por Cristina de la Torre | Jun 1, 2015 | Conflicto armado, Conflicto interno, Junio 2015, La paz, Proceso de paz
Si no le da a la Mano Negra por cometer un magnicidio endilgable a las Farc para sepultar el proceso de paz, pronto se apagará en el vacío este estruendo del guerrerismo. Para despecho de los insaciables de la guerra que en cada gota de sangre ven un voto, las conversaciones de La Habana parecen renovarse con vigor inesperado tras la crisis. Apuntan a solución definitiva porque el país emplaza ahora, no apenas a la guerrilla, sino también a los otros responsables de la contienda. Si guerra sucia hubo, si ensañamiento en la población inerme, aquella se libró entre dos. Y dos han de reconocer sus crímenes, reparar a las víctimas y pagar penas por delitos atroces: en un lado, las Farc; en el otro, la heterogénea amalgama de soldados indignos del uniforme, narcotraficantes, paramilitares, políticos y empresarios que se les unieron y cosecharon jugosos frutos de su acción.
En compromiso taxativo con la paz, declaró Pastor Alape que las Farc no quieren una gota más de sangre por efecto de la guerra. Que el grupo armado no descarta pagar pena de reclusión, no necesariamente en cárcel tradicional, si los otros responsables del desangre lo hacen también. “No vinimos a La Habana a intercambiar impunidades […] Para no defender que nosotros somos los buenos y los otros los malos, esclarezcamos. Para eso es la comisión de la Verdad”. Mientras tanto, el país registra con asombro el desminado que oficiales del Ejército y guerrilleros han emprendido codo a codo en Antioquia. Y la mesa finiquita lineamientos de la comisión de la Verdad. Pepa de la negociación final, pues de ella derivan la reparación a las víctimas, la aplicación de justicia a los máximos responsables del horror y la eventual participación de los insurgentes en política. Fin último de la terminación del conflicto, que el general Mora exaltó ante la tropa el 1 de abril: buscamos que las Farc desaparezcan como grupo armado, dijo, y se conviertan en partido político; para lo cual tendrán que dejar las armas.
Corolario de la guerra degradada son sus actores, envilecidos o viles de cuna. Un ideal político inspiró a las Farc en sus primeros 20 años de existencia. Pero en los últimos 30 naufragó éste a menudo en un torbellino de violencia contra la población civil, de despojo, secuestro, desaparición y narcotráfico. En muchos de sus frentes, el crimen y el abuso fueron notas dominantes. Superadas por la historia, quieren tornar ellas a la arena de la política, ahora como partido desarmado, rompiendo con la tradición colombiana de hacer política a tiros. Enhorabuena.
Ni peras en dulce ni blancas palomas, los paramilitares fungen por su parte como brazo armado de la extrema derecha. No ha mucho quedó en libertad el jefe paramilitar que había montado en Caquetá una escuela para enseñar a torturar y descuartizar en vivo sin que sintiera el verdugo dolor, vergüenza o culpa. Fueron estos los aliados de la principal bancada parlamentaria del uribato, y beneficiarios del DAS cuando su director, Jorge Noguera, puso a su servicio el organismo de inteligencia del Estado. Hechos de bulto que ponen en ridículo la estudiada indignación del expresidente Uribe porque se negocie con la insurgencia.
En la retina de los colombianos quedó grabada la imagen de Pastor Alape al lado del general Alzate cuando, tras caer en manos de las Farc, el jefe guerrillero lo devolvía a los suyos. Precedente de honor que les da hoy credibilidad a las palabras de Alape: para él, la paz depende de cerrar las heridas de todos, de reconciliarse en la reconstrucción mancomunada del país. Dígase justicia reparativa para todos los máximos responsables –salvo en casos de delitos atroces. Lo demás es sabotaje de quienes sólo cifran su porvenir político en la guerra.
por Cristina de la Torre | May 26, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Mayo 2015, Proceso de paz
Es como el tic siniestro de una fatalidad que hizo de la crueldad una fiesta contra la población del campo. En Urabá, epicentro del despojo de tierras por el paramilitarismo, empresarios que de buena o de mala fe las compraron después amenazan con desencadenar allí una nueva ola de violencia. Esperan amparar así el rico fruto de la contrarreforma agraria que arrojó millones de desplazados y de víctimas. Dizque para defenderse de la “hecatombe” del Gobierno que “induce otra guerra en Urabá”, anuncian la creación de una asociación de víctimas de la Ley de víctimas y restitución de tierras. ¿Autodefensa armada contra el ejercicio de la ley? Se reivindican como propietarios de buena fe –lo serán algunos, cómo no. Mas ninguno reconoce el historial de despojo de la zona. Ni la nueva organización intenta diferenciarse de los llamados ejércitos antirrestitución que han cobrado la vida a cinco líderes de campesinos que retornan por lo suyo a la región: su propiedad individual o colectiva, ahora escriturada a ganaderos y bananeros. En documentado informe, La Silla Vacía sitúa los hechos en La Larga-Tumarandó, entre Riosucio (Chocó) y Turbo (Antioquia), un corredor expedito para sacar droga al mar. Razón potísima que despertara el apetito de narcotraficantes, fueran ellos guerrilleros o paramilitares y sus aliados.
