por Cristina de la Torre | Jul 4, 2023 | Pensiones, Julio 2023, Gustavo Petro, Capitalismo, Seguridad social, Modelo Económico, Partidos, Izquierda, Salud
Graves definiciones enfrentan los partidos. Dos propuestas de coalición antagónicas ponen sobre el tapete, no tanto la polarización que ha llegado a su clímax, como el alcance ideológico de posturas que van desde el variado tinglado del reformismo hasta la caverna irredenta. Inesperada cosecha en partidos que agonizan por falta absoluta de ideas y de interlocución con un país en crisis. El Gobierno se propone reconstruir su coalición moderando el contenido de las reformas e instalar mesas técnicas de discusión con liberales, conservadores y seguidores de la U. Sabrá que con la mayoría alcanzada en las urnas no le basta para ejercer como gobierno de partido. Vargas Lleras, impetuosa figura de la ultraderecha, propone coalición de oposición con todas las colectividades del establecimiento contra el Gobierno que nos tocó en desgracia, según él, contra todo amago de renovación. Aspira a triunfar en los comicios de octubre combatiendo fórmulas de cambio que responden a los anhelos del electorado. Vea usted.
Pero hace sólo dos semanas escribió César Gaviria: “estamos preparados para concretar acuerdos y sentar bases para el diálogo en el que participen diversos sectores de la sociedad… para abordar los aspectos problemáticos de las reformas. Somos sus aliados, presidente, no un obstáculo”. Dilian Francisca Toro, presidenta de la U, declaró que estudiará la iniciativa; pero que se inclina por la independencia, por aprobar lo que sea necesario y negar lo que perjudique al ciudadano.
Mientras sostiene Vargas que su coalición evitaría una catástrofe, Carlos Enrique Cavelier, notable del empresariado que juega como otro actor definitorio en la crisis, postula lo contrario: si no conversamos y sacamos algo en común, ponemos la democracia en juego. Colombia necesita reformas, agrega, y volver a la industrialización. Enmienda él la desobligante página que MacMaster, jefe de la Andi, escribió contra el ministro Ocampo y su reforma tributaria, y que mereció la protesta de la exministra Cecilia López. Para ella, “este país tiene más chance con un gobierno de izquierda que con uno de derecha para empezar los cambios por los que hemos peleado toda la vida”.
En sustitución de cultivos, el Gobierno prepara titulación masiva de pequeños fundos de coca y alternativas de nuevos productos industrializados. Tras la hecatombe de la apertura económica que golpeó la industrialización lograda y sacrificó sectores enteros de la producción nacional, vuelve Petro sus pasos sobre el desarrollo que crea riqueza, empleo y bienestar. Para revertir el desastre que significa la caída en participación de la industria en el PIB del 25% en 1991 al 11.5% hoy.
El nuevo paradigma sentó sus reales en una súbita apertura comercial, desregulación de la economía y privatización de empresas y funciones del Estado. Corolario suyo fue la privatización de la seguridad social, (salud y pensiones) y el desmonte de las garantías laborales que la OIT consagra para el mundo. Al rescate del principio solidario, no mercantil de esos servicios se suma la búsqueda de un viraje en el modelo económico que adapte logros modernizantes del pasado a la dinámica de los tiempos. En eso andamos. Queriendo apenas nivelarnos con democracias de capitalismo social.
¿A qué tanta vocinglería, aun en boca del presidente que postula las reformas? Ojalá recupere Petro el tono de su invitación inaugural a construir con la oposición “una gran nación pacífica, moderna y democrática”. Ojalá los pinitos de aliento reformista que reverdecerían a los partidos tradicionales den la talla del cambio que el país espera. Aunque no suscribieran cada inciso, cada coma de las reformas, saldrían del pantano de la irrelevancia.
