por Cristina de la Torre | Oct 26, 2015 | Octubre 2015, Partidos
Mientras la ultraderecha y la izquierda sufrían derrota clamorosa, prevaleció este domingo la componenda sin principios, infestada de delitos electorales, entre partidos anarquizados. 90% de los elegidos a alcaldías y gobernaciones venía por coalición pactada entre partidos disímiles, sin tocar ideas ni programas. Antioquia golpeó sin compasión a su ídolo, el expresidente Uribe, eligiendo gobernador y alcalde entre sus contradictores. En el resto del país, no corrió el senador con mejor suerte. . Fue mentís a su descabellada obsesión contra la paz. Bogotá le cobró a Clara López los desatinos propios y del Polo frente a los delitos que el alcalde de su partido protagonizaba. Y castigó en ella a la izquierda, tan torpemente expuesta por la administración de Gustavo Petro.
En estos comicios alcanzaron su apoteosis fenómenos gestados 25 años atrás. El enjambre de negociantes que presumen de políticos para hacerse con transferencias, regalías, presupuestos y contratos en municipios y departamentos encontró su cómplice dorado en la mismísima Constitución de 1991. La descentralización que ella extremó, acicateada por la elección popular de alcaldes, si bien de inspiración democrática, desvertebró los partidos, atomizó la política y concedió a las regiones suficiente autonomía sin controles para que allí medrara el abanico entero de pícaros e ilegales, armados y desarmados. En el pináculo del poder local culminó el narcotráfico su periplo de ascenso, sangre de por medio. Roto el vínculo partidista de la provincia con sus jefes nacionales, perdieron las colectividades su función mediadora entre el centro y la periferia. Aunque policlasistas para votar y elitistas a la hora de gobernar, los partidos habían obrado como integradores de la sociedad. Aun cuando el Frente Nacional diluyó por amancebamiento sus ideologías. Ahora transitaban de confederaciones de caciques regionales alrededor de un jefe nacional hacia agregados inorgánicos de gatas, avivatos, contratistas y delincuentes movidos por el imperativo de asaltar el presupuesto municipal. En Yopal ganó un candidato preso; en Valle, Guajira, Córdoba y Caquetá, figuras no menos oscuras.
Por supuesto, no fue ese el propósito de los constituyentes del 91. Pero, fascinados en la sonoridad de su propio discurso contra el clientelismo y la corrupción, quisieron hacer borrón de partidos tradicionales y feudos podridos, y cuenta nueva de ciudadanos plenos –sus votos inmaculados, independientes, ilustrados– dueños por fin de su destino. E introdujeron en la Carta el neoliberalismo, cuya enseña privatizadora trocó la función social y empresarial del Estado en contratos de salvaguardas ridículas con todos los Nules que en Colombia han sido. Entonces la corrupción alcanzó cotas que el Estado más venal soñara jamás. Modesta resulta la que Turbay Ayala legitimó, doctrina fundacional para una vasta porción de candidatos con prontuario, y desbarrancadero de los partidos.
Aquella ideología ambientó el revolcón de César Gaviria, cuya bienvenida al futuro se resolvió, por ironía de la historia, en involución. Hoy padecemos las secuelas de la fracturación de los partidos; y de una descentralización audaz en país premoderno, impuesta sin el instrumental que evitara la dislocación del sistema político y administrativo. Para sanear los partidos no había que destruirlos sino reformarlos; y blindar a los nacientes contra las taras de la política tradicional: con democracia interna forzosa en las colectividades políticas y estatuto de oposición, para comenzar. Una luz al final del túnel: la edificación de un nuevo país en el posconflicto conllevará la confrontación –sin armas– de ideas y programas emanados de la derecha, la izquierda, el centro y el movimiento social. Tamaño desafío sacaría de su postración al Polo y al Centro Democrático, y renovaría el sistema político y de partidos con el retorno feliz de las ideologías.
por Cristina de la Torre | Oct 18, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, La paz, Octubre 2015, Uribismo
Se multiplican en la derecha las señales de alarma y desvarío. Y es porque el acuerdo de justicia especial aplicable a principales responsables de atrocidades en todos los bandos aprieta el paso hacia el fin del conflicto. El procurador perora agitadísimo su última mentira tamaño catedral medieval: que hay arreglo secreto entre Gobierno y Farc para meter a Uribe tras las rejas. Este cabalga sobre el infundio y declara que Santos es el único miembro de su Gobierno que debería estar en la cárcel. Y estudia la posibilidad de convocar referendo contra la paz, disfrazado de rechazo popular al que Uribe considera pacto de impunidad y entrega de la patria al castro-chavismo. Pronunciamiento en defensa también de su persona, cuando el Tribunal Superior de Antioquia pide investigar su posible responsabilidad en la masacre de El Aro y en la Operación Orión. Por “promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares… y concertarse con ellos, no sólo como gobernador de Antioquia, sino después y aún como presidente de la República”. Pero, en lugar de responder a los señalamientos, rebatir pruebas y despejar dudas, le pone lápida al magistrado Pinilla, ponente del fallo que lo incrimina, llamándolo subversivo (¿guerrillero vestido de toga?). Y reactiva la coartada de victimizarse, declarándose perseguido de la justicia. Recurso del que ha abusado durante cinco largos años, desde cuando empezó a emerger el denso entramado de tropelías y corrupción que signaron su Gobierno.
