En esta Colombia conservadora y violenta, la elección popular de un exguerrillero como alcalde de la capital conmueve los cimientos de su tradición política. La Mano Negra y la Mano Roja parecen cerrarse en puño de hierro para golpear, una, al intruso; la otra, al hereje. Y es que Gustavo Petro encarna una fuerza que por vez primera gobernará a Bogotá con demócratas de izquierda decididos a operar el tránsito hacia otra idea de ciudad. No con Anapo ni con la U. Ni con carteles de ladrones que pasan por contratistas. Dos trazos gruesos empiezan a dibujar el perfil de su movimiento Progresistas. Primero, una vocación de paz que sepulta para siempre toda veleidad con la táctica comunista de la combinación de formas de lucha. Segundo, el rescate de la Constitución del 91 que Petro ha erigido en plataforma ideológica suya. En particular, de mecanismos de participación e inclusión social como el cabildo abierto para decidir porción sustancial del presupuesto de la ciudad de consuno con la gente. Sería ésta, según Navarro Wolf, una genuina marca de fábrica de la izquierda. Mas no será fácil diferenciar estas audiencias populares de los consejos comunales que Álvaro Uribe convirtió en punta de lanza de su “gobierno de opinión”, tributario de la democracia plebiscitaria que llevó a Colombia al borde la dictadura.
Ni fácil será suplantar con tales mecanismos de democracia directa la democracia representativa, donde el pueblo refrenda con su voto el programa que su candidato ofreció en campaña y lo autoriza a ejecutarlo. Si no, ¿para qué elegir, para qué la competencia de ideas y programas que se ventilan en campaña electoral? Papel distinto (y crucial) desempeñarían estos cabildos como escenario de rendición de cuentas del gobierno y medio de control político de partidos y organizaciones civiles. Pero empeñar la iniciativa y el poder decisorio del gobierno a la volubilidad de una ciudadanía sacralizada y sin norte puede ser camino expedito hacia la demagogia y el desmadre de las políticas públicas. Salvo que la experiencia demuestre lo contrario.
Un flanco que sí resulta decisivo para desahogar a la izquierda es la ruptura sin atenuantes con la combinación de formas de lucha. La glorificación excluyente de la lucha armada le había hurtado a la izquierda por décadas el derecho de hacer política, y cercenado el ya reducido espacio de la tolerancia. La táctica de marras contribuyó a su manera al exterminio de la Unión Patriótica en los años 80 y 90: muchos militantes de ese partido legal cayeron inermes como carne de cañón en una guerra ajena, mientras el grupo armado se refugiaba heroicamente con sus fierros monte adentro. Diablillo que se insinuaba de tanto en tanto en el seno del Polo, las “sieteluchas” pusieron su grano de arena en las disensiones que terminaron por polarizarlo en polos irreconciliables hasta la ruptura final.
Capítulo aparte merecerá la capacidad de Progresistas para retomar la disposición constitucional de trazar planes indicativos de desarrollo que armonicen crecimiento con política social y ambiental. Ya Petro lo sugiere con su apelación reiterada a las alianzas público-privadas. Perspectiva de verdadera intervención del Estado que le devolvería al Primer Mandatario la orientación del ahorro nacional, y podría moderar los poderes ilimitados que se le han otorgado a la Junta del Banco de la República. Cabrían entonces, otra vez, una estrategia de industrialización y mecanismos eficaces de inserción en la economía mundial sin caer en la miseria.
De la madurez y el coraje con que Petro y su equipo aborden asuntos de tanta enjundia dependerá que Bogotá salga del pantano. Y que Progresistas florezca como alternativa de izquierda democrática capaz de romper las cadenas con que los extremistas de todos los colores han querido siempre estrangularla.