por Cristina de la Torre | Oct 19, 2021 | Elecciones 2022, Octubre 2021
El 71% de electores que se reclaman de centro contempla perplejo el ocaso de los Verdes. Partido-revelación que plantó cara a las ortodoxias de izquierda y derecha, y de cuya imaginación reformista se esperaría una salida a la peor crisis del país en muchos años. Eje de la rebelión democrática en esta Colombia de egócratas, violentos y nulidades de ocasión en el solio de Bolívar, parece el Verde plegarse, sin embargo, quieto y mudo, a los designios de Petro y César Gaviria. A la dinamita que éstos le siembran para pulverizarlo y pescar después entre despojos. El izquierdista, por interpuestos verdes, no busca coalición con programa negociado sino adhesión a su enhiesta persona. El liberal oficialista querrá, por el atajo de la Coalición de la Esperanza, debilitar el centro, Verde comprendido, para asegurar el arribo de un uribista triunfador a segunda vuelta.
Pero no se puede culpar al petrismo y a Gaviria: están ellos en lo suyo, intrigantes de oficio en la mar escarpada de la politiquería. La culpa es de los Verdes que se dejan hundir en un remolino de candidatos sin ideas, mientras embozan su mejor arma: la propuesta del pacto social que el país reclama, como proyección estratégica y como concreción en un programa de coalición alternativo al de la derecha agreste que gobierna. Ni árbol de navidad, agregado de reclamos mil, ni reacción sin contexto a cada atropello de este Gobierno.
22 millones de hambrientos, 12 millones en el rebusque y 5 millones en abierto desempleo, cifras que la aguda comentarista “Shirley” pone a las revelaciones del Dane. Tragedia que el duquismo, siempre de piñata, ha convertido en novela rosa. Para no mencionar la matanza de líderes sociales, que apunta a miles, a cientos la de protestantes en las calles y va para decenas la de niños bombardeados. El presidente de la república protege a ministros implicados en corrupción, permitiría financiar campaña de los suyos redoblando asalto al erario, coopta a sus vigilantes, y porfía en el modelo económico que sólo sirve a importadores y banqueros.
Este viernes tomará decisiones la Dirección de los Verdes. Si prima la de adherir en primera vuelta a Petro y no en la segunda –como se acordó– o la de autorizar libertad de voto, el partido desaparece. Si cada congresista –pregunta Angélica Lozano– le hace campaña a Hernández, a A. Gaviria, a Fajardo, a Amaya, a Petro, ¿cuál será la postura del partido como alternativa de poder? Para cohesionar una agenda colectiva en contraposición a la colcha de retazos que abarca izquierda, centro y hasta derecha, resulta imperativo el candidato propio. De lo contrario, “nos quedaríamos sin sello ni agenda, sin plataforma ni contenidos políticos. Sin partido”.
Mas, agenda y sello es lo que sí tuvieron los Verdes desde la cuna. Nacen en 2009, afirmados en un liderazgo colectivo y civil, no armado, en pos de la reforma, no de la revolución. Su marca de fábrica, lucha contra la corrupción, por la descentralización y en defensa del medio ambiente. Se baten por la educación, la democracia y la justicia social. Solidaridad y prevalencia del interés público sobre el privado son su principio ético y político. En menos de un año, pasó el Verde a segunda vuelta presidencial y logró la segunda votación más alta entre partidos. Abrió ancha puerta a una oposición democrática que venía amedrentada a un tiempo por las guerrillas y por la derecha.
Fecunda cantera de ideas fogueadas en el diario luchar de un partido que sí tendría con qué negociar un programa de gobierno de coalición con el candidato alternativo que pase a segunda vuelta, con qué responder a los anhelos siempre desairados de los colombianos. Lejos del fatuo personalismo, vecino de la fanfarronería, en cuya trampa amenazan arrollarlo. Colombia necesita la reanimación de los Verdes, no su inmolación.
por Cristina de la Torre | Oct 12, 2021 | Educación, Modelo Económico en Colombia, Octubre 2021, Régimen político
De amplitud y duración sin precedentes, el movimiento estudiantil de 1971 fue no obstante un fenómeno “bipolar”. Mientras el estudiantado luchó en masa por la reforma universitaria, muchos de sus dirigentes quisieron “elevar” el modesto reformismo a categoría política, a revolución. Como si romper las cadenas del poder eclesial-oligárquico y la tiranía del tomismo en el currículo; como si abogar por autonomía, financiamiento, libre cátedra y universidad pública para todos no fuera el más ambicioso programa político. Pero no se conformaba aquella propuesta con este programa mínimo: se agitaba el programa máximo de revolución que casara con cada modelo del socialismo internacional hasta simpatizar, a menudo, con su modalidad de lucha armada: si el modelo soviético, con las Farc; si el chino, con el EPL; si el cubano, con el ELN. Trasplante a la brava del dogmatismo que informó los totalitarismos comunistas, para cercar al contradictor y nutrir retóricas de vanguardias construidas en el aire: sin pueblo. A distancia de este espíritu doctrinario, diría Hernán Darío Correa, la oleada del pensamiento crítico que oxigenaba desde París en el 68; aunque allá fue rebelión contra el Estado tutelar y la familia patriarcal, y aquí la solución del problema universitario tenía que pasar por la acción del Estado.
