por Cristina de la Torre | Nov 7, 2023 | Noviembre 2023, Estado liberal, Constitución de Colombia, Protesta social, Polarización social, Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Estado Social, Capitalismo Social, Estado de Derecho, Reformas liberales, Capitalismo, Libre Mercado, Neoliberalismo, Seguridad social, Modelo Político, Modelo Económico, Salud, Personajes, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia
Y dele con el sambenito de la ideología. Opositor político, dirigente de EPS, jefe gremial, académico de everfit en regla o caudillo que se respete descalificará desde su propio arsenal de ideas-fuerza la reforma a la salud: proyecto estatizante de inocultable sabor comunista, dirá, se brinca el criterio técnico y financiero que encumbró a este sector en Colombia al podio de los mejores del mundo. Teme Álvaro Uribe el arribo de un “empadronamiento socialista” en afiliación al sistema de salud, la supeditación de las EPS al Estado y augura una explosión de burocracia y politiquería en el sector. Carlos Caballero lo secunda: esta reforma respondería al “prurito ideológico de estatizar”.
Bronco recurso de propaganda que evade los términos reales de la lid: una dura confrontación entre ideas del Estado social que concibe la salud como derecho fundamental inalienable y el refocilado Estado liberal radical que la privatiza y menea la ficción ideológica de neutralidad de la técnica; para no llamarla por su nombre, el lucro, cosechado precisamente por negación del servicio. Se dirime, pues, si las EPS se subordinan al Estado -como sucede en economías mixtas y lo teme el expresidente- o si se sigue subordinando el Estado al bolsillo y a los abusos de las EPS.
Se remonta la disyuntiva a la Constitución misma, que consagra a un tiempo el derecho fundamental a la salud y el derecho de libertad económica en su dimensión de libertad de empresa, como lo registra el muy ponderado estudio de Jaime Gañán, Los muertos de la Ley 100, que aquí glosamos. Estos principios jurídicos -sostiene- entran en colisión, termina por prevalecer el principio de libertad económica que opera como negación de servicios y estalla, por fin, en riadas de tutelas. La tensión entre el derecho social y el derecho económico cristaliza en la ineficacia del sistema.
Si, dos ideologías se enfrentan aquí. La del Estado social, cuyos presupuestos de salud, vida, igualdad y dignidad humana consagra nuestra Carta, por un lado, y por el otro, el derecho de libre iniciativa económica para derivar utilidad privada. Pero si el primero se aparta del socialismo al reconocer el derecho de libertad económica, otorga al Estado capacidad de intervención para regular la economía y presidir la política social. El segundo evoluciona desde la economía liberal ultramontana (con su valor absoluto de libertad económica) hacia la libertad regulada, limitada por los fines del Estado social: el interés general y el bien común. Si la protección de los derechos sociales entra en crisis es porque la Carta del 91 coincide con la entronización del modelo neoliberal, que burla la economía social de mercado del Estado de bienestar.
En el modelo Ley 100 la salud parece ser un bien más de tráfico mercantil que un derecho fundamental: el aseguramiento en salud escala a negocio sin par. Su racionalidad económica, que baja costos para maximizar ganancias, opera por negación masiva de servicios por las EPS. Las tutelas se desbordan. El año pasado registró 114.313 por salud, 58.3% más que el año anterior.
La Ley Estatutaria de Salud de 2016 protocolizó el principio de la salud como derecho fundamental y servicio público esencial. Y la función de dirección del Estado en el sector, enderezada a promover la salud, prevenir la enfermedad y suministrar atención primaria a todos los colombianos. El choque de ideologías se traduce en defensa de la salud como negocio administrado por los grupos financieros, o bien, en su afirmación como servicio público. Se impone un acuerdo razonable que controle la mano invisible del mercado con la mano visible del Estado.
