La ferocidad del uribismo contra la paz, que por un momento pareció amainar, cobró esta semana nuevos bríos. Primero, como descalificación de la Justicia que investiga, precisamente, supuestos vínculos de Óscar Iván Zuluaga con el delito de espionaje y sabotaje al proceso de La Habana. La intención salta a la vista: para asegurar la propia impunidad, redoblar denuncias de aquella que la derecha le atribuye al proceso con las Farc. Segundo, como reiteración de propuestas “de paz” que sólo conducen a perpetuar la guerra. En el primer evento, quiso la cúpula del Centro Democrático (CD) convertir en persecución política el llamado a interrogatorio de su excandidato a explicar relaciones con el hacker que confesó la conspiración, orientada y remunerada –según reveló– por el dirigente uribista, por su hijo y su asesor de campaña.
“Es la criminalización de la oposición política –sentenció el jefe del CD– mientras se promueve todo tipo de beneficios y concesiones para los terroristas…” Es persecución, conjura contra el santo varón que casi fue presidente, un atentado contra la democracia. Así abundaron, a grandes voces, revestidos de dudosa dignidad, los parlamentarios del uribismo, muchos de ellos parientes de los parapolíticos que fueron a su turno bastión del entonces presidente Uribe. Ernesto Macías llegó a decir que Santos persigue al CD como el chavismo a la oposición en Venezuela. Olvida que chavismo y uribismo montaron regímenes siameses, aunque con objetivos opuestos: allá, una autocracia de corte estalinista; aquí, una autocracia de corte fascista.
Otra cosa gritan los hechos. El pasado 2 de octubre, el hacker Sepúlveda ratificó bajo gravedad de juramento que “la información que yo podía obtener (de fuentes militares) se la entregaba a Hoyos y a David Zuluaga”. Que lo habían contratado para hacer campaña negra y actos de sabotaje al proceso de paz. Semana.com publica hoy pruebas de los desembolsos de la campaña uribista para el hermano del hacker por valor de $330 millones, partidas que la contabilidad de la campaña no registra. Y ninguno de los millones de colombianos que vieron al candidato Zuluaga con aquel en un video duda de la identidad del personaje.
Por su parte, el excomisionado Restrepo se empeña en crear la impresión de que su partido aporta soluciones de paz. Más parece recurso de conveniencia cuando en coyuntura electoral no puede aquel exhibir su predilección por la guerra. Máxime si para la refrendación de octubre se adivina ya victoria de la paz. Pero sus ideas son las que Uribe ha meneado siempre enderezadas a bloquear la finalización del conflicto, paso decisivo hacia la construcción de un país sin violencia política. Este insiste en convocar congresito (o constituyente) que invalide los acuerdos logrados con las Farc. Propone cambiar la pena de cárcel forzosa por supresión de los derechos políticos a los desmovilizados. Como quien dice, negar la pepa de toda negociación de paz: que los exguerrileros puedan trocar las armas por las urnas. Con exigencias de este orden, el uribismo quiere imponer rendición a una guerrilla golpeada, sí, mas no derrotada. Razón por la cual no cabe rendición sino negociación.
Ha dicho el uribismo que también él quiere la paz, que su discrepancia es con el proceso de La Habana. Pero querer imponer una paz de vencedores apelando a sabotaje, constituyente manipulada y exigencias impracticables es sabotear el fin del conflicto armado y, por lo tanto, el futuro de la paz. Si el CD se encuentra entre los palos, más le valdrá disponerse al debate político y parlamentario que alimentará la Colombia del posconflicto. Y empezar por acatar, como todo ciudadano, los dictados de la Justicia.