por Cristina de la Torre | Mar 16, 2015 | La paz, Marzo 2015, Salud
No querrá el expresidente Uribe pasar a la historia como el hombre que frustró la paz. Hoy o mañana, él mismo o por interpuesto procurador, participará en el proceso de paz con las guerrillas. La gran incógnita alude al alcance de sus eventuales pretensiones: Contraerse a los términos de finalización del conflicto armado; o bien, incursionar en los convenios suscritos de reforma rural, participación política y solución al problema de las drogas, como acaba de sugerirlo el senador Rangel. Para lo primero, se espera contribución de los opositores que integran la Comisión Asesora de Paz. Ricos aportes se verían, diga usted, sobre reconocimiento pleno de las víctimas, condiciones y procedimientos de verificación del cese el fuego bilateral, dejación de armas, reinserción de combatientes, y aplicación de justicia transicional a los máximos responsables de atrocidades en todos los bandos de esta guerra. Ya la líder conservadora Marta Lucía Ramírez propuso conformar tribunales mixtos –con jueces nacionales y extranjeros– y suplantar el fetiche de cárcel con barrotes por colonias agrícolas.
Pero querer barajar de nuevo los acuerdos programáticos equivaldría a desconocer el mandato por la paz que la mayoría de colombianos entregó al presidente Santos, cuando ya aquellos se habían adoptado. Y a liquidar una propuesta de abordaje a las causas del conflicto, arduamente discutida a lo largo de tres años. Terreno movedizo en el que podría desembocar la infundada obsesión del uribismo de que en La Habana se apunta a conculcar la propiedad privada. Con sujeción a la Constitución y a la ley, el acuerdo agrario permitiría solucionar conflictos centenarios por la tierra, motor del desangre, en un país que se disputa el galardón mundial en concentración de propiedad rural.
Distinción que recibiría con todos sus blasones la senadora uribista Paloma Valencia, cuyo dedo acusa implacable, por enésima vez en siglos, a los indios del Cauca que reclaman su territorio, hoy elevado por los usurpadores a sacrosanta propiedad privada. Tono de encomendero el suyo, que se alzará contra lo intolerable: una reforma rural integral, con formalización de los territorios étnicos, promoción de la economía campesina, y freno a la expansión de la frontera agrícola. Para no mencionar el latifundismo costeño, ensanchado ahora por las armas. Su exponente de la hora, el deshonroso Jorge Pretelt, en mala hora cabeza del poder judicial. Mas la construcción de paz comienza por respetar el derecho de todos a agitar sus banderas. Si la del uribismo es preservar el estado de cosas en el campo, sea. Que se enfrente en el posconflicto a otras propuestas en el ancho campo de la democracia. Mientras no derive en insurgencia armada.
Salud: mucho tilín, tilín… Tan revolucionario el empeño del Presidente en poner fin a la guerra, como retardatarias políticas suyas que obstruyen la paz. Contra la Ley Estatutaria de Salud, el Plan Nacional de Desarrollo reafirma el imperio de las EPS y, con este, el modelo de salud como negocio. Mercaderes sin escrúpulos, sus dueños llevan 22 años apropiándose los recursos públicos del sector, gracias a la intermediación financiera, a mil privilegios y torcidos, y a la ostentosa venia de los Gobiernos. El Plan revitaliza el modelo mercantil en salud. Contraviene la ley que eleva este cuidado a derecho fundamental y obliga al Estado a garantizarlo para todos. Aquel abre nuevas puertas a la liquidación de hospitales públicos. Las EPS les adeudan $12 billones; pero, antes que obligarlas a pagar, les concedió el ministro Gaviria siete años de gracia para refinanciarse… ¡con la plata de los colombianos! ¿Creerá él que con este modelo inmoral se construye paz?
por Cristina de la Torre | Mar 10, 2015 | Conflicto interno, La paz, Marzo 2015, Proceso de paz
No han pasado las Farc incólumes por nuestra historia: el tránsito de la dictablanda del Frente Nacional a la república del narcotráfico trastornó también el ADN de esa guerrilla. Es que en el nuevo escenario aparecieron nuevas razones del conflicto, nuevos actores, nuevos móviles en sus protagonistas. Y hoy cobra todo su vigor la discusión sobre las causas de la guerra. Identificarlas es caminar hacia la paz, pues implica señalar las transformaciones que ésta impone. Ya remitan ellas a los años 60 y 70, ya a las tres últimas décadas.