por Cristina de la Torre | Oct 17, 2023 | Iglesia Católica, Octubre 2023, Reformas liberales, Internacional, Iglesias, Mujer, Impunidad, Justicia, Corrupción
Pocos escenarios tan reacios a conceder a las mujeres el sacerdocio, la prefectura y posiciones de alto poder en el Vaticano, como el sínodo de obispos que sesiona en Roma. Acaso porque 54 mujeres participen en él con voz y voto por primera vez, para escándalo del oscurantismo purpurado que se hace cruces ante la dosificada rebelión del género al que la Biblia llamó víbora. Y, peor aún, concurren ellas a instancias de Francisco, que va en pos del nuevo aliento -ya naufragado, ya rescatado- de Juan XXIII. La reforma sofocada muestra de nuevo sus orejas. No todos le reconocen la razón filosófica, pero sí la razón práctica: se hunde la Iglesia entre los muros de una monarquía atemporal que revienta en crisis de vocaciones sacerdotales y amenaza diáspora en el rebaño. A falta de curas que oficien misa y hagan apostolado, por encima del fierro de la norma canónica, 200 mujeres se han consagrado ya sacerdotes y ejercen en el respeto de su feligresía.
Hijas de las sediciosas que dieron nuevo lustre al siglo de oro español, de Santa Teresa de Jesús y Sor Juana Inés de la Cruz, entre otras que desafiaron al Santo Oficio con el delito-pecado mayor en una mujer: escribir. De Teresa se ha dicho que, de no haber sido mujer, hubiera ocupado el sitial de Cervantes. Pero la Inquisición encontró su obra “más cerca del demonio que de Dios”. La persiguió, la acorraló, mutiló sus textos o los escondió y la puso a las puertas del presidio. Las de hoy son también hijas de la Madre Laura de Jericó, que enfrentó de pensamiento, de palabra y obra y bella prosa al azote ensotanado de la comarca: monseñor Builes. La hostilizó el prelado por haber ella migrado a cuidar indios y negros en las selvas de Urabá; por evangelizarlos con respeto de sus culturas; pero sobre todo por desobedecer, díscola arrogante, a la varonil autoridad que le obligaba. En 2013 la elevó Francisco a los altares.
Salvo chispazos como los señalados, apunta la teóloga Isabel Corpas de Posada, la teología fue siempre patrimonio de los hombres; sólo desde el Vaticano II incursiona la mujer en esos dominios. Invisibilizada, silenciada, dice, descubre no obstante su mirada propia. Y si llega a protagonizar la controversia en el sínodo de hoy, será también porque la consulta sinodal de 2017 escuchó la voz de 23.000 personas que clamaban por reformar los ministerios de la Iglesia, en reconocimiento de las responsabilidades que de hecho asumían las mujeres. Señala el papa Francisco que ellas han ejercido un ministerio de facto, sin el encargo formal reservado a los hombres por la ordenación y les abre espacios de poder en la Curia Romana. Resalta en María Magdalena el título de apóstola con el que Jesús la distinguió. Pero no les concede a las mujeres el sacerdocio.
Se hace eco de Pablo VI -y del misógino San Pablo- para quienes el sacerdocio femenino no figura en los planes de Dios. El código canónico y la liturgia como ritual exclusivo de hombres, señala nuestra teóloga, simboliza la radical exclusión de la mujer por una iglesia edificada sobre el patriarcalismo. La invisibilidad de las mujeres representa aquí su marginalidad en la organización de la Iglesia. Si defienden ellos con tanto ardor aquella discriminación, es porque en el fondo se juega el poder.
En una comuna popular de la ultraconservadora Medellín oficia como sacerdote Olga Lucía Álvarez, considerada primera presbítera de América Latina. Sostiene ella que al primer intento de reconvención de obispo le cerrará la boca recordándole el pesado fardo de la pedofilia tolerada por la jerarquía en nombre de la patriarcal unidad de la Iglesia. Y la rodearán sus feligreses.