Pero el Gobierno enfrenta también a grupos de campesinos a los que el supernotariado Jorge Enrique Vélez tiene por carteles de falsos reclamantes o que invaden propiedad ajena, si bien éstos exhiben sus escrituras de origen. Para Alejandro Reyes -mano derecha del entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, autor del compacto proyecto de reforma rural integral- Vélez embolata la clarificación de la propiedad agraria, “en una verdadera operación de blanqueamiento de la alcantarilla de los títulos fraudulentos”. La Silla reproduce trino del expresidente Uribe en favor de los ganaderos de La Larga y contra líderes de restitución que propiciarían invasiones. Pero el Tribunal Administrativo de Restitución de Tierras de Antioquia declaró a uno de sus defendidos, Adriano Palacios, poseedor de mala fe. Ya éste había sido capturado por concierto para delinquir y desplazamiento forzado.
En pos del plan de narcotraficantes, ganaderos y paramilitares para apoderarse de un corredor de 7.000 hectáreas en Urabá, la Fiscalía ha propinado duros golpes. Detuvo a 32 civiles presuntos implicados en ese empeño, entre ellos al alcalde de Turbo, asesor del entonces gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. El 3 de febrero, una fiscal acusó por supuesto despojo de tierras a cuatro empresarios de Córdoba, viejos directivos del Fondo Ganadero de ese departamento y cuyo gerente, Benito Osorio, acaba de ser condenado por aliarse con los Castaño para consolidar el despojo de tierras en Tulapas. ¿Tras la oferta de sometimiento a la justicia de los Urabeños yace la reciente detención de 72 miembros de esa banda?
El ciclo de expropiación va del paramilitar al notario y de éste al empresario. Su caldo de cultivo, la guerra. Retardatarios de nación, estos amigos de la violencia aborrecen cualquier reforma de fondo. Pero es hora de que a lo menos expliquen si quieren eternizar el conflicto para subvertir a su amparo el orden que rige la propiedad privada en el campo. ¿Quieren tumbar las disposiciones que desde hace 81 años consagran la función social de la propiedad rural? ¿Quieren defender por las armas el nuevo orden de expropiación violenta revestida de legalidad a cientos de miles de propietarios rurales? ¿Se suman los poseedores de buena fe a la insubordinación de la ilegalidad y el crimen contra el anhelo de un país que se ha ganado a pulso el derecho a la paz?
por Cristina de la Torre | May 18, 2015 | Conflicto armado, Conflicto interno, Mayo 2015, Proceso de paz
En Venezuela y Ecuador el gobierno amordaza a la prensa no oficial; en Colombia, donde el terror silencia a menudo la verdad en provincia, grupos particulares emparentados con el crimen le imponen autocensura al periodista, o lo asesinan por responder a los deberes del oficio. Así perdieron la vida 56 comunicadores en los últimos tres lustros. Pero la censura y la amenaza de muerte operan también en ciudades principales. En Medellín, los hermanos Hernández de la Cuesta, accionistas de El Colombiano, intimidaron a periodistas de ese diario por informar sobre restitución de tierras en Urabá, donde aquellos tienen predios que víctimas de desalojo les disputan.
A la publicación de una primera nota en febrero pasado, Jorge Andrés Hernández habría hecho comparecer al reportero en su despacho para advertirle que él era “su patrón” e indicarle cuáles fuentes consultar y cuáles no. A poco, el periodista recibió de manos de un motociclista sendos sufragios de pésame para él y su camarógrafo. (¿Acaso de la Oficina de Envigado, que amenazaba por esos días a la escritora y columnista Ana Cristina Restrepo?). La directora del periódico, Marta Ortiz, denunció al punto la amenaza contra sus comunicadores y gestionó protección para ellos. Mas, como consecuencia de los hechos, éstos renunciaron. Uno de ellos declaró ante la Fundación por la Libertad de Prensa (Flip) que lo hacía porque le habían ordenado “no publicar ni comentar información concerniente al tema de restitución de tierras”.
Concluyó la Flip que en ese diario terminaron por prevalecer los intereses empresariales sobre los periodísticos, censura y amenaza de grupo no identificado de por medio. Que se quiso obstruir información que podía afectar a propietarios del periódico. Insistió en que los medios no debían traslapar los intereses comerciales, personales o corporativos de los dueños con la información o la opinión que sus redactores generan.