Coda. Reconforta el saber sanos y salvos a Sergio Jaramillo, Héctor Abad y Catalina Gómez tras el criminal ataque de Rusia a civiles inermes en Ucrania.
por Cristina de la Torre | Jun 27, 2023 | Campesinado, Junio 2023, Conversaciones de Paz, Guerrillas, Industria agrícola, Justicia tributaria, Farc, TLC, Desarrollo agrícola, ELN, Industrialización, Violencia, Gustavo Petro, Inseguridad Alimentaria, Restitución de Tierras, Iván Duque, Derecha, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Tierras, Modelo Económico, Uribismo, La paz, Política agraria, Acuerdos de paz, Proceso de paz
Tras largo rosario de intentos de cambio, ahogados a menudo en sangre, dos hechos trascendentales dan nueva fisonomía a la reforma rural en este Gobierno. El reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos y la creación de la jurisdicción agraria para resolver los conflictos de tierras, por un lado. Por el otro, la integración de Fedegán -el sector más beligerante entre enemigos de la transformación del campo- a la política de redistribución de tierra y, aun, a la negociación de paz con el Eln. Sí, la paz pasa por corregir el aberrante modelo de propiedad y uso de la tierra en Colombia, campeón del continente en inequidad. Por lo visto, no quiere el presidente excluir de la negociación de paz, como sucedió con Santos, a la ultraderecha política (y sus terratenientes), parte de ella instrumentalizada por el paramilitarismo que fuera contraparte armada de esa guerrilla. Negado el Acuerdo con las Farc por acción de las derechas que montaron un tinglado tenebroso de amenazas y mentiras, éste se renegoció después a tres bandas. Reformulación que la deslealtad del uribismo trocó en sabotaje a la paz, a instancias de Duque, el retardatario.
A la paz abona también la jurisdicción agraria que acaba de aprobarse. Ella permitirá cerrar litigios sobre derechos de propiedad, cuando la arbitrariedad ha favorecido el despojo, y la ambigüedad impera en porción alarmante de títulos de predios. Permitirá, además, obrar sobre ocupación abusiva de baldíos, proteger el territorio y, a la postre, asegurar la soberanía alimentaria del país. Con jueces agrarios y especialistas en tan variada problemática, se trazarán procedimientos expeditos para agilizar la solución de los conflictos. El reconocimiento de los derechos políticos del campesino facilita su acceso a la tierra y al crédito, al desarrollo, a la agricultura familiar. Desbroza camino hacia la reforma rural integral.
Mucho se espera de la nueva política agraria en el país donde un millón de hogares campesinos tienen menos tierra que una vaca. Según Oxfam, de las 43 hectáreas de uso agropecuario sólo 8 se destinan a agricultura; el resto a ganadería, que es casi siempre extensiva. El 1% de las fincas grandes abarca aquí el 81% de la tierra. La desafiante concentración de la propiedad rural se agudizó en las últimas décadas: al calor del conflicto, expandieron los grandes propietarios sus predios con tierras arrebatadas a campesinos y usurpadas a la Nación.
Carlos Lleras le sumó a la reforma agraria de los años 60 políticas de industrialización del campo, con protección de sus productos y creación desde el Estado de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Divisa del gremio fue “pasar de sirvientes de los ricos a propietarios de tierra”. Pero la modernización propuesta suponía redistribuir tierra y presionar al latifundio improductivo a cultivar sus inmensas extensiones. En discurso de inauguración de la Anuc, abogó Lleras por una reforma agraria radical y declaró que “sin la presión organizada del campesinado no habrá reforma agraria”. A poco, hundiría la reforma Pastrana Borrero en Chicoral.
Una nueva iniciativa, la Ley 60 de 1994, se ahogó, como sucumbió media producción nacional entre mares de productos importados al calor de la apertura económica. El mundo rural cambió, señala Basta Ya; de él se enseñoreó el narcotráfico y se desplegó un acelerado proceso de “ganaderización”, gracias a la compra masiva de tierras por el narcotráfico. Concentración de la tierra y ganadería extensiva se ampliaron mientras la pobreza golpeaba al campesinado.
