El acoso a la prensa en Venezuela no viene solo. Lo acompaña un proyecto de ley de educación que precipita a ese país hacia un autoritarismo confesional. No contento con perseguir a la oposición, Chávez insiste ahora en aconductar a la sociedad mediante el control del pensamiento. Tapada, en sesión relámpago de medianoche, una comisión de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto, para alarma de medio país y de la academia en pleno, que lo considera traslapo del modelo cubano, monolítico; un atentado contra la pluralidad de ideas y la libertad de pensamiento. El gobierno busca “adecuar” la educación a su plan socialista, a los valores que lo inspiran, a los requerimientos de la “democracia protagónica”. Nada de malo tendría defender el socialismo (o el liberalismo), a condición de no imponerlo como ideología oficial y única. El rector de la Universidad Central advierte que esa ley servirá para vetar a quien se aparte del ideario del gobierno. Será medio de adoctrinamiento oficial. Tanto más eficaz por el lazo que la une a la censura de prensa que arreció con el cierre de 34 emisoras y el asalto armado de Globovisión por un grupo chavista.
El artículo 49 hermana a la Ley de Educación con la de “delitos mediáticos”: deposita en los medios y en los consejos comunales un rol educativo sobre la ciudadanía, según estrictos parámetros del socialismo bolivariano. Como se sabe, la ley mediática manda a prisión a cualquiera que, en sentir del gobierno, divulgue información atentatoria de la paz social, la salud mental y la seguridad del Estado. Para el editorialista de El País, ésta acerca más a Chávez a la dictadura; “su gobierno –apunta- ha construido (…) un imperio mediático adicto, que a su vez reprime implacablemente la información adversa”. Y Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual, cataloga la iniciativa como “el texto legal más salvaje y brutal de la Venezuela contemporánea”, un verdadero “engendro totalitario”.
Mas la cosa no para ahí. A la manera de Castro y de los fascios de Mussolini, ha lanzado Chávez las “escuadras revolucionarias de lectura”. Operativo de comandos que persiguen dizque la democratización del libro para construir una visión ceñida a la ideología en el poder. Su arma de combate, una Biblioteca Popular que alterna textos de Bolívar con discursos de Hugo Rafael. Tras el ridículo, no ya el fantasma sino la rehabilitación de instrumentos que las dictaduras del Cono Sur aplicaron sin temblar. En 1976, el General Videla anunciaba en Argentina reclusión para quien divulgara información que perturbara o desprestigiara al gobierno militar. El director del Instituto Nacional de Cine, capitán Bitlestone, sólo autorizaba las películas que exaltaran la lucha del hombre contra el materialismo y por la religión. Las quemas de libros se sellaban con comunicados rubricados con la esquela “Dios, Patria, Hogar”. El decreto 3155 del 77 prohibió 3 relatos infantiles por tratarse de cuentos de “adoctrinamiento subversivo”.
Como se ve, las tiranías confesionales (y sus imitadores) no distinguen color político; las separan diferencias sólo de grado o de matiz. A la misma constelación de desafueros pertenece el espionaje que el tenebroso DAS le tendió aquí a la profesora Sonia Urrea por recomendar a sus alumnas escritores que no siempre llevan sotana ni charreteras ni rubrican sus textos con los vocablos Dios y Patria. Y el acoso vergonzoso del G3 contra periodistas en el país. Saltan las diferencias, claro. En Venezuela se escala hacia un régimen de fuerza; se agrede de frente, a la Videla. En Colombia, sibilinamente.