Si bien se ha recalcado que aquella jurisdicción de paz no busca judicializarlo, las sindicaciones del Tribunal le restan al senador legitimidad para exigir cárcel y veto a la finalidad misma del proceso, la participación de los jefes guerrilleros en política. Con todo, si resultan ellos responsables de delitos atroces, sólo accederían a corporaciones públicas si han llenado todas las exigencias de la justicia transicional: verdad, reparación, garantía de no repetición, restricción efectiva de la libertad hasta por 8 años, o por 20 de cárcel si su confesión es incompleta. La Jurisdicción Especial de Paz cobija a todo el que directa o indirectamente haya cometido o apoyado crímenes atroces. Su propósito es ayudar a desmontar las estructuras que reproducen la guerra, no montar un reino de impunidad. Podría incluso reconsiderar y hasta anular sentencias contra generales, parapolíticos y otros civiles que patrocinaron ejércitos ilegales.
Ofende la retórica solapada del Centro Democrático según la cual también ese partido quiere la paz, pero no la manera como ésta se negocia en La Habana. Otra cosa indica la tenacidad de su boicot a cada avance en las negociaciones, por encima de toda evidencia, de toda verdad, de todo derecho de los colombianos a la paz. El uribismo apunta al fracaso de un proceso que por vez primera en medio siglo se ofrece como paso decisivo hacia un país mejor. Pero no, no quiere la paz, no le duelen los muertos.
El de Álvaro Uribe es proyecto que sólo fructifica en la guerra. Atribulado andará con resultados de la última encuesta de Lemoine según la cual un 73% de colombianos cree en los beneficios del acuerdo de paz para el país y un 79% lo aprobaría. Mas, para el exmandatario la finalización del conflicto sería mentís a la “guerra justa” que para el uribismo ha de prevalecer sobre la vida y la paz. Con referendo o sin él, no dejará Uribe de fundir en un mismo mensaje las dos caras de su megalomanía: defender al caudillo es defender la única alternativa posible de derrotar al Maligno: la conflagración perpetua. Bien aconductados, sus fieles exclaman ya, iracundos, “lo que es con Uribe es conmigo”. Temible grito de guerra cuando hay paz a la vista.
por Cristina de la Torre | Oct 13, 2015 | Corrupción, Octubre 2015, Partidos
En este mar bravío de corrupción no basta con decirse persona honrada. Todo candidato, llámese Peñalosa, López o Pardo, es figura pública llamada a rendir cuenta de sus actos u omisiones, a disculparse por ellos –si cabe– y a dar garantías de no repetición. Pero, además, debe sacudirse las malas compañías y exigirle a su propio partido explicación sobre apoyos a corruptos y delincuentes que trocaron la política en un fangal repulsivo para el 81% de los colombianos. Mensaje taxativo de Carlos Vicente de Roux a los candidatos en Bogotá, aquejados de mutismo en materia tan resbalosa. (Salvo la alusión al “fangal”, de cosecha propia). Si bien aclara él que no se trata de cobrarle a alguien los delitos o desaguisados de sus copartidarios, invita a recordar el “dime con quién andas y te dirá quién eres”.
¿Nada dice Peñalosa del partido que lo avala, Cambio Radical, colinchado con lo más degradado del liberalismo en provincia, jefes paramilitares comprendidos? ¿Nada, sobre sus relaciones con el exgobernador Cruz, preso por lucrarse del cartel de la contratación en Bogotá; o con su esposa, promotora de sobornos enderezados a frustrar la acción de la justicia, y Secretaria General del entonces alcalde Peñalosa? Por su parte, Clara López declara que el monumental desfalco a la capital es “pecado mortal” que no podrá repetirse. Pero no reconoce su responsabilidad política en los hechos, habiendo sido ella Secretaria de Gobierno del alcalde atracador y Presidenta del partido en cuyo nombre gobernaba aquel. La opinión espera también pronunciamiento de Rafael Pardo sobre veleidades de su partido, el Liberal, con candidatos sindicados de narcotráfico, o respaldados por políticos entroncados con La Gata. Caso de Dumek Turbay, candidato a la gobernación de Bolívar por el liberalismo y a quien apoyan parlamentarias de aquella cuerda. Y que se aleje de políticos de la U, partido que alberga el mayor número de concejales y exconcejales condenados o investigados por el carrusel de la contratación en la ciudad.