En la crisis social abrevó el movimiento del 71. En la estrechez del aula para albergar contingentes crecientes de muchachos que aspiraban a formación profesional; en un movimiento campesino resuelto en invasión de tierras; en el hastío con el Frente Nacional que había trocado la competencia política por una desproporcionada acción contrainsurgente del Estado contra guerrillas en ciernes y contra todo el que discrepara del orden conservador en el único país latinoamericano que no ha tenido un gobierno de izquierda. En el supuesto fraude de 1970 que entregó la presidencia a Misael Pastrana, cuya ejecutoria inmortal sería el entierro de la reforma agraria.
Con todo, no podía atribuirse el surgimiento de la insurgencia al portazo del Frente Nacional contra los partidos de izquierda, un lánguido porcentaje de la cosecha electoral. Ni los abusos y arbitrariedades de la democracia colombiana podían equipararse a los de las dictaduras militares del vecindario. Disonaba, pues, la ruidosa perorata del mesianismo, así trasladada al movimiento estudiantil. Liderazgo efímero del sueño revolucionario en las aulas, mientras se afirmaba el estudiantado en el cogobierno de la universidad y se volcaba al estudio de la realidad nacional. 40 años después, protagonizaría la MANE una vuelta de tuerca: se dio el movimiento una dirigencia plural salida de la base, interpretó el sentir del estudiantado como categoría social, lo vinculó a la lucha contra la privatización, logró que ésta fuera pacífica y, en 2018, que el Gobierno destinara 6% del PIB a educación. En el estallido social de 2021, jugaría papel medular.
Periplo semejante al descrito en 1918 por la reforma universitaria de Córdoba, Argentina, que se extendió al punto a toda la América Latina. Primero como puntal de las reformas liberales que enfrentaron la tórrida herencia colonial; y luego, como ariete del cambio político y social, bandera flameante ya en el continente entero. En Perú dio lugar al primer gran partido revolucionario, nacionalista y popular, con réplicas por doquier: el APRA.
Tarde nos llegó el coletazo de Córdoba, acaso porque fuera nuestro país casi el único en donde al timonazo liberal de un siglo atrás se respondió con la Violencia. Aunque todas las escolásticas y sus catedrales –las reaccionarias y las comunistas– se disputen todavía la grey blandiendo el fierro o impostando superioridad moral, una pregunta queda: ¿no habrá resultado más transformadora la reforma que la revolución?
por Cristina de la Torre | Oct 5, 2021 | Modelo Económico, Octubre 2021, Política económica
Lo dice Petro –igual que pudiera decirlo cualquier tibio anónimo– y Duque se enfurruña. Como se indigna ahora por todo, pataletas contra la fuerza de los hechos, creyendo resarcir con mohines de príncipe gratuito la debacle de su Gobierno. En defensa del capitalismo montaraz que trastabilla acá y allá, considera “trasnochada” la idea del opositor de repartir parte de utilidades de la empresa con sus trabajadores. Fue un “fracaso”, acotó el presidente, en los países donde se intentó. En cuáles: ¿en Alemania, Francia y España con larga tradición de esta política? ¿En los cinco países nórdicos que regresan a la socialdemocracia? ¿En México, Brasil y Perú, donde la cesión de beneficios del empleador a sus trabajadores es norma constitucional?
Es esta una manera de fortalecer el bolsillo de empresarios y operarios, que dinamiza la demanda y termina por multiplicar la producción y el empleo. Pero, bedel de los poderosos, látigo de su pueblo, le escandaliza a Duque el mecanismo que en casi toda Europa acompañó la cogestión del capital y el trabajo en empresas públicas, privadas y mixtas. A leguas de él hemos marchado aquí con ingresos cada día más precarios las clases trabajadoras y con empresas como Coltejer, pioneras de la industrialización (interrumpida), al borde de la quiebra. Si en el mundo desarrollado el modelo de mercado le rompió el lomo al Estado de bienestar para solaz de banqueros y multinacionales que invadieron los mercados del orbe entero, en países como Colombia ahondó las rancias desigualdades y lo reconvirtió en exportador de materias primas e importador de productos terminados.