Dos interpretaciones descuellan en el informe de los historiadores a la mesa de La Habana. Una, sitúa el origen de la contienda en la “cerrazón” del Frente Nacional que, temiendo a la democracia, habría empujado a muchos a empuñar las armas, en medio de la Guerra Fría que enfrentaba a capitalismo y comunismo. Otra, no cree que el conflicto obedeciera al choque de concepciones de sociedad sino al duelo de élites regionales y paramilitares contra guerrilleros, por hacerse con los recursos de poder en la periferia del país. Con cooptación a la brava de la gente por narcotraficantes y por guerrillas a la vez, en este frenesí de crimen y violencia fue la población civil la que puso casi todos los muertos. Por otra parte, han desenfundado las Farc su argumento fundacional para justificar el alzamiento armado: el legítimo derecho de rebelión contra el tirano; contra un Estado terrorista, dicen, al servicio de la oligarquía y del imperialismo norteamericano.
Pero, ya lo decíamos, las Farc de hoy no son las de ayer. Ni las circunstancias son las mismas. Ni podrá entonces su discurso ser unívoco. La Colombia del Frente Nacional que vio nacer a las Farc en 1964 no podía asimilarse a dictaduras latinoamericanas que bien merecían aquel señalamiento. Aunque el grupo guerrillero –y otros más– sí era denuncia viviente de un régimen que excluía de la política legal a fuerzas distintas de las tradicionales; que abusaba del estado de excepción para cercenar libertades y criminalizar al movimiento popular, que preservaba la injusticia esencial del modelo social y económico. Pero estaba lejos de ejercer terrorismo de Estado. Tampoco representaban las Farc vanguardia alguna de levantamiento popular, por más que la pepa de su programa fuera la lucha centenaria por la tierra. Otras son las Farc que desde los años 80 se reinventaron al calor del narcotráfico, se entregaron a la guerra sucia y, en su disputa con narcos y paras por el poder regional, violentaron a los civiles inermes. Así, en su segunda etapa, pareció el ideal político del grupo armado desaparecer tras la nube negra del crimen, para disiparse sólo ahora con su disposición a la paz y sus acuerdos de reforma.
El Frente Nacional no fue un bloque homogéneo. Mucho dice que un reformador como Carlos Lleras se midiera con la caverna, precisamente en aquellos tiempos. Así resultara su propuesta agraria derrotada por la misma derecha ventajosa y violenta que abatió en su hora la de López Pumarejo. La misma que vocifera hoy contra la paz porque ella dizque amenaza su ubérrima –¿robada?– propiedad privada. Lecciones deja Lleras que bien podrían retomarse con beneficio de inventario. Y no solo en materia agraria, también en perspectiva de industrialización como estrategia orientada desde el Estado.
El elemento que da solución de continuidad a los dos estadios descritos es el anhelo de una reforma rural. Está pactada. También lo está la apertura de la democracia a todas las tendencias políticas, tan tacaña que lo fuera en el FN. Y el compromiso de las Farc de renunciar al narcotráfico, combustible del horror en estos 30 años. Nunca hubo tantas razones para la esperanza.
por Cristina de la Torre | Mar 3, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Marzo 2015, Proceso de paz
Tiene razón el senador Álvaro Uribe: con impunidad, no habrá paz. Pero no podrán ser las Farc el único blanco de castigo, pues quedarían exonerados los otros tres implicados en la guerra: el paramilitarismo, la Fuerza Pública y los civiles que la promovieron, la financiaron y se lucraron de ella. Tampoco procede una amnistía general y gratuita. Virtud de la propuesta de César Gaviria es que extiende la autoría del conflicto a los civiles que lo cohonestaron, y los cobija como beneficiarios de justicia transicional. Mas, su alternativa de ley de punto final –pacto autoexculpatorio entre los máximos responsables– será germen de nuevas guerras si no acarrea sindicación penal, juicio, condena y sanción. Sea ésta blanda, dura o intercambiable por sustitutos de cárcel. Pero aplicable a todos, y desde un mismo parámetro de justicia. Sin olvidar que una justicia plena comporta verdad, reparación a las víctimas, medidas y reformas que conjuren definitivamente el conflicto.
La verdad es que esta guerra de medio siglo deja 220.000 muertos y 7 millones de víctimas de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Felonías comunes a todos los bandos, aunque los paras se especializaron en masacres; las guerrillas, en secuestro; la Fuerza Pública, en desaparición forzada y falsos positivos; mientras poderosos núcleos de empresarios, terratenientes, ganaderos, jueces y notarios, patrocinaban masacres, desplazamientos, robo de tierras y se lucraban de todo ello. A 13.000 de éstos investiga la Fiscalía. Verificaría, entre otros, presuntos vínculos con paramilitares de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán (La FM,11,2,14). En la “reconquista” de Urabá, años 90, se aliaron militares, políticos, paramilitares y empresarios. Por esos días, ejecutaban las Farc la estrategia de “territorios liberados”, con la eliminación o expulsión de autoridades locales y rivales políticos. Acaso en réplica al exterminio de la UP, entre 1985 y 2005 cobraron las Farc tres veces más vidas de liberales en el Caquetá que las sufriera aquel partido de izquierda. En 1988, la mitad de los políticos desaparecidos eran de la UP; la otra mitad, de los partidos tradicionales.
