por Cristina de la Torre | Ago 17, 2015 | Agosto 2015, Modelo Económico en Colombia, Política económica
Reivindicó, ni más ni menos, retorno a la industrialización y se conformó con una fruslería: migajas concedidas por el modelo depredador que casi demoliera en 25 años la economía productiva del país. Había sorprendido el presidente de la Andi, Bruce McMaster, al reclamar una estrategia industrial emancipada de los abusos del libre comercio –impuesto sin simetría entre tiburones y sardinas–; y el restablecimiento del ministerio de Desarrollo, clausurado en 2002 en obedecimiento al dictamen de que la mejor política industrial es no tener política industrial. No duró un suspiro el discurso. A poco, contrastó éste rudamente con la ovación de su gremio en Cartagena al más conspicuo agente del que Kalmanovitz llama retroliberalismo (liberalismo retrógrado). El ministro Cárdenas ofreció eliminar aranceles a algunos productos importados de uso en producción industrial. El efecto no irá más allá de mitigar el impacto del incremento del dólar en esas importaciones. Pequeñez de coyuntura, no rescatará de su postración al agro y a la industria.
Si en 1990 la industria aportaba 24% al producto nacional, hoy no supera su participación el 10%. Si entonces creaba el 25% del empleo, hoy genera el 12%. Entre 2000 y 2014, el PIB subió 4,2% anual, pero la industria sólo creció 0,2%. Ahora las importaciones industriales duplican las exportaciones. El déficit de balanza cambiaria alarma, y no deja de crecer. El país se desindustrializa a pasos de gigante. Desde cuando César Gaviria dio en la flor de desproteger la industria propia en forma repentina e indiscriminada, paradigma que siguieron hasta hoy todos los presidentes que le sucedieron. A diseñarlo contribuyó la Andi, para inaugurar así la mutación de muchos productores suyos en importadores y especuladores con dinero. También participó ella, cómo no, en la negociación de los leoninos TLC, repotenciadores formidables de la apertura que tanto ha enriquecido a importadores y banqueros. Razón potísima para preguntar de qué se queja la Andi, y si el discurso de Mc Master va en serio o es una charada.
Gabriel Poveda Ramos, autoridad en la materia, deplora la suerte de la industria que en el siglo pasado “hizo crecer casi cien veces el tamaño de la economía colombiana… hasta cuando un gobierno sin sensatez lo derogó en 1990”. Colombia, dice, pudo haber sido potencia industrial de nivel medio, pero padece “unas clases dirigentes agobiadoramente inaptas para gobernarla”. Entre 1960 y 1990, la industria se expandió con más vigor, apalancada por el mercado interno y por políticas de fomento al sector. Pero en aquel año fatídico le cayó, en sus palabras, un meteorito gigantesco. Y fue después del cónclave de Washington, donde se decidió estrangular el desarrollo de América Latina con una receta venenosa: derruir la protección arancelaria, feriar las empresas del Estado, liquidar la banca de fomento, privatizar los servicios públicos.
Podrá hablarse de educación y de tecnología, mas de poco servirán éstas sin un modelo que regule el mercado y dé preeminencia a los sectores productivos. Por otra parte, es falsa la disyuntiva entre proteccionismo y fomento, o bien, competencia en el mundo mediante innovación y productividad. Una y otra cosa hicieron los países asiáticos ayer y Brasil hoy, ejemplos aleccionadores. Otro es el dilema: porfiar en el ruinoso patrón que rige, acolitado a menudo por mercaderes que pasan por industriales; o bien, retomar cuanto sirva del pasado para relanzar el desarrollo mediante industrialización concertada y coordinada por el Estado, la economía global en la mira. Y ahorrarse altisonancias de ocasión que se transan por cualquier plato de lentejas.
por Cristina de la Torre | Ago 9, 2015 | Agosto 2015, Izquierda
¿Por qué sólo Clara López debe explicar si conocía o no el desfalco a Bogotá, mientras pasan de agache todos los líderes del Polo que defendieron en su hora, con conocimiento de causa, al alcalde ladrón? Es ella la candidata, cierto, blanco de rivales siempre hambrientos de papaya en campaña electoral; y representa a su partido. Pero los dirigentes de esta colectividad, que se dice ajena al caudillismo, deberían a su turno dar la cara. Reconocer su escandalosa blandura ante el saqueo que en una democracia menos precaria hubiera ocasionado levantamiento popular.
Responder a señalamientos de semejante envergadura declarándose víctimas de persecución política es buscar, a la manera del uribismo, coartadas pueriles a omisiones graves. Protestar porque sólo se le hagan al Polo reclamos y no a los beneficiarios de partidos tradicionales en el carrusel de la contratación, es igualarse con éstos en un curioso derecho de pernada en la corrupción. Es arriar la bandera de lucha contra el delito, con la cual ha querido la izquierda distinguirse como alternativa política. Aceptar una supuesta repartija de puestos por la Casa Rojas entre las organizaciones del Polo –como es vox populi que la hubiese- a cambio de apoyo sin condiciones al alcalde Moreno, ¿no era allanarse al clientelismo del que denostaba ese partido y a los desafueros del burgomaestre? Y todo ello – silencios, flaquezas y lucro de algunos allí también- escamoteado con tanto celo, ¿no malogrará el triunfo de López en Bogotá? Esta ruidosa ausencia de autocrítica, ¿no matará en el huevo la formación de una izquierda nueva en Colombia?
