por Cristina de la Torre | Ene 11, 2016 | Enero 2016, Modelo Económico en Colombia, Política agraria, Política económica
Espíritu tornadizo, ambivalente, el presidente Santos borra con el codo lo que firma con la mano. A dos meses de sellar el fin de un conflicto de sesenta años –hazaña que nadie podrá disputarle– reactiva la bomba de la rebelión social. Primero, les expropia a los colombianos Isagén, joya irrecuperable que mañana entrega, sin vergüenza, al extranjero. Segundo, con la ley Zidres ahonda las inequidades en el campo, causa suprema de la guerra. En su concepto de gobernabilidad –un talante de gobierno sacrificado al prurito de quedar bien con todos– corre Santos con su paradoja en las grandes ligas: lo mismo conjura la guerra interna más prolongada del mundo, que perpetúa, acentuándolo, el modelo de mayor concentración de la tierra en el mundo. Y regala, como sacado de su bolsillo, un bien estratégico que es envidia del subcontinente. El riesgo es que esta tozudez retardataria en economía dé al traste con la paz.
Ya todo se ha dicho de Isagén. Con su venta se aliena la soberanía energética del país que, en otras latitudes, se tiene por factor de seguridad nacional. Se entrega un patrimonio ambiental de 23 mil hectáreas de bosques, aguas y biodiversidad. El cacareado trueque de un activo por otro, de energía por vías, es falso. La permuta va de un activo altamente rentable por subsidios y créditos a huevo para empresarios que probablemente no devolverán la plata. Será una pérdida gigantesca para la Nación. Como si fuera poco, Isagén se feria por debajo de su valor y el retorno para el comprador duplicará el de su valor estimado. Con las solas utilidades de esta empresa se hubieran financiado en pocos años las dichosas 4G.
Por otro lado, con desprecio de la reforma liberal pactada en La Habana, abrebocas de la paz, la prometedora ola de modernización rural amenaza con favorecer a manos llenas la gran explotación agroindustrial, mientras mantiene en el ostracismo la economía campesina. Tampoco parece acoger la divisa de Misión Rural, que apoya por igual la pequeña y la gran empresa; e invita a reducir la concentración de la propiedad y la atomización del minifundio. La ley Zidres promueve la agroindustria, sí, pero con grave afectación de la economía campesina y mayor concentración de la tierra. Arrebata baldíos al campesino. Y propone alianzas productivas entre éste, que lo arriesga todo, y el gran empresario que se lucra con las rentas del trabajo y de la tierra. Así concebidas, serán enlace de la zorra y la gallina.
Ha demostrado el colombianista Albert Berry (Ver “El Posconflicto”, Academia Colombiana de Economía) que la productividad de la tierra es mayor en predios pequeños; si cuenta, claro, con asistencia técnica, crédito y comercialización de sus productos. Invita él a reformar la estructura agraria proporcionando tierra al campesino. Reducir la concentración de la tierra se traducirá en mayor producción, menor desigualdad y pobreza. Y gravarla con impuesto progresivo favorece su productividad y castiga la desigualdad.
Se negoció en La Habana el fin del conflicto sin tocar el mercado y la propiedad privada. Cosa distinta es creer que la paz se construye agudizando el estado de cosas que rige desde la Colonia; o concentrando todas las ventajas de la modernización en los poderosos de siempre. Tampoco será dable si, a fuer de Tercera Vía, se promueve estatus de colonizados entregando al foráneo la riqueza nacional. Renovada acometida privatizadora ésta de Santos, que comienza con el infausto Cárdenas en Isagén y seguirá en Bogotá con sendos zarpazos de Peñalosa a la ETB y a la Empresa de Acueducto. Tal vía no es sino la primigenia, cerril del capitalismo rapaz, que podrá derivar en mentís a la paz.
por Cristina de la Torre | Dic 14, 2015 | Diciembre 2015, Salud
Andarán de celebración el ministro de Salud y Carlos Palacino, presidente de Saludcoop. Tras la apariencia de liquidar la más grande y uñona EPS, protagoniza el Gobierno una operación salvamento del pillo, con dinero de la ciudadanía. Esta comedia se volvió en Colombia política de Estado, y consiste en socializar las pérdidas o el pillaje de particulares que prestan servicios públicos. Para no ir lejos, sucedió, verbigracia, con los banqueros en 1998, al primer amago de menoscabo en sus utilidades de fábula. Sucede ahora con los 17 billones de sobretasa al servicio de electricidad recaudados para emergencias, que las termoeléctricas se embolsillan. Mas el caso que hoy nos ocupa alarma.