Tras los estragos causados, gana Store las elecciones en Noruega y, con él, regresa toda Escandinavia a la socialdemocracia, referente poderoso de capitalismo democrático: economía de mercado con regulación del Estado, que resultó de transacción entre socialismo y capitalismo cuando este último periclitaba y el modelo soviético mostraba más fauces que tibio nido. En dos plataformas se afirma el modelo nórdico de Estado de bienestar: en la movilidad social y en la negociación de la política económica y social entre Estado, empresarios y trabajadores. Resultado, la igualdad como derecho. Concertación con los sectores productivos advera al corporativismo fascista, que en Colombia copió Duque de Laureano: el que entrega a los gremios privados la capacidad de iniciativa y de decisión del Estado.
En el Occidente desarrollado instauró la socialdemocracia el sistema público de salud, educación y pensiones, elevó el nivel de vida de la población, limó desigualdades y alcanzó el pleno empleo. ¿Cómo lo logró? Fomentando la economía productiva y mediante el impuesto progresivo que por décadas rondó el 80% a los más ricos en Inglaterra y Estados Unidos. La fiscalidad al servicio del bienestar se tradujo en prosperidad general. En cambio hoy Warren Buffet, el archimillonario, paga en proporción 0,003% de impuestos sobre sus haberes. ¿Cuánto le hace pagar Duque a Sarmiento por los suyos y por tantas gracias recibidas en la pandemia? ¿Cuánto más protegerá el negocio sucio de las EPS en salud y de los fondos privados de pensiones?
Bienamado discípulo del neoliberalismo, Iván Duque ahonda abismos sociales y denosta toda iniciativa de equidad. Providencial les ha resultado a él, a su partido y a sus amigos el estribillo del castrochavismo para encubrir la sangre derramada y la violencia económica ejercida. La historia pedirá cuentas. Y las urnas. Guardadas diferencias de brillo y de talento, fue Hayek maestro de esta escuela con su grosera asimilación de estatismo comunista y Estado de bienestar, para inscribirlos en una misma sepa totalitaria. La misma trampa ideológica de Duque para arremeter contra el capitalismo democrático que el Estado social encarna.
por Cristina de la Torre | Oct 1, 2021 | Modelo Económico en Colombia, Modelo Político, Septiembre 2021
Van por los restos. Ya las bancadas del Gobierno preparan anhelantes el asalto final al erario, no sea que se queden con bolsillos y urnas a medio llenar. Tumbar la Ley de Garantías Electorales será tarea de cierre para cargar sin obstáculos el último saco de la cosecha de corrupción en esta Administración, puesta la mira –entre otros– en los $20 billones de regalías represadas y en los $2 billones reservados a vías terciarias. Si no caen sobre el pastel entero, a lo menos sobre una porción que asegure la curul y el nuevo ciclo de puestos y contratos cocinados en la sombra con amigos. Prolongan la saga de Reficar, Odebrecht, Saludcoop o el carrusel de la contratación en Bogotá, cuyo cerebro, Emilio Tapia, reaparece como el Ave Fénix en la defraudación de Mintic por $70 mil millones.
A su lado, la ejecución de $5,7 billones del Fome en la pandemia que, según el Foro Nacional por Colombia, registra alertas y “promesas” de investigación. Si no fuera por su grotesca incongruencia, muchos de esos contratos moverían a risa: una distribuidora de licores que vende ventiladores clínicos, una polvorera que vende tapabocas, una firma que suministra materias primas a industrias del acero y el petróleo vende ventiladores para las UCI. La suma de estos contratos daría $179,116 millones. Modesta muestra de la corrupción que puede brotar allí donde el gobernante trueca el interés colectivo por el suyo propio y el de su círculo de poder.
Que corrupción hubo siempre no se discute. Pero en las últimas décadas se acumularon factores que no fueron ya de riesgo sino dinamita para una explosión en masa de la robadera. Para comenzar, con la fiebre privatizadora de 1991 que entregó a particulares empresas y funciones del Estado, creyeron los constituyentes erradicar la corrupción: la empresa privada se les ofrecía como un nirvana de pulcritud y decencia. Se equivocaron. Servicios públicos, salud y pensiones fueron desde entonces negocio de mercaderes, mientras la contratación pública crecía como la espuma, casi sin controles, para contento de sus usufructuarios mayores: funcionarios, políticos y contratistas. Afirmada sobre la cultura de la ley hecha para violarla, del clientelismo y de las mafias, a la corrupción han contribuido también otros factores:
La elección popular de alcaldes y gobernadores rompió los controles (con vacíos pero todavía vigorosos) del poder central sobre funcionarios que se rodearon de nubes de contratistas compinches, mientras las contralorías departamentales participaban del negocio. A la postre, también el poder central se lucraría impunemente bajo el ala de los organismos de control cooptados por el Ejecutivo, como sucede hoy. El auge del petróleo y del carbón, traducido en regalías, derivó en feria de millonarios elefantes blancos. Y, con la circunscripción nacional para senado, los costos de una campaña llegaron a superar los $25 mil millones financiados por alguna chequera intrépida, erogación que el dadivoso recuperaría después con creces en contratos públicos. La financiación privada de campañas electorales es fuente suprema de la corrupción.