Los hermanos Hernández son dueños de la hacienda Flor del Monte en disputa, y grandes accionistas a la vez de los diarios El Colombiano y La República. Diana Carolina Durán reconstruye en El Espectador la historia comercial del predio que en 1997 llegó a manos de sus actuales propietarios, formado casi todo por tierras baldías ya adjudicadas por el Incora a campesinos. En 2011, la Superintendencia de Notariado registró una denuncia por presunto despojo del predio. Juan Carlos Hernández, gerente de La República, le explicó a la periodista que la compra se hizo en regla y que ellos no eran conscientes de la llamada expansión paramilitar en la región. Sin embargo, señala Durán, la mitad de los 10.227 asesinatos perpetrados allí entre 1990 y 2007 se registraron entre 1994 y 1998. Según el Tribunal Superior de Antioquia, el desplazamiento en Urabá alcanzó su pico precisamente en 1997, cuando 221.302 personas se declararon desterradas.
En la región Caribe y el Urabá antioqueño, meca del paramilitarismo, la hostilidad hacia el periodismo libre se encadena sobre todo con el conflicto por la tierra, que es matriz de nuestra guerra despiadada. Último indicio, el ataque a mano armada en Valledupar a la periodista Laura Ardila de La Silla Vacía, disfrazado de atraco, pues sólo se quedaron con su cuaderno de notas y con toda la información de sus contactos profesionales. Por salvar el honor de su periódico, los Hernández de la Cuesta deberán esclarecer sin atenuantes este entuerto. Hoy la libertad de expresión ha de batirse no sólo contra la arbitrariedad de los gobiernos sino contra los dueños de medios que la conculcan. Y peor aún si los flamantes propietarios de periódicos condescienden, sabiéndolo o sin saberlo, con los actores más sanguinarios del conflicto.
por Cristina de la Torre | May 11, 2015 | Internacional, Mayo 2015, Modelo Económico, Partidos
Mató el tigre, se asustó con el cuero, y perdió las elecciones. Pero le devolvió a la socialdemocracia su entidad de origen, en el ala izquierda del Partido Laborista que repudia el concubinato de su facción de derecha con el neoliberalismo hegemónico en Inglaterra desde Margaret Thatcher. Mientras se levantaba en el mundo una oleada de indignación contra los abusos del modelo que extremaba las desigualdades, Edward Miliband reencarnaba en ese país las ideas fundadoras del Estado de bienestar. El líder laborista denostó del capitalismo especulativo “depredador”, abogó por una economía productiva, por regulación financiera e intervención del Estado para redistribuir los bienes públicos. Su fórmula de capitalismo redistributivo, de democracia más enfática en igualdad que en libertad de mercado, amenazaba desbancar la del conservador Cameron, de crecimiento sin redistribución. Y desafiaba, por contera, la Tercera Vía de Tony Blair, cada día más cerca del liberalismo decimonónico. Contra el cual había surgido, precisamente, aquella transacción entre socialismo y capitalismo, la socialdemocracia.
Renacía esta opción de sus cenizas, para arrojar una última palada de tierra sobre la tumba de la utopía de Francis Fukuyama, savia del fundamentalismo de mercado y del Estado homogéneo universal: según él, la victoria del liberalismo político y económico sería el fin de la Historia. Seis meses antes de elecciones, invitaba Miliband a su partido a centrarse “en una alternativa radical que sea clara, calibrada y concreta”. Pero moderó a última hora el discurso y, por ganar votos del centro, lo contaminó de ambigüedades. Y salió derrotado. No así el fenómeno que cuajaba aceleradamente: la controversia entre tendencias en el laborismo. Una, vuelve por los fueros del poderoso sindicalismo británico y del pensamiento socialista; otra, recoge todavía los despojos de la Vía Blair, su líder entregado ahora a la desapacible tarea de hacerse millonario.
Sostiene la filósofa política Chantal Mouffe que es preciso reformular el proyecto socialista radicalizando la democracia. Nada habrá tan radical, apunta, como llevar a la práctica los principios ético-políticos de libertad e igualdad, pilares de la democracia pluralista. En lugar de una ruptura revolucionaria, provocar transformaciones en aquella. Si hace treinta años, en auge el Estado de bienestar, se trataba de radicalizar la socialdemocracia, hoy se trata de defender las instituciones del socialismo democrático que sobrevivieron a la embestida del neoliberalismo. La democracia pluralista, recuerda Mouffe, articula dos tradiciones que es imperativo recuperar: la tradición liberal del pluralismo, del Estado de derecho, de la libertad individual; y la tradición democrática de igualdad y soberanía popular. Única vía para superar la capitulación de la socialdemocracia al neoliberalismo. No parecía Miliband descaminado.