Es en la economía del campo donde descuella el amancebamiento de civiles y paramilitares. Tras prolija investigación, concluye Ariel Ávila que en gran parte del país no quedó la tierra en manos de la mafia ni de los ejércitos ilegales; ella revirtió a políticos y empresarios que actuaron tangencialmente en el conflicto. En Montes de María, los grandes usufructuarios de la contrarreforma agraria fueron paramilitares, empresarios palmeros y ganaderos. En la Costa Atlántica, la guerra consolidó a las viejas élites. Allí debieron los campesinos vender a huevo sus predios; o abandonarlos, para verlos anexarse a latifundios aledaños que luego se llenarían de ganado o de palma. La parapolítica es cosa baladí, concluye Ávila, si se la compara con lo que ocurrió en el campo: una verdadera reconfiguración del territorio.
Tres urgencias del proceso de paz: que todos los determinadores del horror rindan cuentas, que no se aventure una impunidad selectiva y que sea la verdad el camino para balancear justicia y paz. Las garantías de no repetición remiten a las causas del conflicto: el problema de la tierra y la costumbre generalizada de hacer política a tiros. En gesto de concordia y tras su reunión con Kofi Annan, se mostró Uribe dispuesto a aceptar la mediación del Nobel de paz ante el Gobierno de Santos. Elocuente gesto de concordia que, de paso, redimiría al expresidente de pasar a la historia como el hombre que frustró la paz. Claro, si no insiste en forzar castigo sólo para la guerrilla e impunidad para sus amigos.
por Cristina de la Torre | Feb 17, 2015 | Educación, Febrero 2015
Claro que la educación ha de revertir en el desarrollo económico del país. Mas no debería ser esta la meta única sino un derivado de su propósito supremo: la formación integral de la persona para que se sienta satisfecha de sí misma, potencie su libertad, sea capaz de criticar la vida, entienda el mundo y lo transforme. Contra ello conspira, por desgracia, la esterilidad de nuestra educación, desde la cuna hasta la universidad. Y la maniática disociación entre ciencias y humanidades, que repudia el diálogo entre arte, matemática, historia, física, literatura, ingeniería. De donde no puede resultar sino un pensamiento constreñido a especialidades cada vez más encerradas en sí mismas. Un pensamiento recortado y sin contexto.
Aboga el columnista Rafael Orduz por una educación para el trabajo, de la mano con la demanda laboral de las empresas y atendiendo al valor de buenos técnicos y tecnólogos en una economía. Encomiable su cruzada, pues responde a necesidades del país. Por falta de especialistas en software, esta industria en Colombia se aboca a una crisis. Se informó también que nuestra industria de la confección no da con la tercera parte de sus operarios. Nada más indicado que adiestrar estos contingentes sin demora. Pero mejor aún si, cambiando el sistema de educación técnica, se prepara a la fuerza laboral para un oficio mientras se aviva en ella, digamos con el arte, su creatividad dormida. Primer beneficiario, un hombre más feliz. Segundo beneficiario, la propia empresa, que podrá recibir ideas innovadoras de fuente inesperada. Habría que vencer, de paso, la repelencia aristocratizante de los “humanistas” hacia toda aplicación de la ciencia.
Tras esa antipatía reverbera, por contera, un odioso prurito de clase: ciencia dura, arte, cultura para la élite; y técnica para los productores. De una sociedad democrática se espera el mismo estímulo a la sensibilidad científica y humanística, para todos. Que allí se gesta la imaginación creadora. Lo mismo para componer una pieza musical que para inventarle a una máquina el adminículo feliz que dispara su rendimiento. Y, por qué no, que ambas creaciones vengan de la misma mano. Como Leonardo y tantos en el Renacimiento, que fueron a un tiempo artista y científico. Se sabía entonces que la identidad humana es compleja y no se agota en un oficio.
Si el desarrollo científico y tecnológico ha de ser humano, será imperativo cerrar la brecha entre disciplinas y entre las clases que las asumen. Comenzando por admitir que razonar en filosofía exige el mismo rigor que en física nuclear. La misma inventiva, en el compositor que en el inventor de una máquina industrial. Peter Medawar, premio Nobel de Medicina 1960, afirmó que todos los avances científicos comienzan con una aventura especulativa, con una preconcepción imaginativa de lo que la verdad pueda ser, pues la ciencia es esa forma de poesía en la que la razón y la imaginación actúan sinérgicamente. Se ha dicho que la ciencia necesita de la intuición y del poder metafórico de las artes; y estas necesitan la sangre nueva de la ciencia.
