por Cristina de la Torre | Abr 9, 2024 | Abril 2024, Congreso de la República, Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Ley Estatutaria de 2015, Seguridad social, Salud, Ciencia
Amigos y enemigos de la reforma a la salud sentaron inesperadamente posiciones de fuerza equivalentes que sugieren, no obstante, el agotamiento de la confrontación suicida y abren nuevos escenarios de negociación. En el término de 24 horas se precipitaron dos hechos que obligan a replantear el debate: el hundimiento del proyecto en el Senado y la intervención administrativa de las dos mayores EPS, Sánitas y Nueva EPS. Para no mencionar la solicitud de liquidación de Compensar. Una prueba más de que el sistema de aseguramiento financiero en salud hace agua, se suma a la liquidación de otras 119 en el pasado. Con la intervención de estas dos (que es medida de salvamento, pues expropiación de bienes del Estado no cabe), queda bajo el manto del Gobierno la mitad de los usuarios y éste tendrá que responder, mínimo, con la misma eficiencia al paciente y con la honradez en el manejo de los recursos que casi nunca brilló en las empresas de salud públicas y privadas. Dice el presidente que estudia alternativas para “reordenar el sistema”, principiando por la creación de una comisión asesora con representantes de clínicas, hospitales y pacientes.
En audiencia pública reconvino el presidente de la Corte Constitucional al ministro de Salud por el cálculo de la UPC y a los órganos de control por mirar desde la barrera la corrupción que devora al sistema de salud. Se comprometió el ministro Jaramillo a revisar el método de cálculo de la UPC y el delegado de la Fiscalía no pudo sino callar a la afirmación del alto magistrado de que “la corrupción seguirá siendo uno de los asuntos más claros por los cuales la salud no funciona”. No ha mucho concluyó la Contraloría que 26 EPS acusaban faltantes por $25 billones, así: $11.3 billones en deudas a Clínicas y hospitales, y $13.7 billones en reservas técnicas. Se habrían embolatado $11.8 billones girados en 2023 a cuatro EPS, denunció la exministra Carolina Corcho.
Razón le asiste a Acemi en decir que muchas de las estrategias de la reforma pueden implementarse reglamentando las normas existentes. Y el Gobierno avanza de hecho hacia la medicina preventiva en la Nueva EPS, diseñada en la Ley 1438/11; echará mano de la Ley 1122 de 2007 para formalizar a los trabajadores del sector, y a la Estatutaria de 2015 para abrir Centros de Atención Primaria por doquier y crear los equipos médicos necesarios en los territorios: ya van 70 en Córdoba. Para el analista Iván Jaramillo, con o sin reforma expedida por el Congreso, ésta podrá ejecutarse por vía reglamentaria. Ya el Plan de Desarrollo aprobó el giro directo a los hospitales, sin intermediación de las EPS (salvo para aprobar facturas), con lo cual recupera el Estado el control directo de los recursos de salud. Como sucede en casi todas las democracias, Costa Rica la más cercana. Pero queda el pendiente mayor, la naturaleza de las EPS; si pueden ellas seguir siendo aseguradoras, o bien, adaptarse a la nueva condición de gestoras de salud, en un modelo mixto (depurado, saneado y vigilado con rigor) que retribuya su trabajo.
Declara el ministro que la solución estructural a los vicios del modelo que rige no apunta a eliminar las EPS sino a transformarlas. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, invita a convertir este debate en una gran mesa de diálogo nacional, para buscar entre todos los cambios y ajustes necesarios al sistema de salud. También las organizaciones más prestantes del sector, como el Colegio Médico Colombiano y la Asociación de Sociedades Científicas, proponen plan de choque y concertación sin demora. Nadie quede como culpable ante la historia de no haberlo empeñado todo en el diseño del mejor sistema posible de salud para los colombianos.