Hasta cuando quiso ofrecer un compromiso ideológico entre las dos corrientes del laborismo, y no, como se esperaba en las elecciones más dramáticas en décadas, un “nuevo” planteamiento: rescatar la pepa de la ideología y del programa socialdemocráticos que Blair había feriado. Más auspiciosa la vieja disputa izquierda-derecha que el amancebamiento del laborismo con su antagonista de hoy y de siempre. Pero el reencuentro de la socialdemocracia consigo misma en Inglaterra no la confina en una torre de marfil. Ya su dirigencia anuncia que la recuperación de su identidad política no le impedirá aliarse con otros para efectos que trascienden a los partidos. Como el referendo que decida si ese país permanece o no en la Unión Europea. La semilla ha germinado y dará frutos, pese a la derrota electoral del laborismo.
por Cristina de la Torre | May 4, 2015 | La paz, Mayo 2015
Pueda ser que dure la mesa de diálogo con el uribismo, si bien el abrebocas con el ministro Martínez no convierte a Álvaro Uribe en aliado de la paz. Así lo sugiere la metódica reiteración de sus exigencias a la mesa de La Habana, tras un primer encuentro; condiciones desmesuradas que bloquean toda posibilidad de acuerdo con la guerrilla. Pero nunca estorba la esperanza: ojalá el canje de insultos y mentiras por conversaciones entre caballeros de canapé republicano no se agote en el ardid de mostrarse indulgente en coyuntura electoral. O en el de distraer la opinión cuando la cúpula del uribato va a prisión por delitos propios de república bananera, y la Corte Suprema ordena investigar al mismísimo expresidente.
Pide Uribe suspender conversaciones con las Farc y reanudarlas sólo cuando esa guerrilla acepte concentrarse, sin concluir negociaciones de paz. Es decir, nunca, pues nadie acepta rendirse sin haber sido derrotado. Exige cárcel para las Farc, mas para ningún otro victimario, sea político, narcotraficante, militar, paramilitar, empresario o civil “ajeno” al conflicto. Por alusión al acuerdo agrario suscrito en La Habana, alerta de que quiera conculcarse la propiedad privada. Como si estuviera ella en juego. Aquí su apelación desembocaría en favor de los usurpadores de predios y en involución de un siglo contra la función social de la propiedad. Que no es invento del castro-chavismo sino del liberalismo moderno.
Se ha llegado en Cuba a la médula de la negociación: la reivindicación de las víctimas, que se afirma sobre la verdad desnuda de la guerra y el emplazamiento de sus máximos responsables. Entre éstos, civiles que financiaron al paramilitarismo y se lucraron de sus delitos. Investiga la Fiscalía 14.000 hechos criminales derivados del conflicto, 11.400 atribuidos a ganaderos, palmeros y bananeros. Habrá entre ellos quienes debieron pagar por protección contra la guerrilla, pero muchos hicieron de su alianza con el crimen otra fuente de riqueza y poder.
Ya dirá la justicia si un Jorge Pretelt compró a sabiendas fincas adquiridas por paramilitares bajo presión armada y desplazamiento de sus dueños. Según la Fiscalía, fincas que son hoy del alto magistrado fueron no ha mucho “La 35”. Una base paramilitar donde operó la escuela de entrenamiento de autodefensas. El expediente registra testimonios según los cuales habría en estas fincas de Pretelt fosas comunes de víctimas de los Castaño. Si ligereza, ¿no constituye ella una manera de cohonestar el paramilitarismo, agente encarnizado de la guerra?
Para el Centro Democrático, el acuerdo agrario crea mecanismos de expropiación y extinción de dominio “altamente perversos”, pues tenderían a la colectivización de la tierra. Falsa y perversa esta crítica. No sólo ataca la posibilidad legal de fortalecer la economía campesina, sino que pretende desmontar la normatividad vigente sobre predios inexplotados o adquiridos ilegalmente. Disposiciones adoptadas hace 81 años y refrendadas por la ley 60 de 1994. ¿Otra vez la derecha furiosa que antepuso a esta reforma la Violencia?
Es hora de que también la derecha reconozca su responsabilidad en la guerra; hora de que las Farc dejen de proclamarse víctimas, sin ver el reguero de muertos que han dejado a su paso por la historia. La del uribismo sería mesa paralela a la de La Habana, acaso para modular procedimientos que agilicen la terminación del conflicto. No para eternizarlo con exigencias inaplicables. Todos los procesos de paz enseñan que a los vencidos se les imponen condiciones; con los no derrotados se negocian acuerdos, y éstos suponen concesiones de parte y parte. Queda por establecer si el uribismo funge como subversión contra la paz y la reforma rural, o como aliado de quienes buscan la paz.
