¿Miedo en la derecha?

Sí, la conjetura es plausible: Porque tiene miedo la derecha, insulta, miente, manipula, persigue, atropella e incita a la violencia. No controvierte, patea. Y a cada coz destapa una nueva arista de la catadura que la emparenta con Bolsonaro, Maduro y el inefable Ortega de Nicaragua. Sorprendida por una oposición que se acercó a la presidencia el año pasado, que integra por vez primera una bancada que decide y saca inopinadamente casi doce millones de votos contra la corrupción, patalea la derecha. Acostumbrada a prevalecer por perrero, percibe el ascenso de la oposición y del movimiento social como amenaza de muerte. Afrentoso le resulta lo que en cualquier democracia es regla; y, desafiante, la depuración ideológica que rescata a los partidos del pantano donde todo se revuelve para mejor pesca de la suertuda derecha. Entonces echa mano de su recurso proverbial: el poder en bruto. Si no para segar la vida de un Leonardo Posada o un Carlos Pizarro en cruzada de exterminio de partidos enteros desafectos al sistema, para ponerles ahora  bozal, hurtarles el derecho de representación política y, al pueblo, el suyo de elegir.

Retornando a la senda de acoso y conculcación de derechos, cercena esta derecha la representación parlamentaria de sus adversarios. Tras despojar a Mockus de su curul mediante fallo contradictorio del Consejo de Estado y a resultas de demanda de personajes cercanos al partido PIN cuya cúpula resultó procesada por parapolítica, quiere alargar la uña hacia otras cinco del Partido Verde. La senadora Angélica Lozano revela que viene en camino la anulación de las curules indígenas del partido Mais, no bien le quitaron la suya a Ángela María Robledo, estrella de las fuerzas alternativas, con curul por derecho constitucional de oposición que ocho millones de votantes refrendaron. Se preguntan por qué juzga el tribunal con rasero distinto casos iguales como los de Robledo y Marta Lucía Ramírez. O por qué no sanciona la doble militancia que en su momento ostentaron Viviane Morales y Germán Vargas.

Tan artero ataque contra la oposición, defensora de la paz, denuncia el miedo que ésta suscita en el uribismo. Ya el partido de Gobierno lanza puñales contra la JEP, ya Álvaro Uribe quisiera que sus contradictores saltaran del debate público al fusil; de modo que pudiera él volver a regodearse en la guerra, a esconder tras el humo de los cañones la temida verdad y a velar porque nada cambie en el campo. Ejes de su programa, que se depura sin pausa. Con la desmovilización de las Farc vino el destape: perdió el uribismo el último centímetro de hoja de parra que mal disimulaba su predilección por la violencia y el gobierno arbitrario. A su vez, despertó la Colombia contestataria del prolongado letargo impuesto por alguna oligarquía cruel, provinciana y abusiva que, tal vez asustada, vuelve a dar palos, y no precisamente de ciego. Es tradición: al primer amago de pluralismo y participación social, sale del closet la caverna.

Dígalo, si no, el hundimiento de las 16 curules de paz para las víctimas, a manos del conservadurismo en pleno. O el exterminio de la UP: miles de cuadros asesinados allí donde ese partido vencía en las urnas. O la masacre de Segovia en 1988 que rubricó el horror con un aviso: “no vuelvan a votar por la UP; eso les causa la muerte”. O la brutal decapitación de la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc) en los 70. Con la terrible excepción de los líderes sociales en el campo, el asesinato físico de dirigentes se ve ahora desplazado por una estrategia que apunta a la abierta negación del pluralismo, del debate, del derecho de oposición y de la democracia. Ofensiva temeraria que no puede emanar sino del miedo.

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Agro: entre espinas, un tímido capullo

En la grosera obstinación de la caverna por acaparar más y más tierras y privilegios, sorprende como una flor exótica el proyecto de catastro. Si recortado, dirá en todo caso qué tierras hay, de quién son, cuánto valen y cómo se usan. Y suministrará fundamento técnico a la legalización de predios sin título de propiedad, y al diseño de modelos de desarrollo rural. Decisión sustantiva que el notablato del campo contemplará ahora con ojos menos inflamados, porque presenta dos vacíos de fondo: primero, elude una justa derivación del impuesto predial sobre el real valor de la tierra; segundo, margina de la elaboración del catastro a la comunidad, fuente inestimable de información sobre historia legal de predios. La iniciativa convive, empero, con proyectos de entraña uribista que extreman la ancestral concentración de la propiedad agraria, legalizando el despojo que hizo su agosto en la guerra. Un proyecto de María Fernanda Cabal contra la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras bendice la “inocente” adquisición de millones de hectáreas arrancadas a sus dueños. Otro proyecto, incorporado al Plan, legaliza el asalto masivo de baldíos con destino original a pequeños campesinos.

