue, sin duda, pacto de yo-con-yo para repartirse la torta que un incauto administra. Del Frente Nacional rescatarán las políticas de seguridad y orden público que atribuían al pueblo el carácter de enemigo interno. Y, en economía, coronarán el ponqué neoliberal que desde Gaviria todos ellos amasan, con la roja cereza de una reforma que eliminará casi el último tributo que pesaba sobre los ricos, y cargará contra las clases trabajadoras.
Reforma regresiva montada desde hace 30 años sobre la conveniente falacia de que regalarles impuestos a las empresas (¡a sus dueños!) dispara el empleo, esta vez podrá estancar el crecimiento y dejar al Estado con recursos franciscanos para educación y salud. Lo que eleva la productividad y el empleo, demostrado está, es la innovación que nuestros flamantes empresarios no abocan. Sostiene Fabio Arias (Las2orillas) que en cinco años los empresarios dejaron de pagar $46 billones por parafiscales, concesión del Gobierno en 2012. Por exenciones sobre patrimonio y renta de los últimos años, se habrían ganado $6 billones adicionales, a los que sumarán otro tanto por la reforma tributaria de Carrasquilla-Uribe-Duque. Pero la informalidad laboral sigue en 64% y el desempleo aun ronda el 10%.
No se sorprendan, pues, si la gente se toma las calles. Ni pretenda el ministro Botero, de Defensa, imponer la protesta asexuada de sus sueños, aconductada por el mazo con el que cree destripar la lucha de clases. El de protesta pacífica es derecho inherente a la democracia, no es subversión ni revuelta ni crimen. Sin él, no hubieran conquistado las mujeres su derecho al voto, ni los trabajadores el suyo a jornada laboral de ocho horas, ni los campesinos despojados podrían recuperar sus tierras.
Mas, mucho indica que la derecha montaraz de vuelta al poder acaricia la impronta contrainsurgente que marcó las políticas de seguridad y orden público en el último siglo. Bajo la capa anticomunista (del conservatismo y la Iglesia primero y, luego, de la Guerra Fría) se estigmatizó, persiguió o asesinó al que protestara o discrepara. Todo librepensador resultó sospechoso de profesar el bolchevismo en la República Conservadora, el comunismo en el Frente Nacional, el terrorismo vistiendo de civil en el Gobierno de la Seguridad Democrática, el castrochavismo como enseña de pánico para la retoma del poder. Al trato de insurgente que recibió el ciudadano inerme contribuyeron las guerrillas. Su táctica de lucha legal e ilegal redundó en el sacrificio de muchos demócratas que nunca dispararon. Y le dio a la derecha argumentos para violentar a la izquierda legal y al movimiento social, pretextando lucha antisubversiva.
No se visualiza la desaparición de tal legado: el ministro Botero evoca ahora símbolos de aquella tradición. Y el CD acaba de presentar proyecto de ley que niega acceso de la JEP y de la Comisión de la Verdad a información reservada sobre las vicisitudes del conflicto armado, con el argumento de que algunos de sus magistrados son “de tendencia de izquierda». Secta de extrema derecha en lo político y en lo económico, el partido de Gobierno rinde otra vez tributo a su lema: mano dura y corazón de piedra.
por Cristina de la Torre | Jul 24, 2018 | Derecha, Modelo Económico, Partidos, Uribismo, Política económica, Julio 2018
En la ficción de que por un lado va el técnico y por otro va el político, muchos celebran en el nuevo gabinete el predominio de especialistas experimentados supuestamente ajenos a la mano maloliente de los partidos. Pero tal vez se engañan. Por dos razones. Primero, porque ejecutar un programa de Gobierno es hacer política. Dar vida a la propuesta que triunfó en elecciones. Ejercer el poder. ¿O es que no hace política –de extrema derecha– un Carrasquilla que emplea la aséptica matemática para elevar a 16 salarios anuales la retribución de los altos funcionarios del Estado, mientras reduce de 14 a 13 las mesadas de los pensionados, pobres en su mayoría? Segunda razón: porque un gabinete integrado casi en exclusiva por emisarios del gran capital organizado en asociaciones gremiales emula la fórmula política del corporativismo fascista. En gobierno de tal naturaleza, no expresan los gremios objetivos generales de la sociedad sino intereses particulares que suplantan el fin del bien común propio del Estado democrático.
En Colombia, son intereses de vertiente común con el programa económico del entonces candidato uribista, ahora vertidos en propuesta del Consejo Gremial Nacional al Presidente Duque, denominada Reactivación Económica 2018–2022. Intereses encarnados, para rematar, en ministros que proceden de Fenalco, Andi, Asobancaria, Anif, Fenavi, Asomóvil, Asocolflores, Asograsas… Y todo ello signado por la elocuente aglomeración de empresarios en el proceso de empalme entre gobiernos. Tantas coincidencias sugieren preguntas incómodas: ¿cooptará el Gobierno de Duque a los gremios?; ¿estos lo suplantarán?, o bien ¿serán gremios y Gobierno una y misma cosa?
Acaso por la costumbre ancestral de prevalecer si émulos, el documento de marras respira la convicción de que el desarrollo del país solo depende de los empresarios; y, por lo tanto, del apoyo que el Estado les brinde para competir sin cortapisas, ojalá sin impuestos a los ricos o con muy pocos. Aspira el CGN a que el nuevo Gobierno acoja su grosera escalada de ventajismos como insumo para el Plan de Desarrollo. El Estado, dice el documento, debe “intervenir para garantizar la competencia, evitando interferir y obstaculizar el desarrollo de los negocios”.
Propone reducir impuestos a las empresas y compensar el faltante aumentando el número de contribuyentes, con todos los que reciban desde 2,5 salarios mínimos. Y suprimir los impuestos parafiscales. Pero nada dice de gravar dividendos, fuente sustanciosa de grandes fortunas que no pagan este impuesto. Mantener los contratos de seguridad jurídica, creados por Carrasquilla en el Gobierno de Uribe para favorecer sin pudor a grandes firmas. En simultánea, pide mantener la flexibilidad laboral y su tercerización, mecanismos que degradaron el ingreso de los trabajadores.
Sobre el campo, el discurso consagrado para mantener el estado de cosas y las iniciativas de modernización solo en favor de los poderosos: demanda reglas claras sobre extinción de dominio por inexplotación o por causas ambientales, pues teme que “dichos mecanismos se utilicen de forma arbitraria para alimentar el Fondo de Tierras […] en desmedro de la propiedad privada…”. También le parece que la rigidez comercial de la Unidad Agrícola Familiar le impide a la agroindustria desarrollar economías de escala. Pero nada dice del latifundio improductivo, ni de la ganadería extensiva.
Si esta propuesta parece puntualización del modelo económico que Duque ofreció como candidato, si una señal abrumadora de que podría compartirlo es la designación de un gabinete dominado por la impronta de los gremios económicos, ¿se estaría coqueteando con el corporativismo de derechas que quiso Laureano Gómez implantar en 1952?