por Cristina de la Torre | Abr 20, 2015 | Abril 2015, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, La paz, Proceso de paz, Uribismo
Si hubiesen buscado un efecto más útil para la extrema derecha, no lo habrían logrado. La masacre de once uniformados por las Farc le ofreció a Álvaro Uribe ocasión privilegiada para convertir parte de la indignación nacional hacia esa guerrilla en impugnación del proceso mismo de paz. Pescando en el odio que el país le profesa al grupo armado, a medias fruto de sus crímenes y de su arrogancia, a medias inducido por el exmandatario que las acorraló en su hora, a éste le vino el hecho como anillo al dedo. Justo en el momento más amargo de su movimiento. Cuando la Corte Suprema mandaba a la cárcel a dos de sus exministros por delitos que –según ese tribunal– involucran a la persona del entonces presidente. Y los recluidos completan la cifra de 20 figuras, entre las 30 del círculo más estrecho del uribato, condenadas o investigadas por delitos penales.
Maestro de la oportunidad, Uribe evoca ahora el imaginario de su seguridad democrática –mano dura, corazón duro– para tratar de ocultar con esa bandera de humo las secuelas malolientes de su mandato. Mientras ve desplomarse su popularidad del 80% que otrora lo acompañó al 50% de hoy. Pero aparecen nuevos colombianos que vacilan entre la paz y la guerra. Acaso no Uribe, sabedor de que sin subversivos no hay guerra, y sin guerra pierde él su razón de ser histórica. Su coco es la paz, su coartada, las Farc. Sus supuestas propuestas de paz no aportan a la terminación del conflicto. Antes bien, parecen enderezadas a abortar el proceso de negociación. No otra cosa sugiere su obsesión en negarles a los jefes de las Farc toda forma de privación de libertad distinta de la cárcel, y su posibilidad de hacer política una vez reinsertados. Pretender acantonar a las Farc prematuramente, sin haber suscrito acuerdo final, equivale a imponerle rendición a una guerrilla no derrotada por las armas, y dinamitar el proceso.
Sus dardos más afilados, contra Santos, a quien culpa por el asesinato de los soldados. En reciprocidad con las Farc, les regala Uribe esta prenda contra el Estado de derecho que el Presidente encarna. Y aquellas, acostumbradas a reclamarse víctimas, no victimarios, endilgan al primer mandatario la misma responsabilidad. Moñona.
Pero la justicia no es siempre para los de ruana. Última prueba, el desenlace del juicio a Yidis Medina y a sus pares Pretelt y Palacio en el cohecho que aseguró la reelección de Uribe. Para no mencionar los 60 parapolíticos y altos exfuncionarios que pagan cárcel. Todos los días ve el expresidente un nuevo miembro de su aparato de poder ir a prisión o huir. Entonces vuelve por los fueros del movimiento de opinión diluida en fe de carbonero, y en tácita invocación de tierra arrasada para todo el que atente contra Dios y la Patria. Como las Farc –dirá– y su compinche Santos, que propagan el castro-chavismo y les caen a mansalva a los héroes de la patria. Todo, servido en bandeja por las Farc.
Joaquín Villalobos, excomandante del Frente Farabundo Martí de El Salvador, calificó la matanza de los soldados como “militarmente cobarde” y “políticamente torpe”. Un autogolpe de las Farc. Insistir en las armas convierte a las guerrillas colombianas en “fuerzas reaccionarias que sirven para encarnar el miedo a la izquierda, y en el principal lastre para que ésta avance en Colombia”. Ahora lo que se impone es la política, no los tiros. El proceso de paz le parece irreversible. Pero, diríamos nosotros, requiere un timonazo que concite autocrítica de las Farc, sometimiento a la justicia transicional, reconocimiento de sus víctimas y genuino compromiso de ingresar lealmente en la legalidad. Única manera de extinguir la última chispa que enciende el fuego de la caverna.
por Cristina de la Torre | Abr 12, 2015 | Abril 2015, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Proceso de paz
Registrados a la fecha, son 7’243.000 ancianos, mujeres, hombres, niños que reviven todos los días, como una puñalada, el asesinato o la desaparición de sus seres amados; víctimas que, en la desbandada, abandonaron casa y parcela y paisaje y vida en comunidad. Pero, como lo mostró la vibrante movilización del 9 de abril, lejos de masa amorfa –trato que se le dio al campesinado sacrificado en la violencia liberal-conservadora– las víctimas de hoy han conquistado estatus de sujeto político y son razón suprema de la paz. En reconocimiento de su heroísmo y su dolor, se lanzó el Museo Nacional de Memoria Histórica: para retratar la historia de esta guerra, devolver la dignidad a sus víctimas y difundir la verdad de lo ocurrido.
