Es como el tic siniestro de una fatalidad que hizo de la crueldad una fiesta contra la población del campo. En Urabá, epicentro del despojo de tierras por el paramilitarismo, empresarios que de buena o de mala fe las compraron después amenazan con desencadenar allí una nueva ola de violencia. Esperan amparar así el rico fruto de la contrarreforma agraria que arrojó millones de desplazados y de víctimas. Dizque para defenderse de la “hecatombe” del Gobierno que “induce otra guerra en Urabá”, anuncian la creación de una asociación de víctimas de la Ley de víctimas y restitución de tierras. ¿Autodefensa armada contra el ejercicio de la ley? Se reivindican como propietarios de buena fe –lo serán algunos, cómo no. Mas ninguno reconoce el historial de despojo de la zona. Ni la nueva organización intenta diferenciarse de los llamados ejércitos antirrestitución que han cobrado la vida a cinco líderes de campesinos que retornan por lo suyo a la región: su propiedad individual o colectiva, ahora escriturada a ganaderos y bananeros. En documentado informe, La Silla Vacía sitúa los hechos en La Larga-Tumarandó, entre Riosucio (Chocó) y Turbo (Antioquia), un corredor expedito para sacar droga al mar. Razón potísima que despertara el apetito de narcotraficantes, fueran ellos guerrilleros o paramilitares y sus aliados.
Pero el Gobierno enfrenta también a grupos de campesinos a los que el supernotariado Jorge Enrique Vélez tiene por carteles de falsos reclamantes o que invaden propiedad ajena, si bien éstos exhiben sus escrituras de origen. Para Alejandro Reyes -mano derecha del entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, autor del compacto proyecto de reforma rural integral- Vélez embolata la clarificación de la propiedad agraria, “en una verdadera operación de blanqueamiento de la alcantarilla de los títulos fraudulentos”. La Silla reproduce trino del expresidente Uribe en favor de los ganaderos de La Larga y contra líderes de restitución que propiciarían invasiones. Pero el Tribunal Administrativo de Restitución de Tierras de Antioquia declaró a uno de sus defendidos, Adriano Palacios, poseedor de mala fe. Ya éste había sido capturado por concierto para delinquir y desplazamiento forzado.
En pos del plan de narcotraficantes, ganaderos y paramilitares para apoderarse de un corredor de 7.000 hectáreas en Urabá, la Fiscalía ha propinado duros golpes. Detuvo a 32 civiles presuntos implicados en ese empeño, entre ellos al alcalde de Turbo, asesor del entonces gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. El 3 de febrero, una fiscal acusó por supuesto despojo de tierras a cuatro empresarios de Córdoba, viejos directivos del Fondo Ganadero de ese departamento y cuyo gerente, Benito Osorio, acaba de ser condenado por aliarse con los Castaño para consolidar el despojo de tierras en Tulapas. ¿Tras la oferta de sometimiento a la justicia de los Urabeños yace la reciente detención de 72 miembros de esa banda?
El ciclo de expropiación va del paramilitar al notario y de éste al empresario. Su caldo de cultivo, la guerra. Retardatarios de nación, estos amigos de la violencia aborrecen cualquier reforma de fondo. Pero es hora de que a lo menos expliquen si quieren eternizar el conflicto para subvertir a su amparo el orden que rige la propiedad privada en el campo. ¿Quieren tumbar las disposiciones que desde hace 81 años consagran la función social de la propiedad rural? ¿Quieren defender por las armas el nuevo orden de expropiación violenta revestida de legalidad a cientos de miles de propietarios rurales? ¿Se suman los poseedores de buena fe a la insubordinación de la ilegalidad y el crimen contra el anhelo de un país que se ha ganado a pulso el derecho a la paz?