Si, va Peñalosa con partido aliado de La Gata, de Kiko Gómez, de políticos subjudice por paramilitarismo. De Roux le pide, por contera, explicar sus relaciones con los mayores contratistas de infraestructura, transporte y recolección de basuras, con quienes deberá renegociar y licitar contratos si vuelve a la Alcaldía. Entre otros, con su amigo Herman Arias, vocero de los operadores de Transmilenio.
Y va Clara con su silencio a cuestas. Silencio mortal el suyo y el de la plana mayor del Polo, en las primeras de cambio del carrusel de Samuel. Y después, expuesto ya el entramado del desastre, mortal la defensa airada del ladrón. Para concluir con una sanción agónica, a las puertas mismas de la cárcel que Moreno habita hoy. Esta resistencia de Clara a reconocer el error y ofrecer disculpas a la sociedad compromete su triunfo el 25 de octubre, y privaría a Bogotá de su mejor burgomaestre posible. Por más que prometa ahora control severo de la corrupción, mediante una veeduría distrital fortalecida, con capacidad de prevenir y sancionar, “en manos independientes y del más amplio reconocimiento ciudadano”. Para Martha Senn, esas explicaciones públicas y garantías, no sólo de Clara sino también de Pardo y Peñalosa, son asunto de honor.
Coda1. En mi columna de septiembre 29 titulada “¿Uribe muerde la derrota?” aludí a los hijos del expresidente sin que tuvieran ellos relación con el tema tratado. Aclaro espontáneamente que no me movió la intención de lesionar su dignidad.
Coda 2. La justicia debe encontrar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del atentado contra el columnista Pascual Gaviria.
por Cristina de la Torre | Oct 5, 2015 | Iglesias, Mujer, Octubre 2015
Bajo la miel del discurso del Papa, que cautiva muchedumbres, se esconde el duro pan del oscurantismo y los negocios. Escenario de polémica sobre formalismos de moral sexual, el Sínodo de la Familia que comenzó el domingo en Roma no será prueba de fuego para una jerarquía en cuyo seno aún los más audaces, como Bergoglio, mantienen celosamente la ortodoxia. Tampoco podrá esperarse que la invocación de Francisco a una Iglesia pobre para los pobres desemboque en entrega de su ostentosa riqueza a los desvalidos. Sólo en propiedad raíz, hoy se calcula aquella en dos trillones de dólares (Alexander Stille, The New Yorker, sept). La profilaxis de las finanzas del Vaticano, en buena hora acometida por el pontífice y fuente de roces intestinos allí, apunta menos a sofocar la adicción de la Curia romana a la opulencia, que a trocar sus negocios sucios en negocios limpios. Y, con mucho, en la vena de los tiempos, a contemplar el paso de un capitalismo rentístico, especulativo, salvaje, hacia otro menos oprobioso. Lo que sería encomiable, si no se tratara de una institución espiritual inspirada en el desprendimiento y la humildad.
Podrá Francisco preguntarse “quién soy yo para juzgar (al homosexual)”, y sus palabras darán oxígeno a la galería. Podrá hasta simpatizar con el obispo Charamsa, funcionario de la Congregación para la Doctrina de la Fe quien, para escándalo del orbe, salió del clóset este sábado, abrazó a su novio ante los medios e instó a la Iglesia a reparar en los homosexuales creyentes y entender que imponer abstinencia y vida sin amor es inhumano. Pero el Papa le dirá que él se atiene, como se atuvo siempre, al Catecismo católico, según el cual la homosexualidad es desviación y pecado. Mas, humano, le tenderá su mano paternal; abrirá su corazón para entender las flaquezas del pecador; lo invitará a arrepentirse, pero jamás le reconocerá el derecho de amar a quien le plazca. Y cargará Charamsa con el estigma de la vileza, perdonada o no, por una jerarquía despótica, rebasada por la historia y por su propia grey. Pesará la misma impronta sobre la mujer que abortó, acogida por una vez en el seno del pontífice magnánimo, mientras implore perdón por ejercer el derecho a disponer de su libertad, de su cuerpo y su salud.
Méritos de Francisco, su empeño en reformar la Curia Vaticana, en erradicar la pedofilia, en el viraje diplomático que ha favorecido la nueva relación entre Cuba y EE.UU. y el proceso de paz en Colombia. Y la citada profilaxis financiera, cuyos pormenores revela Stille, y que debutó identificando decenas de miles de cuentas “irregulares”, cuentas para evadir impuestos y lavar activos de la mafia. Se descubrió a principios de año un primer monto de $ 1,2 billones de dólares en activos financieros del Vaticano sin registro contable.