Pasan los usuarios de Saludcoop temporalmente a Cafesalud, que es propiedad de la EPS “desaparecida”; y ésta, refinanciada con fondos públicos, volverá después al redil de Palacino. Salta a la vista el efecto inmediato del rescate: escamotear el pago de los $ 1,7 billones de la salud que, según fallos de ley, desviaron los socios de Saludcoop hacia sus negocios privados. Ya Cafesalud había sido sancionada por insolvencia. Pero el ministro le asigna ahora $ 200 mil millones y, como gerente, a Guillermo Grosso, investigado por detrimento patrimonial. En suma, mientras queda Palacino refinanciado y a salvo por ahora de acción penal, corona el ministro su obra cimera: consolidar a las EPS, nervio del modelo mercantil que la Ley 100 introdujo en el sistema de salud, y que malfunciona a remolque de 130.000 tutelas al año para acceder a servicios cuyo derecho se le birla sistemáticamente al paciente.
Siendo Palacino presidente de Saludcoop, la Supersalud la sancionó con $ 634 mil millones por invertir lo ajeno en arca propia; y la Contraloría la responsabilizó por desviar $ 1,4 billones de fondos públicos. Pero las deudas de Saludcoop, como es norma en la integración vertical que las EPS practican, quiebran a los hospitales públicos, no a sus clínicas boyantes. Son éstas las que despluman a sus EPS, les succionan los recursos de salud cuya administración les confía el Gobierno. Entonces éste las declara insolventes, vuela a rescatarlas y no les exige pagar lo que deben. Entre tanto, sus clínicas son negocio privado alimentado con los impuestos de los colombianos. A eso se le llama socializar pérdidas y capitalizar ganancias en provecho del primer caballero de industria que le apunte al negocio.
A ello condujo el nuevo intervencionismo de Estado, depurado en la privatización de su función social y en el salvamento de intereses privados ajenos al beneficio común. Así legaliza los abusos del capital privado. Tal, la operación rescate de la banca en 1998, ante una ligera reducción de sus pingües ganancias. Utilidades sin par, pues la intermediación financiera en Colombia superaba el 18%, mientras la de Estados Unidos, por ejemplo, no alcanzaba el 5%. También en esa ocasión terminó la gente subsidiando a los banqueros. Y a las multimillonarias Corporaciones de Ahorro, cuyas utilidades sumaban ocho veces los recursos de Solidaridad Social.
Con Saludcoop, el Gobierno salva a la entidad que delinque y después se la devuelve, robustecida, al malandrín. Aunque sabe que a la Contraloría le asiste la razón. La liquidación de Saludcoop, dice ella, no repara el daño patrimonial causado al Estado; resarcimiento no habrá mientras esa EPS no le pague a la Salud los $ 1,4 billones que le debe. Sería éste un buen comienzo para revaluar el modelo de salud que rige, montado sobre el negocio de curar, no sobre el principio de promover la salud y prevenir la enfermedad. En él medran sujetos como Palacino, en mala hora consentidos del ministro Gaviria.
por Cristina de la Torre | Dic 8, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Diciembre 2015, Política agraria
“Cuando en 2010 asumí como ministro de Agricultura, el Incoder estaba cooptado por el paramilitarismo; hubo un tiempo en que la entidad no daba pasos si no era autorizada por paramilitares”. Palabras para la historia, de Juan Camilo Restrepo. Ellas denuncian el más reciente factor de violencia instalado en el Estado mismo para completar desde allí, de consuno con empresarios y políticos, el centenario proceso de concentración de la tierra que es causa mayor de la guerra en Colombia. Como estrategia de paz, cargada de promesas, en cabeza de José Antonio Ocampo, Cecilia López y el propio Restrepo –entre otros– la Misión Rural acaba de proponer una reforma del campo más completa y ambiciosa que la suscrita en La Habana. Porque no se contrae al dominio agropecuario sino que abarca todos los ámbitos de la ruralidad. Lo mismo promueve el acceso a la tierra y su productividad que ataca la desigualdad y la pobreza del campesinado. Formaliza la propiedad, invierte en comercialización y bienes públicos, propone alianzas productivas entre economía campesina y agroindustria, traza líneas de ordenamiento y desarrollo territorial. Y encara una reforma institucional que comienza con la supresión del corrupto, aparatoso Incoder y la creación, en su lugar, de dos Agencias: una de Desarrollo y otra de Tierras.
Piedra en el zapato para el notablato contumaz del campo, la Misión propone un fondo de tierras para redistribuir entre campesinos. Se abastecería con baldíos, con tierras sin explotar o adquiridas dolosamente que el Estado recupere, y con otras que éste compre. Se apoya la iniciativa en el principio constitucional de función social de la propiedad y en leyes vigentes que tanto terrateniente quisiera burlar alegando inviolabilidad de su sacrosanta propiedad; no de la ajena.