por Cristina de la Torre | Feb 21, 2023 | Constitución de Colombia, Reforma política, Protesta social, Estado Social, Reformas liberales, Corrupción Electoral, Capitalismo, Democracia Participativa, Democracia Directa, Fraude Electoral, Libre Mercado, Partidos, Movimiento social, Corrupción, Clientelismo, Modelo Económico en Colombia, Febrero 2023
Paradoja: nuestra Constitución más democrática en todo un ciclo de historia, la del 91, contribuyó a la decadencia de los canales por antonomasia de expresión ciudadana, los partidos políticos. Su ruidosa ausencia ahora en movilizaciones a favor y en contra del cambio resulta, entre otros factores, del radicalismo liberal que permeó esa Carta y de algunas de sus disposiciones. A fuer de lucha contra el clientelismo, minaron ellos los cimientos de los partidos y repotenciaron el presidencialismo plebiscitario. Para Pedro Medellín, los eventos de marras acusan anemia política. Sí. Crisis de los partidos (cuya consideración retomamos hoy), cuando iniciativas de la sociedad convocan más que las colectividades políticas de Gobierno y de oposición. Mientras el presidente que encarna el poder unitario del Estado interpela a “su” pueblo contra los adversarios, éstos corean rabia sin norte, golpean a periodistas y condensan en símbolo macabro la brutalidad que Uribe desplegó en este país: la destrucción de la paloma de la paz por caballero y dama marchantes en contingente de gente de bien.
Si los vacíos de legitimidad y de representación en los partidos se gestan en el Frente Nacional, con el auge de la democracia refrendaria hacen crisis. Su efecto protuberante, la atomización. En 2002 hubo 68 partidos y 82 esperaban personería. Más colectividades políticas que curules en el Senado. Para la última elección presidencial, la oferta inicial de candidatos alcanzó decenas.
Los constituyentes del 91 habían elevado el clientelismo a causa suprema de los avatares de la patria y propusieron, para liquidarlo, la democracia participativa. Regresaron al individualismo liberal y a la libertad de mercado anteriores al Estado Social que corrigió en el siglo XX los excesos del capitalismo, abrevadero de revoluciones. Trocando democracia representativa por democracia directa, se deslumbró esta Carta en la idea moralizante de transitar de la tradición a la modernidad, del clientelismo a la ciudadanía. Dos figuras simbolizaron el antagonismo entre buenos y malos: el ciudadano y el cacique clientelista. Ciudadano de democracia anglosajona en país de turbamultas hambreadas, donde el clientelismo, si precario y proclive a la corrupción, cumplía dos funciones medulares: redistribuir bienes y servicios donde el Estado fallaba, y obrar como canal de ascenso social y político para nuevas élites nacidas en la base de la sociedad.
El racionalismo individualista de la nueva Carta cifrado en la rentabilidad del negocio privado, no en la rentabilidad social de políticas de equidad; el pragmatismo que se tradujo en extrema liberalidad de la norma para crear partidos y conceder avales, indujeron la fragmentación de los partidos, pauperizaron su ideología y dieron paso al clientelismo que ahora pesca votos en el mercado electoral. Abundaron predicadores contra los partidos: Álvaro Gómez soñó con su autodestrucción y Rudolf Hommes aplaudió su debilitamiento a instancias de la Carta del 91, pues “tenían exceso de poder”. Desde entonces se transita peligrosamente de un Estado de partidos a una sociedad sin partidos, edén de caudillos.
Mientras el entonces presidente Gaviria proclamaba su democracia participativa, Humberto de la Calle, mentor de la Carta que ampliaba como nunca antes los derechos ciudadanos y entronizaba la tutela, reconocería después que la Constituyente no le había cerrado el paso a la diáspora de listas, aquella enfermedad que descuartizaba los partidos.