Reveladores los hallazgos de una encuesta realizada por la Secretaría de Educación y el PNUD sobre calidad de la educación en Bogotá: 37,2% de los estudiantes querrían más tiempo para la cultura, el arte y la música. Más actividades humanas que desarrollen su conciencia crítica y su capacidad para entender el mundo. Al 79% no le interesa en absoluto lo que le enseñan en el aula. Antes que sabios, prefieren ser felices. Téngala el Gobierno en cuenta. Cualquier reforma seria de la educación principia por disolver la falsa disyuntiva entre “humanistas” y “científicos”, en la fórmula perfecta de Álvaro Thomas: saber y saber hacer.
por Cristina de la Torre | Feb 10, 2015 | Corrupción, Febrero 2015, Uribismo
El DAS del uribato reunió ingredientes acusados de policía política en un régimen fascista. No hubo allí exceso de celo patriótico sino arrogancia de poder absoluto. Fue lo suyo persecución al tribunal supremo de justicia y a la oposición, presunta colaboración con el paramilitartismo y hasta asesinatos tolerados por la cúpula de la institución. No venga ahora el Centro Democrático, en la desesperada, a fungir de mártir, cuando toda Colombia sabe que ese organismo de seguridad dependía directamente de Presidencia de la República. En el tenebroso prontuario del DAS que el periodista Juan David Laverde reconstruye (El Espectador II, 4), lo menos parecería ser el espionaje a la Corte –aunque un delito más modesto de esta especie le costó a Nixon la primera magistratura en EE.UU.–. Lo diabólico, el supuesto amancebamiento del DAS con paramilitares y el involucramiento de directivos suyos en homicidios. El alud de crímenes que la entidad registró en el pasado Gobierno desnuda la picardía del uribismo que juega a la víctima para eludir explicaciones, cuando el país pide a gritos que se le revele la fuente última de autoridad en la infamia. Acaso para envalentonar a la caverna y despistar a ingenuos, escribió el expresidente Uribe que Hurtado “es víctima de un creciente matoneo, de una escalada de tortura por parte de Santos, de sectores cercanos a las Farc y del extremoizquierdismo que pretende apoderarse de la justicia”.
Pero William Romero, protagonista del “Plan Escalera” del DAS contra la Corte Suprema, le dijo a Laverde que el propósito era obtener información privilegiada “con destino al presidente para que tomara decisiones en relación con su gobernabilidad”. Y le pedían resultados “que está exigiendo ya el presidente Uribe”. Información, expedientes y grabaciones secretas de sesiones de la Corte se obtuvieron. En 2008 le habría manifestado Hurtado su alegría porque “el presidente había quedado muy satisfecho con los insumos del Plan Escalera”. El asedio se extendió a la vida privada de los magistrados, que investigaban la parapolítica. Y a cuanto opositor, sindicalista, periodista o defensor de derechos humanos le pareciera al caudillo “terrorista”. La consigna era “espiar a organizaciones y personas de tendencia opositora a las políticas gubernamentales, con el fin de restringir o neutralizar su accionar” ¿La saga de un Videla?
Y el prontuario pasaba a mayores. Cuando al entonces director del DAS, Jorge Noguera, se le acusó de auspiciar la infiltración del paramilitarismo en la entidad, el presidente puso las manos en el fuego por él. A poco, resultaría Noguera sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato del sociólogo Alfredo Correa. Recuerda Laverde que en 2005 Rafael García lo había denunciado por poner el DAS al servicio del Bloque Norte de las autodefensas. Y el subdirector, José Miguel Narváez, denunció que allí se había instalado una central de chuzadas bajo control de alias Macaco.
Narváez habría pertenecido a la comisión de empalme del electo presidente Uribe en 2002, y habría sido después asesor de su Gobierno. Pero Salvatore Mancuso, don Berna, Ernesto Báez y El Iguano lo habrían señalado como ideólogo de las autodefensas. Y declarado que, en condición de tal, les dictaba conferencias para responder “por qué es lícito asesinar comunistas en Colombia”. A Narváez se le mezclaría en el asesinato de Jaime Garzón.