El Museo favorecerá el duelo de los dolientes y dará testimonio de la brutalidad que recayó sobre la población inerme, desplegada, sin excepción, por todos los actores de esta guerra. Bajo modalidades diversas de violencia que el sociólogo Álvaro Camacho (q.e.p.d.) distinguió, en propuesta pionera para mejor entender la complejidad del fenómeno, matizar, identificar sus variadas causas y actores, y la intrincada telaraña de violencias cruzadas. El Museo mostrará cómo se vivió lo que pasó. Pocos estudios como los de Camacho dirán –demostración al canto– por qué pasó y cómo pasó. Así, su obra más reciente en la materia, el texto sobre la masacre de Trujillo, con su saldo macabro de 300 muertos.
Un hito ha marcado esta obra en la historiografía reciente de Colombia. No sólo por el cuadro de horror que patentiza la insania del conflicto armado, sino por la originalidad del análisis. En ella desenreda el autor una madeja de conflictos cruzados, raíz de la violencia en esa localidad, y dice a su vez del fenómeno a escala del país. Convergen en Trujillo reminiscencias de la vieja violencia –allí, en el seno del Partido Conservador–, limpieza social, enfrentamientos entre paramilitares, narcotraficantes y guerrillas, entre los grupos armados y la población civil. Y en el centro de toda consideración coloca Camacho a las víctimas. Asesinatos, desapariciones, torturas, militarización, emboscadas y desplazamientos menudearon. El río Cauca se pobló de cadáveres. Entre ellos el del cura párroco, Tiberio Fernández, que pagó con la vida su valerosa defensa de la comunidad contra el fuego cruzado de conflictos distintos y sus particulares modalidades de violencia.
De su exhaustivo trabajo de campo extrae Camacho el sentido de la memoria. Esta es recuerdo, testimonio, pero también campo de batalla donde víctimas y victimarios, vencedores y vencidos se disputan su singular pretensión de verdad y la interpretación política de los hechos. Buscando la memoria de aquellas víctimas, comprobó “esa extraña y compleja relación entre el duelo, la dignificación y la culpa”. Al comunicar su trágica experiencia, podía la víctima exorcizar sus pesares, dignificarse y reclamarse como sujeto inocente. Rememorar producía efectos terapéuticos, compartir recuerdos vertía un bálsamo sobre las heridas.
Permitir el olvido es echarle tierra a una historia de horror que el país debe encarar, si ha de reconciliarse consigo mismo y evitar que esta vergüenza se repita. Ana Teresa Bernal, Alta Consejera para las Víctimas, les dice a los enemigos de la paz: “después de 7 millones de víctimas no nos queda más que mirar hacia adelante, por una nueva generación que no conozca la guerra”.
Coda. Además de la violencia, Álvaro Camacho aborda problemas de la sociedad y la política colombianas, el narcotráfico y teoría y método en las ciencias sociales. Compilada su obra en cuatro tomos por las universidades del Valle y Los Andes, ésta podrá adquirirse en la feria del libro de Bogotá.
por Cristina de la Torre | Abr 7, 2015 | Abril 2015, Corrupción, Uribismo
Un abismo los separa. El mismo que hoy divorcia este aire irrespirable de corrupción, del ejemplo que ofrece el camino hacia un país honrado y libre. El contraste impacta con toda su fuerza, por una coincidencia dramática: la muerte de Carlos Gaviria, expresidente eximio de la Corte Constitucional, y el escándalo suscitado por sindicaciones de alto calibre contra Jorge Pretelt, hoy cabeza vergonzante de la misma institución. Ignora él que quien se eleva a esa dignidad deja de ser ciudadano del montón. A éste se le exige buena conducta. Pero de aquel se espera honorabilidad a toda prueba, sin resquicio de sospecha. Gaviria respondió con creces a ese imperativo de sabiduría y pundonor. A Pretelt se le investiga por presuntos tratos y negocios con sujetos de oscuro pedigrí.
Se acusa a Pretelt de cobrar comisión por una tutela. Pero, más grave, por despojo de tierras y desplazamiento, delitos de lesa humanidad. Habría comprado él predios de campesinos agredidos por hombres de Monoleche, paramilitar adscrito a la casa Castaño. Escribe Santiago Martínez (Espectador, III, 29) que Reinaldo Villalba, una de las víctimas, mencionaba en su denuncia de los hechos al citado paramilitar y a Pretelt. Reveló presiones de El Burro, y que éste le había entregado su finca a Teófilo Hernández, según él, representante legal del predio que es hoy del magistrado. Las operaciones de compra-venta se habrían formalizado ante el Notario Segundo de Montería, Lázaro de León, capturado el año pasado por vínculos con paramilitares. Según la Fiscalía, De León formalizó cientos de compras ilegales de tierras obtenidas a la brava. Y tendría relación con la cuñada de los Castaño, Sor Teresa Gómez, de Funpazcor, y con el Fondo Ganadero de Córdoba.