Que la politiquería pretenda pasar por inocente y ponga al Polo en la picota pública no autoriza a este partido a eludir su responsabilidad política declarando que “la derecha neoliberal arma falsos positivos periodísticos para frustrar el triunfo de Clara”. No incurrieron sus dirigentes en delito, por supuesto, pero ampararon al rufián –si bien Luis Carlos Avellaneda, Gustavo Petro y Carlos Vicente de Roux habían ya denunciado sus manejos- dizque a la espera del dictado de los jueces. Como si no existiera sanción política y social. Jorge Enrique Robledo se justificó aduciendo que “si alguien delinque, asume una responsabilidad que es individual”. Carlos Gaviria suscribió este argumento y convocó a un debate interno “fuerte y franco”, a demostrar que “el partido no tolera corrupción”. El entonces presidente de esa colectividad, Jaime Dussán, se preguntó – ¡ay!- a qué tanto escándalo si la corrupción era fenómeno generalizado. Y Clara López denunció que “Gustavo Petro (había creado) una comisión de bolsillo para supuestamente investigar a la Administración de Bogotá… Existen pruebas del propósito de las fuerzas más reaccionarias de destruir el proyecto de unidad de la izquierda democrática”. No se pronunció la dirigencia del Polo contra el alcalde Moreno sino cuando ya él estaba tras las rejas. Los hechos les dieron a los denunciantes la razón.
Por sus dotes intelectuales, por su probada competencia como gobernante, por la integridad de su persona, Clara López es la mejor candidata posible de la izquierda. Pero ella y su partido enfrentan el desafío de la autocrítica, si aspiran a ganar la Alcaldía y a preservar el proyecto de una izquierda democrática: el reto de reconocer el colosal error colectivo de transigir con el sujeto que desvalijaba a Bogotá. Acciones al canto: comprometerse con instrumentos a toda prueba para proteger sus arcas. Y sacudirse a los indeseables que rodean su candidatura. Más daño hace tapar los errores que desnudarlos limpiamente. Máxime cuando el país entero los conoce.
por Cristina de la Torre | Ago 4, 2015 | Agosto 2015, Conflicto armado, Conflicto interno, Proceso de paz
Mientras el general Montoya habrá de comparecer ante la Fiscalía por exceso de fuerza en la ejecución de la operación Orión, que realizó a dos manos con “don Berna” y pobló de cadáveres la Escombrera, escurren el bulto los mentores del Gobierno Central que emitieron la orden. El expresidente Uribe parece agazaparse, frentero, tras las estridencias de su sabotaje a la paz. Pero la toma brutal de la Comuna 13 de Medellín en 2002, debut de la seguridad democrática y mayor acción militar urbana en la historia del conflicto, se ofrece como prueba de fuego para la verdad en el desenlace del proceso de La Habana. Porque, en sevicia y en número de víctimas, es crimen abominable: se contaron por centenas los detenidos, los desaparecidos, torturados, desmembrados y enterrados en secreto en la fosa común más grande del mundo, la Escombrera. Casi todos, civiles inermes.
Ahora, por vez primera en tres años, se declaran las Farc dispuestas a reconocer la parte del horror que les cabe en esta guerra y a someterse al dictado de los jueces; pero sólo si la contraparte política reconoce la suya y también se pliega a justicia restaurativa. Condición elemental cuando de negociar se trata con una guerrilla a la que no puede imponérsele rendición, puesto que no ha sido derrotada. Tampoco Álvaro Uribe lo logró. Si bien querría él otros ocho años de tierra arrasada, escenario propicio al valentón que embolata su responsabilidad en operaciones “patrióticas”, como esta de Orión.
1.500 soldados y policías, 800 paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, helicópteros, tanques y francotiradores se tomaron la Comuna y del asalto resultaron 300 enterrados adicionales en el campo santo de marras. La Dirección de Justicia Transicional calcula en 105.000 los sepultados NN en unos 2.000 cementerios clandestinos. La acción se adelantó “por disposición del Gobierno Nacional, con apoyo de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia”, según el general Leonardo Gallego, a la sazón comandante de Policía. Ninguna autoridad ha confesado que el plan involucró a las autodefensas, pero éstas participaron, aterrorizaron, coparon la zona y asumieron el control de la Comuna.
Mucho estaba en juego. No sólo el control político y social del territorio, cuando el paramilitarismo acababa de hacerse en elecciones con la tercera parte del Congreso, se preciaba de haber desempeñado papel decisivo en la elección del nuevo presidente y entraba en su época dorada. Es que la Comuna 13 linda con el corredor montañoso que une al suroeste de Antioquia con el Golfo de Urabá, salida apetecible para tráfico de armas y exportación de cocaína. En Medellín se impuso “don Berna” sobre las guerrillas, el Bloque Metro y la Terraza. Fue rey del transporte y depositario de la seguridad en la ciudad, al parecer por delegación del gobierno local y en ejercicio de la ominosa “donbernabilidad”. Mediante pacto tácito con el jefe narcoparamilitar –profusamente denunciado en la prensa de la época– el entonces alcalde Sergio Fajardo supuestamente le habría cedido al capo el control de la delincuencia mientras bajaba la guardia contra su organización. Versión renovada de la alianza Ejército-paras en la toma de la Comuna 13.