“Por la infamia de ver cómo mienten los que nos dieron las órdenes”, le dijo Romero al periodista, decidió armarse de valor y entregó a la Fiscalía toda la información del “Plan Escalera”. ¿Porfiará María del Pilar como cómplice inútil del “frentero” que se escabulle por sistema y le huye, cobarde, a la verdad?
por Cristina de la Torre | Feb 3, 2015 | Febrero 2015, Internacional, Modelo Económico
Un fantasma de carne y hueso recorre a Europa: la amenaza de sublevación de sus países mediterráneos e Irlanda contra los abusos de la gran banca y el paradigma neoliberal que le subyace. Su onda expansiva cobrará forma con el triunfo del izquierdista Tsipras en Grecia. De alcance incierto todavía, la rebelión podría herir el corazón mismo del modelo y hasta fracturar la Unión Europea. O bien, podría forzar un ablandamiento de aquella ortodoxia que sobrevive a la brava. En lo que a Grecia toca, el nuevo Gobierno se inclina por renegociar la deuda o, aún, cesar pagos; por devolverle al Estado la iniciativa perdida, reactivar la economía productiva, crear empleo con salarios decentes y aliviar con medidas de emergencia las carencias más sentidas de la población. Para la severidad cardenalicia de Merkel y sus banqueros es anatema: una revolución.
El detonante no podía ser más dramático: en cinco años, desde cuando el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea (la troika) le impusieron a Grecia medidas draconianas de austeridad y un nuevo paradigma económico como condiciones para refinanciar su deuda, el país perdió la tercera parte del empleo y del aparato productivo; los salarios cayeron 38%; la pobreza aumentó 93%, y la mortalidad infantil, 42%. La divisa fue reducir drásticamente el gasto público para tener con qué pagar deudas siempre renovadas por los acreedores. Hoy la deuda representa en Grecia 175% del PIB. También Italia, España, Portugal e Irlanda transitan el camino de espinas que hace tres décadas provocó catástrofe humanitaria en América Latina, tras parecido tratamiento de la deuda, el desmantelamiento del Estado y la apertura económica indiscriminada, repentina, que el Consenso de Washington forzó en 1989.
A la próspera y sofisticada Europa le llegaría la hora de la humillación que en su momento sufrió el subcontinente Americano, cuando estas sociedades, ya injustas, registraron por añadidura un calamitoso proceso de involución social: se dispararon la pobreza, la desigualdad y la exclusión. El Consenso de marras impuso una estrategia combinada de austeridad radical con otra de cambio del modelo económico y político. Esta se montó sobre el trípode que nuestros economistas de derecha predicaron con místico fervor: libertad absoluta de mercados, privatización de empresas y funciones del Estado, austeridad fiscal. Hubo privatización y apertura económica a marchas forzadas, con desindustrialización y destrucción masiva de empleo. Como en Grecia.
No escapó Colombia a las adversidades del modelo. En 2005 le diagnosticaba la Contraloría General “una crisis humanitaria sin precedentes”: desempleo y miseria alcanzaban los niveles históricos más elevados. El 3 de septiembre de 2003 había declarado el Gobierno que el país seguiría a pie juntillas las disposiciones del FMI para apretar el ajuste fiscal y poder bajar en 10 puntos la deuda pública. Y todavía hoy, la Tercera Vía del presidente Santos es un señuelo. Díganlo, si no, los TLC y el ominoso modelo de salud como negocio que el Gobierno se niega a desmontar.
Inobjetables, las observaciones de Stiglitz: la tal globalización sólo ha producido pobreza. Sustituyó las viejas dictaduras nacionales por la nueva dictadura del capital internacional. Hoy son pocos los que defienden la hipocresía de pretender ayudar a los países subdesarrollados obligándolos a abrir sus mercados a bienes de países más adelantados que protegen los suyos propios. Y asfixiándolos con deudas convenientemente renovadas. Digamos que al austericidio de la troika financiera –fortín del 1% de afortunados que acapara la mitad de la riqueza del mundo– le ha salido su fantasma. Y no parece de cuento de hadas. Enhorabuena.
por Cristina de la Torre | Ene 24, 2015 | Enero 2015, La paz, Posconflicto
La ferocidad del uribismo contra la paz, que por un momento pareció amainar, cobró esta semana nuevos bríos. Primero, como descalificación de la Justicia que investiga, precisamente, supuestos vínculos de Óscar Iván Zuluaga con el delito de espionaje y sabotaje al proceso de La Habana. La intención salta a la vista: para asegurar la propia impunidad, redoblar denuncias de aquella que la derecha le atribuye al proceso con las Farc. Segundo, como reiteración de propuestas “de paz” que sólo conducen a perpetuar la guerra. En el primer evento, quiso la cúpula del Centro Democrático (CD) convertir en persecución política el llamado a interrogatorio de su excandidato a explicar relaciones con el hacker que confesó la conspiración, orientada y remunerada –según reveló– por el dirigente uribista, por su hijo y su asesor de campaña.