Se estima que la cuarta parte de las propiedades en Italia pertenecen a la Iglesia. En las colinas de Roma, un número obsceno de monasterios, conventos, seminarios, fundaciones, confraternidades e institutos son propiedad suya. Toda suerte de tesoros escondidos, de riqueza y belleza sin par. Y la Iglesia los ofrece en arriendo, por cánones prohibitivos. Nuestro autor conoció el apartamento del cardenal Bertone: más parecía el de un jefe de Estado que el de un sacerdote, escribió.
El Vaticano es una monarquía sin territorio cuya corte lleva veinte siglos convirtiendo el legado de un profeta descalzo en fuente de poder y demasía. Hasta derivar en potencia económica comparable con Rusia. ¿A qué tanta riqueza malhabida o bienhabida, multiplicada aún con diezmos de pobres? ¿A qué tanta opresión sobre las almas que escapan a la caverna? ¿A qué tanto hablar para esquivar la verdad?
por Cristina de la Torre | Sep 27, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Izquierda, La paz, Proceso de paz, Septiembre 2015
Mientras Colombia respira por fin en la antesala de la paz, Álvaro Uribe hace maromas para no morder el polvo de la derrota. Que perder las armas es abocarse a perder la partida. El sometimiento de las Farc a la justicia burguesa le hurta al uribismo su recurso al apocalipsis del castro-chavismo. Y el ingreso de esa guerrilla en la legalidad desvanecerá el pretexto que a la derecha le ha permitido aplastar a los inconformes y prevalecer sin competencia posible en el poder. Se acabaría aquello de que todo contradictor es enemigo mortal, candidato a desaparecer a bala o motosierra. Caducaría la pretensión de defender la democracia aguzando la vista, marica, para desentrañar el terrorismo que anida en toda idea de cambio; en toda reivindicación de derechos.
Pero el acuerdo de justicia transicional, con investigación, juicio, condena, pena, verdad y reparación forzosas; con procedimiento simétrico para todos los responsables de atrocidades en esta guerra –políticos y empresarios incluidos– provoca efectos inesperados: desconcierta a quienes llevan tres años saboteando las conversaciones de paz con exigencias de rendición imposible de una guerrilla no derrotada siquiera por el adalid de la guerra en sus largos años de gobierno. Y, sin embargo, por encima del júbilo resonante ante la inminencia del acuerdo final; del 62% de ciudadanos que respaldaron al punto el modelo judicial adoptado; pese al aval de la comunidad internacional y del Papa, el Centro Democrático aspira, impúdico, a cosechar votos sobre los cadáveres de otros 220.000 colombianos. Víctimas inermes de una guerra sin fin, en la que no se batirá ningún Jerónimo, ningún Tomas.
Si ponderadas para hacer justicia sin comprometer la paz, las penas comportan a la vez privación de la libertad vigilada; restauración de lazos entre dolientes, agresores y sociedad; reparación a las víctimas y garantía de no reincidencia. Pero quien se acoja a este modelo judicial tendrá que haber dejado antes las armas. A más tardar en mayo del año entrante. Y si no dice toda la verdad, irá 20 años a la cárcel. No habrá indulto para crímenes de guerra y de lesa humanidad, aunque amnistía podrá concederse para delitos políticos y conexos. Muy a pesar de las Farc, el Gobierno impuso justicia con condena penal. Y aquellas debieron arrojarse desde el pedestal de sus autocomplacencias heroicas hasta reconocerse como victimarios, autores de delitos atroces.
Las víctimas, espina dorsal del acuerdo, han mostrado satisfacción. El general (r) Mendieta, 12 años secuestrado por las Farc, aceptó que a estas se les aplique pena distinta de prisión. Pero si reconocen a sus víctimas, ayudan a buscar desaparecidos, entregan a todos los secuestrados y dan garantía de no repetición. Así los gremios de la producción, con la significativa declaración de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, para quien “el acuerdo satisface los derechos de las víctimas”. Y el general Ruiz Barrera, líder de los oficiales retirados, sentenció que la paz ganó la partida.
