por Cristina de la Torre | Oct 1, 2021 | Modelo Político, Modelo Económico en Colombia, Septiembre 2021
Van por los restos. Ya las bancadas del Gobierno preparan anhelantes el asalto final al erario, no sea que se queden con bolsillos y urnas a medio llenar. Tumbar la Ley de Garantías Electorales será tarea de cierre para cargar sin obstáculos el último saco de la cosecha de corrupción en esta Administración, puesta la mira –entre otros– en los $20 billones de regalías represadas y en los $2 billones reservados a vías terciarias. Si no caen sobre el pastel entero, a lo menos sobre una porción que asegure la curul y el nuevo ciclo de puestos y contratos cocinados en la sombra con amigos. Prolongan la saga de Reficar, Odebrecht, Saludcoop o el carrusel de la contratación en Bogotá, cuyo cerebro, Emilio Tapia, reaparece como el Ave Fénix en la defraudación de Mintic por $70 mil millones.
A su lado, la ejecución de $5,7 billones del Fome en la pandemia que, según el Foro Nacional por Colombia, registra alertas y “promesas” de investigación. Si no fuera por su grotesca incongruencia, muchos de esos contratos moverían a risa: una distribuidora de licores que vende ventiladores clínicos, una polvorera que vende tapabocas, una firma que suministra materias primas a industrias del acero y el petróleo vende ventiladores para las UCI. La suma de estos contratos daría $179,116 millones. Modesta muestra de la corrupción que puede brotar allí donde el gobernante trueca el interés colectivo por el suyo propio y el de su círculo de poder.
Que corrupción hubo siempre no se discute. Pero en las últimas décadas se acumularon factores que no fueron ya de riesgo sino dinamita para una explosión en masa de la robadera. Para comenzar, con la fiebre privatizadora de 1991 que entregó a particulares empresas y funciones del Estado, creyeron los constituyentes erradicar la corrupción: la empresa privada se les ofrecía como un nirvana de pulcritud y decencia. Se equivocaron. Servicios públicos, salud y pensiones fueron desde entonces negocio de mercaderes, mientras la contratación pública crecía como la espuma, casi sin controles, para contento de sus usufructuarios mayores: funcionarios, políticos y contratistas. Afirmada sobre la cultura de la ley hecha para violarla, del clientelismo y de las mafias, a la corrupción han contribuido también otros factores:
La elección popular de alcaldes y gobernadores rompió los controles (con vacíos pero todavía vigorosos) del poder central sobre funcionarios que se rodearon de nubes de contratistas compinches, mientras las contralorías departamentales participaban del negocio. A la postre, también el poder central se lucraría impunemente bajo el ala de los organismos de control cooptados por el Ejecutivo, como sucede hoy. El auge del petróleo y del carbón, traducido en regalías, derivó en feria de millonarios elefantes blancos. Y, con la circunscripción nacional para senado, los costos de una campaña llegaron a superar los $25 mil millones financiados por alguna chequera intrépida, erogación que el dadivoso recuperaría después con creces en contratos públicos. La financiación privada de campañas electorales es fuente suprema de la corrupción.
Contra ella nada hace el Consejo Nacional Electoral, órgano integrado por delegados de los partidos a los que pretende controlar; ellos mismos tampoco sancionan a sus corruptos. Y sigue triunfal, eficientísima, la sociedad entre funcionarios públicos que monopolizan la contratación del Estado y los políticos, con pliegos amañados y a menudo sin licitación. Tal como lo harían ahora, para reelegirse y acabar de enriquecerse, si hunden la Ley de Garantías. Rendición de cuentas, investigación y sanción quedarán para otros aires. El abuso de poder en este Gobierno es, en palabras del Foro por Colombia, vulneración, afrenta y deshonra para la democracia. Digamos, una cueva de Alibabá.
por Cristina de la Torre | Ene 23, 2017 | Corrupción, Enero 2017, Sin categoría
Ya no cabe duda: en Colombia, el sistema político es la corrupción. Vale decir, la estructura del poder, de Bogotá a Montería o a Yalí, se cimenta y apuntala en larga cadena de transacciones entre la clase política y delincuentes de toda laya para robarle hasta $50 billones al erario cada año. Diga usted seis veces lo esperado por reforma tributaria. Narcotraficantes, Gatas, contratistas de cuello blanco y de otros no menos turbios, contrabandistas, timadores y aprendices del oficio que pasan por jóvenes emprendedores financian a los políticos que, llegados al poder, retribuyen con contratos a sus beneficiarios. Y todo queda en familia. Botones de muestra recientes: Reficar, el mayor desfalco en la historia de Colombia, arroja a la fecha $12 billones en sobrecostos y $8,5 billones en pérdidas; uña de Saludcoop por $4,5 billones, sin que el ministro de la cartera mueva un dedo para apretar al responsable; coimas de Odebrecht por $US 11 millones repartidos entre un senador y encumbrados funcionarios de los dos últimos Gobiernos.
Explicaciones le debe al país el expresidente Uribe por la adjudicación de la Ruta del Sol a esa firma, mediante soborno de $US 6,5 millones a su viceministro de Transporte. Y explicaciones debe el Presidente Santos sobre adición a ese contrato por la ANI, suscrito sin licitación pública y gracias a soborno de $US 4,6 millones al senador Otto Bula. Inverosímil declararse aquí traicionado por el viceministro y “con dolor de patria”, como lo hizo el senador Uribe, hombre de astucia sin par. Y pueril la solución de suprimir casa por cárcel para los corruptos, que el Presidente Santos avanzó.
Ha invadido la carroña todos los intersticios del sistema. El país se exaspera. Y la senadora Claudia López se lanza en pos de una coalición ciudadana contra la corrupción, capaz de suplantar a la clase política y su Congreso, foco de pestilencia irrespirable. Apunta ella al 80% de los colombianos que no militan en partidos tradicionales, con una divisa revolucionaria: vamos por la Presidencia sin comprar votos, y a gobernar sin comprar congresistas; vamos a cambiar la lógica de que una minoría decente denuncia y un establecimiento corrupto gobierna.
Se dirá que el cambio debería principiar por los partidos. Improbable. Estos derivaron hace rato en cascarones sin ideas y sin honor. Desechos del Frente Nacional que castró su imaginación política, muchos de sus círculos fraternizan hoy con el narcotráfico. Mercado negro que se montó sobre las estructuras ocultas de comercialización del contrabando y la exportación ilegal de esmeraldas. Y terminó por medrar en los partidos tradicionales, reeducados en la regla turbayista de reducir la corrupción a sus justas proporciones. Tal vez por eso a Cambio Radical le resulte natural brincarse su responsabilidad por dar aval político a un Kiko Gómez, sentenciado a 55 años de prisión por cohonestar tres asesinatos. Como elegante le parecerá a Juan Lozano sumarse ahora a la “rebelión ciudadana contra funcionarios y políticos corruptos”; tras 15 años de apasionado silencio sobre los parapolíticos que acompañaron el Gobierno de la Seguridad Democrática y que Claudia López había denunciado.
Entre medidas urgentes por tomar, insta el Contralor a centralizar el control fiscal en una única Contraloría, a restablecer el control previo en la contratación pública que la Carta del 91 suprimió, y a crear un sistema único de selección de contratistas. A aplicar penas efectivas contra los corruptos, sanción social comprendida. Pero clama, sobre todo, por cambiar toda la estructura del poder político afirmado en la contraprestación de leyes por contratos. Y sentencia: a la corrupción no hay que combatirla sino destruirla.