Apunta la Misión también a grandes apuestas productivas en zonas no explotadas, de propiedad pública, como la Altillanura. Mas no entregaría el Estado esas tierras en propiedad, sino en concesión o en arriendo. Ojalá no dé la Misión pábulo al proyecto de ley Zidres del Gobierno que, enderezado al mismo propósito, podrá, no obstante, vulnerar el derecho del campesino a la propiedad de la tierra, mientras favorece la apropiación ilegal de baldíos por grandes empresas agroindustriales. Además, la ley de marras pervierte el modelo de asociación entre pequeños y medianos productores con grandes intermediarios: son aquellos los que exponen su patrimonio y corren todos los riesgos, y es el gran empresario quien recibe las rentas del trabajo y de la tierra.
Crítico se ha mostrado Ocampo con el modelo de apertura en el campo impulsado por todos los gobiernos en estos 25 años. Para cerrar la brecha en el sector, dice, será preciso revisarlo. Y, por otra parte, imponer el pago de impuesto predial “como incentivo al buen uso de la tierra”. No podía faltar aquí la objeción de la SAC, fiel al ventajismo que es marca indeleble del abusivo estamento terrateniente. Haciendo eco al Consejo Gremial, tan locuaz en el exigir, tan manicorto en el dar, aquellos no pagan predial, éstos no pagan impuestos sobre dividendos, y ninguno aporta recursos a la paz. Ni resiente la compañía de un Jorge Pretelt, vergüenza de la Corte, demandado por adquirir fincas despojadas por paramilitares en predios que fueron “La 35”, viejo campo de entrenamiento militar de Carlos Castaño en Urabá. Ni dijo mu cuando los asesinos de marras cogobernaban en Incoder.
De aplicarse la estrategia de Misión Rural, el campo duplicaría su producto en 15 años, se darían pasos ciertos en la redención del campesinado y en la depuración de las instituciones agrarias. Es el sacudón que no da espera.
por Cristina de la Torre | Nov 30, 2015 | Internacional, Izquierda, Modelo Económico, Noviembre 2015
Lo que se derrumba en el subcontinente no es la opción socialdemocrática con que la izquierda replicó al neoliberalismo; es su envilecimiento en caudillismo y corrupción. A menudo también en ruindades autoritarias como la de truncar la libertad de prensa. Venezuela es caso aparte. Allí se desploma con estruendo una charada de comunismo hirsuto, apolillado, que destruyó el aparato productivo del país y degeneró en dictadura. Grosso modo, había vuelto la región por los fueros del modelo cepalino, con Estado social promotor del desarrollo. Se trataba de cerrar las heridas infligidas por las inclemencias de mercados sin control y de revivir la economía productiva, ahora en condiciones de globalización.
Con bonanza de precios en materias primas y trocando doctrinarismo por realismo político, la nueva izquierda en el poder protagonizó cambios de fondo. Para escándalo de los pontífices del mercado, se le devolvió al Estado el control de la banca central y autonomía para trazar la política económica. Muchas empresas de actividades estratégicas tornaron al sector público. Y recuperó su impulso la política social. Entonces cayó la pobreza, subió el empleo y la mortalidad infantil se redujo 70%. Mas el nuevo pragmatismo fue derivando en venalidad y nepotismo. Se reeditó el añoso mesianismo que hizo del gobernante latinoamericano un semidios… de barro. Y cayeron los precios de los productos primarios.
Hoy se cosecha lo sembrado. Tras 18 años de gobiernos de izquierda en la región, Argentina da el primer paso en la destorcida que se insinúa, estancada allá la economía y su presidenta investigada por lavado de activos. Le seguirá Venezuela este domingo con triunfo de la oposición –haya fraude o no–. En todo caso, Maduro anunció que ganará la Asamblea “como sea”; que, si la pierde, instaurará gobierno cívico-militar. Con todo, que 85% de venezolanos no vean horizonte en su país es ya derrota colosal del llamado socialismo del siglo XXI. Debacle del chavismo que debutó con la renacionalización de su petróleo –hito admirable contra los capitales privados que se merendaban Pedevesa–. Otros llegarían después con idéntico apetito de merienda, hasta reducir la gran empresa en tienda deleznable de república bananera. Se derivó en ese país en gobierno de una camarilla de indeseables que ejerce para peculio propio. Transparencia Internacional cataloga a Venezuela como el país más corrupto del continente. Se apoya el régimen en paramilitares motorizados, mientras encarcela a los líderes de oposición y cree comprar popularidad con dádivas que no le alcanzan ya al pueblo para sobrevivir.