A contrapelo de su vanidad, tendrá Uribe que allanarse al peso de los hechos: este acuerdo judicial y el apretón de manos entre el Presidente Santos y el jefe de las Farc abren desde ya las puertas del posconflicto. Reconocer que el sometimiento de esa guerrilla al Estado de derecho y el modesto alcance de los cambios pactados –reforma rural, apertura política, revisión de la política antinarcóticos– son triunfo del reformismo liberal no del chavismo. Pero el proceso comporta un ingrediente trascendental: terminar el conflicto armado es empezar a romper el vínculo entre política y armas. En la izquierda y en la derecha. ¿Será esto lo que saca de quicio a Uribe?
por Cristina de la Torre | Sep 14, 2015 | Modelo Económico en Colombia, Política económica, Septiembre 2015
Caben preguntas. ¿Habrá intereses ocultos tras la extravagancia de querer feriar Isagén, empresa del Estado que descuella en eficiencia, rentabilidad y beneficio social? ¿Por qué expropiar a los colombianos un bien estratégico, fuente de riqueza y desarrollo, para entregarla a una firma extranjera que repatriará todas sus utilidades y terminará con domicilio en el exterior para brincarse los impuestos y las leyes de Colombia? ¿Por qué desviar los $ 5,2 billones que el Gobierno reciba por la venta de sus acciones en la empresa hacia concesionarios de vías, en forma de créditos prácticamente sin costos? ¿Habrán mediado drinks y viandas para sellar este pacto, donde los contratistas resultan mimados por el propio contratante? ¿Ruda la presunción, en un país donde la moderna alianza público-privada –de responsabilidades compartidas– es a menudo eufemismo para edulcorar el amancebamiento entre gobernantes y negociantes, o su simbiosis, que nos legó la colonia?
Que los tales recursos son de vida o muerte, argumenta el ministro Cárdenas. Que sin ellos no habrá vías, acaso ni infraestructura, ni futuro, ni país. Que nada pierde la nación, pues se trata de cambiar un activo por otro, así no más, hidroeléctrica por carreteras. Falacia. Se pierde una empresa que reinvierte sus robustas ganancias en expandirse, en potenciar así el desarrollo regional. En cambio, los peajes van a dar al bolsillo de constructores privados de las 4G, que se lucraron con los fondos de la Financiera de Desarrollo Nacional. Gracias a créditos otorgados a 20 años, con intereses ridículos, 8 años de plazo muerto y sin pago por amortización del capital, como lo demuestra el experto Diego Otero. El mismo principio que aplica el ministro de Salud para refinanciar, con 7 años de gracia, a las EPS que se robaron el dinero del sector. Es política de Estado: capitalizar las ganancias y socializar las pérdidas.
Pero no contempla Cárdenas en su obsesión alternativa distinta de privatizar la empresa que produce la quinta parte de la energía del país y es modelo para América Latina. No ve la posibilidad de apretar a corruptos y evasores de impuestos. Ni ve la disposición de Bancolombia, Davivienda y el Grupo Aval a brindar créditos a constructores de vías hasta por $ 25 billones. Quiere vender Isagén a toda costa. Por más que le hubiera reportado ésta al Gobierno $ 348 mil millones en 2014. Por más que en pocos años sus propias utilidades igualaran los cinco billones que el agraciado pagara por la joya de la corona. Por más que Isagén garantizara control sobre los precios de un sector proclive a manipularlos, más aún con la privatización.
La energía es bien estratégico que no puede entregarse al interés privado. Porque éste sólo responde a imperativos de corto plazo, desdeña el bien común y el desarrollo, sostiene Otero. Pero en 1990 despegó el proceso de privatización de hidroeléctricas, con un primer efecto perverso: se dispararon las tarifas de energía. Nuestra industria paga el doble de su similar en EE.UU. En 2007, durante el Gobierno de Uribe, empezó la privatización de Isagén, con la venta de 19,2% de sus acciones. Aunque, fiel a su legendaria hipocresía, se rasgue ahora las vestiduras el expresidente. En esto, el presidente Santos le sigue los pasos y en 2013 decidió vender la participación del Estado en Isagén. Contra toda evidencia, sin sentido de patria, emula este Gobierno un ejército de ocupación: depreda, destruye los bienes del Estado y, acaso por complicidades secretas, se toma por asalto el patrimonio de la ciudadanía. En honor a la tradición, los de siempre afilan uñas para dar su zarpazo de lesa patria.
por Cristina de la Torre | Sep 12, 2015 | Iglesias, Mujer, Septiembre 2015
Publicitó su boicot al matrimonio entre homosexuales como duelo entre el cielo y el infierno, como respuesta a mandato divino y defensa de su libertad religiosa. Pero fue a parar a la cárcel. Le sucedió la semana pasada a Kim Davis, funcionaria pública de Kentuky, Estados Unidos, por negar nupcias a dos parejas gay. Por brincarse la disposición constitucional que desde junio autoriza el matrimonio igualitario en ese país. Otra suerte corre aquí el procurador Ordóñez, cabeza del ministerio público, en ruidoso sabotaje al matrimonio igualitario y al aborto terapéutico que la Constitucional ordena. Ordóñez no pisa prisión. Antes bien, transforma su insubordinación en bandera de campaña por la presidencia de la república en el país más conservador de Occidente. Va por el mundo con sus tirantas y su sonrisa siniestra convirtiendo en votos la maldición de su dios contra el homosexual, contra la mujer, si aborta, si quiere libertad o ser persona. Contra la mitad del género humano. Pero dos lazos unen a Ordóñez y Davis: primero, una nostalgia de teocracia, con su atávico acomodo de la idea de dios al poder en la tierra; segundo, la búsqueda de nuevas audiencias allende el corral de los más crédulos, matizando la descarnada diatriba bíblica con argumentos de ley civil.
