Como si no hubiera sido precisamente el latifundismo el más cruel entre los protagonistas de la Violencia con que se respondió a la reforma agraria de López Pumarejo; como si los terratenientes del Valle y de la Sabana de Bogotá no hubieran amenazado con armarle a Carlos Lleras una guerra civil cuando éste les meneó el Incora en los 60; como si el agreste notablato rural de la Costa no hubiera asestado el golpe de gracia que terminó por enterrar la reforma en Chicoral; como si la motosierra no fuera prolongación de aquella máquina infernal, Fernando Londoño tritura la realidad para acomodarla a su verdad (El Tiempo, 10-21). Ahora resulta que las leyes de Víctimas y de Tierras se proponen “volver atrás y cobrar cuentas viejas… (Son) el mandato legal del odio, de la revancha”. Si de aquel pasado se tratara, flaco favor le haría a su argumento. Por otra parte, a leguas del odio y la revancha, estas iniciativas buscan paliar las consecuencias del conflicto armado, según el Ministro Restrepo. La restitución de tierras sería el paso inicial de una ambiciosa política para ordenar la propiedad rural y optimizar el uso del suelo. Ni regalo a sus legítimos dueños, ni atentado contra el sacrosanto “derecho” de sus usurpadores. Sería “el pago de una deuda insoluta con los campesinos despojados de su tierra por medio de la violencia organizada”. Saldada la deuda con los campesinos, el Gobierno emprendería una reforma que embarcara a campesinos y empresarios en el “gran salto adelante” del desarrollo rural. Ha repetido de mil maneras que no habrá cacería de brujas, que la reparación a las víctimas no tiene color político, que su meta es la paz. Y ya arrancó, con un plan de choque que principia con la devolución de 320 mil hectáreas en el próximo semestre.
Pero Londoño escribe que la ley de Víctimas traerá caos y “una violencia nueva, movida por los aspirantes a dueños reparados y respondida por los que sienten suya, legítimamente suya, la empresa que no quieren cambiar por TES”. ¿Se hace eco Londoño de los intereses tenebrosos de quienes se apropiaron los fundos a sangre y fuego? ¿Eco de la bipartidista APEN y su órgano ideológico, La Razón, que en cabeza de Juan Lozano y Lozano instigaba a la violencia contra el campesinado que pedía tierra en tiempos de la Revolución en Marcha? ¿Eco del grupo de choque llamado Centro de Acción Conservadora que se alzó contra las reformas del 36 y se proclamó vanguardia de las derechas colombianas, católicas y reaccionarias?
La escalada mayor del despojo tuvo lugar en los últimos 20 años. Y es en este período donde el Gobierno concentrará su acción. En él, la cifra de muertos a causa del conflicto asciende a 163 mil. Razón poderosa para resarcir a los dolientes de tanto baleado y descuartizado y masacrado y desaparecido, que se quedaron sin los suyos y sin el terruño. Razón poderosa para forjar una alianza entre el Estado y los campesinos, como lo propone Absalón Machado, para defenderse de los enemigos visibles e invisibles de la democratización del campo, con instituciones y mecanismos capaces de suprimir el gamonalismo y los ejércitos ilegales. Voceros de las víctimas se ofrecieron en foro de Semana a concertar con empresarios del campo una devolución pacífica y legal de tierras. Cármen Palencia pidió solidarizarse con el Presidente, fortalecer la organización del campesinado y derrotar el miedo.
Dijo el Primer Mandatario que comprometía su alma en el empeño de devolver a las víctimas su tierra. Después de tantos años y de tanta sangre, las primeras medidas indican que se pasa de las palabras a los hechos. Pueda ser que los apologistas de la guerra desechen para siempre las viejas convocatorias de Laureano a la acción intrépida, al atentado personal, a “hacer invivible la República”.