Contra ella nada hace el Consejo Nacional Electoral, órgano integrado por delegados de los partidos a los que pretende controlar; ellos mismos tampoco sancionan a sus corruptos. Y sigue triunfal, eficientísima, la sociedad entre funcionarios públicos que monopolizan la contratación del Estado y los políticos, con pliegos amañados y a menudo sin licitación. Tal como lo harían ahora, para reelegirse y acabar de enriquecerse, si hunden la Ley de Garantías. Rendición de cuentas, investigación y sanción quedarán para otros aires. El abuso de poder en este Gobierno es, en palabras del Foro por Colombia, vulneración, afrenta y deshonra para la democracia. Digamos, una cueva de Alibabá.
por Cristina de la Torre | Sep 24, 2021 | Derecha, Impunidad, Iván Duque, La paz, Movimiento social, Paramilitarismo, Posconflicto, Septiembre 2021
Después de los 6.402 falsos positivos del uribato, en el Gobierno de Duque ha vuelto a correr sangre a chorros. Pero a cada nueva evidencia de la carnicería, un coro se levanta desde el poder para convertirla en gesta heroica de la democracia contra el terrorismo; que lo es todo cuanto se aparte del corro presidencial, de su partido, sus banqueros, sus terratenientes y sus Ñeñes. Y nadie le cree. O muy pocos, porque son legión los colombianos que han visto impotentes el asesinato sin investigación y sin castigo de 116 líderes sociales y la comisión de 69 masacres sólo en lo corrido de este año. Legión, los testigos del homicidio a bala de 13 manifestantes el 9 de septiembre del año pasado y de otros 77 en mayo-junio del presente, según Temblores e Indepaz. A bala de la fuerza pública y de sus adláteres, las Camisas Blancas del paramilitarismo urbano.
El más reciente pronunciamiento es de Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera de Derechos Humanos: “el gobierno del presidente Duque –escribe– ha dado lo mejor por la protección de los líderes sociales [y] ha adoptado políticas públicas de Derechos Humanos que se implementan de manera rigurosa”. Otra cosa dijo la CIDH, que vino, estudió los hechos, comprobó responsabilidad del Gobierno en la matanza del paro nacional y anunció monitoreo al país. También a España llegan ecos de esta finca, y el presidente que corre a suplantar Vallejos en la Feria del Libro de Madrid con su librito de economía naranja. Mas pierde el envión. Nada puede ante la protesta de colombianos en esa ciudad contra el “genocida”, ni ante el manifiesto de 28 libreros indignados con quien llega “a lavarse la sangre derramada”.
Y es que Colombia se corona campeón mundial en asesinato de líderes ambientales: 65 el año pasado, casi la tercera parte de los habidos en el orbe. Informa Global Witness que estos crímenes son parte del ataque generalizado contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y permanecen en la impunidad. No toca el Gobierno la pulpa de la matanza, bien cobijada como está por su sabotaje a la implementación de la paz. Último dato: cercena la implementación de la paz reduciendo sus recursos de 10% a 3%.
Pero en su grosera distorsión de la realidad, se pavonea Duque disfrazado de cruzado, de Blancanieves, de presidente. Perdura el recuerdo del chaleco (no disfraz) de policía que se caló para confundirse con quienes acaso venían de matar a 13 muchachos, y los llamó “héroes”. El elogio, flor silvestre, le brotó del alma. Pero otras veces él y su Gobierno mienten en grande sin parpadear. Mienten sus funcionarios, verbigracia, al reconocer 3 muertos en Cali el 28 de mayo a manos del Ejército, la Policía, el Esmad, el Goes y los paramilitares, cuando fueron 12 las víctimas, según indagación pormenorizada de El Espectador, (5, 7, 2021). De las decenas de agentes implicados, sólo uno ha sido llamado a juicio. Y la Fiscalía ahí, se carcajea, mientras a Nury Rojas, madre de la baleada Angie Baquero, la amenazan de muerte por exigir justicia. Presidente, Fiscal y Mindefensa elevaron a terrorismo las contravenciones de bloquear vías sin violencia o tirar piedra. Se prepara sentencia de 22 años de cárcel contra un miembro de la Primera Línea en Medellín por filmar enfrentamientos con el Esmad y por insultar policías.