Si de negociar la paz con los ganaderos se trata, ya Petro ofreció su parte: comprarles tierra a precio comercial. Podrá ahora exigirles que no se atraviesen en la restitución legal de tierras, que pongan a producir sus heredades y que paguen impuestos.
por Cristina de la Torre | May 15, 2023 | Conversaciones de Paz, Guerrillas, Fuerzas Armadas, ELN, Gustavo Petro, Modelo Político, Modelo Económico, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, Acuerdos de paz, Actores del conflicto armado, Mayo 2023
Ha prevalecido la impresión de que el Gobierno lo concede todo, y el Eln, nada. Más aun, en espacios como este se temió que el nuevo modelo de negociación con esa guerrilla condujera al cogobierno con una fuerza insurreccional en armas, pues tampoco parecía ella dispuesta a deponerlas. Pero ahora, en una de sus más acabadas exposiciones, destapa el presidente Petro el lado oscuro del Eln: ésta no es la insurgencia que apuntaba a la derrota del Estado -declaró ante 85 comandantes de las Fuerzas Armadas-; hoy se contrae a pelearse con otros armados el territorio, en pos de la economía ilícita. Es esta la razón de ser del nuevo Eln, una federación de frentes autónomos que los añosos dirigentes con nostalgia de pasado revolucionario no representarían ya. Divorciado de ideales políticos, el Eln no sería más una fuerza insurreccional sino una organización marcada por la impronta de “la plata”, por la dinámica del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
Severo mensaje envía el Presidente al tercer ciclo de conversaciones en Cuba: a la paz se arribará por una estrategia combinada de acción militar sin contemplaciones contra los circuitos del narcotráfico y políticas de desarrollo en las regiones. Destruir la economía ilícita mediante inteligencia y acción armada en el terreno, y recuperar el territorio con políticas sociales y económicas serán ahora las metas de la seguridad. Una cosa es la insurgencia, apunta Petro; otra, el engendro bifronte de dinero y terror del narcotráfico, que llenó el vacío ideológico resultante de la caída del muro de Berlín.
Señalaba esta columna las desmedidas pretensiones del Eln y la condescendencia del Gobierno en la reinstalada mesa de negociación. Todo bonhomía en los enviados del Presidente, la grosera petulancia de la contraparte humillaba la mano tendida del Gobierno. Mas la imagen que se proyectaba no era gratuita: exigía aquella cambio de modelos económico y político. Y éste operaría por decisiones acumulativas de la mesa, bajo tácita vigilancia (armada) de la guerrilla: cambio que se aprobara en la mesa debía traducirse en su respectiva política de Gobierno. Se cruzarían así líneas rojas del Estado de derecho que, si imperfecto, sólo podía reformarse en reglada lid democrática. Ejecutar medidas antes de un acuerdo final era invertir la secuencia de cualquier negociación de paz. Y era cogobernar.
“El Estado no abdica, se fortalece en beneficio de todos”, declara el manifiesto de 20 intelectuales y exnegociadores de paz, apuntando al buen éxito del proyecto de paz total. Juan Camilo Restrepo, Rafael Pardo, Enrique Santos, Jorge Orlando Melo, el general Fredy Padilla de León y Eduardo Pizarro, entre ellos, señalan que estos procesos son una concesión del Estado a grupos armados fuera de la ley, que debe redoblar medidas para garantizar el orden público. El cese el fuego sólo debe pactarse al final de la negociación, previa concentración de los armados y en zonas delimitadas. Pero es urgente buscar ya un cese de hostilidades contra la población civil. Objetivo primordial de los acuerdos de paz es la desmovilización de los armados, su integración a la democracia y el abandono de las armas. La ley de sometimiento tendrá que servir para combatir empresas criminales de enorme rédito económico, no para patrocinar rotación de elites delincuenciales.
En ruidoso viraje del trato prodigado al Eln hasta ahora, le quita Petro su hoja de parra y le advierte que el hecho de negociar con él no implica abandonar el combate contra su economía ilícita, ni permitir más violencia contra la población civil.