Sostiene la historiadora Julieta Lemaitre Ripoll que se pasa en América Latina de la desnuda apelación religiosa al argumento constitucional. Desde cuando Juan Pablo II y Benedicto ordenaron a los católicos oponerse a la legislación favorable al aborto y al matrimonio gay, aparecen menos Dios y la fe que el referente de norma civil. Diríase barniz de derecho positivo sobre la virulencia ancestral contra la laicidad. Y no anda sola en esto la iglesia Católica, ni sola la cruzada ultramontana de su lefebvrismo, de su Opus Dei, de sus Legionarios de María.
Tras los nuevos embates contra el Estado laico obra alianza de la Iglesia con sus pares cristianas y evangélicas; ahora en defensa de la dignidad humana –escribe Lemaitre– como parámetro del derecho a la vida (contra el aborto), a la libertad religiosa y por el matrimonio heterosexual. Renovada apelación al derecho natural, eterno e inmutable, obliga a desobedecer las leyes que violen un llamado orden moral objetivo. Reina en esta concepción el derecho de no aplicar leyes positivas, si ellas violentan la conciencia. Como las de aborto y matrimonio igualitario. Prevalece aquí la libertad religiosa sobre el derecho a la igualdad. Y, diríamos, aquella libertad religiosa podrá resolverse en imposición de un credo como gobierno divino sobre la sociedad civil. En teocracia.
Ícono de la subversión contra el matrimonio igualitario en Colombia, Ordóñez activó todos los dispositivos de la poderosa Procuraduría para impedirles a los jueces casar a parejas del mismo sexo. Le pidió a la Constitucional negarles este derecho, aduciendo que la Carta concibe este vínculo sólo entre hombre y mujer. Mas, tras la impostura legalista asoman la cabeza las catilinarias de su texto Hacia el libre desarrollo de la animalidad, donde Ordóñez aboga por refundar “el orden del derecho en la divinidad y en el orden natural que de ella dimana”. Y respira “la concepción deísta del orden público” que ventila en su tesis de grado. Nuestro cruzado repele la “ideología de género” y el laicismo que alimenta “la agresión a nuestras tradiciones cristianas”.
Davis no pagó cárcel por sus ideas religiosas, sino por subvertir la ley civil. Ordóñez pesca en el revoltillo de fanatismos renacidos por ver si impone su dogma apolillado desde el solio de Bolívar. Y para ello menea la idea de un dios terrible, el suyo, que impera si sacrifica a media humanidad.
por Cristina de la Torre | Sep 6, 2015 | Modelo Económico en Colombia, Política agraria, Septiembre 2015
Mal actor. Si no fuera por la tragedia que evoca, daría risa el desapacible papelón de dignidad ofendida con que responde José Félix Lafaurie a la menor insinuación de reforma agraria. Pero se comprende este mecanismo de autodefensa en el mentor del estamento más abusivo del campo: el latifundismo ocioso de una res por hectárea feraz, en un país humillado en el modelo de tierra sin campesinos y campesinos sin tierra. Simboliza Lafaurie un poder secular afirmado sobre la concentración creciente de la tierra. La mayor en el mundo. Como acaba de ratificarlo el Censo agrario, según el cual casi la mitad de la tierra cultivable pertenece al 0,4% de los propietarios, al notablato que casi siempre especula con ella y paga impuestos irrisorios, o ninguno. El diagnóstico del censo dibuja el horizonte del cambio. Y la actualización del catastro en el campo, con cobro sin concesiones del impuesto predial, daría lugar a una reforma agraria sin alharacas.
Restituir es parte del remedio. La solución de fondo, una reforma del campo que los grandes terratenientes llevan cien años boicoteando. Pero sin la información que da el catastro sobre propiedad y uso de la tierra, no podrá aquella cristalizar. Un inventario pormenorizado permitirá fijar el impuesto predial y dar el paso decisivo: elevar el gravamen a los predios subexplotados u ociosos, aliviar el de los bien explotados y de economía campesina. Ya decíamos en este espacio (7, 2009) que, salvo momentos de excepción, la presión terrateniente para esquivar el predial y mantener la conveniente desinformación sobre tierras ha reducido el catastro al ridículo. Siendo 16 por mil la tasa nominal del predial, este se liquida apenas al 4 por mil. Y casi nunca se paga. Avalúo enano, y precio comercial astronómico. El hecho es que la tasa de tributación efectiva del sector agropecuario es apenas del 5,5%.