El proceso de paz se aboca a su estadio decisivo: el de enfrentar la verdad, todas las verdades y la responsabilidad de todos los que han jugado en esta guerra. Es antesala de justicia, reparación a las víctimas y garantía de no repetición. Emblema de espanto, tan sobrecogedor como la masacre de las Farc en Bojayá, Colombia y las víctimas necesitan saber quién responde por las atrocidades de la operación Orión y la Escombrera.
por Cristina de la Torre | Jul 28, 2015 | Arte, Educación, Julio 2015
Cientos de compadres y fanáticos protestaban energúmenos frente a la cárcel donde el cantante vallenato Diomedes Díaz purgaba pena. Argüían afrenta de la justicia contra el ídolo –protegido del paramilitarismo- que en 1997 había violado y asesinado a su novia, Doris Adriana Niño. Ahora, los parlamentarios Alfredo Ape Cuello Baute y Eduardo Crissien radican proyecto de ley que exalta a Diomedes como ícono de la cultura nacional. Contrasentido moral de buen recibo en sectores amplios de la sociedad, desde cuando los sicarios de Pablo Escobar se encomendaban a María Auxiliadora para no fallar el tiro contra su víctima venidera. En otra dimensión de la doble moral, vemos todos los días repetirse el espectáculo de personajes que pontifican contra las libertades individuales y la intimidad de los demás, mientras se permiten licencias que lindan a menudo con tolerancia del delito.
El sórdido ingrediente parece adobar también la cruzada del concejal cartagenero Antonio Salim Guerra contra la champeta y el reguetón. Expresiones de cultura negra y mulata que, según él, “erotizan” prematuramente a la juventud y son causa del embarazo adolescente y el aborto. En esta Cartagena, meca de prostitución infantil alimentada por la pobreza, la ignorancia y la falta de educación sexual, contra las cuales nada hacen sus elites. Para La Silla Vacía, en el origen de la iniciativa figura un concejal cristiano afín al senador Antonio Correa (prosélito de Enilse López, La Gata). Vuelve y juega la explosiva aleación religión-oscurantismo-violencia moral (¿y física?), rediviva en Colombia desde tiempos del uribato. Puesta la mira en los votos de la iglesia Ríos de Vida, Guerra despliega el mismo lenguaje inquisitorial de la jerarquía católica durante la Violencia: condena los “bailes incitantes” que hacen apología del sexo, la lujuria y la violencia. Ya monseñor Builes satanizaba el baile “lujurioso”, divertimento diabólico impropio de la mujer honesta, mientras dejaba que sus tonsurados invitaran desde el púlpito a matar liberales.
El mismo Concejo de Cartagena prohibió en 1921 la cumbia y el mapalé, bailes pletóricos de sensualidad cuyo erotismo degradaron a condición de pecado las mentes enfermas de los censores. Como degradan hoy la champeta. Como degradaron desde la Colonia los ritmos de los negros, porque con ellos transgredía esta etnia la dominación de las elites blancas, resistía, y afirmaba así la identidad del negro y el mulato.
Aunque entreveradas las culturas blanca, negra e indígena, nuestra oligarquía porfía después de cinco siglos en preservar la hegemonía “blanca” en una sociedad mestiza. Con lujo de matices recorre Rafael Antonio Díaz la historia pasada, el abanico entero de manifestaciones culturales de negros y mulatos en el Nuevo Reino de Granada: brujas que roban el alma, cabildos de negros y mulatos, danzas secretas, bailes de negros en fiestas religiosas, juegos, tambores prohibidos, demonios de la resistencia, palenques, cimarrones, fandangos y chirimías. Exuberancia menospreciada por venir de la “masa brutal”, incapaz de someter sus pasiones al molde civilizado. El diablo impuro, antinomia de lo puro, lo español; y el correlato de puro-impuro en el de bueno-malo. Si carnaval había, uno era civilizado, el de las elites; otro, bárbaro, el de la guacherna. Y las jerarquías persisten.
¿No debería el vallenato resistir a la cultura mafiosa que quiere convertirlo en apología del crimen? ¿No debería la champeta resistir como autoafirmación transgresora de las etnias segregadas por el moralismo del poder público que se mete, a la manera del nazismo, en la cama del ciudadano?
por Cristina de la Torre | Jul 20, 2015 | Julio 2015, Salud
¿Incuria? ¿Insolencia? ¿Indignación porque el Hospital San Vicente Fundación de Medellín entregue lo mejor de la medicina a la población más pobre? En su abominable política de proteger el negocio de las EPS, el Gobierno estrangula a clínicas y hospitales. El de San Vicente, patrimonio moral y científico de los antioqueños y de Colombia, pionero en trasplante de órganos en América Latina, teme cerrar servicios de cirugía y medicina interna. Sus salas de urgencias colapsan con miles de pacientes adicionales de Saludcoop y Comeva, a quienes éstas han negado atención médica en otras instituciones. Lleva meses rogando a sus proveedores que, por demorar pagos, no le suspendan el suministro de medicamentos, de alimentos para los enfermos, de lavandería. No pudo cubrir este mes la factura de energía, agua y gas. Glotonas incontinentes mimadas de la Ley 100, no le pagan las EPS los $300.000 millones que le adeudan. Y el Gobierno ha dejado desbordar su flujo regular de fondos por encima de los $40.000 millones.