Brasil, por su parte, joya de la corona en la nueva izquierda latinoamericana, que había convertido en clase media a 40 millones de pobres, enfrenta su peor crisis económica en muchos años y a su presidenta sólo la respalda un décimo de la población. El Partido de los Trabajadores, gloria y amparo de los desfavorecidos, dio en los peores delitos de corrupción como partido en el poder. Triste desenlace para una organización que supo adaptarse al reformismo de Getulio Vargas y asimilar sus secretos para llegar al corazón del pueblo. Fue Brasil el único país de la región donde el desarrollismo de la Cepal tuvo solución de continuidad hasta hoy.
Si los gobiernos de izquierda tuvieran el valor de la autocrítica y la energía para resignificarse en la adversidad, podrían evitar el efecto dominó que muchos temen desde la victoria de Macri en Argentina; y el nuevo aire que éste le daría al neoliberalismo en la región. No sólo sería involución al negro pasado, sino pretexto para tratar de levantar de sus cenizas a la revolución bolivariana.
por Cristina de la Torre | Nov 28, 2015 | Noviembre 2015, Personajes
“¡Tengo el ego alborotado!”, musitó venciendo el pudor, mientras se deleitaba en su taza de chocolate en leche de almendras. No sería para menos. Entre miles de líderes de opinión consultados en el país, Angélica Lozano acababa de clasificar como mejor representante a la Cámara, a sólo un año de estrenarse en la corporación. Otra rareza en esta Colombia, meca continental del conservadurismo, que así exaltaba a la iconoclasta forjada desde sus años mozos en las mil batallas que irritan al monolito del poder. Pero, ¿ego? No. Dueña de verbo vivaz, preciso, madurada prematuramente a golpes de rigor y valentía, no asoma en esta dirigente de 40 años una pizca de vanidad.
Ni siquiera se adjudica la renuncia del superministro de Presidencia y preceptor de la plutocracia, Néstor Humberto Martínez, cuando el país todo lo vio derrumbarse a instancias de su antagonista, en el debate sobre equilibrio de poderes. Ella le probó que había pacto de favores mutuos con las Altas Cortes para malograr la democratización del mando en la Justicia. Y él, víctima de su propio reto, abandonó el cargo. A poco se la vio enfrentar, con la misma vehemencia, al superfiscal Montealegre. Primero, por querer sabotear el tribunal de aforados llamado a investigarlo; después, por proponerse abortar el derecho pleno al aborto. Sin consideración del proyecto integral en ciernes, pluripartidista, donde el aborto es apenas parte de la educación sexual. La iniciativa del Fiscal, dice Lozano, es una burla al aborto y puede causarle daño irreparable.
Tras estos episodios, muestra al canto en su recorrido de audacias, hubo una niña tímida, confinada en su propia alma. Pasó en la infancia por once colegios de barrio, donde hacer amigos fue lujo de otros. Hasta cuando ingresó en el internado del colegio salesiano de Madrid, Cundinamarca. Entonces despertó toda su vitalidad represada y echó al vuelo la imaginación. Notas que sellarían su paso por la universidad, donde se hizo abogada; y por Opción Colombia, antesala de las lides que le esperaban. En la patria olvidada de Puerto Nariño, Amazonas, vivió ella “la experiencia más importante” de su vida.
“Soy hija del embarazo adolescente”, expresa sin rencor, de seguro por su familiaridad con el drama de miles de jóvenes incautos cuya educación sexual reivindica ella con pasión. Embarazada siendo casi niña, debió su madre abandonar el pueblo; y su padre, adorador de los toros, “se voló para España”. La crianza de Angélica corrió por cuenta de tías y abuelos.
En política debutó siguiendo el expediente del Proceso 8.000. Ha transitado desde entonces por toda la gama de opciones distintas de las ortodoxias de izquierda y de derecha, con una divisa poderosa en su simplicidad: no robar, no matar, respetar las reglas del juego, en un partido que persiga inclusión, equidad y democracia. Cofundadora del Polo, a esa agrupación renunció el día en que oyó a sus dirigentes legitimar por la radio el asesinato de 12 diputados del Valle por sus secuestradores, las Farc.
Líder feminista, como alcaldesa de Chapinero creó Lozano un Centro de atención a la comunidad y de orientación para la población LGBTI, piedra angular del movimiento que se aboca a su última conquista, el matrimonio igualitario. Mas su lucha desborda el interés particular de los homosexuales: apunta al derecho de millones de colombianos a ser libres de discriminación racial, religiosa, social o sexual. Invoca la igualdad de todas las comunidades históricamente excluidas.