La reforma política es vital. Contra el tosco personalismo que campea, la lista cerrada promete cohesionar al partido, si es fruto de debate interno para escoger en democracia programas y candidatos. Y si se ataca la corrupción electoral con financiación pública de las campañas. La lista abierta, se sabe, es menos amiga del everfit que del harapo.
por Cristina de la Torre | Nov 22, 2022 | Justicia tributaria, Reforma tributaria progresiva, Pacto Social, Impuesto progresivo, Desarrollo sostenible, Seguridad Alimentaria, Economía productiva, Violencia, Capitalismo Social, Reformas liberales, Corrupción Electoral, Reforma tributaria, Neoliberalismo, Seguridad social, Modelo Económico, Política económica, Corrupción, Clientelismo, Noviembre 2022
No se cansa Petro de sorprender. Logra la reforma tributaria más progresiva en la historia de Colombia, avanza hacia una paz total, inicia la que parecía imposible reforma agraria cooptando a su archienemigo, Fedegán; en la convicción de que la paz se transa entre antagonistas, no entre amigos, integra a José Félix Lafaurie al equipo negociador con el Eln. Y ahora presenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo, una mirada estratégica del país anhelado, convertida en grosero agregado de partidas sin jerarquía ni concierto. Presupuesto con pretensiones de plan donde pescaron políticos, funcionarios, contratistas y empresarios a menudo de dudosa ortografía. Este plan, en cambio, sentaría bases para proteger la vida desde un nuevo contrato social enderezado a superar injusticias y exclusiones históricas, a clausurar la guerra, a cambiar la relación con el ambiente, a lograr una transformación productiva sustentada en la ciencia y en armonía con la naturaleza.
Pese a sus alcances, el condensado del Plan no transige con la grandilocuencia. Bajo la batuta de Jorge Iván González, objetivos y proyectos parecen acompasarse para escalar hacia metas tan ambiciosas como ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, transformación productiva y derecho a la alimentación. La sostenibilidad del modelo irá de la mano con la equidad y la inclusión, y con la interacción entre campo y ciudad. Pero dependerá dramáticamente de la capacidad del DNP para coordinar todas las instituciones públicas en función de las transformaciones propuestas, donde el catastro multipropósito cumple papel medular. Para recuperar esta visión de largo plazo, deberá convertirse en centro de pensamiento del país -dice González- y gran articulador de los ministerios: pasar de una visión sectorial a otra de programas estratégicos. Por otra parte, se vuelve a la planeación concertada, privilegiando esta vez el sentir de la comunidad en las regiones.
Un efecto pernicioso del apocamiento del Estado que el neoliberalismo y su Consenso de Washington nos impusieron fue la decadencia de los planes de desarrollo: cercenada la función económica del poder público, trocada en negocio la seguridad social que vela por el bienestar general, privatizadas las empresas del Estado, todo fue jolgorio en el mercado. Se sacrificó el desarrollo (que reparte la prosperidad) al crecimiento para unos pocos, en la vana promesa de que su riqueza se derramaría un día por gotas de dorado metálico sobre la pobrecía. Nunca llegó ese día.
De ejecutarse este Plan, si al menos despegara en firme, se produciría un sacudón. Volvería el Estado por sus fueros como agente de cambio: en el ordenamiento del territorio, en la transformación productiva del país, en la creación de riqueza y en su mejor distribución. Lo cual supondrá aumento de la inversión pública apoyada en una mayor tributación de los sectores boyantes de la sociedad.
Mas el Plan no marcharía en contravía del sector privado, sino al paso con él. Como estuvo al uso durante décadas en la región, con altibajos y vacíos, sí, de no repetir. Pero la fórmula renace en circunstancias nuevas, ahora como contrapartida al modelo diseñado no para catapultar el desarrollo y redistribuir sus beneficios, sino para solaz de banqueros, importadores y mercaderes de ocasión. Ahora se le devuelven al Estado la dirección general de la economía y funciones de intervención bajo los parámetros del capitalismo social. Dice el presidente Petro que sin cambio productivo y sin inversión pública en capital social no habrá desarrollo. Reto colosal que podrá sortearse con los dispositivos del director de Planeación pero, sobre todo, con el empuje de las mayorías que desesperan del cambio. Ha surgido, por fin, un plan para el desarrollo. Enhorabuena.