“Es la criminalización de la oposición política –sentenció el jefe del CD– mientras se promueve todo tipo de beneficios y concesiones para los terroristas…” Es persecución, conjura contra el santo varón que casi fue presidente, un atentado contra la democracia. Así abundaron, a grandes voces, revestidos de dudosa dignidad, los parlamentarios del uribismo, muchos de ellos parientes de los parapolíticos que fueron a su turno bastión del entonces presidente Uribe. Ernesto Macías llegó a decir que Santos persigue al CD como el chavismo a la oposición en Venezuela. Olvida que chavismo y uribismo montaron regímenes siameses, aunque con objetivos opuestos: allá, una autocracia de corte estalinista; aquí, una autocracia de corte fascista.
Otra cosa gritan los hechos. El pasado 2 de octubre, el hacker Sepúlveda ratificó bajo gravedad de juramento que “la información que yo podía obtener (de fuentes militares) se la entregaba a Hoyos y a David Zuluaga”. Que lo habían contratado para hacer campaña negra y actos de sabotaje al proceso de paz. Semana.com publica hoy pruebas de los desembolsos de la campaña uribista para el hermano del hacker por valor de $330 millones, partidas que la contabilidad de la campaña no registra. Y ninguno de los millones de colombianos que vieron al candidato Zuluaga con aquel en un video duda de la identidad del personaje.
Por su parte, el excomisionado Restrepo se empeña en crear la impresión de que su partido aporta soluciones de paz. Más parece recurso de conveniencia cuando en coyuntura electoral no puede aquel exhibir su predilección por la guerra. Máxime si para la refrendación de octubre se adivina ya victoria de la paz. Pero sus ideas son las que Uribe ha meneado siempre enderezadas a bloquear la finalización del conflicto, paso decisivo hacia la construcción de un país sin violencia política. Este insiste en convocar congresito (o constituyente) que invalide los acuerdos logrados con las Farc. Propone cambiar la pena de cárcel forzosa por supresión de los derechos políticos a los desmovilizados. Como quien dice, negar la pepa de toda negociación de paz: que los exguerrileros puedan trocar las armas por las urnas. Con exigencias de este orden, el uribismo quiere imponer rendición a una guerrilla golpeada, sí, mas no derrotada. Razón por la cual no cabe rendición sino negociación.
Ha dicho el uribismo que también él quiere la paz, que su discrepancia es con el proceso de La Habana. Pero querer imponer una paz de vencedores apelando a sabotaje, constituyente manipulada y exigencias impracticables es sabotear el fin del conflicto armado y, por lo tanto, el futuro de la paz. Si el CD se encuentra entre los palos, más le valdrá disponerse al debate político y parlamentario que alimentará la Colombia del posconflicto. Y empezar por acatar, como todo ciudadano, los dictados de la Justicia.
por Cristina de la Torre | Ene 20, 2015 | Conflicto armado, Enero 2015, Narcotráfico
Ni los guerrilleros fueron presa inocente de una oligarquía agraria rapaz y violenta, ni ésta, mártir del terrorismo. Abundan en ambos frentes los que fueron a la par víctima y victimario. Verdad insoslayable que ya esclarecerán los historiadores encargados por la mesa de diálogo para estudiar orígenes, factores y responsables de la guerra. Su diagnóstico arrojará ricos insumos para modular parámetros de justicia transicional aplicables tanto a jefes guerrilleros como a sus recíprocos de la contraparte, en el entendido de que fue el pueblo inerme el que puso la mayoría de muertos. Las víctimas del conflicto en treinta años son 6,8 millones. Último botón de muestra, las madres de 43 inocentes torturados y asesinados por paramilitares al mando de Castaño hace veinticinco años en Pueblo Bello, Antioquia.
Una entre miles de masacres perpetradas por ejércitos del narcotráfico, en cuya virtud una riada de criminales se hizo con el poder político en regiones apartadas del país. Como lo prueba el libro de Gustavo Duncan, Más que plata o plomo, el poder político del narcotráfico, la nueva clase de malhechores concertada con políticos prevaleció allí por la violencia, regando dinero de la droga y creando instituciones de poder que la elevaron al gobierno. El libro permite auscultar nuevas entretelas de nuestra historia reciente, en el narcotráfico, palanca del conflicto armado.