El mundo de las letras en pluma de libreros descalificó en España el ladino autobombo de este “heredero de la peor tradición uribista, la de los falsos positivos, los cuerpos mutilados, el narcotráfico y las matanzas paramilitares […] el responsable directo de la represión, de las torturas y desapariciones de los últimos meses”. Mas, si por allá llueve, por acá no escampa: 70% de los colombianos reniegan de la perversa charada y reclaman respeto a la vida a quien todos los días tira la piedra y esconde la mano.
por Cristina de la Torre | Sep 14, 2021 | Banca, Iván Duque, Neoliberalismo, Septiembre 2021
Levitando en la muelle complacencia del poder que le cayó de chepa, desdeña el presidente a los 21 millones de colombianos reducidos a la pobreza. Ni plan de choque para crear empleo en masa, ni renta básica decente, ni crédito sin intereses del Banco de la República al Gobierno. En vez de una cirugía capaz de salvar órganos vitales de la sociedad, administra paliativos. Campean la miseria y el desempleo en medio de la algarabía por una reactivación que no lo es, pues economía y pobreza han crecido a la par. Jugosa cosecha para los negocios que compiten con ventaja y desolación para todo lo demás, dizque a la espera de que la bonanza caiga un día a cuentagotas sobre los menesterosos. Manes del modelo de mercado en su treinta aniversario: es hija suya la crisis, acentuada por la pandemia.
Es producto de la apertura de César Gaviria, que desprotegió la agricultura y la industria nacionales, con resultado contrario al que sus promotores pronosticaron: la desindustrialización. Con todas sus secuelas de atraso, desempleo, trabajo informal y precario. Producto del desmonte del Estado empresario, planificador del desarrollo y regulador de los mercados. Producto de la preeminencia concedida a los banqueros, que se enriquecieron sin pudor. Y ahora, ante la crisis, propone Duque revitalizar la receta fracasada, la que dispara el desempleo y las desigualdades.
Impusieron “los economistas” su pensamiento único a la brava y prometieron una economía exportadora, acicateada por la competencia internacional. Otro fue el desenlace: la quiebra de porciones enteras del empresariado nacional a instancias de mercaderías foráneas que invadieron sin cortapisas el mercado, pues el arancel se redujo a la octava parte en estas décadas. Si en 1.982 las importaciones fueron el 10,9 del PIB, en 2019 alcanzaron el 22,9%. José Antonio Ocampo sostiene que “hicimos más para diversificar exportaciones cuando combinábamos protección con promoción de exportaciones” (entre 1.969 y 1.974). Vuelve hoy el crecimiento pero sin empleo: se produce lo mismo que en 2019, pero 2 millones adicionales de desempleados por pandemia no encuentran trabajo todavía.
En el origen del modelo que fue religión y hoy periclita, el Consenso de Washington frenó la industrialización alcanzada en 70 años. Modesta, sí, tardía y salpicada de favoritismos del Estado, pero había asegurado un crecimiento anual del 5,6%; el doble del que se registra desde la apertura. En 1.989, la industria representaba el 30% del PIB; hoy no pasa del 10%.
A Colombia se proyectó el diagnóstico de la crisis de la democracia que moría bajo dictaduras en el Cono Sur. Con ellas se equipararon las falencias de la nuestra. Se copió la seductora retórica del retorno a la democracia y el modelo económico que fue su corolario: el paradigma neoliberal. No pareció importar que éste naciera precisamente en la dictadura de Pinochet. Se cooptó, sobre todo, el privilegio concedido al sector financiero, y la Carta del 91 lo extremó obligando al Banrepública a operar mediante onerosísima intermediación de la banca privada. Escribe Hernando Gómez Buendía en su obra De la Independencia a la Pandemia que en 20 años pasó este sector de generar el 8, 8% del PIB, al 22%: “un cambio en la composición sectorial de la economía [casi sin] precedentes en el mundo […] La Constitución igualitaria del 91 acabó por entregarle la economía del país a dos grupos financieros gigantes”. Con razón se negó Duque a gestionar crédito directo con el Banco Central para paliar la pandemia.
Crecimiento sin redistribución es atesoramiento de pocos, no desarrollo. Entre tanto candidato a presidente ¿habrá quien proponga reordenar prioridades entre los sectores de la economía y privilegiar la productiva sobre la especulativa? ¿Quién ofrece alternativa al esperpento que Duque encarna?
por Cristina de la Torre | Sep 6, 2021 | Iglesias, Mujer, Septiembre 2021
Guardadas diferencias y proporciones, un mismo cordón umbilical alimenta al Estado musulmán y a la Iglesia-Estado de Roma en sus dominios: el integrismo religioso. Un fundamentalismo supersticioso que apunta sin ahorrar violencia al dominio total sobre el poder público, sobre cada resquicio de la sociedad, de la cultura, de la vida privada. Busca, en particular, la servidumbre de las mujeres. Yihadismo e Inquisición corren parejas en la historia, que se renueva todos los días, ya como lapidación de adúlteras en Kabul, ya como agresión contra colombianas que amparadas por la Corte abortan voluntariamente. La triada fatal médico-cura-juez activa aquí su artillería sobre todo contra las más vulnerables: contra las niñas, cuyo embarazo se considera fruto de violación. Pero son ellas quienes pagan cárcel, no sus violadores. Víctimas de la Policía y del propio personal médico que, dominados por la norma patriarcal y bíblica que se ríe de los derechos ciudadanos, las vejan y denuncian. Ya esperarán que también aquí paguen a $US10.000 la denuncia, como acaba de establecerse en Texas, Estados Unidos, país donde bulle otro fanatismo: el calvinista.