No les teme Angélica Lozano a los poderosos: los enfrenta. Pero sí le asusta perder la asignatura de Desarrollo Sostenible en maestría que cursa en la universidad. Ella, que demandó el Plan Nacional de Desarrollo con ponencia exhaustiva, la lleva perdida. Porque el profesor privilegia la participación en clase; y ella, discreta, para no hacerles sombra a sus condiscípulos, apenas participa. Así es ella. En las más duras batallas, lo arriesga todo; y en otras, por delicadeza, puede ceder a la derrota.
por Cristina de la Torre | Nov 27, 2015 | Modelo Económico en Colombia, Noviembre 2015, Política económica
Por primera vez en cinco lustros, una porción variopinta del Congreso le aplica agua fría a la fiebre privatizadora que desmanteló el Estado, entregó sus empresas a mercaderes sin escrúpulos y disparó así la corrupción hasta niveles de escándalo. Sacudiendo la modorra de un parlamento complaciente con el modelo que amplió la brecha de las inequidades, y en la inminencia de feriar acciones del Estado en Isagén, 80 parlamentarios censuraron hace un mes el descabellado propósito. Y 39 radicaron esta semana un proyecto de ley que le otorga al Legislativo poder para aprobar o negar iniciativas gubernamentales de enajenación de bienes públicos. Pecaminosa incursión en el altar del capital privado, que erigió su hegemonía sobre las ruinas de la función social y económica del Estado. Tras la acción parlamentaria, el descontento general por querer transar por cuatro duros la joya de la corona con el primer postor hambriento de oro y ajeno al interés colectivo.
Con el primer negociante que se sume a la cadena de electrificadoras que desaparecieron cinco mil millones de dólares pagados como sobretasa al servicio de energía en previsión de emergencias como la del Niño. Por su causa, podrá haber apagón. El senador del Polo Alexander López denunció un “cartel de generadores de energía” que habría depositado parte de esos fondos en paraísos fiscales. Pero el Gobierno insiste en expropiarle a la Nación un bien estratégico, primer generador de energía del país: con siete centrales en cuatro departamentos, Isagén satisface la quinta parte de la demanda nacional.
La senadora Paloma Valencia de Centro Democrático instó a preservar como bien público la empresa que el año pasado “produjo más de $400 mil millones en utilidades y es una de las estatales de mayor rentabilidad”. Agrega ella que no puede arriesgarse la soberanía energética del país, ni sacrificar esta herramienta de inversión y desarrollo en los territorios. Sofía Gaviria, senadora liberal, explica que la Ley Isagén busca recuperar la veeduría y el control del Congreso sobre iniciativas de venta del patrimonio público. Y obliga al Ejecutivo a sustentar propuestas con estudios financieros, de impacto ambiental y proyección socio-económica. En adelante, la participación de capitales privados en el sector energético no podría superar el 30%. Por lo que hace al cargo de confiabilidad que desde 2006 paga el usuario de energía para nutrir el fondo de emergencia, López pidió investigar en particular a Termocandelaria, según él, por haber depositado en Islas Caimán $413 mil millones que había recibido con destino al fondo de marras.
En tal horizonte, la privatización de Isagén sería un desatino, un descalabro. Porque con ella pierde el Estado del todo su función reguladora de los precios de energía. Porque concede la oferta de este bien estratégico, indelegable, al sector privado, sólo interesado en su peculio, no en el bien común. Porque desconoce la capacidad empresarial de entidades con elevado componente de participación pública, promotoras de las grandes obras energéticas; como las Empresas Públicas de Medellín. Porque renuncia el Estado a utilidades cuantiosas aplicables al desarrollo.
Peregrina la coartada de Vender Isagén para financiar vías, cuando serán los contratistas de las 4G quienes deriven las utilidades. Cuando en pocos años, los solos beneficios de Isagén equivaldrán a lo que hoy reciba por sus acciones. Bien acompañado quedará el proyecto de Ley Isagén si aquel bloque parlamentario le exige al Gobierno recuperar los $17 billones que las energéticas se embolsillaron. Se moderaría el afán privatizador y se apagaría la amenaza de apagón.
por Cristina de la Torre | Nov 16, 2015 | Iglesias, Noviembre 2015
No pierde el púlpito su función de tribuna política. Hacia 1950, apogeo de la Violencia, curas hubo que incitaban desde allí a exterminar el liberalismo y el comunismo ateo. Mientras tanto, prevalida de su ascendiente moral sobre una mayoría de colombianos y penetrando la vida toda de la nación, la jerarquía de la Iglesia le exigía al Estado derogar leyes que “no distinguen entre mujer legítima e ilegítima”; o no califican como delitos el concubinato público y el adulterio; o permiten recibir en colegios alumnos de “nacimiento ilegítimo” y sin consideración de diferencias sociales, raciales y religiosas. También hoy, a instancias de monseñor Luis Augusto Castro, convocan los ensotanados desde el púlpito a rebelión en masa contra el fallo “inmoral” e “inconstitucional” que extiende el derecho de los niños a tener hogar, hasta familias homoparentales: uno de los muchos modelos de familia reconocidos hoy, más allá del autoritario núcleo de “papá y mamá”.