por Cristina de la Torre | Nov 7, 2023 | Noviembre 2023, Estado liberal, Constitución de Colombia, Protesta social, Polarización social, Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Estado Social, Capitalismo Social, Estado de Derecho, Reformas liberales, Capitalismo, Libre Mercado, Neoliberalismo, Seguridad social, Modelo Político, Modelo Económico, Salud, Personajes, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia
Y dele con el sambenito de la ideología. Opositor político, dirigente de EPS, jefe gremial, académico de everfit en regla o caudillo que se respete descalificará desde su propio arsenal de ideas-fuerza la reforma a la salud: proyecto estatizante de inocultable sabor comunista, dirá, se brinca el criterio técnico y financiero que encumbró a este sector en Colombia al podio de los mejores del mundo. Teme Álvaro Uribe el arribo de un “empadronamiento socialista” en afiliación al sistema de salud, la supeditación de las EPS al Estado y augura una explosión de burocracia y politiquería en el sector. Carlos Caballero lo secunda: esta reforma respondería al “prurito ideológico de estatizar”.
Bronco recurso de propaganda que evade los términos reales de la lid: una dura confrontación entre ideas del Estado social que concibe la salud como derecho fundamental inalienable y el refocilado Estado liberal radical que la privatiza y menea la ficción ideológica de neutralidad de la técnica; para no llamarla por su nombre, el lucro, cosechado precisamente por negación del servicio. Se dirime, pues, si las EPS se subordinan al Estado -como sucede en economías mixtas y lo teme el expresidente- o si se sigue subordinando el Estado al bolsillo y a los abusos de las EPS.
Se remonta la disyuntiva a la Constitución misma, que consagra a un tiempo el derecho fundamental a la salud y el derecho de libertad económica en su dimensión de libertad de empresa, como lo registra el muy ponderado estudio de Jaime Gañán, Los muertos de la Ley 100, que aquí glosamos. Estos principios jurídicos -sostiene- entran en colisión, termina por prevalecer el principio de libertad económica que opera como negación de servicios y estalla, por fin, en riadas de tutelas. La tensión entre el derecho social y el derecho económico cristaliza en la ineficacia del sistema.
Si, dos ideologías se enfrentan aquí. La del Estado social, cuyos presupuestos de salud, vida, igualdad y dignidad humana consagra nuestra Carta, por un lado, y por el otro, el derecho de libre iniciativa económica para derivar utilidad privada. Pero si el primero se aparta del socialismo al reconocer el derecho de libertad económica, otorga al Estado capacidad de intervención para regular la economía y presidir la política social. El segundo evoluciona desde la economía liberal ultramontana (con su valor absoluto de libertad económica) hacia la libertad regulada, limitada por los fines del Estado social: el interés general y el bien común. Si la protección de los derechos sociales entra en crisis es porque la Carta del 91 coincide con la entronización del modelo neoliberal, que burla la economía social de mercado del Estado de bienestar.
En el modelo Ley 100 la salud parece ser un bien más de tráfico mercantil que un derecho fundamental: el aseguramiento en salud escala a negocio sin par. Su racionalidad económica, que baja costos para maximizar ganancias, opera por negación masiva de servicios por las EPS. Las tutelas se desbordan. El año pasado registró 114.313 por salud, 58.3% más que el año anterior.
La Ley Estatutaria de Salud de 2016 protocolizó el principio de la salud como derecho fundamental y servicio público esencial. Y la función de dirección del Estado en el sector, enderezada a promover la salud, prevenir la enfermedad y suministrar atención primaria a todos los colombianos. El choque de ideologías se traduce en defensa de la salud como negocio administrado por los grupos financieros, o bien, en su afirmación como servicio público. Se impone un acuerdo razonable que controle la mano invisible del mercado con la mano visible del Estado.
por Cristina de la Torre | Sep 26, 2023 | Septiembre 2023, Lucha antinarcóticos, Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Adres, Fraude Electoral, Derecha, Seguridad social, Partidos, Salud, Corrupción, Clientelismo
Inesperadamente, para congoja de la derecha, después de 6 meses congelada, aprobó la Cámara ponencia positiva de la reforma a la salud y despejó el camino para discutir su articulado. Tras enjundioso proceso de divulgación, consulta y negociación, se han depurado los problemas alrededor de un asunto crucial: quién controla los fondos públicos de la salud. ¿El Estado, como es regla en todos los países; o bien, empresas privadas, a manos llenas y sin control, como sucede en el nuestro, lunar del mundo?