Reveladora la conversación de Cecilia Orozco con la doctora Ana Cristina González sobre el informe “Criminalización del aborto en Colombia” (El Espectador, 29,8). Prueba él que para la Fiscalía y para el sector Salud, las mujeres son ciudadanas de segunda, sin igualdad completa ni libertad. Poco menos que las de Afganistán, apuntaría Orozco. Y es que si la Corte autorizó el aborto en tres circunstancias, en el código penal permanece como delito. La tradicional estigmatización del aborto, nutrida de prejuicios, creencias religiosas y odio soterrado a la mujer, legitima la cascada de obstáculos que se interponen al aborto voluntario. Si la mujer no es dueña de su cuerpo, no es libre. En el fondo, dicen ellas, no se persigue el aborto para proteger la vida del feto; se persigue a las mujeres por negarse a la maternidad como deber y destino.
La Iglesia católica, beligerante antagonista de la modernidad y del laicismo, condenó el aborto. Sostuvo que el único sentido posible de la sexualidad es la procreación, la maternidad como fatalidad biológica y cultural. De la Biblia extrae y acomoda su moral: si la vida es sagrada, matar el feto es un crimen. Crimen de lesa divinidad, pues el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, dueño absoluto de su vida. Ya lo ratificó Francisco, eco de Pío Nono, cuyo baculazo cumple inalterado 152 años mientras rueda el mundo sin parar. Y para completar, el mito de la inmaculada concepción: María concibe sin pecado original, sin sexo; triunfa sobre su libertad la palabra del Señor: “hágase en mi según tu palabra”.
Poco media de allí a la extirpación de los genitales femeninos por amplios conglomerados del Islam. Al menos como símbolo. Crueldad de crueldades, se practica para liberar a la mujer del pecado de concupiscencia, del placer sexual que la potencia como disoluta. Sólo así podrá ella ser aceptada por Dios. Regresa hoy a Afganistán la cruzada talibán del Ministerio de la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, cuyo blanco predilecto es la mujer. A su interpretación de la ley islámica no le basta con prohibir la educación, el trabajo y la libre locomoción de la mujer.
Si en el Estado islámico la norma religiosa es ley, falta mucho en Colombia para que la ley civil se sacuda del todo los asedios de la fe; para que una revolución cultural le coja el paso a la revolución social que ha significado la incursión masiva de las mujeres en la escuela y en el trabajo. La que desafía todas las violencias, las del cuerpo y las del alma, por el derecho a decidir si ser madre o no.
Coda. La muerte de Yamile Salinas es un golpe irreparable para Colombia.
por Cristina de la Torre | Ago 29, 2021 | Agosto 2021, Clientelismo, Corrupción, Iván Duque
Ineptitud, altanería ante los débiles y mansedumbre ante los poderosos, blandura con la corrupción, son rasgos salientes del gobernante que nos tocó en suerte. En virtual legitimación de la torpeza, la incompetencia, el abuso de poder y, acaso, la mala fe de ministros cuya temeridad le cuesta al erario un potosí, se bate Iván Duque a capa y espada por un Carrasquilla, por una Abudinen. Debuta en su Gobierno con la indecorosa defensa del titular de Hacienda enriquecido con bonos de agua que estrangularon las finanzas de 117 municipios. Y en el ocaso del mandato cubre de justificaciones y lisonjas a la titular del Mintic –niña predilecta del clan Char– por suscribir un contrato billonario montado sobre documentos y firmas apócrifas con empresarios de dudosa ortografía, y por concederles alegremente un anticipo de $70.000 millones, sin garantías, y que fueron a dar a un paraíso fiscal. Pese a las alarmas que había activado mucho antes la periodista Paola Hernández. Hoy está ella amenazada.
Mintic adjudicó el contrato a Centros Poblados, aunque el asesor de esta firma fuera, a la vez, asesor de la ministra (el consejo de ministros desestimó la recusación que obró contra ella); y aunque las denuncias probaron inexperiencia de los contratistas en telecomunicaciones y falta de requisitos legales. Un alud de cuestionamientos pesa ya sobre las empresas de Centros Poblados. Y sobre la personera del contrato que, si no la incrimina penalmente, comporta responsabilidad administrativa y política. Si le quedara todavía pudor, debería renunciar. Como sucede en cualquier democracia que se respete.