Certifica Notariado y Registro que este Fondo compró casi todos los predios adquiridos a huevo por empresarios y paramilitares. 46.000 hectáreas, dice el presidente Santos. Los ganaderos beneficiados habrían acudido a los buenos oficios de Sor Teresa, y muchas de esas tierras terminarían en manos de los Castaño y de Mancuso. Cuya hermana, Rossana, sería amiga personal de Martha Ligia Patrón, esposa de Pretelt. La troika que legalizó el despojo en Córdoba y Urabá se integró con Funpazcor, el Fondo Ganadero de Córdoba y la Notaría Segunda de Montería. La Fiscalía investiga posible relación de Pretelt con ese Fondo.
Muchas coincidencias en esta desapacible cadena de entuertos. Muchas preguntas deberá absolver Pretelt ante los jueces este jueves, sin burlar la asociación entre ética y derecho. Como lo postulara su antípoda intelectual y moral, Carlos Gaviria, a su paso por la Corte. De otro lado, sus sentencias sobre derechos fundamentales y de minorías oprimidas hicieron historia. Mentor de la democracia liberal, se congratulaba Gaviria de que el Estado de derecho hubiese derrotado el despotismo del monarca; de que el poder arbitrario quedara sometido a las reglas del derecho: es una de las grandes conquistas de la humanidad, escribió. Para él, libertad individual y autonomía plena de la persona eran una y misma cosa. Pero también proclamó que a la libertad no se llega de no vencerse la pobreza.
Si como jurista y maestro alcanzó Gaviria la cima, como mentor de los excluidos le dio a la izquierda la más alta votación en su historia. Aunque, confiado e inexperto en política menuda, en aras de la unidad del Polo se dejó arrastrar por su dirigencia hacia el error de condenar tardíamente al alcalde Moreno, puntal del nefasto carrusel de Bogotá. Mas queda el ejemplo de su vida toda, acicate para el país que se revuelve contra la carroña. Un consuelo, ante el desenlace abrumador de que nos dejara el humanista y se quedara el capataz.
por Cristina de la Torre | Mar 30, 2015 | Internacional, Marzo 2015
No hay pueblo tan humillado como el mexicano que huye de la pobreza hacia Estados Unidos, y la mitad de las veces pierde la vida en el intento. Cientos de ellos se inmolan cada año en muros de seis metros de altura que se levantan sobre mil kilómetros de frontera entre los dos países. O en el desierto, cuando logran franquearlo. Pero, a su turno, la explosión demográfica de no-blancos en ese país, en particular de hispanos, cuyo componente mayor es mexicano, provoca una revolución capaz de llevar un latino a la Casa Blanca. Y no será tanto por los nuevos contingentes de inmigrantes, como por el crecimiento natural de los ya asentados allí. La amenaza que abruma a los opositores de la reforma migratoria de Obama viene de adentro, no de afuera, señala Adriana La Rotta. Síntoma elocuente, que la esposa de un candidato a la presidencia de esa potencia sea oriunda del estado mexicano de Guanajuato. Tal vez ello resulte también del intercambio entre poblaciones fronterizas, contra las cuales los muros de infamia no lo pueden todo. Ni todo lo puede la globalización acomodaticia del neoliberalismo, que dosifica los flujos mundiales de fuerza laboral según el descarnado interés del más fuerte.
Fue en casinos de Tijuana donde saltó a la fama Rita Hayworth hacia los años 30. Nada más natural. Durante décadas, esta ciudad mexicana y la estadounidense San Diego fueron hermanas. Nada impedía entonces cruzar la frontera. Escribe María Antonia García (El Tiempo, 10-4-10) que los californianos pasaban del whisky al tequila con la misma naturalidad con que un mexicano pasa hoy del inglés al español; que se mezclaban tacos y hamburguesas, ‘chicanos’ y ‘gringos’, rancheras y música electrónica. Pero el narcotráfico, el control migratorio de los Bush y el contrabando interpusieron un muro metálico que separó de un tajo territorios.
A lado y lado de la frontera, dos mundos: allá, la aséptica San Diego de anchas avenidas; acá, la tumultuosa Tijuana, tiranizada por los carteles de la droga, sus naturales en trance permanente de cruzar el muro y morir en la estampida. Mas, muro o no, como sucede en zonas de frontera, queda el sincretismo sembrado. Aunque el turismo en Tijuana se desplomó, en cada esquina de la ciudad se siente la presencia del vecino país. Pero “La llanura domesticada de su lado del muro parece un exabrupto estético, una interrupción incomprensible, comparada con el pasto florido y despeinado del lado de Tijuana y su sobrepoblación de casitas (…) La gris muralla se prolonga a lo largo de ambas ciudades y, al final, justo cuando llega al mar, los graffittis de siluetas con cruces en el centro son un grito inútil que evoca el drama de los migrantes que, habiendo cruzado el ‘hueco’, mueren en el desierto”, escribe la cronista. Y registra también el servicio voluntario de gringos que vigilan la frontera y cazan, fusil en mano, a los “invasores”. Con la misma saña, diríase, con que le cercenaron a México en su hora la mitad del territorio.