La batalla febril que los interesados han librado dice de la bolsa que no quieren soltar: $87 billones este año. Dueñas de su propia auditoría y hábiles en ardides contables, muchas EPS como Saludcoop se forraron en dinero de la ciudadanía desviando recursos del sistema a sus negocios particulares. Y no pocas financiaron campañas de políticos. De Roy Barreras, verbigracia, o de Efraín Cepeda (Semana) o de Cambio Radical que, según el concejal Alejandro Guerra, recibió de una EPS $500 millones en 2010. Adalides de la oposición a la reforma que derivó en ataque de espada y hoguera para adulterar su sentido y crucificar a la ministra Carolina Corcho, cuya distinción intelectual y moral pareció mancillar la equívoca prestancia de sus detractores. Rabo de paja.
La intermediación financiera de las EPS sobra. Pero el giro directo a hospitales no la desmonta, porque siguen ellas ejerciendo como ordenadoras del gasto. Deciden cuánto pagar, a quién, cuándo y por cuál servicio. Y, de preferencia, a sus propias clínicas. Conservan el poder de decisión sobre los recursos, mientras Adres se contrae a girar, vendada, lo que ellas digan.
Se toman las EPS atribuciones gratuitas de aseguradoras y de prestadoras del servicio médico. No son ni lo uno ni lo otro. Asegurador es el Estado, dueño único del fondo de salud; y prestadores son las clínicas y hospitales, no las EPS, que se limitan a hacer la gestión administrativa que la reforma reafirma y remuneraría con el 8% del fondo de salud. En el entendido de que no se repitan el millón de tutelas y las 300.000 quejas contra ellas; y de que ofrezcan fórmulas de pago de sus acreencias de $23 billones a los hospitales, que desfallecen de necesidad. Bienvenido el sistema mixto por el que abogan las EPS. Éste existe ya en prestación del servicio y, si se quisiera también en aseguramiento, bastaría con que aquellas invirtieran capital de su bolsillo. Lo que no puede pretenderse es ser aseguradoras privadas con dinero público, como ha ocurrido hasta ahora.
Libres de control, entre EPS floreció todo un ramillete de argucias para llenarse los bolsillos y birlar la ley: sobrefacturar medicamentos y procedimientos médicos, negar servicios, inflar el número de afiliados para derivar más aportes públicos, privilegiar pagos a clínicas de su propiedad. Y hasta armar un “cartel de las EPS”, según el doctor Fernando Galindo, cuando en 2011 la Superintendencia de Industria sancionó a 15 de ellas por configurar un trust de control de precios y negar servicios que debían prestar. En ese mismo año, el ministerio hizo la vista gorda ante la revelación de desfalco de $1.4 billones por Saludcoop.
El modelo de mercado privatizó hace 30 años la seguridad social en Colombia, enarbolando divisa anticorrupción. Mas, no podrá negarse hoy que la corrupción privada superó a la pública en el sector salud ¿A qué entonces bloquear los correctivos de fondo que este Gobierno propone -principiando por la instauración de un sistema único de información en el sector y de medios modernos, de probada eficiencia, en vigilancia y control contable y financiero? La ruda glotonería de Don Dinero terminaría por sacrificar el imperativo de una reforma que encara la nuez del problema: la corrosiva intermediación financiera de las EPS.