Pero este hospital se juega la vida por la vida de los pacientes. Desde su presidente, doctor Julio Ernesto Toro, hasta el último camillero, todos comparten allí la ética de no negarle a nadie afecto, consideración y atención avanzada si la requiere. Lleva 102 años haciéndolo, y no se precia de ser institución de puertas abiertas sino sin puertas. Encabezará mañana en la capital antioqueña el plantón nacional de protesta de clínicas y hospitales que se precipitan, todos, al abismo: $12 billones les deben las EPS, $5,3 de ellos a los hospitales públicos. Sin amago de pago. Y el ministro ahí. Con sus luces de bengala en la prensa y sus paños de agua tibia, que tampoco aplica. Su compromiso de mejorarle al San Vicente el flujo de fondos del día a día suscrito en noviembre pasado, se ha traducido en disminución sostenida de los mismos.
Ahora les propone a clínicas y hospitales endeudarse para remediar la iliquidez que los paraliza. En lugar de obligar a las EPS a honrar sus deudas con ellos, blinda las arcas de Alí Babá y convierte a los acreedores en deudores: lejos de entregarles lo que en sana ley les corresponde –dineros de los colombianos sustraídos con dolo por las EPS– les deja el hueco y lo agranda. Al parecer, cocina el funcionario decretos para negarle la salud (¡y la vida!) a quien no se afilie al sistema. Y para forzar a los ya afiliados a renovar contrato con las EPS, dizque en vista de un nuevo pacto social que estafará al ciudadano, le conculcará derechos adquiridos y le mezquinará los servicios de salud hasta la inopia. Burlando la Ley Estatutaria y su consagración de la salud como derecho fundamental, desafía el ministro a la sociedad y se insubordina contra el orden constitucional desde la entraña misma del poder.
El San Vicente simboliza la crisis hospitalaria del país y es a la vez emblema de tantas IPS que descuellan. Hace 51 años practicó el primer implante de mano en el continente. David Acevedo, el campesino intervenido, sigue labrando a dos manos su parcela. La comunidad científica del mundo registró la hazaña con asombro. Y las que le siguieron: trasplantes de riñón, de hígado, de tráquea y el impensable de intestino. Hace una década sorprendió con el trasplante de un hígado partido en dos, para sendos beneficiarios. Referente de innovación científica en Colombia y afuera, la institución vuelca su saber sobre la población olvidada. “Así enfrentamos –dice el doctor Toro- el binomio más difícil del ser humano: la compleja enfermedad y la profunda desprotección”. Anverso de esta divisa, la ruindad del Gobierno que asfixia a este hospital y a cientos más en el país.
por Cristina de la Torre | Jul 13, 2015 | Conflicto interno, Iglesias, Izquierda, Julio 2015, La paz, Personajes, Proceso de paz
Murió de un tiro en el acto de recuperar el fusil del soldado caído, como era deber de todo guerrillero raso en el ELN: ganarse el arma en combate. Pero Camilo no era cualquier guerrillero raso. Era el líder creador del Frente Unido que hasta cuatro meses antes movilizaba multitudes con su palabra de cambio. La desaparición de este hombre, incorporado a la lucha armada por presión de esa guerrilla, es hecho fundacional del proceso que contribuyó como pocos a convertir a Colombia en meca continental de la derecha: la invasión simbólica del campo de la izquierda legal por la izquierda armada. Ésta le alienó a la primera el apoyo de la población.
Presumiendo superioridad moral de las armas como respuesta al régimen de democracia restringida, crearon las guerrillas la impresión de que toda manifestación popular llevaba su impronta. Maná del cielo que llenó de argumentos a la derecha. Experimentada en el arte de cercar al adversario, les colgó ella el sambenito de subversivo al movimiento popular y a todo disidente político. Resultado, mordaza, persecución y hasta la muerte para quien reivindicara derechos y reformas. Tragedia al canto, el exterminio del partido legal Unión Patriótica, en parte como represalia en carne ajena por la eliminación de incontables líderes de la política tradicional a manos de las Farc. ¡No de la UP! Hoy se disponen ellas a recoger velas en vista de la paz, a dejar las armas para hacer política, a descolgarle el sambenito siniestro al resto de la izquierda. Pero en el ELN la reincorporación a la vida civil es todavía un decir.