Cerezas del pastel de inequidad en el tercer país con mayor concentración de la tierra, donde 68% de la población campesina sufre pobreza aguda o miseria y sólo se explotan 7,6 de los 40 millones de hectáreas de tierra feraz. Arquetipo en el que, pese a la expansión de la agroindustria, el latifundista improductivo es rey, y paria, el campesino. Tierra sin hombres y hombres sin tierra, el modelo ha sido motor del conflicto. Pero los señores de la guerra se apertrechan de nuevo en lo “suyo”, contra la reforma rural que es eje del Acuerdo de Paz, y celebran la ausencia de partidas para restitución de tierras en el Plan de Desarrollo. Ya reorganizan ellos sus ejércitos antirrestitución.

La iniciativa de la senadora Cabal destruye el núcleo de la ley de restitución: la inversión de la carga de la prueba. No será ya el nuevo propietario quien deba demostrar que compró de buena fe, sino el dueño original quien deba demostrar que lo es y que fue despojado. Si de 6,5 millones de hectáreas usurpadas se han devuelto apenas 338.000, es de suponer que en este Gobierno caería la cifra dramáticamente. Y no sólo en virtud de aquel proyecto –si prospera– sino de los ejércitos antirrestitución. Mercenarios enganchados por la élite más reaccionaria del campo para “exterminar” a todo el que reclame tierra o verdad, reaparecieron el 11 de abril contra una comisión del Ministerio de Agricultura para dejar cuatro policías agonizantes. Por su parte, la invasión de baldíos quedaría amparada por la figura de prescripción adquisitiva, que suplanta a la legal de adjudicación por el Estado. En 25 años se habrían entregado 376.000 hectáreas por prescripción. Insólito.

Aunque limitado, el catastro marcharía en dirección de la paz: empezaría por los 170 municipios más flagelados por la guerra, que podrían así planificar su desarrollo. Además, avanzaría información para el ordenamiento social de la propiedad y resolución de conflictos por la tierra. Si es que la caverna y sus ejércitos no frenan este cambio, sin el cual no habrá paz. Si no se serena Álvaro Uribe, cuyos arrebatos crecen conforme se desploma su prestigio. Si sus prosélitos no asumen la dignidad del cargo que representan. Como Myriam Martínez, alta funcionaria oficial que se postra de hinojos ante una deshonrosa solicitud de su “presidente” Uribe. Ya se ve: espinas como puñales tendrá que sortear el cogollito de catastro que está por nacer. Sean los demócratas la partera que le permita florecer.

Coda. En la atmósfera neofascista que se respira, quieren matar al brillante escritor y periodista Juan José Hoyos. ¿Qué dice el Gobierno?

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Oposición libertaria y reformista

La pluralidad de fuerzas que, coligadas, arañaron el poder este domingo con 8 millones de votos augura una oposición tan vigorosa como abominable podrá ser un tercer mandato de Álvaro Uribe. Libertaria, reformista, pacifista, antípoda de la caverna que lo abriga, no le faltará a la oposición energía para hacerse respetar. Pero su eficacia dependerá de la disposición a converger en tareas comunes, ya en el Congreso; ya en las urnas; ya en las calles, arena primigenia de la democracia. Dependerá de su lealtad a la democracia liberal y a su corolario contemporáneo, el Estado social. Se fincará en la defensa de las libertades individuales y políticas cuando el DAS –órgano de seguridad del Estado– resurja como policía política del “presidente eterno” compartida con criminales para perseguir a las Cortes que lo juzgan, a la prensa libre y a sus contradictores. Dependerá, en fin, del ardor con que defienda al Estado que vuelve a respirar, tras décadas de asfixia bajo la tenaza neoliberal.

En campaña de ideas, esa sí política, menearon el centro-izquierda y la derecha concepciones divergentes del Estado y su relación con la economía y la sociedad. Dibujó cada uno la matriz de economía política que sustenta su propuesta de país. La reacción, Estado mínimo al servicio de latifundistas y banqueros. La Colombia contestataria que se despabila, Estado promotor del desarrollo y protector de los derechos sociales con recurso al impuesto progresivo sobre el ingreso.

Eje del capitalismo democrático que prevaleció en Europa y Estados Unidos entre 1930 y 1980 (en Colombia como intento malogrado del reformismo liberal), el Estado social busca redistribuir el ingreso en función del bien común, prestar servicios públicos y garantizar los derechos ciudadanos: derecho a educación, a pensión, a salud (ahora convertida en negocio de mercaderes). Derechos de la mujer, de la población LGBTI, de las comunidades étnicas. Derecho de propiedad, violado aquí mediante despojo masivo de tierras por el narcoparamilitarismo y su brazo político seguidor del uribismo. Una nueva oleada de expropiaciones a campesinos se avecina con el relanzamiento de las tenebrosas Convivir.

