Como en cualquier republiqueta tropical, en Colombia todos los caminos conducen al gobierno unipersonal. Dos pasos de animal grande consolidan hoy la avanzada del jefe de Estado sobre la constelación entera de los poderes públicos: la designación de Alejandro Ordóñez, su candidato, como Procurador; y la suplantación de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE) por una comisión suya, sin poder. Salvo el de crear la impresión de que se gobierna de consuno con la sociedad. La verdad es que en seis años el Presidente Uribe ha logrado debilitar la sociedad y las instituciones de la democracia en grados y modos que recuerdan los paternalismos de sable y charretera. A cambio de partidos, el falso poder del pueblo en consejos comunales montados para lucimiento de un gobernante que pulveriza las políticas del Estado en mil nimiedades de parroquia; o en plebiscitos inducidos de apoyo al Príncipe.
Ni hablar de la supremacía que derivó de su primera reelección, con penetración en las órbitas medulares del Estado, sacrificio de la separación de poderes y un estilo de gobierno a menudo dictado por la arbitrariedad, el rencor y el delirio de poder. El Presidente ha podido colocar a sus hombres en la Corte Constitucional, en el Consejo Superior de la Judicatura y la Junta del Banco de la República; puso el Defensor del Pueblo, el Fiscal y el Procurador; controla al Contralor y la Comisión Nacional de Televisión. La semana pasada sugirió que cerraría el Congreso si éste no tramitaba sus proyectos con la debida celeridad. Si la primera reelección fracturó la estructura del Estado y comprometió la independencia de poderes, la segunda sepultará la democracia, pues no se introdujeron las reformas necesarias para defender el sistema de pesos y contrapesos.
Descontada la idoneidad de sus integrantes, la Misión de relaciones exteriores será, con todo, un órgano de postín, pues nada de cuanto proponga tendrá carácter vinculante. Ni representa a la nación. Tampoco lo ha atenido la CARE, pero los jefes de Estado acogieron sus recomendaciones siempre que el país se vio en impasses de política internacional, negociaciones diplomáticas, suscripción de tratados y seguridad exterior. Porque la CARE representa los intereses del Estado, que prevalecen sobre partidos y gobiernos. Tan delicados son los asuntos que le competen. Desde hace un siglo es cuerpo consultivo de origen constitucional y reglamentado por la ley. Lo integran los expresidentes y delegados del Congreso y del Presidente.
Colombia recuerda con vergüenza la decisión unilateral del presidente conservador Roberto Urdaneta que adoptó a espaldas de la CARE y del Congreso y redundó en la pérdida de la mitad del petróleo que Venezuela extrae y hoy nos tendría por potencia petrolera. Fue la secreta cesión del Archipiélago de Los Monjes, vecino de la Guajira y asentado sobre un mar de oro negro, en canje por Eliseo Velásquez. El gobierno colombiano quería manduquearse al guerrillero liberal refugiado en Venezuela. Y en efecto sucedió. Venezuela recibió Los Monjes y, Colombia, al rebelde llanero: lo apresó, lo torturó y a los dos días lo mató.
¿Habrá consultado el Presidente Uribe a la CARE sobre nuestra maltrecha relación con Ecuador y Venezuela? ¿O repetirá experiencias nefandas como la de Urdaneta, sea por afinidad ideológica con aquel, o por llevarse el punto de decidirlo todo él solo, zurriago en mano, creyendo que Colombia será por siempre su Patria Boba?