A cincuenta años de la muerte del sacerdote, sociólogo, dirigente político y guerrillero fugaz, se presenta Camilo en el Teatro La Candelaria. Obra potente de Patricia Ariza, cargada de evocaciones y poesía, recupera la memoria del cristiano que se inmoló por amor a los excluidos. Ariza y sus actores penetran en los dilemas de un alma atormentada entre la rebeldía y el misticismo hasta el sacrificio final. Sacrificio inútil, podrá decirse, contraproducente, porque privó a Colombia del líder de izquierda democrática que no se repetiría. Porque su único rédito –deleznable– fue darle un mártir al ELN. Guerrilla precaria, miope y sin pueblo que ahogó en su fantasía de guerra el anhelo de cambio que Camilo despertó en sindicatos, universidades y plazas públicas. Fue su palabra la del concilio Vaticano lI, la de opción social por los pobres, hoy rediviva en boca de Francisco.
Sorprende la afinidad de la plataforma del Frente Unido con el discurso del Papa la semana pasada en Bolivia. Si proponía Camilo unir fuerzas del pueblo para promover desde el poder “un desarrollo socio-económico en función de las mayorías”, Francisco habla de poner la economía al servicio de los pueblos y unirlos en el camino de la paz. Si Camilo advierte sobre el peligro de cifrarlo todo en un líder, de “las camarillas, la demagogia y el personalismo”, Francisco previene contra la tentación del personalismo, el afán de liderazgos únicos y la dictadura. Si invocó Camilo la revolución, Francisco clamó por un cambio revolucionario para superar la grave injusticia que se cierne sobre los pobres.
He aquí el escenario donde empezaba Camilo a convertir su amor eficaz en divisa de acción política. Malograda por los que reverenciaron el credo de las armas, despreciaron la política y permitieron que ese imaginario legitimara la cruzada sin cuartel de la caverna contra la izquierda civilista y el interés popular. Si ha de sumarse el ELN al proceso de paz, también tendrá que pedirles perdón a sus víctimas; y al país, por haber sacrificado la promesa de democracia que Camilo encarnó.
por Cristina de la Torre | Jul 6, 2015 | Iglesias, Julio 2015
Se escandaliza la plutocracia cristiana de Occidente porque musulmanes extremistas acudan a las armas, a la propaganda y al terror para expandir su Estado Islámico (EI) en nombre de Alá. Pero con medios iguales, en nombre de Cristo y contra “el eje del mal”, respondió George Bush a la atrocidad de las Torres Gemelas en 2001. Y no mató a 90 –última cosecha del wahabismo en este ramadán, que se suma a sus incontables víctimas–. Bush pulverizó en su represalia a decenas de miles de “infieles” inocentes en Irak, con bombas de sus aviones de guerra. Nunca se supo cuántos prisioneros padecieron torturas horrendas en Abu Ghraib por soldados del mandatario gringo que gobernaba con una secta protestante tan inflexible, o más, que la del nuevo califato islámico. Tan inflexible, o más, que la lefebvrista de nuestro procurador Ordóñez, nostálgico de guerra santa que no despacha con la Constitución laica sino con su propio Corán: la Biblia.
Hipócritas, magnifican el sacrificio de “herejes” chiítas por fundamentalistas islámicos, de turistas “infieles” en playas de Túnez, de soldados en trincheras enemigas. Anatema, vociferan, que el EI quiera compactar pueblos en una fe incontaminada y exclusiva, fuente del gobierno uno, inquebrantable de los sacerdotes. Ideal de teocracia que todos los monoteísmos persiguieron en la Edad Media, y cuyo campeón fue el cristianismo mediante dos instrumentos que la humanidad evoca con horror: las cruzadas contra mahometanos y judíos, los infieles, de un lado; del otro, la Santa Inquisición. Máquina de formato religioso y propósito político que durante seis siglos torturó, descoyuntó y quemó vivo a todo sospechoso de pensar por su cuenta: el hereje. Purgado así el rebaño, unido en el temor de Dios y sus ejércitos, papas y emperadores, reyes y cardenales compartieron trono, en un brazo la mitra, la espada en el otro.
Como se recordará, la Inquisición ejecutó a todo aquel que representó una amenaza potencial contra la homogeneidad religiosa de la comunidad, corolario del poder del Estado absoluto. La fe era entonces cosa pública, no privada. Escenificada para el público, la muerte del reo fue espectáculo terrorífico que aseguró sumisión sin reservas en la muchedumbre. Hubo también inquisidores protestantes.Calvino, dictador teócrata de Ginebra, mandó al humanista Miguel Servet a la hoguera, por preconizar el regreso al evangelio de Jesús y negar la Trinidad. Inmigrantes puritanos, herederos del ginebrino, replicaron en Norteamérica la teocracia oligárquica del maestro, y fueron a su vez los antecesores de George Bush.
Abruma menos esta historia que su resurrección en pleno siglo XXI. Pues hace siglos las revoluciones liberales separaron a la Iglesia del Estado, enterraron el derecho divino de los reyes y le adjudicaron a la religión el ámbito de la vida privada, lejos del poder público. Es esto acaso lo que debería sorprender. Abundó la Inquisición en decapitaciones que militantes del EI parecen emular hoy; en torturas que soldados gringos imitan en Oriente Medio. Y con mira semejante a la del pasado: juntar política y religión en un mismo haz de poder. ¿No es ese el cometido de los estados que conforman el Corredor Bíblico en Estados Unidos? ¿El del EI? ¿El del lefebvrismo criollo?