Coda. Colombia espera acción inmediata de la Fiscalía para indagar la desembozada amenaza de golpe de Estado proferida por el coronel (r) John Marulanda, cabeza visible de otros golpistas agazapados en el anonimato.
por Cristina de la Torre | Mar 21, 2023 | Conversaciones de Paz, Paz Total, Farc, Pacto Social, ELN, Estado de Derecho, Seguridad social, Modelo Político, Modelo Económico, Marzo 2023
Por cuanto sugiere la agenda de México, el ELN realizaría su sueño dorado en 40 años de conversaciones de paz: puerta ancha para que le entreguen la “revolución” en la mesa, y sin deponer las armas. Desde una alianza programática y “visión conjunta” de la paz entre el Gobierno elegido en democracia y el grupo insurgente que se alzó contra ella, el proceso apuntaría esta vez a meta más ambiciosa: un pacto nacional entre políticos, gremios y movimiento social para emprender las reformas que la historia impone. Reforma agraria, industrialización y energías limpias, en visión del presidente Petro.
Salta a la vista el primer escollo: un acuerdo sobre reformas democráticas concertadas en diálogo plural con las fuerzas de la sociedad riñe con el protagonismo en la iniciativa que reclama un grupo armado cuyo trasegar de 60 años en nada favoreció al pueblo del que se autoproclama vanguardia y despertó, en cambio, miedo y rabia por la violencia desplegada. Riñe, sobre todo, radicalmente, con el liderazgo que ambiciona una guerrilla extraviada en sus fantasías de poder, mientras rehúye en la mesa un nítido compromiso para poner fin al conflicto armado. Precondición insoslayable de cualquier acuerdo sobre modelos económico y político que tributen a la paz, como la experiencia ha demostrado.
En entrevista concedida a La WRadio, deplora Sergio Jaramillo que se le concedan al ELN todas las gabelas mientras el Gobierno parece deponer prerrogativas irrenunciables. No percibe en esa guerrilla voluntad de acabar la guerra, pues nunca se compromete taxativamente con una eventual dejación de armas ni con el cese el fuego; y el Gobierno concede el abordaje del modelo económico, del régimen político y la seguridad, líneas rojas del Estado de derecho que, si imperfecto, sólo debe reformarse en reglada lid democrática.
Es repetición de la antidemocrática avanzada del Caguán, apunta el negociador de paz que, al lado de Humberto de la Calle, depuró en La Habana un modelo de paz que el mundo aplaudió. Con un agravante: al examen de la economía deberán seguirle políticas públicas de obligatoria ejecución conforme se vayan decidiendo cambios en la mesa (bajo la vigilancia armada del ELN). Peligroso anverso de la negociación con las Farc, cuyo buen éxito estribó precisamente en el principio de que nada está acordado mientras no lo esté acordado todo. Ahora tendrán que ejecutarse cambios ad aeternum (los que el ELN apruebe), mientras se transgrede el otro principio medular: propósito de la negociación es la paz, cuyo primer resultado será separar las armas de la política. Ahora, por lo visto, se trataría de una paz armada.
Estima Jaramillo que la agenda de México deja al ELN en un paraíso, y Juanita León de La Silla Vacía, que la iniciativa recae en la guerrilla mientras el Gobierno juega de notario. Éste ha de responder a su compromiso antes que el ELN deje las armas. Se invierte la secuencia de los procesos: aquí se empezarían a ejecutar medidas antes del acuerdo final, pues éstas serían “de ejecución inmediata”. Según León, se convertiría la negociación en un parlamento paralelo. Y en un gobierno compartido, diría yo.
