por Cristina de la Torre | Abr 1, 2018 | Elecciones 2018, Derecha, Tierras, Modelo Político, Política económica, Impunidad, Justicia, Régimen político, Corrupción, Modelo Económico en Colombia, Marzo 2018
Se desboca el uribismo hacia la restauración de la autocracia. Jefe, candidato y partido del Centro Democrático van anticipando los trazos archisabidos de los regímenes de fuerza. Con la insolencia del que se siente ya sentado en el solio de Bolívar, anuncia Uribe venganza contra la prensa libre. Mientras tanto Duque, cinco en disciplina, recita en jaculatorias el plan de gobierno de su “presidente eterno”: disolver las Cortes que juzgan al expresidente y sus amigos, para fundirlas en órgano único que, en un régimen arbitrario, personalista, no podría sino caer bajo la égida del gobernante. Bajar aún más impuestos a los ricos y multiplicarles las gabelas. Herir de muerte la restitución de tierras, la reforma rural y sabotear el catastro llamado a ordenar el territorio, a planificar la producción y a fijar en justicia el impuesto predial. En abrazo a conmilitones involucrados en atrocidades de guerra, desmontará (o cercenará) el tribunal de Justicia Especial de Paz; y echará por tierra los acuerdos que condujeron a la desmovilización de la guerrilla más antigua del mundo ¿No es esto hacer trizas la paz, logro espléndido? ¿No es volver a la guerra?
Tras persecución implacable que siendo presidente protagonizó contra la Corte que juzgaba a su bancada de parapolíticos, Álvaro Uribe se sinceró por fin el 31 de agosto de 2017: propuso revocar las Cortes y armar en su lugar una sola. Duque recogió el guante: a desmontar la Constitucional que le negó a Uribe una segunda reelección (para eternizarse, como Evo, como Ortega, como Maduro, en el poder); y la Suprema que hoy le sigue 28 procesos por supuestas manipulación de testigos, masacres, y creación de grupos paramilitares. Abierto ahora el de falsos testigos, “denunció” el flamante candidato la existencia de “un pacto entre el Gobierno y las Farc Para encarcelar a Uribe”; gastada monserga de quien ha burlado así la ley.
De la mano de la persecución a los jueces vino –y vendría– la encerrona a los periodistas que informan con rigor y opinan en libertad: Matador, Daniel Coronell, Yolanda Ruiz, Cecilia Orozco, Yohir Akerman, Daniel Samper, para mencionar los de la hora. Sostuvo Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en lides de asedio a la prensa, fue Trump el que aprendió de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Álvaro Uribe. Ya antes que el gringo, estos habían dado a periodistas trato de subversivos, de enemigos del pueblo y –agregaríamos aquí– de terroristas.
El programa económico de Duque es calco esmerado del de su mentor. En modo Trump, concedería ventajas tributarias exorbitantes a los millonarios. Con lo que extremaría la inequidad: reduciría la inversión pública y desfinanciaría el gasto social en educación, salud e infraestructura. Sin impuesto a la riqueza y a los dividendos, imposible moderar la desigualdad en un país donde el 1% de la gente recibe el 22% del ingreso. Ha expresado Duque en todos los tonos su oposición a la restitución de tierras –6.800.000 hectáreas arrebatadas a sangre y fuego– y a la reforma rural, pretextando “vacíos jurídicos” en la ley. Más expresivo, su vecino de bancada y converso, Alfredo Rangel, desconceptúa la Ley de Tierras, que “sólo da incertidumbre jurídica a los inversionistas”; y, en sibilina amenaza, advierte que los propietarios “de buena fe” se irían a las armas. Ese mismo día, Duque anuncia que eximirá de impuesto de renta por diez años a grandes inversionistas del campo.
¿No configura todo aquello un clásico programa de ultraderecha, adobado con dudas sobre la pulcritud del candidato? ¿O no estuvo Duque presente en el Brasil cuando se negociaba la entrega ilegal de $US1,6 millones para la campaña de su partido?
por Cristina de la Torre | Nov 9, 2015 | Modelo Político, Noviembre 2015
No juega apenas la vanidad de disputarle a Santos protagonismo en el desenlace del proceso de La Habana; ni la exigencia de honrar su propio discurso vociferando todos los días contra la paz. La estrategia medular de Uribe es una constituyente que, so pretexto de reconsiderarlos, apunta a demoler los acuerdos de Cuba. A bloquear el tránsito hacia una democracia menos precaria, con su repulsa a concederle a la insurgencia desarmada el derecho de hacer política, paso primero hacia un genuino pluralismo. En contravía del acuerdo rural con las Farc, apunta también Uribe a mantener el estado de cosas en el campo. Y, quizás, a abolir la norma que obstaculiza el retroceso hacia su patria feudal: aquella que desde 1936 consagra la función social de la propiedad. Como tocado por idéntico propósito, el Consejo Gremial Nacional cuestiona ahora la ley de 1994 que desarrolla esa norma.
El descalabro electoral del uribismo –con escaso 10% de los votos en octubre– grita hastío de guerra. Pero el senador del Centro Democrático porfía en lubricar el motor del conflicto, defendiendo el latifundismo rentista y dejándose rodear de usurpadores de tierras, a menudo colinchados con el crimen. Y de los empresarios de marras, eco tardío de las patéticas tergiversaciones del Acuerdo Rural suscrito hace año y medio entre el Gobierno y las Farc. En lo que el texto rezaba explotación productiva del suelo, acceso a la tierra como medio de hacer justicia y economía campesina en convivencia con la agroindustria, el uribismo leyó amenaza a la propiedad privada, “un grave riesgo para la certidumbre jurídica del campo”, inminencia de expropiación y colectivización, pauta diabólica del castro-chavismo. Y aprovechó para cuestionar leyes añejas de expropiación y extinción de dominio sobre tierras inexplotadas o adquiridas ilegalmente. Oso peludo del embrollador Rangel cuando se comprobó, palabra por palabra, que aquel acuerdo se ceñía rigurosamente a la Constitución y a la Ley. Ley de expropiación con indemnización por motivos de interés social y utilidad pública, vigente desde hace décadas y de la que el uribismo abomina. Derecha hostil aun al más tibio intento de reforma.
Como resucitados de sus cenizas, vio el uribismo reencarnarse sus infundios en la misiva de los poderosos gremios. Que los acuerdos de Cuba “podrían” violentar el Estado de derecho, la seguridad jurídica, la propiedad privada y la economía de mercado, dijeron. Y la perla de la involución: si bien la ley contempla expropiación por los motivos dichos, éstos “deberán ser revisados y reglamentados” en un marco de seguridad jurídica. Curiosa reivindicación de garantías en elites todopoderosas que acomodaron siempre la ley a sus intereses y nunca la exigieron para los de ruana. A no ser que quienes redactaron el apartado agrario –tan lejos de los que escribieron otro documento que propone reindustrialización– quieran blindar propiedades usurpadas o habidas ilegalmente. O equiparse contra la actualización del catastro rural, vía segura de reforma agraria.
Vista la concentración de tierras improductivas, asevera el exministro Juan Camilo Restrepo que en Colombia se impone un cambio en las estructuras agrarias, con respeto a la ley, a la propiedad legítimamente adquirida y al debido proceso. Pero diríamos que ésta será bandera, moderada o radical, en manos de fuerzas diversas, libres, si la extrema derecha y las guerrillas deciden, por fin, hacer política sin armas. De momento, se dibuja el camino, imperfecto pero jamás logrado con las Farc, para marchar hacia un país mejor. Si no se ferian los laboriosos acuerdos en una constituyente manipulada por aquella derecha irreductible.