Contra el adefesio de una Iglesia que se dice portadora de amor convertida en máquina de terror, ha sabido apañárselas ella misma para recuperar la grey. Entre otras, por su capacidad para generar “deslumbrantes anticipaciones”, diría el escritor Carlos Jiménez. Como la conmovedora encíclica de Francisco que reivindica el grito de la tierra y de los pobres. Antípoda del terrorismo que practicó en su hora, y que el Estado Islámico despliega hoy.
por Cristina de la Torre | Jun 29, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Junio 2015, La paz, Proceso de paz
En los altibajos del proceso de paz, cuando parecía ésta ahogarse bajo la nata de petróleo derramado por las Farc, un acontecimiento inusitado podría ayudar a devolverle el resuello: ha quedado en entredicho su primer obstáculo, la facción de uniformados que se erigió en bastión de la extrema derecha guerrerista. Por vez primera investiga la Fiscalía presunta responsabilidad de 22 generales en la comisión de 4.475 falsos positivos y convoca a cuatro de ellos a declarar ante los jueces. El último informe de Human Rights Watch incorpora expedientes y pruebas judiciales que terminarán atemperando estridencias castrenses ajenas a la democracia.
Compelido por el ministro entrante, Luis Carlos Villegas, a marginarse de la política; perdida su autoridad moral si resultara incriminado por responsabilidad del mando, este sector optaría por concurrir a la Comisión de la Verdad y someterse a la justicia transicional. Más blanda, para el caso, que la justicia ordinaria o la internacional. Es decir, se allanaría a la política de paz. Si bien no es seguro que los tribunales cataloguen como delito de guerra el asesinato de civiles, por prebendas. Aunque el entonces presidente Uribe humilló a las víctimas al aseverar que no estarían ellas “cogiendo café”, mientras se deslizaba por los cuarteles la más escalofriante víbora de muerte. Tan pavorosa, que el gobierno de Estados Unidos amagó con cortar la ayuda financiera al Plan Colombia.
Habla el informe de posibles ejecuciones generalizadas y sistemáticas por efectivos de casi todas las brigadas del Ejército entre 2002 y 2007, con presumible conocimiento u orden de sus superiores. Analiza pesquisas de la justicia y declaraciones de testigos que comprometen, entre otros, al general Montoya. Señala el documento al general Rodríguez, actual comandante de las Fuerzas Militares, y al general Asprilla, jefe del Ejército. No sindica la Fiscalía a los primeros de participación directa en los crímenes, pero teme que con sus instrucciones los promovieran y estudia si por línea de mando deben responder. Se habría pecado entonces, a lo menos, por omisión.
Al estallido del escándalo contribuyó la presión internacional. Un protocolo de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA), entre otras, con fecha 19 de abril de 2007, insta al congreso de Estados Unidos a suspender la ayuda militar a Colombia mientras no se aclaren supuestos vínculos de paramilitares con agentes del Estado y ejecuciones extrajudiciales. Amparadas en pruebas de violación sistemática de Derechos Humanos por las Fuerzas Armadas en Colombia, le recomiendan a la Secretaria de Estado, Condolezza Rice, descertificar al país. En particular, por información de ejecuciones extrajudiciales a manos de militares, ya abrumadoras entre 2005 y 2007. No frenaron la ayuda: la redistribuyeron, ignorando a los batallones denunciados.
El entonces ministro de defensa, Santos, actuó de inmediato: destapó el escándalo. Contra la voluntad del general Montoya, destituyó a 27 altos oficiales. Creó controles en las brigadas. Diseñó nuevos protocolos de levantamiento de cadáveres. Introdujo instrucción de Derechos Humanos en las Fuerzas Militares. Y cambió la doctrina: contra la de su predecesor, Camilo Ospina, ordenó privilegiar capturas y desmovilizaciones, no cadáveres. Si como ministro le quedaron baches que invoquen responsabilidad política, el hoy presidente Santos deberá explicarse con entereza ante el país. Y, en vista de la paz, bien supremo que ha comprometido sus afanes, tendrá que perderles el miedo a Uribes, Londoños, Mariafernandas, Ordóñez y ciertos militares retirados, maniáticos todos de la guerra ahora enredados entre los palos de su propio invento.
por Cristina de la Torre | Jun 22, 2015 | Junio 2015, Salud
Mucha pandereta, mucho fuego artificial del ministro Gaviria sobre control de precios a medicamentos y suspensión del glifosato, mientras refuerza el modelo mercantil que sume a la salud en su peor crisis en décadas. El indecoroso amparo del funcionario al lucro de las EPS consolida el aseguramiento privado y su intermediación financiera, que volvieron negocio de mercaderes el derecho a la salud. Y ultraja a los 568 hospitales públicos que agonizan en la indigencia porque no les pagan las EPS los casi cinco billones que les adeudan. Pero lejos de apretarlas, como es deber del ministro, éste les concede siete años de gracia para refinanciarse ¡con los propios fondos del sector! Y propone, además, compensar el desfalco perpetrado por esas intermediarias al sistema de salud con nuevos impuestos a los colombianos.