La estrategia de Paz Total interpreta un hondo anhelo de los colombianos; y la divisa de reformular el pacto social, una esperanza de mayorías. Pero aquella ha de edificarse sobre el Estado de derecho y éste, como pacto pluralista en democracia. Luego, no puede convocarse desde la alianza excluyente y equívoca de un Gobierno democrático con una fuerza insurreccional armada. Sean Álvaro Uribe y José Félix Lafaurie mentores iniciales del Pacto, en nombre de los sectores más beligerantes. Partidos de todos los colores, gremios y organizaciones sociales avalarían un cambio concertado entre todos y para todos. No una propuesta de cogobierno con el ELN en armas.21
por Cristina de la Torre | Nov 22, 2022 | Justicia tributaria, Reforma tributaria progresiva, Pacto Social, Impuesto progresivo, Desarrollo sostenible, Seguridad Alimentaria, Economía productiva, Violencia, Capitalismo Social, Reformas liberales, Corrupción Electoral, Reforma tributaria, Neoliberalismo, Seguridad social, Modelo Económico, Política económica, Corrupción, Clientelismo, Noviembre 2022
No se cansa Petro de sorprender. Logra la reforma tributaria más progresiva en la historia de Colombia, avanza hacia una paz total, inicia la que parecía imposible reforma agraria cooptando a su archienemigo, Fedegán; en la convicción de que la paz se transa entre antagonistas, no entre amigos, integra a José Félix Lafaurie al equipo negociador con el Eln. Y ahora presenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo, una mirada estratégica del país anhelado, convertida en grosero agregado de partidas sin jerarquía ni concierto. Presupuesto con pretensiones de plan donde pescaron políticos, funcionarios, contratistas y empresarios a menudo de dudosa ortografía. Este plan, en cambio, sentaría bases para proteger la vida desde un nuevo contrato social enderezado a superar injusticias y exclusiones históricas, a clausurar la guerra, a cambiar la relación con el ambiente, a lograr una transformación productiva sustentada en la ciencia y en armonía con la naturaleza.
Pese a sus alcances, el condensado del Plan no transige con la grandilocuencia. Bajo la batuta de Jorge Iván González, objetivos y proyectos parecen acompasarse para escalar hacia metas tan ambiciosas como ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, transformación productiva y derecho a la alimentación. La sostenibilidad del modelo irá de la mano con la equidad y la inclusión, y con la interacción entre campo y ciudad. Pero dependerá dramáticamente de la capacidad del DNP para coordinar todas las instituciones públicas en función de las transformaciones propuestas, donde el catastro multipropósito cumple papel medular. Para recuperar esta visión de largo plazo, deberá convertirse en centro de pensamiento del país -dice González- y gran articulador de los ministerios: pasar de una visión sectorial a otra de programas estratégicos. Por otra parte, se vuelve a la planeación concertada, privilegiando esta vez el sentir de la comunidad en las regiones.
Un efecto pernicioso del apocamiento del Estado que el neoliberalismo y su Consenso de Washington nos impusieron fue la decadencia de los planes de desarrollo: cercenada la función económica del poder público, trocada en negocio la seguridad social que vela por el bienestar general, privatizadas las empresas del Estado, todo fue jolgorio en el mercado. Se sacrificó el desarrollo (que reparte la prosperidad) al crecimiento para unos pocos, en la vana promesa de que su riqueza se derramaría un día por gotas de dorado metálico sobre la pobrecía. Nunca llegó ese día.
De ejecutarse este Plan, si al menos despegara en firme, se produciría un sacudón. Volvería el Estado por sus fueros como agente de cambio: en el ordenamiento del territorio, en la transformación productiva del país, en la creación de riqueza y en su mejor distribución. Lo cual supondrá aumento de la inversión pública apoyada en una mayor tributación de los sectores boyantes de la sociedad.
Mas el Plan no marcharía en contravía del sector privado, sino al paso con él. Como estuvo al uso durante décadas en la región, con altibajos y vacíos, sí, de no repetir. Pero la fórmula renace en circunstancias nuevas, ahora como contrapartida al modelo diseñado no para catapultar el desarrollo y redistribuir sus beneficios, sino para solaz de banqueros, importadores y mercaderes de ocasión. Ahora se le devuelven al Estado la dirección general de la economía y funciones de intervención bajo los parámetros del capitalismo social. Dice el presidente Petro que sin cambio productivo y sin inversión pública en capital social no habrá desarrollo. Reto colosal que podrá sortearse con los dispositivos del director de Planeación pero, sobre todo, con el empuje de las mayorías que desesperan del cambio. Ha surgido, por fin, un plan para el desarrollo. Enhorabuena.