por Cristina de la Torre | Nov 8, 2022 | Reforma tributaria progresiva, Impuesto progresivo, Economía extractivista, Reformas liberales, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Modelo Económico, Política económica, Justicia, Corrupción, Clientelismo, Modelo Económico en Colombia, Noviembre 2022
En treinta años de campaña contra la búsqueda de igualdad y democracia económica que fuera idea tutelar del liberalismo, nunca había llegado su partido tan lejos como esta vez contra la reforma tributaria más progresiva en la historia de Colombia. Salvo, tal vez, la adhesión de muchos en el notablato liberal a la desafiante respuesta del conservatismo a la reforma de marras en 1936. A instancias del jefe César Gaviria, promotor del modelo que sacrificó justicia social al mercado y socio del banquero mayor, entregó ahora la bancada liberal hasta su último aliento para hundir la reforma que exacerba la avaricia de la plutocracia. No lo logró, pero contribuyó a cercenar la quinta parte a su potencial de recaudo original.
Hundió el impuesto a los muy terrenales negocios de las iglesias; empujó la exoneración del gravamen a las megapensiones, el más grosero símbolo de privilegio; luchó contra afectaciones al patrimonio, a las zonas francas, a las bebidas azucaradas que minan la salud de la gente. Y se empleó a fondo por la deducibilidad de regalías en el cálculo del impuesto de renta para petroleras y carboneras. Acaso porque, según Las2orillas, fue accionista Gaviria de la firma de hidrocarburos MC2, socia del Grupo Aval. Si el otro jefe liberal, Germán Vargas, negó de plano la reforma, Gaviria soñó con reducirla a la mitad. Deshonrando la memoria de la colectividad que había empuñado la bandera de los pobres, desdeñaban aquellos ahora el pronunciamiento popular de las calles y las urnas, al cual responde esta reforma proyectada sobre todo para ampliar el gasto social en un país atribulado por la pobreza. Reforma que acerca por fin a Colombia al promedio impositivo de América Latina.
Las regalías son pago por usufructuar el subsuelo irreparable de la nación. ¿Por qué habría de regalárseles a firmas opulentas que, aun en tiempo de bonanza, se niegan a ajustar en mísero 3% el impuesto que se les cobra por doquier? Su tasa efectiva de tributación es 38%, no el 80% que la fantasiosa Andi le atribuye. Hasta 1989 se pagaba 2% de impuesto sobre el patrimonio; hoy lo revive este Gobierno con canon de 1% en promedio y el establecimiento se desgañita a voces de ¡terremoto, calamidad, desastre! Varias veces lo entregaron nuestros ricos con emoción patriótica para financiar las guerras de la Seguridad Democrática; pero ahora, cuando de los pobres y de la paz se trata, resulta un atentado contra la sagrada propiedad.
Atribuye la prensa el texto de objeciones de Gaviria a la reforma a Juana Caballero, vinculada a la empresa de Santiago Pardo, tributarista de Sarmiento Angulo. Si la compinchería entre elites económica y política viene de vieja data, se afianza con la privatización y la preeminencia que el sector financiero cobra con el modelo neoliberal que Gaviria introdujo. Liberalizado el sector, explica Hernando Gómez Buendía, se concentra en pocos bancos, que se enriquecen escandalosamente con las gabelas de Gaviria: no podrá el Gobierno acudir al Banco Central sino al onerosísimo crédito de la banca privada. La deuda pública es hoy fuente principal de las ganancias de la banca colombiana, explica Gómez, que han cambiado la composición sectorial de la economía: en 20 años, pasaron los bancos de generar el 8.8% del PIB al 22% en 1.917. Un cambio sin precedentes en el mundo. La Carta del 91 -remata- acabó por entregarle la economía del país a grupos financieros gigantes: al Grupo Empresarial Antioqueño, al Grupo Bolívar y al Grupo Aval. Y el franciscano ajuste del 5% en impuestos al sector provocó, empero, más de una protesta. Abominable.