Eficiente distractor de este cometido primordial, la prometedora suspensión del glifosato es, de momento, apenas una propuesta; aunque de incierto desenlace, si cuaja, pues se estudia ya otro herbicida para reemplazarlo, acaso tan tóxico como el anterior. Como lo denuncia el exministro de Salud, Camilo González. No está clara, pues, la capacidad de la medida propuesta para replantear la política antidrogas.
Un segundo recurso a titulares de prensa que encubren el afianzamiento de la Ley 100 de salud es el supuesto ahorro de $1,6 billones en tres años por control de precios a medicamentos biotecnológicos. Modesto este medio billón al año, si se lo compara con las utilidades que las farmacéuticas de tales productos mantienen, pese al control de precios sobre algunos de ellos. O con los beneficios de las EPS –utilidades y apropiaciones indebidas sumadas. Y si hemos de creer a las cifras del ministerio, que oculta con celo los recobros por medicamentos al Fosyga. Recobros que pasaron de exponenciales a incontrolables.
El hecho es que la reducción de precios sobre estos productos se neutralizó con la venta de más unidades de los mismos, o de algún otro medicamento de la farmacéutica de marras. El laboratorio vendió menos caro pero en mayor cantidad, gracias al sucio trabajo de las EPS de inducción artificial de la demanda. Entre 2012 y 2013, cuando se introdujo el control de precios, las unidades vendidas de Rituximab aumentaron 63% y, en valores, el 22%. Entre uno y otro año, los ingresos por ventas saltaron de $93 mil millones a $113 mil millones. Entre 2013 y 2014, el NovoSeven más que duplicó ventas, si bien el número de pacientes seguía siendo el mismo. Del acetaminofén, producto estrella de los colombianos, ni hablar. El año pasado se vendió casi tanto acetaminofén de marca como del genérico. Pero el primero reportó $341 mil millones y el genérico sólo $38 mil millones. Todo, gracias a la publicidad engañosa de que producto de marca, aunque caro, es mejor. Si falla el control real de precios, también se desprotege la producción nacional de fármacos, y no se lanza el Estado a producirlos. Como en Sudáfrica, India y Brasil.
La Ley Estatutaria de Salud deposita en el Estado la dirección, organización, regulación y control del servicio. A instancias de esta norma, La Gran Junta Médica Nacional, que agrupa a las seis mayores organizaciones profesionales de la salud, insta al Gobierno a respetar la autonomía de los médicos. Y a superar la crisis del sector cambiando “el modelo de aseguramiento comercial por uno de aseguramiento social que reconozca la salud como derecho humano fundamental en el cual no quepan el negocio ni el afán de lucro de terceros”. Pepa del asunto que el Plan Nacional de Desarrollo contraviene olímpicamente, y el ministro burla haciendo ruido sobre iniciativas apenas esbozadas o de resultados inciertos.
Minsalud: mucho ruido…
Mucha pandereta, mucho fuego artificial del ministro Gaviria sobre control de precios a medicamentos y suspensión del glifosato, mientras refuerza el modelo mercantil que sume a la salud en su peor crisis en décadas. El indecoroso amparo del funcionario al lucro de las EPS consolida el aseguramiento privado y su intermediación financiera, que volvieron negocio de mercaderes el derecho a la salud. Y ultraja a los 568 hospitales públicos que agonizan en la indigencia porque no les pagan las EPS los casi cinco billones que les adeudan. Pero lejos de apretarlas, como es deber del ministro, éste les concede siete años de gracia para refinanciarse ¡con los propios fondos del sector! Y propone, además, compensar el desfalco perpetrado por esas intermediarias al sistema de salud con nuevos impuestos a los colombianos.
Eficiente distractor de este cometido primordial, la prometedora suspensión del glifosato es, de momento, apenas una propuesta; aunque de incierto desenlace, si cuaja, pues se estudia ya otro herbicida para reemplazarlo, acaso tan tóxico como el anterior. Como lo denuncia el exministro de Salud, Camilo González. No está clara, pues, la capacidad de la medida propuesta para replantear la política antidrogas.
Un segundo recurso a titulares de prensa que encubren el afianzamiento de la Ley 100 de salud es el supuesto ahorro de $1,6 billones en tres años por control de precios a medicamentos biotecnológicos. Modesto este medio billón al año, si se lo compara con las utilidades que las farmacéuticas de tales productos mantienen, pese al control de precios sobre algunos de ellos. O con los beneficios de las EPS –utilidades y apropiaciones indebidas sumadas. Y si hemos de creer a las cifras del ministerio, que oculta con celo los recobros por medicamentos al Fosyga. Recobros que pasaron de exponenciales a incontrolables.