Hace tres años denunció Daniel Coronell que, siendo ministro, había impulsado Carrasquilla una ley que le reportaría después $70.000 millones de ganancias en cinco años. Privatizado el servicio de agua en 1994, inversionistas particulares podrían ahora prestar a los municipios para obras de acueducto. Así lo hizo el ya exministro entre 2008 y 2011, pero con tasas de interés extorsivas que ahogarían a los municipios y sin asumir responsabilidad sobre la ejecución de las obras. Quedaron ellos endeudados por 19 años y sin conexión domiciliaria al servicio de acueducto y alcantarillado. Nadó Carrasquilla en sus millones y luego, al primer debate de control político, sobre el salvavidas que el recién posesionado presidente Duque le tendió.
No sorprende la destreza de Duque para embolatar los proyectos que volvían leyes el clamor de casi 12 millones de votantes contra la corrupción en 2018. Proponía el referendo, entre otros, que los corruptos tuvieran que devolver todo el dinero robado; que no se les concediera casa por cárcel, ni asignara el Estado contratos a dedo. Tampoco sorprenden los afanes del presidente por modificar ahora la ley de garantías electorales: para poder contratar sin licitación y nombrar ejércitos de activistas en la campaña venidera. Para tomarse por asalto los recursos públicos que queden aun a la mano. Así niega Duque su pronunciamiento de 2017, cuando calificó iniciativa parecida como “asalto a la legalidad y a las garantía electorales”.
En un país donde la corrupción alcanza los $50 billones al año, el 93% de cuyos ciudadanos piensa que esta empeora día a día (13 puntos más en este Gobierno), mucho ofenden las fogosas incursiones del presidente de la República en defensa de ministros y funcionarios que en su felonía se mueren de la risa porque el jefe supremo los mima y protege. En recuerdo del malogrado referendo, propone David Racero que los delitos de corrupción contra el Estado no prescriban ni haya libertad por vencimiento de términos. Sea. Y ojalá que en 2022 despunte otro país donde las siempre saboteadas reformas política y de justicia conjuren la vergüenza de tener presidentes con moral de gelatina.
por Cristina de la Torre | Ago 22, 2021 | Acuerdos de paz, Agosto 2021, Conflicto armado, Conflicto interno, Impunidad, Justicia, Posconflicto
Hilando delgadito, en la propuesta de amnistía de Álvaro Uribe se insinuaría un nódulo clasista y hasta de deslealtad a subordinados y aliados. En radical negación de responsabilidades por falsos positivos ante la Comisión de la Verdad, acusó él a sus soldados de haberlo engañado. Y a poco, en entrevista para El Tiempo, propuso para ellos (y para los paramilitares involucrados) juicio con penas reducidas o libertad condicional, si confiesan la verdad y asumen la responsabilidad de sus crímenes. En un órgano de justicia distinto de la JEP, acaso presidido por otro Barbosa de sus afectos. Para él, en cambio, y para todos los capitanes de las fuerzas enfrentadas en el conflicto —responsables mayores entre políticos, paramilitares, uniformados y empresarios— habría borrón y cuenta nueva. Para el pináculo de la contienda, la amnistía posible, pues lo no amnistiable (crímenes de guerra y de lesa humanidad, genocidio y agresión) habrá recaído sobre el estrato inferior del ejército patriota. La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, espetó valiente; es del incapaz criminal que para demostrar resultados produce crímenes: ¿el soldado que ejecuta una política trazada minuciosamente desde la comandancia suprema de las Fuerzas Armadas?
Tal vez quiera Uribe repetir el pacto de olvido que reconcilió a los promotores de la Violencia bajo un manto de silencio, para que no figuren en la memoria nacional los cientos de miles de campesinos asesinados, los dos millones de hectáreas usurpadas en el otro conflicto devastador del siglo XX. Venias, besos, abrazos y un drink sobre la sangre derramada y las haciendas agrandadas. Ni el nombre de los señorones que desde los directorios políticos ordenaron la matanza. Y en la faena de “olvidar el pasado por el bien de todos”, señalaron culpables: “el pueblo degenerado y mil veces tarado”, escribió el editorialista de La República apenas firmado el pacto del Frente Nacional. El “oscuro, inepto vulgo” de Laureano, revictimizado ayer por la impiadosa sindicación del general Montoya a sus soldados: es que nadan en la mugre, insinuó, y no saben ni manejar cubiertos en la mesa. Los mismos soldados que en su instinto criminal engañaron al beatífico caudillo.
A nimiedades contrajo la admisión de sus culpas en el espectáculo exculpatorio que montó para injuriar a la CV, a los nueve millones de víctimas y al país, que ha seguido el paso de la guerra. Y que bobo no es. Primero, a la frase desobligante de “no estarían cogiendo café” para remarcar su acusación contra los muchachos de Soacha cuyo asesinato prendió las alarmas de los falsos positivos: 6.402 en su Gobierno. Y a su solicitud como gobernador de dotar de armas largas a las Convivir, aparato homicida del paramilitarismo que el mandatario regional expandió agresivamente. “Errores” llamó a estas fruslerías, dedo impotente frente al sol de las infamias cometidas.