Correligionario del neoconservadurismo que hace agua por haber esquilmado a los más en provecho de los menos, Duque representa el anverso del Estado social que grava comparativamente más a los pudientes, para financiar la política social de beneficio común. El nuevo presidente rompe el cordón umbilical que une al Estado contemporáneo con el impuesto progresivo, siempre defenestrado por las élites colombianas. Y ahonda las desigualdades: multiplica beneficios a los acaparadores de la riqueza, en un país donde el 1% de los más ricos concentra el 20% de los ingresos.

Como si apoyo les faltara para llenar alforjas: con su ley, contra la ley o a bala, como es ya historia patria en Colombia. En el campo, donde el feudalismo de zurriago y sus ejércitos de matones guerrea sin pausa por preservar las tierras usurpadas y sus privilegios de casta. Duque los exime del impuesto predial y archivará la actualización del catastro. Y al empresariado todo, baluarte de su campaña, le concederá decenas de billones en exenciones tributarias.

No consiste la redistribución moderna en expropiar a los ricos para enriquecer a los pobres. Consiste en desarrollar la función social del Estado  por referencia a un principio decoroso de igualdad. Y esto, que en otras latitudes es pan comido, a la oposición le plantea un reto colosal: entre las reformas por la paz, hacer de nuestro Estado social de derecho una realidad. Empresa descomunal, pero proporcional a la revolución operada el domingo: 46% del electorado gritó “no más” al grosero pavoneo de estas castas sin patria y con prontuario.

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Entre derecha y centro-izquierda

La excluyente confrontación que muchos temíamos entre extremismos que podían abrevar en un mismo modelo chavista ya no tendrá lugar. En vez de polarización hubo pluralidad en primera vuelta, pues no fueron dos sino tres los competidores con opción de triunfo. Y dos de ellos, petrismo y fajardismo, son voto libre insubordinado contra los partidos que se hunden en su propio fango. Esta inflexión histórica del 27 de mayo, la depuración del discurso de Petro como opción democrática y la negociación de coaliciones propia del sistema a dos vueltas redefinieron los términos de la disyuntiva electoral: no será ahora entre derecha e izquierda sino entre derecha y centro-izquierda, con nítida definición ideológica para dos modelos de sociedad. A la manera de las democracias maduras. El dilema no será –como querrá presentarlo la reacción– entre capitalismo postmoderno y comunismo totalitario. Será entre una aleación de feudalismo y neoliberalismo, de un lado, y socialdemocracia, del otro.

Así lo indica la índole de las coaliciones que se fraguan. En torno a Duque, el uribismo con su temible corriente filoparamilitar, reforzado con el aparato en pleno de la politiquería que exhala miasmas. En torno a Petro, cinco millones de inconformes acompañados de una mayoría de verdes y polistas, la mitad de sufragantes de Fajardo y De la Calle, los movimientos que acompañan a Clara López y un  contingente indeterminado de votantes libres. El voto en blanco servirá al retorno de Uribe, alternativa de ultraderecha que procede por golpe de mano. Lo sabemos. Podrá aquel sufragio obrar como cace simbólico de una tercería, pero con riesgo de esfumarse a la vuelta de la esquina. Como la Ola Verde.

Mejor perspectiva es la de coalición, por su probada eficacia como fórmula de convergencia para gobernar, ejercer oposición o proyectarse en estrategia de largo aliento. Pero una cosa es adhesión gratuita, sin condiciones, sin honor, como la obsequiada a Duque por todos los partidos tradicionales. Otra, la que negocia con Petro puntos irrenunciables de un programa común, formal y hecho público: la de los Verdes, la de Clara López. El acuerdo suscribe un programa de capitalismo social común a todo el centro-izquierda, Petro incluido. Y registra precisiones sagradas: respeto a las instituciones y a la propiedad privada; renuncia a la convocatoria de una constituyente, con cierre del Congreso; respeto a la regla fiscal, nombramiento de servidores públicos por méritos y apoyo a la consulta anticorrupción, entre otros. Horizonte decisivo cuando la disputa entre modelos de país se traducirá en políticas opuestas sobre el desarrollo de los acuerdos de paz; sobre la construcción de otra Colombia, o bien, el empeño en mantenerla en la injusticia, y la violencia.

