por Cristina de la Torre | Ene 28, 2020 | Derecha, Iglesias, Mujer, Salud, Enero 2020
A cada avance en derechos de la mujer replica el fanatismo con una violencia que respira odio hacia el género femenino. Y el aborto es blanco suculento. Curas, jueces, pastores, galenos, tinterillos, politicastros y mujeres que castigan en otras sus propias desgracias cierran filas contra la que escoge no ser madre, para hundirla en disyuntivas fatales: muerte por aborto clandestino e inseguro, estigmatización social, cárcel. La caverna se hace sentir. Ya porque la Corte Constitucional legalice el aborto cuando peligre la vida de la madre, haya malformación del feto o resulte de violación el embarazo. Ya porque reconozca la libre decisión y autonomía reproductiva como derecho fundamental de la mujer. Ya porque el exministro Juan Pablo Uribe acate orden constitucional de reglamentar el aborto en aquellos casos para salvar las vallas que se le interponen. Ya porque la derecha lo tergiverse todo.
Como sucedió con la Clínica de la Mujer en Medellín. Pensada para prestar atención integral a las mujeres de menores recursos, aborto legal incluido, derivó en cruzada político-religiosa que, a instancias del entonces procurador Ordóñez, malogró el proyecto. En la ciudad católica y violenta, doce obispos encabezaron un alzamiento de Savonarolas que saltó de los púlpitos a las calles e hizo derribar los muros incipientes del “centro abortista (que pretendía) separar a la mujer de la maternidad”. Y ahora, no bien se conoce el proyecto de reglamentación del aborto terapéutico, se confabula la derecha, no para debatirlo, sino para desandar todo el camino y recaer en la prohibición total del aborto. Porque, vuelve Ordóñez, aquí “no existe el derecho a matar […] y menos a los que están por nacer”.
Consecuencia inesperada, bálsamo para el país que puja por romper las cadenas del oscurantismo, el magistrado Alejandro Linares propone la legalización total del aborto en los tres primeros meses de gestación. Para Profamilia, ésta sería pilar de una verdadera equidad de género que erradique la discriminación; y paso de gigante en salud pública, pues el aborto inseguro pesa allí como una pandemia. Por otra parte, negarle a la mujer el aborto terapéutico puede ser condenarla a muerte o esclavizarla de por vida a una criatura nacida para sufrir. Pese a los tres casos de aborto permitido, se le interponen barreras sin fin: estigma, desinformación, criminalización, sabotaje e inducción al aborto con riesgo de muerte. Los obstáculos al aborto legal y seguro comportan violencia contra la mujer. En buena hora se propone reglamentación del aborto, taxativa en obligaciones y sanciones para quien lo boicotee.
Ella especifica las obligaciones de EPS y hospitales con la mujer que aborta: valoración completa de su estado de salud; información precisa sobre riesgo posible, procedimiento, tratamiento, medicamentos y cuidados derivados. Certificación inmediata para proceder al aborto, urgente y gratuita si el embarazo procede de violación. La mujer tendrá derecho a decidir libremente, sin presión, coacción o manipulación de nadie. Si personal administrativo o médico de la IPS usa esos recursos, intervendrán la Procuraduría, la Fiscalía o la Policía. Ninguna IPS podrá negar el servicio.
El aborto libre terminará por salvar la vida y la libertad de miles de mujeres. Según la Corte, “no es posible someter a la mujer a sacrificios heroicos y a ofrendar sus propios derechos en favor de terceros”. Derechos en el Estado moderno, que no incursiona en la moral privada. Meterse en la cama de la gente es abuso de dictadores; y de purpurados que se brincan el Estado laico. El aborto libre, sobreviviente del odio que florece en los pantanos, no da espera. ¡Adelante, magistrados!
por Cristina de la Torre | Ene 12, 2020 | Política económica, Modelo Económico en Colombia, Enero 2020
Llega, providencialmente, el último libro de Piketty a esta Colombia que se rebela en las calles, como nunca antes, contra la inequidad y el abuso. Ofrece el autor propuestas de esperanza que alarman a la avara dirigencia prendada de su ombligo y su faltriquera. Y no porque traigan impronta chavista sino porque resultan viables en democracia, que respondieron con creces a la prueba de la historia. Porque son experiencia vivida, a la mano, en el Occidente capitalista durante casi todo el siglo XX, en cuya virtud se alcanzaron cotas inéditas de crecimiento económico y prosperidad. Es el modelo de la socialdemocracia.
Se afirma ésta, sobre todo, en el yunque del impuesto progresivo, con tarifas hasta del 90% a los más ricos, para financiar la política social del bienestar general: pensiones; salud y educación universales y gratuitas. Hasta los años 80-90, cuando Thatcher y Reagan soltaron las amarras a especuladores y banqueros, desplomaron la fiscalidad progresiva –Trump acabó de hundirla reduciendo hasta el 21% el impuesto de renta a los multimillonarios– y convirtieron salud, educación y pensiones en negocio privado. Pero la tempestad de la protesta arrecia en todas partes y el neoliberalismo hace agua. Piketty le contrapone el paradigma de una socialdemocracia remozada. Apunta a un nuevo contrato social basado en otra idea de igualdad, de propiedad, de educación y distribución del poder.