El hecho es que la reducción de precios sobre estos productos se neutralizó con la venta de más unidades de los mismos, o de algún otro medicamento de la farmacéutica de marras. El laboratorio vendió menos caro pero en mayor cantidad, gracias al sucio trabajo de las EPS de inducción artificial de la demanda. Entre 2012 y 2013, cuando se introdujo el control de precios, las unidades vendidas de Rituximab aumentaron 63% y, en valores, el 22%. Entre uno y otro año, los ingresos por ventas saltaron de $93 mil millones a $113 mil millones. Entre 2013 y 2014, el NovoSeven más que duplicó ventas, si bien el número de pacientes seguía siendo el mismo. Del acetaminofén, producto estrella de los colombianos, ni hablar. El año pasado se vendió casi tanto acetaminofén de marca como del genérico. Pero el primero reportó $341 mil millones y el genérico sólo $38 mil millones. Todo, gracias a la publicidad engañosa de que producto de marca, aunque caro, es mejor. Si falla el control real de precios, también se desprotege la producción nacional de fármacos, y no se lanza el Estado a producirlos. Como en Sudáfrica, India y Brasil.
La Ley Estatutaria de Salud deposita en el Estado la dirección, organización, regulación y control del servicio. A instancias de esta norma, La Gran Junta Médica Nacional, que agrupa a las seis mayores organizaciones profesionales de la salud, insta al Gobierno a respetar la autonomía de los médicos. Y a superar la crisis del sector cambiando “el modelo de aseguramiento comercial por uno de aseguramiento social que reconozca la salud como derecho humano fundamental en el cual no quepan el negocio ni el afán de lucro de terceros”. Pepa del asunto que el Plan Nacional de Desarrollo contraviene olímpicamente, y el ministro burla haciendo ruido sobre iniciativas apenas esbozadas o de resultados inciertos.
por Cristina de la Torre | Jun 8, 2015 | Educación, Junio 2015
Sorprende la credulidad de colombianos permeados por el cuento de que un expresidente amasado en la politiquería podía emular al mismísimo Simón Bolívar. Y la descabellada fantasía de insurgentes non-sanctos que se pretendieron voceros del pueblo. Pecados contra un sentido de realidad que podrá atribuirse al desprecio por la historia, por los referentes que ella ofrece para justipreciar el verdadero calado y sentido de los hechos de hoy. Desdén hacia nuestra historia, tan ocultada, deformada y agredida allí donde ella pide pista. Si en educación, se suprime la cátedra de historia en los colegios. Si en escenarios de memoria histórica, símbolos de identidad nacional, se trabaja por destruirlos en nombre del “progreso”. Como la autopista de doble calzada que cruzará el corazón mismo del campo de Boyacá, donde venció el Libertador a las tropas españolas, para dar paso a la formación de cinco repúblicas independientes. Grosero atropello del concesionario Solarte y Solarte, con aval del ministerio de Cultura.
Ni fetiche, ni exaltación romántica de la libertad. Juan Camilo Rodríguez, presidente de la Academia Colombiana de Historia, encabeza una cruzada en defensa del monumento histórico, a la que se suman ya otras academias, juristas, magistrados, universidades y organizaciones ciudadanas. “La construcción de la memoria histórica de los colombianos como país independiente y soberano, escribe él, se apoya en el patrimonio documental y en los escenarios que dejaron huella de resistencia decisiva (contra la metrópoli española)”.
En reivindicación providencial del pasado, nuestro escritor Pablo Montoya ganó el premio Rómulo Gallegos, justamente con una novela histórica. Su Tríptico de la Infamia proyecta las guerras de religión que asolaban a la Europa del siglo XVI hacia la conquista de América y su exterminio de los nativos. La obra dibuja en el pasado las claves de nuestro presente. ¿Acaso el asesinato continuado de indígenas en el Cauca, sobre todo por herederos de encomenderos exconvictos de las cárceles de Cádiz, no responde a la misma lujuria de riquezas que cinco siglos atrás se resolvió en exterminio de la raza americana? ¿Es que la batalla de Boyacá, librada por indios, negros y mestizos, no inauguró la ruptura con el despotismo y la construcción de la república que somos hoy? Construcción traumática, imperfecta, inacabada, signada por la violencia y las desigualdades. Pero república, al fin, en pos de una democracia cuyo nombre ni siquiera se pronunciara hoy sin aquel acontecimiento de 1819.
Emblema de la nación, el campo de Boyacá es patrimonio histórico y cultural de los colombianos. No merece el recurso a la procacidad del gobernador de Boyacá, para quien “decir que la vía no puede pasar por el centro (del monumento) porque (lo) daña es como defender la virginidad de una mujer con tres hijos”. Pueda ser que no pertenezca el funcionario a la cofradía de varones que cifran la hombría en su ruidosa capacidad depredadora. Lejos está también este símbolo de libertad de la presuntuosa ficción de las guerrillas; y de quien, con ínfulas de Bolívar, trocó la patria en demagogia para prevalecer sobre otros notables de vereda.
Ojalá hablara este Gobierno menos de ladrillos en Educación y se aplicara más a restablecer la enseñanza de la historia a nuestros jóvenes. Principiando por darles a leer la novela de Montoya –prosa refinada, abundancia de investigación–. Ella ayudará a descubrir el tramo primero de los caminos por donde ha marchado, y marcha, nuestra historia. Sigue vivo el reto de la primera piedra que se plantó en Boyacá: culminar la edificación de un Estado en democracia, igualdad y paz. Con una primera condición: romper el sitio que quiere asfixiar su historia.