Ejemplo aleccionador de pacto sobre programa mínimo entre fuerzas diversas que preservan, no obstante, su identidad política, sus estructuras y decisiones, es el del Frente Amplio de Uruguay. De su proyección histórica hablan los 50 años de existencia y los 20 que lleva en el poder. Un conjunto variopinto de fuerzas políticas acordó actuar al unísono en defensa del Estado de derecho, la democracia, la paz y la justicia social. El balance queda a la vista.

Con 51% de los votos, ¿no estarían las fuerzas del centro-izquierda preparadas para un desafío semejante? O, de entrada, para acordar coalición electoral por Petro? Si faltara quien le impusiera sindéresis al temperamento de Petro, ahí está la vicepresidenta, Ángela María Robledo, mujer admirable probada en peores batallas. De momento, resuenan las palabras de Antonio Navarro: “He luchado toda mi vida contra el clientelismo y la política tradicional. Toda ella está hoy con Duque. No me rindo, ni paso votando en blanco”.

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Duque anacrónico

Será joven, pero de ideas caducas. Iván Duque no sólo suscribe el neoconservadurismo que en tiempos de Thatcher-Reagan fue moda y hace estragos todavía, sino, peor aún, el modelo agrario más retardatario y violento que su partido defiende sin escrúpulos. Pero, a más de anacrónico, es temible: dúctil cera en manos del jefe que se prepara para una tercera Presidencia, de venganzas ejemplarizantes y apetitos de guerra; capaz de compartir la complacencia de algún orate por un asesinado. Y, como reafirmándose en el credo del mercado sin controles que aprendió en el BID, se alinea Duque con el capitalismo montaraz que ahora Vargas Llosa hace pasar por democracia liberal. Indiferente al fraude del escritor que por conveniencia asimila comunismo con socialdemocracia (el modelo que logró pleno empleo y niveles irrepetibles de prosperidad en Europa y EE.UU.) Cuando todos conocen el abismo que separa al totalitarismo estalinista del laborismo inglés. El mismo que mediaría entre el castromadurismo y el capitalismo social de un Petro que, también por conveniencia política, se nos oculta aquí: para ganar por pánico las elecciones.

En tersa prosa castellana que emula la del peruano, con la misma vehemencia del converso que salta de una fe a la opuesta, anuncia Plinio Mendoza su voto por Iván Duque, quien “traza una ruta que hoy debe seguir Colombia para no continuar viviendo en los humedales del Tercer Mundo”. Mas, todo indica que Duque convertiría los humedales en pantano. En trazado clásico de neoliberalismo, este concibe el crecimiento sólo para los ricos; ya podrían los pobres con el tiempo recoger las migajas de aquel banquete. Nada de democracia económica, de repartir algo conforme se crece. En impuestos, se muestra el candidato vergonzosamente regresivo: siendo en Colombia los menores del mundo, se los baja, aún más, a los acaudalados. Como le parecen “confiscatorias” las tarifas del predial en el campo –un mísero 2,3 por mil– bloqueará la actualización del catastro y eximirá del gravamen por diez años a los terratenientes.

Blanco principal de su loca ofensiva contra la paz será la Reforma Rural. La hundirá, para preservar el poder ancestral del latifundio, extendido a tierras usurpadas a dos manos con el paramilitarismo. Perdonará a dudosos compradores de buena fe en predios robados a campesinos. Para otro lado miró no ha mucho, cuando urabeños asesinaron a ocho policías que protegían a funcionarios en acto de devolución de un predio en El Tomate. Tampoco ha musitado palabra contra el asesinato de 280 líderes cívicos y de restitución de tierras en 18 meses. ¿Se precia Duque de liberal, de juvenil esperanza de la patria?

No lo es. Por convicción y por ser “el que es”, extraído del cubilete del Divino para que cumpla desde Palacio sus designios. El primero, restaurar el huevito de la confianza inversionista, en cuya virtud eximió Uribe de impuestos a empresas seleccionadas a dedo; lo que en su época le sustrajo al fisco $8,5 billones al año. Suscribió con otras contratos de estabilidad jurídica a 20 años. A compañías de zonas francas les redujo el impuesto de 33% a 15%. Ricos, paras y amigos recibieron $1,4 billones de AIS, destinados en principio a los campesinos. La llamada flexibilización laboral menoscabó la estabilidad y el ingreso de los trabajadores.

Iván Duque condensa en estado casi puro un proyecto de potente tacada reaccionaria. Si gana, impondrá el peso muerto, ominoso del pasado que las fuerzas más oscuras querrán contraponer a los anhelos de cambio cuando el país daba pasos ciertos hacia la paz. La edad no dice nada: el estadounidense Bernie Sanders, a sus 80, encarna la frescura de la juventud; Iván Duque, a sus 40, da palos de ciego voluntario en las tinieblas de la caverna.

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