por Cristina de la Torre | Jul 25, 2023 | Julio 2023, Estado laico, Estado liberal, Derecho fundamental, Estado Social, Iglesias, Educación, Arte, Ciencia
Para llegar hasta la idea de educación que hoy se ventila, afincada en la ciencia, en el arte, en el pensamiento crítico, en la formación del carácter, tuvo este país que doblegarse primero a la educación confesional de la Iglesia Católica (causa, entre otras, de las guerras civiles y la Violencia) y avanzar a tumbos hacia la educación laica del Estado liberal, hasta desembocar en el proyecto de la ministra Aurora Vergara: elevar la educación de servicio público a derecho fundamental que asiste a todos los colombianos, desde prekínder hasta universidad; y apuntar a un cambio drástico en el currículo y en la calidad de la enseñanza. Gaje del Estado social de derecho.
Cuando muchos temían encontrar en esta reforma la impronta gremialista, tan exigente en gabelas para los maestros como abúlica si de calidad de la educación se trata, el Gobierno da sorpresa colosal: dos proyectos de ley. Uno, principalmente para refinanciar a la universidad pública que desde hace 30 años recibe el mismo presupuesto, para una población universitaria que saltó de 150.000 estudiantes a 650.000. El déficit acumulado a la fecha es de $18 billones. Además, el Gobierno aspira a la gratuidad en la universidad pública y a crear medio millón de nuevos cupos en ella, sea para formación técnica, tecnológica o profesional.
Pero, como en salud, poco se logra ampliando la cobertura sin abordar los graves problemas de calidad en la educación. El otro proyecto, el de la Ley estatutaria, regula el derecho fundamental a la educación como eje del sistema, fuente de equidad y propulsor en la búsqueda de otro país. De un nuevo modelo productivo -diría la misión de sabios que en 2019 escribió el informe Colombia, hacia una sociedad del conocimiento– desde la revolución industrial en ciernes, la producción integrada, la convergencia de tecnologías y disciplinas. En el entendido de que el crecimiento económico sólo es sostenible si se acompaña de equidad e inclusión.
Para el debate que se avecina, pocas fuentes de inspiración tan a propósito como el documento de marras. Gloso dos ideas suyas. La reforma parte de sustituir el modelo basado en la enseñanza por otro anclado en el aprendizaje contextualizado que enseñe a pensar, que propicie la crítica, que enfrente retos desde la innovación y la creatividad, que posibilite soluciones. Reivindica una educación cimentada en el conocimiento científico, en los desarrollos de la tecnología, en la investigación guiada por la curiosidad, en la creación. El reto, escriben los sabios, será convertir la ciencia, la educación y la cultura en ejes del desarrollo del país, e integrarse a la sociedad global del conocimiento. Sin el concurso de las ciencias y las artes, escriben, ningún país ha logrado desarrollar tecnología ni innovación ni fortalecer su productividad.
Invitan a redimensionar el rol del maestro para convertirlo en ejemplo vivo de lo que significa ser aprendiz en el siglo XXI: “un referente de flexibilidad, de apertura, de renovación de aptitudes, saberes y prácticas…” sin sacrificar el rigor de la ciencia. Invitan a una educación que cree vínculos emocionales, pasión por el conocimiento, por la cultura, la ciencia y el arte… que cultive el asombro, el descubrimiento y la invención… E instan, como ahora la ministra Vergara, a propiciar un acuerdo sobre la educación entre Estado, empresarios y organizaciones de la sociedad para cifrar el desarrollo en el capital humano y en la investigación científica.