Para Hernán Echavarría Olózaga, lo único que puede conjurar la pobreza es un impuesto a la tierra. No sólo porque el recaudo a los propietarios del campo pueda invertirse en servicios básicos a la población. Es, sobre todo, porque el capital privado se destina a crear empresa productiva, no a comprar tierra para especular con ella. Tasado un impuesto real sobre predios, tendrían sus propietarios que ponerlos a producir, o bien, invertir en otros frentes productivos. El impuesto provocaría una reforma agraria, sin gritarlo, pues pasaría la tierra a quienes sí la pusieran a producir. Con menos rentistas, bajaría su precio, así como el de los alimentos. Y sería más competitiva nuestra agricultura.
Desafío inescapable si se quiere la paz, en un país donde el viejo latifundismo se ha fundido, casi en pleno, con nuevos contingentes de terratenientes venidos del narcotráfico. Estamento sobrerrepresentado en el Congreso y reforzado durante el uribato con un tercio de curules en manos de parapolíticos. El mismo que frustró a tiros los intentos de reforma del siglo pasado. El mismo que ahogó en sangre el movimiento de Anuc en los años setenta. El mismo que hoy incorpora a quienes transitan de la motosierra a ejércitos antirrestitución. El mismo que denosta de la paz porque teme que ella traiga formalización de la propiedad en el campo y redistribución de tierras buenas cerca de las ciudades, hoy acaparadas como lotes de engorde. Temen que, después de un siglo, se acometa en Colombia una revolución liberal.
En vez de reforma agraria, aquí se desterró al campesinado “sobrante” a los extramuros de la patria y al extranjero. De él dependerá que haya por fin reforma agraria en Colombia. ¿Porfiarán los Lafaurie, clase dirigente inferior y venal, en la misma oposición virulenta de hace un siglo?
por Cristina de la Torre | Ago 31, 2015 | Agosto 2015, Conflicto interno, Internacional, Proceso de paz
¡Qué desfachatez! Este déspota silvestre se siente heredero de Simón Bolívar, el libertador de cinco naciones que devinieron república y, acaso presintiendo al minúsculo Maduro, reprobó el modelo de gobierno del demagogo, del tirano egócrata. Pero, además, el presidente de Venezuela se siente tan socialista como orgulloso de que a la deportada Jesica Urrego se le prohibiera, bajo amenaza de cárcel, pasar de nuevo a ese país a despedirse de su esposo y sus niños. Bolívar ambicionó las libertades civiles y políticas que Maduro viola todos los días. Quiso hermanar los pueblos de la América Hispana, no divorciarlos a garrote en la estampida.
Perdido sin remedio, se inventa Maduro al enemigo capaz de congregar a sus prosélitos en el miedo y en el señuelo de una guerra justiciera. Ahora contra sus hermanos de cuna pues, tras el apretón de manos entre Obama y Castro, se le esfumó el imperialismo yanqui. Moneda siempre manoseada para inflamar nacionalismo en los más crédulos y perorar revolución. Pero entre los motivos escondidos de la mascarada –caos económico, derrota electoral a la vista– sobresale uno que ya toca a escándalo en el mundo: los extraditados narcotraficantes Gersaín Viáfara y Óscar Giraldo comprometerán en su confesión a figuras del Ejército y del alto gobierno de Venezuela, al mismísimo Diosdado Cabello, en supuestos tratos y negocios con el cartel de Sinaloa. Respira ese Gobierno por la herida de sus narcoparamilitares de alto vuelo cuando acusa de tales a los niños, ancianos y mujeres colombianos que en su huida por ríos y trochas cargan a duras penas algún haber y la vida en vilo.
Pero no es Maduro el único que anda a la caza de enemigo. También va Uribe por el suyo, “la Far”. Razón de ser del otro egócrata que ha elevado su sed de venganza a política de Estado. Cabalgando sobre el drama de la frontera propone, patriótico, cortar la participación de Venezuela en el proceso de La Habana. Palo formidable que quiere atravesarle a la paz, cuando el fin del conflicto parece inminente. Y es que sacar a sombrerazos al país que patrocinó como ninguno otro ese proceso es ponerle a la mesa de negociación un taco de dinamita, apostar a malograrlo todo. Las Farc volverían al monte y Uribe se frotaría las manos pues, sin guerra contrainsurgente, pierde este líder su identidad. Se queda sin discurso y sin oficio. Ha ocurrido siempre: las extremas se retroalimentan en griterío patriotero hasta instalarse en su estado natural, la guerra.
Estos señores, a distancia sideral de Bolívar. En la Carta de Jamaica, nuez de su ideario político que este 6 de septiembre cumple 200 años, convocó él a la unidad de los americanos. No sólo en la gesta independentista, sino para enfrentar como un solo haz de naciones a la estrella del Norte. Soñó con un subcontinente como “la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas, que por su libertad”. Un cuerpo de repúblicas con “gobierno libre y leyes benévolas”.