Vasto contingente de católicos y evangélicos, de uribistas y lefebvristas de Ordóñez marcha tras la senadora Vivian Morales hacia un referendo que derogue lo fallado, mediante aplanadora de mayorías enceguecidas sobre la odiada minoría homosexual. Con recurso a la tiranía de las mayorías, aspiran a negarle sus derechos de libertad e igualdad en la diferencia. Cabalgan sobre el despotismo de la “voluntad general”, tenida por una, absoluta, indivisible como la del tirano, grosera superioridad aritmética que, así concebida, sólo ha servido a dictadores. Y no registran los signos del mundo de hoy, complejo, segmentado, cuadro heterogéneo de los más diversos intereses y maneras de ser. Olvidan que ninguna democracia podrá serlo si aplasta a sus minorías; si somete los derechos fundamentales a votación. Porfían los censores en restaurar el Estado confesional, premoderno –donde ciudadano y feligrés son uno– contra el Estado laico, raíz de garantías individuales, libertades públicas y derechos que la comunidad LGBTI ha conquistado en batallas admirables.
Las mayorías le han servido a la Iglesia Católica por partida doble. No sólo para movilizarlas cuando la necesidad política lo requirió. Pero también para dominarlas prevaleciendo en el espectro completo de la vida nacional. Ha transformado su influencia sobre las almas en riada de mayorías sobre los segmentos discriminados. Su acción bifronte, a la vez política y espiritual, se remonta a los días en que desembarcaron por aquí aventureros blandiendo arcabuces, crucifijos y espejitos. Y cobró todo su vigor a partir del siglo XIX, cuando a la expansión de la filosofía liberal y de la modernidad respondió con el integrismo católico. Para llevar la voz cantante en el poder del Estado y en la sociedad. Ya en las estremecedoras coyunturas de guerra civil, siempre al lado del conservadurismo ultramontano. Ya para monopolizar la educación. Ya para designar presidentes desde el Palacio Cardenalicio. Ya para matar en embrión la Clínica de la Mujer en Medellín, incitando a la asonada callejera y toda vez que en su imaginario parece pervivir apenas la mujer diligente del evangelio. Ya para opacar su generoso compromiso de paz de los últimos tiempos con esta rústica andanada contra los fallos de la justicia en favor de los niños y en reconocimiento de la población homosexual.
Colombia es Estado laico que abraza variados talantes morales. Nadie debería aspirar en ella a trocar su fe en estatuto de gobierno; ni excluir a nadie por sus preferencias filosóficas, religiosas, políticas o sexuales. Ese referendo, promovido por las iglesias, el uribismo y el procurador, será acto de violencia que repugna al Estado de derecho. ¡Vade retro!
por Cristina de la Torre | Nov 9, 2015 | Conflicto armado, La paz, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Modelo Político, Noviembre 2015, Política agraria, Política económica, Régimen político, Uribismo
No juega apenas la vanidad de disputarle a Santos protagonismo en el desenlace del proceso de La Habana; ni la exigencia de honrar su propio discurso vociferando todos los días contra la paz. La estrategia medular de Uribe es una constituyente que, so pretexto de reconsiderarlos, apunta a demoler los acuerdos de Cuba. A bloquear el tránsito hacia una democracia menos precaria, con su repulsa a concederle a la insurgencia desarmada el derecho de hacer política, paso primero hacia un genuino pluralismo. En contravía del acuerdo rural con las Farc, apunta también Uribe a mantener el estado de cosas en el campo. Y, quizás, a abolir la norma que obstaculiza el retroceso hacia su patria feudal: aquella que desde 1936 consagra la función social de la propiedad. Como tocado por idéntico propósito, el Consejo Gremial Nacional cuestiona ahora la ley de 1994 que desarrolla esa norma.
El descalabro electoral del uribismo –con escaso 10% de los votos en octubre– grita hastío de guerra. Pero el senador del Centro Democrático porfía en lubricar el motor del conflicto, defendiendo el latifundismo rentista y dejándose rodear de usurpadores de tierras, a menudo colinchados con el crimen. Y de los empresarios de marras, eco tardío de las patéticas tergiversaciones del Acuerdo Rural suscrito hace año y medio entre el Gobierno y las Farc. En lo que el texto rezaba explotación productiva del suelo, acceso a la tierra como medio de hacer justicia y economía campesina en convivencia con la agroindustria, el uribismo leyó amenaza a la propiedad privada, “un grave riesgo para la certidumbre jurídica del campo”, inminencia de expropiación y colectivización, pauta diabólica del castro-chavismo. Y aprovechó para cuestionar leyes añejas de expropiación y extinción de dominio sobre tierras inexplotadas o adquiridas ilegalmente. Oso peludo del embrollador Rangel cuando se comprobó, palabra por palabra, que aquel acuerdo se ceñía rigurosamente a la Constitución y a la Ley. Ley de expropiación con indemnización por motivos de interés social y utilidad pública, vigente desde hace décadas y de la que el uribismo abomina. Derecha hostil aun al más tibio intento de reforma.