Hoy en Tijuana a los deportados sólo se les permite ver a sus familiares de lejos, en domingo y muro de por medio. Mas hay aquí un doble rasero: el de la segregación, apenas amortiguada por un precario contacto entre comunidades fronterizas, y el de la potencial amenaza de una población que va teniendo más hijos que los blancos. En 2011, recuerda La Rotta, nacieron más bebés de hispanos, negros y asiáticos que de blancos: la nueva constelación de minorías es ya un hecho. Y agudizará los conflictos. Obama ha comparado la lucha por su reforma migratoria con las justas por los derechos civiles y los de las mujeres. Acaso no tarde mucho ese país en elegir un presidente hispano. Simbolizaría la reconquista de la patria usurpada.
por Cristina de la Torre | Mar 23, 2015 | Conflicto interno, Marzo 2015, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Política agraria, Uribismo
Nada más saludable. Que la crudeza de los hechos vaya venciendo a la demagogia y la impostura sugiere que Colombia podría empezar a soñar con labrarse un porvenir civilizado. Las guerrillas –con su reiterado desliz de rebelión en terrorismo– no son santas palomas. Ni Paloma Valencia consigue ocultar tras su propuesta de separar razas en el Cauca cierto asco atávico hacia los “nativos”. Repulsión que ha catalizado una historia de exclusión, de despojo, por élites de fusta y fusil adictas a la impronta esclavista. Ni podrá Jorge Pretelt escapar a su suerte: simbolizar (¿injustamente?) el brutal acumulado de corrupción y violencia de aquella otra oligarquía, la del norte, cuyos dominios expandió a menudo mediante desplazamiento o asesinato de campesinos, a manos de su aliado en esa gesta, el paramilitarismo. En buena hora brota la verdad desnuda. Bienvenida la contrapropuesta agraria de la derecha a la reforma rural integral que emana de La Habana. Porque en aquella resplandece, pura, la perla de su obsesión: en el Cauca, sacudirse a “los otros”, cuya sola presencia se percibe como amenaza a la minoría que acaparó las mejores tierras. Y esta verdad no da lugar a equívocos. Ni se camufla de Dios, Patria o Pueblo. El Centro Democrático promoverá referendo, no sólo para mantener el estado de cosas en el campo, sino para remacharlo con fierro de apartheid.
Dígalo, si no, el llamado primero de Valencia a crear “un departamento indígena para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones; y un departamento con vocación de desarrollo, donde podamos tener vías, donde se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos”. Ellos allá, en páramos inhóspitos, con su premodernidad; nosotros acá, en el desarrollo y la prosperidad. Pero acaso en vista del escándalo que semejante ultraje provocó, tomó la senadora las de Villadiego y barnizó después el cobre pelado con figuras de autonomía indígena que terminarían, no obstante, acantonando a los ya segregados en tierras deleznables.
Desde su idea original de formar guetos, saltó a la de Entidades Territoriales Indígenas, para “delimitar políticamente el territorio indígena”. Y sí, las ETI dan autonomía para designar gobierno y gestionar lo propio. Pero ya eso lo tienen los indígenas. La propuesta parece obrar más bien como coartada para salvar la cara. Porque la multiplicidad de etnias, su dispersión y la heterogénea disposición de sus asentamientos en el territorio no admiten simplificaciones. Utópico querer homogenizar pueblos, culturas y la singular relación de cada una con la tierra en una circunscripción hechiza por decreto. En la práctica, tal política terminaría por marginar definitivamente a la población indígena cuando, al contrario, se trataría de integrarla, respetando sus diferencias y la plenitud de sus derechos.
Si en el Cauca el conflicto agrario se besa con el racial, en la Costa revitalizó el latifundio muchas veces con ayuda de ejércitos del narcotráfico contra el campesinado. El ignominioso Pretelt funge hoy como notorio exponente de la estirpe que trocó los poderes públicos en fuente de enriquecimiento personal, al son de una ultraderecha militarista. Se le investiga, entre otras, por compra irregular de predios despojados por paramilitares, y por acumulación ilegal de baldíos. La justicia estudia si estos hechos se relacionan con el Fondo Ganadero de Córdoba, sindicado de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Bien aprovecharon los señores de la tierra las agresiones de las Farc para extender sus heredades a sangre y fuego. La ventaja es que su postura aparece hoy nítida, sin ambages. Sin el rosado distractor de la Patria, se abrirá paso un acuerdo de convivencia y territorio en el Cauca. Y en el Caribe, otro que principie por desactivar los ejércitos antirrestitución de tierras.
