En este Gobierno de derechas concebido para una sociedad de castas, la política de seguridad apunta más a preservar la propiedad de los ricos que la vida de los otros. Aconductado repetidor de los ingredientes más temibles de la Seguridad Democrática, el presidente Duque acoge propuestas que podrían desembocar en Convivir urbanas y reorganiza ejércitos civiles de informantes. Medios que sirvieron en su hora a hacendados y narcoparamilitares como defensa de sus haberes y negocios. Y al Estado, para perseguir a la oposición. Duque reabre puertas a los falsos positivos y bombardea niños. Desdeña, por sistema, alertas de la Defensoría del Pueblo para evitar el asesinato de líderes sociales y el sitio paramilitar de Poque, Bojayá.
Al caserío llegaron soldados y un ministro con gorrita de boy scout, a la hora de nona, tras 13 alertas emitidas en año y medio y súplicas sin cuento de las comunidades raizales del Atrato que ven aterrorizadas acercarse otra masacre. El Presidente no mueve un dedo contra la cepa de la amenaza. No activa los mecanismos capaces de conjurar el exterminio de líderes sociales: el Plan Integral de Seguridad y Protección en los Territorios y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Parece allanarse, en cambio, a oferta de la Confederación de Empresas de Vigilancia Privada (algunas de las cuales habrían sido integradas por paramilitares en el pasado, según denunciaba Amnistía Internacional) que se dicen dispuestas a batirse, codo a codo con la Policía, contra vándalos, por la familia y la propiedad. Miguel Ángel Díaz, presidente del gremio, auxiliaría la estrategia de seguridad del Gobierno con patrullas, alarmas, cámaras y un pie de fuerza de 280.000 hombres. Según él, la propuesta habría merecido “total acogida” del Gobierno. Y el beneplácito de los gremios.
En efecto, la anunciada política de seguridad nacional contempla presencia mixta de Policía y seguridad privada en eventos públicos (El Tiempo, dic. 18). Las empresas autorizadas por la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada se articularían “con la Policía Nacional (…) y la red de participación cívica” (¿Red de informantes?). Y Rafael Guarín, Consejero de Seguridad, se refiere a mecanismos “de complementariedad de la vigilancia y la seguridad privada bajo la dirección de la Policía” para el control de las calles. Lo propio valdría para la red cívica, si de prevenir el delito se trata. Expresa renuncia del Estado al monopolio de la seguridad y de la fuerza, en favor de firmas de vigilancia privada que evocan las tenebrosas Convivir.
En sentencia de 2003 contra el jefe paramilitar H.H, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá estableció que las Convivir obraron como fachada del paramilitarismo. El Estado habría autorizado “la formación de estructuras armadas que usaban informantes” para restablecer el orden público en algunas zonas y “muchas fueron organizadas y representadas legalmente” por paramilitares. Fueron creadas por particulares, con el auspicio de gobiernos departamentales, de la Fuerza pública y autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Pese a la prohibición constitucional de prestar vigilancia por civiles armados. Se convirtieron, dice la sentencia, en “pieza clave para la expansión” del paramilitarismo.
La Seguridad Democrática fue una estrategia de guerra contra las Farc, pero enderezada sobre todo a proteger la propiedad agraria expandida por el despojo, y la inversión extranjera. Sus Convivir sellaron con terror la lid que cobró 400.000 muertos, la mayoría civiles inermes y desaparecidos. ¿Se preguntará el Gobierno en qué se diferenciarán después estas agencias de vigilancia de las viejas Convivir?