Como resucitados de sus cenizas, vio el uribismo reencarnarse sus infundios en la misiva de los poderosos gremios. Que los acuerdos de Cuba “podrían” violentar el Estado de derecho, la seguridad jurídica, la propiedad privada y la economía de mercado, dijeron. Y la perla de la involución: si bien la ley contempla expropiación por los motivos dichos, éstos “deberán ser revisados y reglamentados” en un marco de seguridad jurídica. Curiosa reivindicación de garantías en elites todopoderosas que acomodaron siempre la ley a sus intereses y nunca la exigieron para los de ruana. A no ser que quienes redactaron el apartado agrario –tan lejos de los que escribieron otro documento que propone reindustrialización– quieran blindar propiedades usurpadas o habidas ilegalmente. O equiparse contra la actualización del catastro rural, vía segura de reforma agraria.
Vista la concentración de tierras improductivas, asevera el exministro Juan Camilo Restrepo que en Colombia se impone un cambio en las estructuras agrarias, con respeto a la ley, a la propiedad legítimamente adquirida y al debido proceso. Pero diríamos que ésta será bandera, moderada o radical, en manos de fuerzas diversas, libres, si la extrema derecha y las guerrillas deciden, por fin, hacer política sin armas. De momento, se dibuja el camino, imperfecto pero jamás logrado con las Farc, para marchar hacia un país mejor. Si no se ferian los laboriosos acuerdos en una constituyente manipulada por aquella derecha irreductible.
por Cristina de la Torre | Nov 9, 2015 | Modelo Político, Noviembre 2015
No juega apenas la vanidad de disputarle a Santos protagonismo en el desenlace del proceso de La Habana; ni la exigencia de honrar su propio discurso vociferando todos los días contra la paz. La estrategia medular de Uribe es una constituyente que, so pretexto de reconsiderarlos, apunta a demoler los acuerdos de Cuba. A bloquear el tránsito hacia una democracia menos precaria, con su repulsa a concederle a la insurgencia desarmada el derecho de hacer política, paso primero hacia un genuino pluralismo. En contravía del acuerdo rural con las Farc, apunta también Uribe a mantener el estado de cosas en el campo. Y, quizás, a abolir la norma que obstaculiza el retroceso hacia su patria feudal: aquella que desde 1936 consagra la función social de la propiedad. Como tocado por idéntico propósito, el Consejo Gremial Nacional cuestiona ahora la ley de 1994 que desarrolla esa norma.
El descalabro electoral del uribismo –con escaso 10% de los votos en octubre– grita hastío de guerra. Pero el senador del Centro Democrático porfía en lubricar el motor del conflicto, defendiendo el latifundismo rentista y dejándose rodear de usurpadores de tierras, a menudo colinchados con el crimen. Y de los empresarios de marras, eco tardío de las patéticas tergiversaciones del Acuerdo Rural suscrito hace año y medio entre el Gobierno y las Farc. En lo que el texto rezaba explotación productiva del suelo, acceso a la tierra como medio de hacer justicia y economía campesina en convivencia con la agroindustria, el uribismo leyó amenaza a la propiedad privada, “un grave riesgo para la certidumbre jurídica del campo”, inminencia de expropiación y colectivización, pauta diabólica del castro-chavismo. Y aprovechó para cuestionar leyes añejas de expropiación y extinción de dominio sobre tierras inexplotadas o adquiridas ilegalmente. Oso peludo del embrollador Rangel cuando se comprobó, palabra por palabra, que aquel acuerdo se ceñía rigurosamente a la Constitución y a la Ley. Ley de expropiación con indemnización por motivos de interés social y utilidad pública, vigente desde hace décadas y de la que el uribismo abomina. Derecha hostil aun al más tibio intento de reforma.
Como resucitados de sus cenizas, vio el uribismo reencarnarse sus infundios en la misiva de los poderosos gremios. Que los acuerdos de Cuba “podrían” violentar el Estado de derecho, la seguridad jurídica, la propiedad privada y la economía de mercado, dijeron. Y la perla de la involución: si bien la ley contempla expropiación por los motivos dichos, éstos “deberán ser revisados y reglamentados” en un marco de seguridad jurídica. Curiosa reivindicación de garantías en elites todopoderosas que acomodaron siempre la ley a sus intereses y nunca la exigieron para los de ruana. A no ser que quienes redactaron el apartado agrario –tan lejos de los que escribieron otro documento que propone reindustrialización– quieran blindar propiedades usurpadas o habidas ilegalmente. O equiparse contra la actualización del catastro rural, vía segura de reforma agraria.