Por su parte, contra la historia y el clamor de los colombianos, el Presidente Duque abruma de regalos tributarios a los más ricos. Con la reforma tributaria que el Congreso le aprobó mientras la gente acusaba la bofetada en pleno rostro, feriaba concesiones hasta por $26 billones. Y les perdonaba a los más pudientes otros $8 billones en impuestos, para un total de $34 billones. Sin contar con que ahora los patrimonios hasta de $5.000 millones no pagarán impuesto a la riqueza. Para moderar el faltante en las finanzas públicas, sigilosamente, en las tinieblas de la última noche del año, firma el Presidente un decreto que recorta en $9 billones la inversión pública y social, salud y educación comprendidas. Seguirán los fondos privados de pensiones perorando sobre bomba pensional, las EPS apoderándose de los fondos públicos de Salud y los empresarios suprimiendo puestos de trabajo mientras se embolsillan los impuestos perdonados para que crearan empleo. Los superricos del país ni siquiera pagan la pizca que les cargan a los suyos en Estados Unidos: por rentas de capital, gracias a todas las porosidades y gabelas, aquí sólo pagan el 1.8% efectivo, señalan Espitia y Garay.
A este arquetipo contrapone Piketty una socialdemocracia remozada, con criterio igualitario anclado en la propiedad social, en la educación, en la redistribución del poder. Una democracia participativa que reoriente la economía hacia la justicia social y fiscal. Pero sociedad justa no significaría uniformidad ni igualdad absoluta. Absoluta tendría que ser, eso sí, la igualdad de acceso a los bienes básicos: a participación política, salud, educación y renta. En ello, insiste, juega papel crucial la progresividad fiscal. Allí donde se aplicó hubo pleno empleo y, pese a impuestos elevadísimos a los ricos, la productividad y el crecimiento económico se dispararon. Y Galbraith pudo registrar su asombro ante la insospechable opulencia.
El modelo que Piketty rescata (del cual sólo tomamos aquí la progresividad fiscal) no implica la destrucción del capitalismo, pero sí podrá limar las dramáticas desigualdades que en Colombia pesan sobre una ciudadanía humillada y sin miedo. Urge un nuevo pacto social para el tercer país más desigual del mundo. ¿Un pacto socialdemocrático? Por qué no.
por Cristina de la Torre | Ene 5, 2020 | Paramilitarismo, Enero 2020
En este Gobierno de derechas concebido para una sociedad de castas, la política de seguridad apunta más a preservar la propiedad de los ricos que la vida de los otros. Aconductado repetidor de los ingredientes más temibles de la Seguridad Democrática, el presidente Duque acoge propuestas que podrían desembocar en Convivir urbanas y reorganiza ejércitos civiles de informantes. Medios que sirvieron en su hora a hacendados y narcoparamilitares como defensa de sus haberes y negocios. Y al Estado, para perseguir a la oposición. Duque reabre puertas a los falsos positivos y bombardea niños. Desdeña, por sistema, alertas de la Defensoría del Pueblo para evitar el asesinato de líderes sociales y el sitio paramilitar de Poque, Bojayá.
Al caserío llegaron soldados y un ministro con gorrita de boy scout, a la hora de nona, tras 13 alertas emitidas en año y medio y súplicas sin cuento de las comunidades raizales del Atrato que ven aterrorizadas acercarse otra masacre. El Presidente no mueve un dedo contra la cepa de la amenaza. No activa los mecanismos capaces de conjurar el exterminio de líderes sociales: el Plan Integral de Seguridad y Protección en los Territorios y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Parece allanarse, en cambio, a oferta de la Confederación de Empresas de Vigilancia Privada (algunas de las cuales habrían sido integradas por paramilitares en el pasado, según denunciaba Amnistía Internacional) que se dicen dispuestas a batirse, codo a codo con la Policía, contra vándalos, por la familia y la propiedad. Miguel Ángel Díaz, presidente del gremio, auxiliaría la estrategia de seguridad del Gobierno con patrullas, alarmas, cámaras y un pie de fuerza de 280.000 hombres. Según él, la propuesta habría merecido “total acogida” del Gobierno. Y el beneplácito de los gremios.
En efecto, la anunciada política de seguridad nacional contempla presencia mixta de Policía y seguridad privada en eventos públicos (El Tiempo, dic. 18). Las empresas autorizadas por la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada se articularían “con la Policía Nacional (…) y la red de participación cívica” (¿Red de informantes?). Y Rafael Guarín, Consejero de Seguridad, se refiere a mecanismos “de complementariedad de la vigilancia y la seguridad privada bajo la dirección de la Policía” para el control de las calles. Lo propio valdría para la red cívica, si de prevenir el delito se trata. Expresa renuncia del Estado al monopolio de la seguridad y de la fuerza, en favor de firmas de vigilancia privada que evocan las tenebrosas Convivir.
En sentencia de 2003 contra el jefe paramilitar H.H, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá estableció que las Convivir obraron como fachada del paramilitarismo. El Estado habría autorizado “la formación de estructuras armadas que usaban informantes” para restablecer el orden público en algunas zonas y “muchas fueron organizadas y representadas legalmente” por paramilitares. Fueron creadas por particulares, con el auspicio de gobiernos departamentales, de la Fuerza pública y autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Pese a la prohibición constitucional de prestar vigilancia por civiles armados. Se convirtieron, dice la sentencia, en “pieza clave para la expansión” del paramilitarismo.
La Seguridad Democrática fue una estrategia de guerra contra las Farc, pero enderezada sobre todo a proteger la propiedad agraria expandida por el despojo, y la inversión extranjera. Sus Convivir sellaron con terror la lid que cobró 400.000 muertos, la mayoría civiles inermes y desaparecidos. ¿Se preguntará el Gobierno en qué se diferenciarán después estas agencias de vigilancia de las viejas Convivir?