Viernes en la mañana: dos prelados de cabeza cana, gorditos, sonreídos, se confunden en un abrazo y claman por preservar la fraternidad entre colombianos y venezolanos. Son los obispos de Cúcuta y San Antonio. Viernes en la noche: un tal Rodríguez maltrata a la internacionalista colombo-uruguaya Laura Gil por los micrófonos de RCN Radio. La llama “extranjera” con desprecio, en respuesta al llamado de Gil a moderar el tono nacionalista que, en la coyuntura, puede resultar explosivo. No todos en Colombia se sienten, como los obispos y la analista, ciudadanos de la patria grande latinoamericana que Bolívar soñó. Un reto para persuadir a los beligerantes, después de tantos muertos, de las bondades de la paz.
por Cristina de la Torre | Ago 24, 2015 | Agosto 2015, Iglesias
Pocas veces había mostrado tanta debilidad la Iglesia. La censura que le impuso en 2012 al padre Alfonso Llano, teólogo eminente, por exaltar la humanidad de Jesús y de María, desnudó de un tirón el pánico ancestral de esta institución a la herejía. La iglesia de Roma compacta a sus fieles por el dogma e impone sus verdades con energía invencible desde arriba. Como dicta en los ejércitos su autoridad el general. Y no tiene alternativa. Sabe que su supervivencia emana de mantenerse unida; su cohesión y su poder, de apretar con puño de hierro al disidente. Anclada para siempre en los meandros oscuros del Medioevo (no en sus fulgores), lo mismo persigue hoy al padre Llano que ayer, en la apoteosis de la Inquisición, a otro librepensador, el padre Miguel Servet.
Al celebrar esta semana su cumpleaños número 90, recordó Llano sin ambages que el director General de los Jesuitas y el arzobispo de Bogotá le habían amordazado y hurtado la libertad constitucional de escribir. Fue ésta, según el propio sacerdote y escritor, la admonición final de los guardianes de la fe. Lo acusaron primero por acoger la teoría de la creación evolutiva, que disuelve el mito de Adán y Eva. Luego, por defender el derecho de la pareja a regular la natalidad y a emancipar su sexualidad del deber desapacible de la procreación. Tercero, por defender el derecho del católico a darle a su conciencia prelación sobre algún mandato de la Iglesia. Y, colofón final, la dura pena del silencio “por intuir una verdad”: que Jesús fue hijo de esposos unidos corporalmente, María y José; que de esa unión hubo varios hermanos y hermanas. Para no mencionar su justificación del buen morir y del celibato como opción libre del sacerdote.
Quién dijo miedo. Adolfo Nicolás, capo di tutti capi de los jesuitas, le ordenó sepultar su vocación de escritor, lo privó de su libertad de palabra y le exigió guardar silencio. Monseñor Falla, Secretario de la Conferencia Episcopal, sentenció: “el padre Llano ha perdido el horizonte y dejado de lado la fe que se pregona en la Iglesia desde sus inicios, al negar la virginidad de María (y) poner en duda la divinidad de Jesús”. Monseñor Gómez, obispo del Líbano (Tolima), lo sindicó de incurrir en delito de herejía al cuestionar un dogma no negociable del clero.
Siglos ha, en otras latitudes, un acontecimiento entre miles de su especie, resultaría premonitorio: acusado por la Inquisición española y finalmente incinerado por Calvino, Miguel Servet pagó con su vida la osadía de negar el dogma de la Santísima Trinidad. Inquisidores de iglesias rivales, un factor poderoso los unió, no obstante, en este crimen: su odio al sacrílego, al disidente, al humanista. Y el peligro de perder la identidad fundiéndose con el enemigo, pues era el dogma trinitario el único muro que separaba a cristianos, musulmanes y judíos, cuando acercar iglesias, culturas y pueblos era ideal del Renacimiento.
Torquemada, el gran inquisidor español, no ha muerto. Sigue su impronta haciendo estragos en cada baculazo cardenalicio. Pero tal vez en todo esto no haya más que miedo. Miedo, providencial, en el rebaño que se pliega dócil al absolutismo de Roma. Miedo de la jerarquía a la desintegración de la Iglesia entre una baraúnda de ideas encontradas, como sucede a toda institución dogmática que rehúye el pluralismo de la modernidad. Miedo del censor que acalla, a gritos contra el otro, todo presentimiento de su más íntima fragilidad humana. Miedo a fracturar su representación monolítica del mundo y de sí mismo. Por arrogancia, pero también por miedo embozalaron al padre Llano. Cuanto más grita, más acusa la Iglesia su endeblez.
