La paz: rosas y espinas

Sí, Colombia es país de paradojas. Único donde porfía el anacronismo de guerrillas “revolucionarias” que desaparecieron por irrelevantes hace décadas en toda la región; pero también florecen aquí procesos de paz como el sellado en 2016 con las Farc, un referente inescapable para experiencias de su orden en el mundo. Por vez primera en 30 años renuncian al secuestro el Eln, el Emc de Mordisco y Nueva Marquetalia, la otra disidencia de las Farc que acaba de abrir conversaciones con el Gobierno. Por vez primera en 40 años de diálogos que naufragan en la testarudez de los elenos, se pacta cese el fuego bilateral de 6 meses adicionales con ellos, para completar un año. 

Si con ello cabe soñar que amaine la violencia, más le servirá a esta guerrilla alienarle un enemigo, la Fuerza Pública, cuando enfrenta el garrote de sus rivales -el Clan del Golfo verbigracia- todos a una en guerra por el territorio y por el sojuzgamiento de sus gentes; por el control del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando. Mas la que sufre es la población inerme. Que lo ideal hubiera sido un cese multilateral entre armados o, mínimo, de hostilidades contra las comunidades, no invalida lo logrado a la fecha. Ni lo descalifica la insolencia del Eln cuando de contemplar la finalización del conflicto o el abandono de las armas se trata. Pero salta la pregunta de rigor ante la sistemática violación de su palabra: ¿qué sentido tendrá negociar con el Eln si a cuatro días de acordada la tregua anuncia paro armado en el Chocó? 

Cosecha franciscana ésta de cese incierto y veto al secuestro sólo por seis meses, cuando en un suspiro han casi duplicado filas los grupos armados y expandido, a sangre y fuego, sus dominios.  Ya lo dijera el mismísimo presidente Petro: las de hoy no son las guerrillas de antaño, ya no aspiran ellas a tomarse el poder para cambiar la sociedad. Diríase que han suplantado su lucha política por la grosera rebatiña de economías ilícitas. Reveló el director de la Dijín que la mitad de las incautaciones de droga en 2023 pertenecían al Eln y a las disidencias de las Farc. En 10.000 millones de dólares estimó su valor. Pero el Gobierno no acompasa su diagnóstico con objetivos definidos en la negociación ni métodos claros para acometerla.

Pivote del proceso con las Farc, Sergio Jaramillo clama por redoblar esfuerzos en su implementación. Dos problemas aquejan este proceso de paz, según él: el retroceso en seguridad y el abandono del punto uno del Acuerdo. Es un círculo vicioso: sin seguridad no prosperan los programas de cambio en las comunidades; sin inversión, empleo y presencia del Estado se deteriora la seguridad. El Acuerdo quería desatar lógicas de integración territorial y de inclusión social, pero quedaron como asignatura pendiente. De otro lado, considera un error dar a las disidencias reconocimiento político, aún cuando incumplen el Acuerdo de Paz y asesinan a excombatientes. Y, mientras avanzan en la consolidación del control territorial, señala, montan la fachada de una negociación espectáculo. Como en el Caguán. Invita a revisar el proceso, ahora o nunca.

Mientras Jaramillo señala la recuperación de la construcción de paz en los territorios como foco del viraje, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para la región escribe: sin una política de seguridad efectiva y una implementación a fondo del Acuerdo de Paz de 2016, tristemente la paz total en Colombia no será exitosa.

Esta paz no es el jardín de rosas que sus propagandistas muestran. Tampoco solo espinas, como quisieran los enamorados secretos de la guerra que se presentan como simples contradictores del presidente. Pero rectificar no da espera. Demasiadas vidas penden de una negociación de paz como para jugarla al azar.

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De la coca a la industria agrícola

Si el presidente oteara con paciencia los riesgos, para anticipar soluciones, abriría una honda grieta en la política antidrogas que rige. Tal sería el impacto de su alternativa, cimentada en despenalización del minifundio cocalero mientras fructifica el cultivo industrial que lo sustituya. Pero ésta no podrá divorciarse de estrategias paralelas como la de reforma rural y, sobre todo, la de paz total. De la consistencia de esta última, tan azarosa aun, dependerá la nueva política de drogas. La vieja fracasó clamorosamente: no evitó el consumo, nutrió la sangrienta cruzada de narcos y paramilitares, financió guerrillas degradadas y tapizó de muertos la geografía de Colombia. Falló, en particular, la erradicación forzada, pues crecieron más las nuevas siembras que los predios intervenidos. 

Petro propone descriminalizar transitoriamente al eslabón más débil de la cadena del narcotráfico y concentrar la fuerza del Estado en la interdicción de los mandamases que cultivan, procesan y comercializan la droga. Y lavan sus réditos a menudo libando un drink en el club o un café en el canapé gerencial de algún banco. Muestra al canto, la incautación de 4,5 toneladas de cocaína entre un lote de 1.750 vacas embarcadas en Cartagena hacia el Medio Oriente. Tras la firma exportadora encontró la periodista Paola Herrera “toda una red empresarial que deja en evidencia la presunta creación de empresas de papel”, fachada de otras actividades. ¿Serán mafia exquisita? 

Riesgo inminente en el modelo de transición del pequeño cultivo hacia la industria agrícola: que, viéndose amparado, quiera el pequeño cultivador de coca expandir su sembradío. Para disuadirlo, compromiso solemne y energía. ¿Peligros? Todos: que en esta política, hermana de la compleja e incierta paz total, resulte el campesino sacrificado a la guerra por el mercado de la hoja de coca, por el territorio, por sus corredores de narcotráfico y su población. Previsible, cuando no se vislumbra un cese el fuego multilateral sino bilateral, y éste parece traducirse en que la Fuerza Pública baja la guardia frente a sus contrarios (que siguen disparando y en el negocio) mientras la población desespera entre el fuego cruzado de elenos, disidencias y el Clan del Golfo. El buen éxito de la así concebida sustitución de cultivos depende de la entereza con que el Gobierno negocie cese multilateral entre todos los armados y cese de hostilidades contra la población.

En juego está el más prometedor replanteamiento de la lucha antinarcóticos. En desarrollo del Acuerdo de Paz que insta a crear planes integrales de sustitución de cultivos como herramienta contra el problema de las drogas, Felipe Tascón, director del programa, explica que se trata de volver a los pequeños cultivadores socios del Estado en programas de industrialización agrícola allí donde hoy se cultiva coca. Y no será cambiando una mata por otra, una de coca por una de maíz, sino de cambiar la mata de coca por harina de maíz, para que la sustitución resulte competitiva: agregarle valor al maíz mediante su transformación industrial.

Sustitución de cultivos, reforma rural hacia la industrialización del campo y paz total son estrategias hermanas, respiran cada una por los pulmones de las otras. Si de amortiguar la violencia, si de conjurarla se trata, deberán acompasarse, la mira puesta en las víctimas que ocupan el centro del cuadro: las comunidades étnicas y campesinas. Con la sustitución gradual de cultivos minaría este Gobierno la política antidrogas que convirtió a Colombia en narcoestado y bloqueó su desarrollo. Ojalá el tránsito de la coca a la modernización democrática del campo no se aborte en negociaciones precipitadas, condescendientes, con organizaciones tenebrosas que no han mostrado todavía qué ofrecen a cambio de la mano tendida por la paz.

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