Tal vez ningún proyecto de reforma augure, como éste, consenso en sus trazos mayores. Tal vez nadie se atreva a transformar su discusión leal e informada en cantera de propaganda. Tal vez nadie quiera malograr esta oportunidad única de marchar hacia la educación soñada.
por Cristina de la Torre | Mar 14, 2023 | Protesta social, Derecho fundamental, Violencia, Violencia Intrafamiliar, Covid 19, Iglesias, Mujer, Impunidad, Justicia, Corrupción, Marzo 2023
“Marcho porque estoy viva, y no sé hasta cuándo”, rezaba la pancarta de una manifestante este 8 de marzo. Paola Acero no lo logró: a ella la mató de cinco disparos su compañero, Kevin Hurtado, el 23 de febrero. Ante golpizas y amenazas de muerte, no alcanzaron sus súplicas para que la Policía lo retuviera en prisión. Tal dimensión cobra en Colombia este trance, que el elemental derecho de vivir ha opacado la lucha de las mujeres por la igualdad de género en la sociedad, en la economía pública y doméstica, en la política. Hace un año se despenalizó el aborto –conquista jamás soñada en el país más conservador de América– pero el feminicidio se disparó. Como si fuera una revancha. El Observatorio Colombiano de Feminicidios registra 612 casos en 2022; cifra probablemente desinflada, pues muchos de ellos se presentan como crimen pasional, o no se reportan por miedo. La sevicia de estos asesinatos escala a empalamiento y descuartizamiento y envía un mensaje terrorífico a las mujeres todas. Para el DANE, semejante violencia contra mujeres y niñas es expresión extrema de la desigualdad y la discriminación contra el sexo femenino que anida, primero, en la familia. En tiempos del Covid19, se catalogó la violencia de género como “la pandemia en la sombra”.
Mas en la trastienda culebrea el patriarcado, batería de poderes de la masculinidad violenta que se descarga sobre mujeres y niños indefensos, y opera sobre la preconizada inferioridad femenina y la desigualdad de género. Pero tiraniza también a los hombres, aunque de manera distinta y en proporciones no comparables. Padecen ellos la brutalidad invisibilizada que les niega el derecho de expresar emociones y los agobia en el rol de macho proveedor, conquistador, amo del universo. Cómo esperamos que no ejerzan violencia los varones si les pedimos estar a la altura de esa hombría machista, se pregunta María Fernanda Cepeda, vocera de la alcaldía de Bogotá. Entre muchas capitales de América Latina, se lleva esta ciudad las palmas en violencia intrafamiliar. La mitad de sus hombres, agrega, creció sin padre y cuando éste estuvo presente, fue para apalearlos a todos en el hogar.
Variante sofisticada, eficientísima, del patriarcado es la religiosa. Versión siempre renovada del derecho divino de los reyes, ella reviste de divinidad la masculinidad para aplastar a un tiempo el cuerpo y el alma de la mujer, hez de la humillada marea de vasallos. De seguro animó este sentimiento al sacerdote católico Carlos José Carvajal a abusar de una menor de 13 años y obligarla a abortar en San Bernardo del Viento. O al pastor Carlos Eduardo Cuero a hacer lo propio contra nueve mujeres, a quienes coaccionó y degradó, a título de educación espiritual cristiana, según revela el profesor Óscar Alarcón. O al pastor Francisco Jamacó Ángel, líder de un centro cristiano en Bogotá, sentenciado por abuso sexual contra cinco feligresas, dos de ellas menores. Práctica sistemática del pastor que abusaba de su autoridad con el caramelo de que ellas eran “un regalo de Dios”.
“Una mujer discreta es un regalo del Señor –acaba de escribir el director de la Policía, Henry Sanabria– (…) Una mujer modesta es el mejor encanto. El encanto de la mujer alegra a su esposo y, si es sensata, lo hace prosperar”. –Sus sueños, general, son nuestras pesadillas, ripostó al punto Ángela María Robledo, excandidata a la vicepresidencia y emblema de las luchas de la mujer por sus derechos. Es que el recurso del general al lenguaje y al espíritu más crudo de la Biblia sintetiza, en símbolo trágico, la trinca entre uniformados y purpurados que en la historia de Colombia se jugó más de una guerra santa. Hace honor al más ominoso de los patriarcados, mientras el feminicidio parece tenerle sin cuidado.
