por Cristina de la Torre | Oct 22, 2025 | Actores del conflicto armado, Campesinado, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Democracia Plebiscitaria, Derecha, Estado laico, Impunidad, Iván Duque, La paz, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Modelo Económico, Narcotráfico, Octubre 2024, Pacto Social, Partidos, Paz Total, Polarización social, Política agraria, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma política, Reforma Rural, Reformas liberales, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
No es salto al vacío; es, precisamente, aterrizaje en tierra firme de los ejes de la paz, esta vez sin retórica ilusoria. Encarando los desafíos de un país que se le escurre a veces entre los dedos al poder público, Juan Fernando Cristo traza un plan de choque que acelera la implementación de la paz acordada en 2016. Tras cuatro años de boicot por negligencia en el Gobierno Duque y dos más de candidez y largueza en diálogo infructuoso con grupos que se niegan a dejar las armas, el narcotráfico y la agresión contra la población, el ministro del Interior coje el toro por los cuernos: contempla frentes que impactan directamente la calidad de vida, la seguridad y el desarrollo de los territorios. Diseña la acción desde la realidad de las instituciones, con los recursos necesarios y mediante alianza entre Estado, sector privado, comunidades, organizaciones sociales y cooperación internacional. Reenfoca, pues, las políticas de paz y seguridad. E insiste en un acuerdo nacional para enfrentar la crisis.
Seis áreas estratégicas contempla el plan de choque. Pactos territoriales para coordinar inversiones y proyectos de alto impacto en las 16 regiones PDET, coordinados entre los gobiernos nacional, regional y local. Reforma rural integral, acelerando la entrega de tierras y proyectos de desarrollo económico. Reformas legales para mejorar la ejecución del acuerdo, a saber: jurisdicción agraria y la reforma política que propone listas cerradas, financiación estatal de campañas y reforma del Consejo Nacional Electoral. Seguridad en el territorio, por acción simultánea de los ministerios de Interior, Defensa, Justicia y la Fiscalía contra organizaciones criminales. Gobernanza: los desarrollos del plan de choque serán controlados y supervisados por la cartera del Interior, Planeación Nacional y la Consejería para la paz. Finalmente, contempla la convocatoria a partidos, gremios, organizaciones sociales y comunidades étnicas al acuerdo nacional para la paz y la estabilidad política.
La propuesta de acuerdo batalla contra la mar bravía de la polarización, pero avanza confiada hacia el respeto por la democracia electoral, el ejercicio de la política sin balas ni insultos, y la deliberación civilizada sobre reformas sociales que cursan en el Congreso. Invita a suscribir las estrategias de industrialización y desarrollo rural bajo el modelo de crecimiento con equidad en el tercer país más desigual del mundo después de Suráfrica y Namibia, según el Banco Mundial. Un precedente prometedor, el pacto entre Gobierno y Asobancaria: de los $55 billones en créditos acordados, 10.6% se ejecutaron en el primer mes.
Mas no faltarán quienes movidos por pasiones primarias rechacen esta concertación de mínimos y prefieran cargar con el estigma -histórico y electoral- de haberla desairado. Ya debutó César Gaviria: el flamante, inamovible director del partido que liberó a los esclavos, separó a la Iglesia del Estado y ha promovido la reforma agraria no suscribe un acuerdo elemental de respeto por la democracia y la justicia social. ¿Tampoco avala el control territorial del Estado y el ejercicio de la autoridad legítima en El Plateado, hoy teatro de operaciones militares contra los violentos? ¿Coronará al liberalismo como la colectividad más reaccionaria del país?
Cuando la “paz total” como modelo de negociación naufraga, Juan Fernando Cristo toma el relevo con el estandarte que siempre debió ser: reivindicar a la población, darle seguridad y transformar su territorio. Si las opciones no podían ser tierra arrasada, ni gratuita complacencia con la contraparte y freno a la Fuerza Pública, la alternativa del ministro rescata las posibilidades de la paz desde el derecho de las víctimas. Como lo mandan la Constitución y el derecho internacional humanitario.
