Ya no cabe duda: en Colombia, el sistema político es la corrupción. Vale decir, la estructura del poder, de Bogotá a Montería o a Yalí, se cimenta y apuntala en larga cadena de transacciones entre la clase política y delincuentes de toda laya para robarle hasta $50 billones al erario cada año. Diga usted seis veces lo esperado por reforma tributaria. Narcotraficantes, Gatas, contratistas de cuello blanco y de otros no menos turbios, contrabandistas, timadores y aprendices del oficio que pasan por jóvenes emprendedores financian a los políticos que, llegados al poder, retribuyen con contratos a sus beneficiarios. Y todo queda en familia. Botones de muestra recientes: Reficar, el mayor desfalco en la historia de Colombia, arroja a la fecha $12 billones en sobrecostos y $8,5 billones en pérdidas; uña de Saludcoop por $4,5 billones, sin que el ministro de la cartera mueva un dedo para apretar al responsable; coimas de Odebrecht por $US 11 millones repartidos entre un senador y encumbrados funcionarios de los dos últimos Gobiernos.

Explicaciones le debe al país el expresidente Uribe por la adjudicación de la Ruta del Sol a esa firma, mediante soborno de $US 6,5 millones a su viceministro de Transporte. Y explicaciones debe el Presidente Santos sobre adición a ese contrato por la ANI, suscrito sin licitación pública y gracias a soborno de $US 4,6 millones  al senador Otto Bula. Inverosímil declararse aquí traicionado por el viceministro y “con dolor de patria”, como lo hizo el senador Uribe, hombre de astucia sin par. Y pueril la solución de suprimir casa por cárcel para los corruptos, que el Presidente Santos avanzó.

Ha invadido la carroña todos los intersticios del sistema. El país se exaspera. Y la senadora Claudia López se lanza en pos de una coalición ciudadana contra la corrupción, capaz de suplantar a la clase política y su Congreso, foco de pestilencia irrespirable. Apunta ella al 80% de los colombianos que no militan en partidos tradicionales, con una divisa revolucionaria: vamos por la Presidencia sin comprar votos, y a gobernar sin comprar congresistas; vamos a cambiar la lógica de que una minoría decente denuncia y un establecimiento corrupto gobierna.

Se dirá que el cambio debería principiar por los partidos. Improbable. Estos derivaron hace rato en cascarones sin ideas y sin honor. Desechos del Frente Nacional que castró su imaginación política, muchos de sus círculos fraternizan hoy con el narcotráfico. Mercado negro que se montó sobre las estructuras ocultas de comercialización del contrabando y la exportación ilegal de esmeraldas. Y terminó por medrar en los partidos tradicionales, reeducados en la regla turbayista de reducir la corrupción a sus justas proporciones. Tal vez por eso a Cambio Radical le resulte natural brincarse su responsabilidad por dar aval político a un Kiko Gómez, sentenciado a 55 años de prisión por cohonestar tres asesinatos. Como elegante le parecerá a Juan Lozano sumarse ahora a la “rebelión ciudadana contra funcionarios y políticos corruptos”; tras 15 años de apasionado silencio sobre los parapolíticos que acompañaron el Gobierno de la Seguridad Democrática y que Claudia López había denunciado.

Entre medidas urgentes por tomar, insta el Contralor a centralizar el control fiscal en una única Contraloría, a restablecer el control previo en la contratación pública que la Carta del 91 suprimió, y a crear un sistema único de selección de contratistas. A aplicar penas efectivas contra los corruptos, sanción social comprendida. Pero clama, sobre todo, por cambiar toda la estructura del poder político afirmado en la contraprestación de leyes por contratos. Y sentencia: a la corrupción no hay que combatirla sino destruirla.