por Cristina de la Torre | Nov 8, 2022 | Reforma tributaria progresiva, Impuesto progresivo, Economía extractivista, Reformas liberales, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Modelo Económico, Política económica, Justicia, Corrupción, Clientelismo, Modelo Económico en Colombia, Noviembre 2022
En treinta años de campaña contra la búsqueda de igualdad y democracia económica que fuera idea tutelar del liberalismo, nunca había llegado su partido tan lejos como esta vez contra la reforma tributaria más progresiva en la historia de Colombia. Salvo, tal vez, la adhesión de muchos en el notablato liberal a la desafiante respuesta del conservatismo a la reforma de marras en 1936. A instancias del jefe César Gaviria, promotor del modelo que sacrificó justicia social al mercado y socio del banquero mayor, entregó ahora la bancada liberal hasta su último aliento para hundir la reforma que exacerba la avaricia de la plutocracia. No lo logró, pero contribuyó a cercenar la quinta parte a su potencial de recaudo original.
Hundió el impuesto a los muy terrenales negocios de las iglesias; empujó la exoneración del gravamen a las megapensiones, el más grosero símbolo de privilegio; luchó contra afectaciones al patrimonio, a las zonas francas, a las bebidas azucaradas que minan la salud de la gente. Y se empleó a fondo por la deducibilidad de regalías en el cálculo del impuesto de renta para petroleras y carboneras. Acaso porque, según Las2orillas, fue accionista Gaviria de la firma de hidrocarburos MC2, socia del Grupo Aval. Si el otro jefe liberal, Germán Vargas, negó de plano la reforma, Gaviria soñó con reducirla a la mitad. Deshonrando la memoria de la colectividad que había empuñado la bandera de los pobres, desdeñaban aquellos ahora el pronunciamiento popular de las calles y las urnas, al cual responde esta reforma proyectada sobre todo para ampliar el gasto social en un país atribulado por la pobreza. Reforma que acerca por fin a Colombia al promedio impositivo de América Latina.
Las regalías son pago por usufructuar el subsuelo irreparable de la nación. ¿Por qué habría de regalárseles a firmas opulentas que, aun en tiempo de bonanza, se niegan a ajustar en mísero 3% el impuesto que se les cobra por doquier? Su tasa efectiva de tributación es 38%, no el 80% que la fantasiosa Andi le atribuye. Hasta 1989 se pagaba 2% de impuesto sobre el patrimonio; hoy lo revive este Gobierno con canon de 1% en promedio y el establecimiento se desgañita a voces de ¡terremoto, calamidad, desastre! Varias veces lo entregaron nuestros ricos con emoción patriótica para financiar las guerras de la Seguridad Democrática; pero ahora, cuando de los pobres y de la paz se trata, resulta un atentado contra la sagrada propiedad.
Atribuye la prensa el texto de objeciones de Gaviria a la reforma a Juana Caballero, vinculada a la empresa de Santiago Pardo, tributarista de Sarmiento Angulo. Si la compinchería entre elites económica y política viene de vieja data, se afianza con la privatización y la preeminencia que el sector financiero cobra con el modelo neoliberal que Gaviria introdujo. Liberalizado el sector, explica Hernando Gómez Buendía, se concentra en pocos bancos, que se enriquecen escandalosamente con las gabelas de Gaviria: no podrá el Gobierno acudir al Banco Central sino al onerosísimo crédito de la banca privada. La deuda pública es hoy fuente principal de las ganancias de la banca colombiana, explica Gómez, que han cambiado la composición sectorial de la economía: en 20 años, pasaron los bancos de generar el 8.8% del PIB al 22% en 1.917. Un cambio sin precedentes en el mundo. La Carta del 91 -remata- acabó por entregarle la economía del país a grupos financieros gigantes: al Grupo Empresarial Antioqueño, al Grupo Bolívar y al Grupo Aval. Y el franciscano ajuste del 5% en impuestos al sector provocó, empero, más de una protesta. Abominable.
En esta sociedad del privilegio, inmóvil, sus elites -la del trapo rojo a la cabeza- juzgan apocalíptico todo gesto de cambio en democracia. Así se autoinflige el Partido Liberal el puntillazo final. Responsos se le rezan ya.8