Vista la concentración de tierras improductivas, asevera el exministro Juan Camilo Restrepo que en Colombia se impone un cambio en las estructuras agrarias, con respeto a la ley, a la propiedad legítimamente adquirida y al debido proceso. Pero diríamos que ésta será bandera, moderada o radical, en manos de fuerzas diversas, libres, si la extrema derecha y las guerrillas deciden, por fin, hacer política sin armas. De momento, se dibuja el camino, imperfecto pero jamás logrado con las Farc, para marchar hacia un país mejor. Si no se ferian los laboriosos acuerdos en una constituyente manipulada por aquella derecha irreductible.
por Cristina de la Torre | Nov 2, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Izquierda, La paz, Noviembre 2015, Proceso de paz
Hace treinta años, el 14 de noviembre de 1985, un comando del ELN asesinó en una calle de Barrancabermeja a Ricardo Lara Parada, cofundador, segundo al mando y disidente político de esa guerrilla. Dijeron haberlo ejecutado por traición. Pero su expediente judicial y testimonios como el del general Valencia Tovar, su archienemigo, probaron que a nadie delató cuando en 1973 cayó preso en manos del enemigo. A Lara lo mataron, como a otros dirigentes del ELN, por discrepar del militarismo que aislaba a esa guerrilla de las masas y la blindaba contra los desafíos de la realpolitik. Belicismo que, además, encubría la debilidad de un jefe por el poder absoluto, sólo dable allí sobre un grupo escurridizo en la selva. Lo liquidaron por abandonar las armas para convocar inconformes desde su Frente Amplio del Magdalena Medio (FAM) y como concejal de discursos memorables en Barranca. Guerrilla mesiánica autocalificada vanguardia del pueblo, en el ELN menudearon purgas y calladas rebeldías, acicateadas por el desencanto ante una revolución reducida a supervivencia en el monte. Se pronunció primero Ricardo Lara; a poco, Replanteamiento y, en 1994, la Corriente de Renovación Socialista.
Hoy se encuentra esa guerrilla a las puertas de una negociación de paz. Enhorabuena. La esperanza es llegar a buen puerto. Pero se agolpan signos que siembran dudas sobre su voluntad para lograrlo. Primero, el aval de su dirigencia a la masacre de doce soldados la semana pasada humilló a los colombianos. Segundo, su insistencia en imponer reformas estructurales en la mesa de diálogo, en forzar su “revolución por decreto”, puede malograr la negociación. Y el ELN lo sabe. ¿Quiere esa guerrilla el fin del conflicto, o sólo jugar a conversar como estrategia de guerra? ¿Su novel crítica de las armas responde a un genuino viraje y al propósito de conceder razón a los ajusticiados por discrepancia ideológica? ¿Renunciará al cínico aprovechamiento de la figura de Camilo como emblema y mártir de una guerrilla que no ha reconocido su parte de responsabilidad en el sacrificio inducido del gran líder de masas?
En entrevista concedida a esta periodista (Revista Trópicos, 1980), retirado ya del RLN, dice Lara que los referentes de su entrenamiento en Cuba en 1962 quedaron desvirtuados por los hechos: si el foco guerrillero incendió la pradera de Cuba, en el resto de América Latina fracasó. Colombia era distinta, no podía pelechar aquí el foco insurreccional. También el Che fracasó en Bolivia, Béjar en Perú, Cendic en Uruguay, Mariguella en Brasil, Lima en Guatemala… Balance contundente, se diría, que informó el desmoronamiento de todas las guerrillas del continente; menos de las nuestras. Revaluada la teoría del Che en el continente, remarca Lara, se impone la política de masas. ¿Querrá el ELN respirar por fin aquellos aires?
Aires que también Replanteamiento trajo, aquella disidencia que reivindicó la primacía de la política sobre la confrontación militar. Según Alonso Ojeda, su mentor más saliente, la nueva corriente abrevó en dos retos: el de sobreponerse a la desaparición de todo un frente guerrillero en Anorí, y el de sintonizarse con el movimiento social en alza de comienzos de los años setenta. Se extendió a toda la organización el imperativo de revisar métodos de organización y de lucha, para sentar la preeminencia de la política y apuntar a un Frente Político Amplio.
El país espera que el ELN se allane a la paz, a la reconciliación con la sociedad y con sus víctimas. Que preste oídos al llamado de Mónica Lara, la hija del sacrificado, a “luchar desde la no-violencia, a emprender el camino pionero que inició mi padre treinta años atrás con la creación del FAM”.