por Cristina de la Torre | Ene 30, 2023 | Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Ley Estatutaria de 2015, Adres, Salud, Corrupción, Enero 2023
Los negociantes que llevan tres décadas volviendo fiesta los recursos públicos de salud sufren pánico de perder la piñata que este año alcanzará 73 billones. Callan frente a desfalcos billonarios como el de Saludcoop o deudas de las EPS por $23 billones que ahogan a clínicas y hospitales. Desesperan. No faltan quienes mienten y tergiversan hasta dibujar la imagen de un salto fatal del paraíso al infierno. Grosera deformación de una reforma inspirada en la Ley Estatutaria de 2015 que elevó la salud a derecho fundamental y desde hace años estudian con esmero las asociaciones médicas y científicas, de pacientes, hospitales, trabajadores y organizaciones sociales.
El proyecto recoge las ideas madre, que este Gobierno cooptó: en pos de una salud plena para todos, mejorar la calidad y el acceso a los servicios desde la atención primaria y preventiva hasta la especializada, promoviendo la equidad en un marco de sostenibilidad financiera. Propone fortalecer la red de hospitales públicos, devolverle al Estado la iniciativa en políticas de salud y el control de sus dineros. No más administración privada de recursos públicos: habrá, como en toda democracia, administración pública de los recursos públicos. El régimen será centralizado en lo financiero desde la Adres y descentralizado en el servicio. La junta directiva de este órgano será tripartita, integrada por empresarios, gobierno y trabajadores. Se vinculará a estos últimos mediante contrato laboral formal. Por razones de eficiencia y de transparencia, se creará un sistema único de información que operará en línea y en tiempo real. Y se adoptarán los sistemas más desarrollados de vigilancia participación y control.
El proyecto invita a reconocer las desigualdades de un sistema que consagra cobertura universal en el papel, pero en los hechos resulta discriminatorio. Que estar afiliado al sistema no siempre significa recibir el servicio lo demuestran los 308 niños que el año pasado murieron por desnutrición, el record de Colombia en muerte materna entre los países de la Ocde, los 630 municipios que carecen de dispensarios de salud rurales, los 20 millones de colombianos que en los territorios reciben precaria o nula atención médica, las 250.000 tutelas y el millón de quejas ante la Supersalud por desatención médica.
Con todo, señala la ministra Carolina Corcho que el proyecto de reforma construye sobre lo construido, reconoce logros de la Ley 100 y desvirtúa el rebuscado fatalismo de sus detractores. El sistema recupera el manejo de sus recursos, pero no será estatizado. No elimina el aseguramiento en salud, pues éste sigue nutriéndose de los aportes de empresarios, trabajadores y del presupuesto nacional que, gracias a la Ley 100, no representa ya 3% sino 8% del PIB. Así deba hacerse efectiva para todos, la cobertura de casi 100% del sistema es otro logro del modelo vigente. Se avanza en el control de precios de medicamentos logrado, y hacia la producción nacional de drogas, con el sector privado. Tampoco entrega el sistema a alcaldes y gobernadores. Cambia, eso sí, el mecanismo de pagos a clínicas y hospitales: no ya por medio de las EPS, sino mediante giro directo de la Adres a los prestadores, en su mayoría privados. Tampoco desaparecen las EPS, éstas permanecen en el sistema de redes integrales e integradas de salud, que son públicas, privadas y mixtas.
Este modelo, más preventivo que curativo, avanza innovaciones como la de los primeros 1.007 de 20.000 equipos de personal médico desplazados a hogares en los territorios. Les seguirá la construcción de hospitales y puestos de salud. Elocuente señal del horizonte que la reforma abre. Tras el rigor técnico y de prospectiva que la informa, respira, sin eufemismos, un principio moral y político: la salud es derecho pleno de todos, no un negocio.