Si la Violencia enfrentó a liberales y conservadores, hay quienes presentan el conflicto del último medio siglo como confrontación entre patriotas y el “enemigo interno”. Pero mucho ha cambiado. No se mueve ya la gente por banderías de partido sino por derechos políticos y sociales; y un nuevo actor ocupa el estrado de la política: las víctimas. Sin ellas, sin ajustarse a los límites jurídicos de la amnistía, sin verdad, reparación y garantía de no repetición, vano será cualquier intento de perdón y olvido. Acudir en el ocaso del poder a la autoamnistía para escamotear el juicio de la historia es viejo recurso de dictadores; como los militares argentinos en 1983. No quiera el expresidente Uribe contemplar siquiera tan desapacible expediente. Muchos esperan de él la gallardía de allanarse a la verdad, el más preciado regalo que diera a sus compatriotas. Y aporte fecundo a las memorias del conflicto.
por Cristina de la Torre | Ago 14, 2021 | Agosto 2021, Corrupción, Impunidad, Justicia, Paramilitarismo
¿Será Colombia el lunar entre los once países de América Latina que en dos décadas han procesado a 20 mandatarios por corrupción y por violación de derechos humanos? ¿Prevalecerá la Fiscalía, que pide cerrar investigación contra el expresidente Uribe por supuesta manipulación de testigos que lo vincularían al paramilitarismo de Antioquia y a la creación del Bloque Metro, sobre los 1.554 folios de pruebas y argumentos que la Corte Suprema consolidó sobre el caso, tras seis años de investigación? Grande paradoja sería este entrampamiento de la justicia en el país que entre sus pares funge como democracia estable; así consista ella apenas en combinar elecciones regulares con violencia armada como modus operandi de la política. Renunciados esos presidentes, o prófugos de la justicia o tras las rejas, desnuda Latinoamérica su cansancio con el abuso ancestral de gobernantes elegidos que agitan el sable y llenan su faltriquera en la impunidad. ¿Y Colombia?
Un alud de interceptaciones legales, testimonios, inspecciones técnicas a cárceles, grabaciones y chats le permitió a la Corte Suprema concluir que “la prueba indiciaria es absolutamente clara, inequívoca y concluyente de (la condición de Uribe) como determinador”. Pero la Fiscalía nada ve o se finge ciega, para pedir la preclusión del proceso dizque por falta de pruebas. Pese a que los delitos contemplados aquí pertenecen a la misma gama de los hallados en el vecindario, y hasta pueden desbordarla.
Tras la condena de 25 años de prisión a Alberto Fujimori por corrupción y por ordenar el asesinato de 25 personas, en Perú se investiga a seis de los últimos siete presidentes. También Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Kuczynsky dieron con la cárcel, y ya Martín Vizcarra la olía. Alan García se suicidó a dos pasos de su detención. En Ecuador, Lucio Gutiérrez y Rafael Correa (condenado a 8 años de prisión) son prófugos de la justicia. También huyó de la fiscalía boliviana Sánchez de Lozada, mientras Jeanine Añez, paga condena por sedición y terrorismo. Ricardo Matinelli fue detenido en Panamá por espionaje a la oposición y por corrupción. En Brasil perdió su libertad durante años Lula da Silva y su sucesora, Dilma Roussef, la silla presidencial. La fiscalía de México cierra el cerco contra Peña Nieto. Y en Argentina Carlos Menem pagó cárcel por tráfico de armas y por corrupción; a Cristina Fernández la investigan por enriquecimiento ilícito de ella, de su esposo (también presidente) y de la familia en pleno.
Guatemala es caso aparte. A una orden de detención de la fiscalía, renunció a la presidencia Otto Pérez Molina. El hecho es epílogo de una investigación de Naciones Unidas presidida por Iván Velásquez, exmagistrado de la Corte Suprema de Colombia, que señaló el mismo destino para centenares de figuras públicas y otros tres expresidentes del país. Hubo conmoción en el continente. Y ésta derivó en manifestaciones multitudinarias en Guatemala contra el decreto del presidente Jimmy Morales que expulsaba del país al investigador. Es que el propio hijo del Ejecutivo y su hermano habían caído en desgracia por lavado de dinero y fraude. Velásquez, astro de la Corte Suprema contra la parapolítica en Colombia, fue blanco codiciado de la celada que el Gobierno de Uribe le tendió al alto Tribunal. Venía él de enfrentar la mafia de Escobar y la parapolítica en Antioquia.
Aun contra la saga del subcontinente que pone en cintura la impunidad amparada en el abuso de poder, porfía nuestra Fiscalía en negar evidencias judiciales para sabotear el pronunciamiento de la justicia en un Estado de derecho. La esperanza es que prevalezca el rigor de la Corte Suprema sobre la chapucería políticamente interesada de la Fiscalía. Emular conquistas como las de Iván Velásquez, el valiente, y respirar un día mejores aires.