Según nuestro autor, apuntalado en el crimen y en respuesta a las necesidades de los excluidos, el narcotráfico rescató de la pobreza a amplios sectores de la sociedad y los integró a mercados globales. Se impuso allí donde faltaba o flaqueaba el Estado: cobró impuestos, administró justicia, llenó los vacíos de seguridad y protección, y suministró ingresos a la pobrecía. Pero también la sometió a su dominio por las armas, en lo que no ahorró despojo violento de la tierra. Se sacudió el orden social: las jerarquías sociales fueron otras, otras la división del trabajo y la distribución de la riqueza. Y surgieron nuevas instituciones de regulación social. Mafias y señores de la guerra fueron ahora la autoridad.
Las élites tradicionales se les unieron y aportaron a la alianza su mediación ante el Estado y ante las élites del centro, para proteger el negocio de la droga y sus ejércitos; en contraprestación, el narcotráfico financió al notablato local. Así, el dominio de los paramilitares se extiende a la clase política, gran beneficiaria del poder cifrado en el narcotráfico. Un nuevo orden emerge, donde criminales, políticos, agentes venales del Estado y empresarios que lavan capitales se instalan en la cresta de la jerarquía social.
Pero el ascenso político del narcotráfico se ata también a la amenaza de las guerrillas marxistas que controlaban la producción de coca y se dieron al secuestro de narcos, sus antiguos aliados. Hubo guerra. La ganaron los narcos que, además, se apropiaron las rentas de la descentralización ampliada en 1991. Si bien en comunidades aisladas predomina la coerción de la guerrilla y los señores de la guerra, a partir de 2002 el Estado repliega a las Farc de nuevo a zonas de colonización, y las autodefensas deben negociar su desmovilización.
Este nuevo orden en la periferia se yuxtapuso al existente: un autoritarismo sanguinario, sobre una república rural que ostenta la mayor concentración de la tierra en el mundo. Paz habrá, pues, no sólo cuando Estado y ciudadanía prevalezcan en todo el territorio con poder legítimo sobre usurpadores de fusil y motosierra, sino cuando se instaure en Colombia una democracia con justicia y equidad. Primer paso, que los victimarios de todos los bandos reconozcan su papel en la guerra y acepten el veredicto de una Comisión de la Verdad.
por Cristina de la Torre | Ene 13, 2015 | Actores del conflicto armado, Conflicto interno, Enero 2015, La paz, Narcotráfico
Terrible disyuntiva. Si el expresidente pierde el tren de la paz, quedará condenado a fungir como referente perpetuo de la caverna, de su incesante levantamiento contra el Estado de derecho y contra el campesinado inerme. Fatalidad trágica para el hombre que acorraló a las Farc hasta forzar el desenlace que acaso no esperaba, pero marcó un hito en nuestra historia: obligarlas a negociar el fin del conflicto. Si en cambio reconoce Uribe la paz como probabilidad cercana y trueca su saboteo por una participación activa en el proceso, sin sacrificar reparos, ganará la gratitud de la mayoría aplastante de colombianos, hartos de la guerra. Aunque guarde todavía las formas meneando el distractor del castrochavismo, aumentan los signos de que él se inclinaría por la segunda opción.
Entre otras sorpresas, ha pasado Uribe de descalificar los diálogos a proponer zona de concentración guerrillera para verificar el cese el fuego. Dos cosas sugiere el cambio de tono: primero, Uribe reconocería que el proceso de paz es irreversible; segundo, se conformaría con que no fuera él su artífice, pese a autoestimarse como único destinatario imaginable de laureles. Tal vez acordada con el propio Uribe, la carta del excomisionado Restrepo en que invita al Centro Democrático a sumarse al proceso de paz para no quedar al margen de la historia ni lamentarse después de cambios que bien pudo ese partido modular, abrió el camino para rendirse a la evidencia: un acuerdo final no se vislumbra a la vuelta de la esquina, pero sí parece inexorable.
Lo dicen acontecimientos que marcan el punto de no retorno del proceso. Como la insólita liberación del general Alzate a poco de caer en manos del enemigo. Alto el fuego unilateral e indefinido de las Farc, su deriva natural en desescalamiento de la guerra y antesala del convenio final. Garantía de acuerdo en el terreno de las armas entre el general Flórez, excomandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y Joaquín Gómez, jefe de la línea militar de las Farc, cuya presencia en La Habana remarca la unidad de esa guerrilla. Y la expresa voluntad de paz de la insurgencia, también fruto de los golpes recibidos: según César Restrepo, del Ministerio de Defensa, en estos dos años de negociación han perdido las Farc 8.530 hombres (2.549 desmovilizados, 5.314 capturados y 667 muertos en combate).