En esta sociedad del privilegio, inmóvil, sus elites -la del trapo rojo a la cabeza- juzgan apocalíptico todo gesto de cambio en democracia. Así se autoinflige el Partido Liberal el puntillazo final. Responsos se le rezan ya.8
por Cristina de la Torre | Oct 25, 2022 | Pacto Social, Pacto Histórico, Estado Social, Estado de Derecho, Gustavo Petro, Reformas liberales, Paro Nacional, Octubre 2022
¿Casualidad? El cavernario ataque de César Gaviria y de la derecha en pleno a la reforma tributaria que grava a los más ricos ha coincidido con llamados del presidente Petro al empoderamiento popular. Los primeros lanzan carga de dinamita contra el proyecto madre de la política social en un país donde el hambre no cede; el otro convoca a la “movilización de multitudes en todo el territorio nacional”, con ocasión de los diálogos regionales que nutrirán el Plan Nacional de Desarrollo. El modelo -dijo- apunta a transformaciones en el orden de la política social, económica y ambiental. En síntesis feliz de La Silla Vacía, busca a la vez estructurar un plan de desarrollo que cuente con legitimidad y respaldo popular, pavimentar su estrategia de paz total y prender la máquina para arrasar en las elecciones de 2023.
Pero la grieta que amenaza con derrumbar la coalición de gobierno y desamparar el cambio provocaría una respuesta de mayor alcance: la manifestación de las masas en calles y veredas, en expresión política sostenida. Y es que la democracia no se contrae al voto. Abarca libertades y derechos; es también, desde hace un siglo, democracia económica tutelada por el Estado social; y se extiende a la expresión colectiva en la calle, bullicioso escenario que dio nacimiento a los partidos, copado sin pausa desde entonces por todas las democracias maduras. Aun por la nuestra, tan precaria ella: ya el CD prepara movilización contra las reformas y el senador Bolívar, otra, en apoyo del Gobierno.
Habitat predilecto de Petro, ¿volvería él al pueblo enfervorizado que llenó tres veces la plaza de Bolívar cuando quiso el procurador Ordóñez borrarlo de la política? ¿A la mar de jóvenes, desarraigados y pobladores urbanos abandonados a su suerte que protagonizaron el paro nacional de 2021? ¿A los nadies de todos los departamentos costaneros que lo elevaron al solio de Bolívar, hoy en trance de trazar el desarrollo de sus regiones? ¿O será mensaje subliminal para reanimar su base social, que la derecha se anticipa a trocar en exhortación a la revuelta? Melodramática en su delirio, da por hecho lo impensable en el hombre que viene de configurar una coalición multipartidista de gobierno; de negociar una détente y la primera reforma agraria en un siglo, con Fedegán, gremio salpicado de aliados del paramilitarismo que arrebató a sangre, fuego y notarios venales millones de hectáreas a los campesinos.
Desbordada la capacidad logística del Gobierno, hubo en el arranque de estos diálogos unas de cal y otras de arena: un fiasco, se dijo, el de Cali; un éxito memorable el de Buenaventura. Revela Luis Fernando Velasco, Consejero para las Regiones, que poblaciones hay con seis meses de trabajo sobre su plan de desarrollo. “La gente ha hecho un ejercicio mucho más avanzado de lo que imaginamos”. Enhorabuena.
Saltan a la vista dos niveles de participación en este proceso. Uno será el trabajo de seleccionar, evaluar, ordenar y procesar como proyecto los problemas de la región. Otro, la movilización colectiva para presionar su ejecución en el PND o contra el boicot al cambio. Pero una alerta suena ya: en el ocaso de los partidos, podría saltarse alegremente de la primigenia acción colectiva en democracia a la llamada democracia directa de la masa amorfa que, juguete de un caudillo, derivó tantas veces en totalitarismo. O en democracia del aplauso al líder de ocasión, sea de derecha o de izquierda. Suena bien el empeño del Pacto Histórico en constituirse en partido con ideario y propuestas definidos. Bien los amagos en otras colectividades de revisar y depurar su quehacer político en esta experiencia única de las consultas regionales vinculantes. Dios nos guarde de la necia cruzada que Vivian Morales propone dizque para proteger la democracia de las ideologías.