A la carta de Restrepo respondió Uribe sin ahorrar objeciones, pero lanzando propuestas. Entre otras, la de convocar un congresito –versión remozada de su constituyente como alternativa al referendo– para volver a barajar los acuerdos de La Habana. El adalid de la democracia directa cabalga ahora en la democracia indirecta. Si inviable esta propuesta, más fecundas sus advertencias sobre la necesidad de juzgar, condenar y castigar crímenes de lesa humanidad en cabeza de las Farc. Extensivas, diríamos, a los autores de falsos positivos, al paramilitarismo y sus aliados políticos. En materia programática, lejos de desconocer, verbigracia, el acuerdo agrario, deberán las minorías exigir un estatuto de oposición y garantías políticas para que el Gobierno no prevalezca en elecciones a punta de mermelada. Así, todos los partidos debatirían reformas y contrarreformas en igualdad de condiciones y derivarían su fuerza limpiamente de las urnas.
El recurso a la fe ciega, al odio, la iracundia y el miedo van pasando a mejor vida. Ya no es dable sacrificar la paz a la ambición del poder personal. Colombia no quiere otros seis millones de víctimas ni otro medio millón de muertos. Que Uribe se rinda ante la paz, que vierta en ella toda su energía y su poder crítico, no podrá interpretarse como claudicación sino como acto de grandeza.
por Cristina de la Torre | Dic 23, 2014 | Diciembre 2014, Izquierda
Si en las circunstancias que hoy rodean a la izquierda colombiana renaciera Alternativa, larga vida le esperaría a esta revista. Publicación contestataria que nació hace 40 años para dar voz a la izquierda y al movimiento social, hizo historia porque rompió el monopolio bipartidista de la información y la opinión. Pero fracasó en el intento de coadyuvar a la unidad de la izquierda. Propósito imposible en aquella polvareda de grupos, a cuál más celoso de su religión estalinista, maoísta, trotskista, castrista, y de la identidad que les daba. Eran ellos destinatario reacio por definición a la originaria propuesta de izquierda independiente –minoritaria– de Alternativa. Valentía necesitó entonces, no sólo para sobrevivir a las celadas de la derecha, sino para preservar –con éxito limitado– su independencia frente a las avanzadas de izquierdas ávidas de tribuna exclusiva.
Pero ahora las condiciones son otras. Primero, los medios tradicionales abren nuevos espacios de información y de opinión plural. Segundo, nuestra izquierda experimenta cambios dramáticos. La ecuación se ha invertido: las guerrillas, que terminaron por meter a la izquierda legal en camisa de fuerza, hoy sólo concitan animadversión. Y de izquierda doctrinaria, revolucionaria, apenas quedan grupos. Hoy predomina una izquierda reformista, de corte socialdemócrata.
Retada por el movimiento popular y por el acceso al poder de la nueva izquierda en más de media Suramérica, la nuestra suplanta la revolución por la reforma y abre su abanico de alianzas. Con el abrazo de Cuba y EE.UU. desaparece un pretexto del que la caverna abusó para desconceptuar a todo disidente por “castrista”. La caída del muro de La Habana vuelve añicos dos fósiles de la Guerra Fría que venían conservados en formol: el del antiimperialismo catatónico que subsiste, pétreo, en algún nicho de izquierda, y el del uribismo que, viudo ya de castrochavismo, se queda sin discurso; como sin horizonte quedará cuando termine la guerra contra las Farc, tan rentable para el proyecto político de Uribe. En la proximidad de un armisticio con esa guerrilla, se sacudirá la izquierda también el sambenito con que la derecha antediluviana la asoció por conveniencia con la lucha armada.
Que podrá consolidarse el espacio para una nueva izquierda en Colombia lo dicen también revelaciones del Centro de Estudios en Democracia de la Registraduría, según las cuales una mayoría de colombianos se siente de izquierda. Tres cuartas partes de ellos piensan, verbigracia, que la salud debe reposar en manos del Estado; más de la mitad renegociaría los TLC, y dos tercios atribuyen la existencia de guerrillas a la injusticia y la desigualdad. Pero, mientras haya guerrillas, votan por la derecha. Ha obrado en ellos, sin duda, el pérfido embuste de que izquierda y guerrilla son una y misma cosa.
De donde se infiere que, sin conflicto político armado, podrá crecer la izquierda. Y, en la misma proporción, el público natural de una Alternativa reformulada en perspectiva de nueva izquierda socialdemocrática coligada con organizaciones populares y vertientes progresistas de los partidos tradicionales, en torno a programas capaces de construir la paz. Si hace cuatro décadas quiso Alternativa adelantarse a las circunstancias en su búsqueda de unidad de la izquierda, hoy podría ayudar a catalizar la formación de un Frente de izquierda ampliado. Acaso descubriera entonces que su misión no ha terminado.
Coda 1. En el año que termina, brilló como ministro estrella el titular de Justicia, Yesid Reyes.