por Cristina de la Torre | Feb 18, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Cese multilateral, Clan del Golfo, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Crímen organizado, Cultivos ilícitos, Derecho fundamental, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Febrero 2025, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, JEP, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Narcotráfico, Pacto Social, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Rural, Sanción Política, Seguridad Humana, Sustitución de cultivos, Tierras, Violencia
Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y encarnación del personalismo en el poder, en el presidente Petro recae la responsabilidad última del desastre de la Paz Total; no en su ministro de Defensa, Iván Velásquez, que recibe órdenes del mandatario. Cada decisión (o indecisión) de gobierno responde a la mano del príncipe, que aprieta o afloja según su impredecible designio de cada hora. Yerra Petro en la concepción de la Paz Total, en el diagnóstico, en el método, en la ejecución. Pero en consejo de ministros teatralizado para el país irrespeta al funcionario insinuando que la toma de El Plateado no se consumó debido a sabotaje por inacción de su cartera. Respondió Velásquez que las fallas de esa estrategia no le caben al ministerio sino al Gobierno nacional que, pese a la insistencia del ministro, nunca logró una acción articulada del Estado sobre la región. Daniela Gómez, exviceministra de Defensa, dirá que la falta de coordinación en el Ejecutivo obstaculizó la acción militar en el territorio: nos sentíamos remando solos, precisó.
Y suscribió la crítica generalizada de la estrategia de Paz Total y sus ceses de fuego, traducidos en fortalecimiento de los grupos armados y debilitamiento de operaciones ofensivas de la Fuerza Pública. Revela Hugo Acero, experto en seguridad, que el presidente le ordenaba al ministro frenar la acción militar en territorios donde se imponían ceses del fuego sin planificación suficiente. Este Gobierno disolvió su capital político y la ilusión del cambio en el voluntarismo del mesías (¡otro!) que prometió sellar en tres meses la paz con el ELN. Mas al amparo de inauditas larguezas en la mesa de negociación, multiplicó ese grupo sus efectivos, consolidó negocios ilícitos, avanzó en control de territorios, en sojuzgamiento de comunidades y se destapó como retaguardia armada de la dictadura venezolana, con la que comparte utilidades del narcotráfico en la frontera.
Se propone ahora el presidente aplicar la estrategia de El Plateado en el Catatumbo, sin haber antes corregido entuertos. La tragedia humanitaria de esta región requiere, sí, un modelo semejante al del Cauca, pero depurado y acondicionado para lograr sus objetivos: intervención de la Fuerza Pública, acción coordinada de las instituciones del Estado e inversión social. Como lo pidió el ministro Velásquez.
El drama rompe fronteras del Cauca y Santander. Si el Catatumbo padece una tragedia humanitaria sin precedentes en 28 años, esta se cocina ya en Sur de Bolívar, Antioquia, Valle, Arauca y Chocó. Líderes del Pacífico se confiesan agotados de registrar “guerras anunciadas y esperar la lenta, insuficiente y descoordinada respuesta del Estado”. Tras el paro armado del ELN que hace tres meses confinó a 50.000 personas, su guerra con el Clan del Golfo responde ahora por 3.400 desplazados, 9.200 confinados y anuncia una debacle como la del Catatumbo. 71% de los municipios de Colombia están bajo alerta y la ministra de Justicia, Angela María Buitrago, revela que en el Chocó se están suicidando los niños para no ser reclutados.
En virtual confesión de parte que bien le valdría como autocrítica, hoy denuesta Petro “el ego individual, el tribalismo, el ego de grupo sectario”. Pero ha dejado en vilo el Plan de Choque para implementar la paz que su exministro Cristo trazó, basado en romper egos, y sin el cual queda ésta reducida a polvo de estrellas. Comprende el plan pactos para acelerar la transformación del territorio, reforma rural integral, agenda legislativa, articulación de la seguridad en el territorio y acuerdo para un pacto nacional. Se trata de rectificar la política de paz y trazar una estrategia de seguridad para combatir a quienes persisten en la violencia. Si no convierte por esta vez su idea en acción, podrá Petro sucumbir en el hoyo negro de su Paz Total.
por Cristina de la Torre | Nov 19, 2024 | Campesinado, Capitalismo, Derecho fundamental, Industrialización, Izquierda, Liberalismo, Libre Mercado, Modelo de mercado, Noviembre 2024, Partido Liberal, Partidos, Polarización social, Política de Estado, Privatización, Reforma Agraria, Reforma Rural, Socialdemocracia
Desapacible espectáculo: una convención liberal montada para perpetuar al jefe que impuso por 20 años su dictadura personal, evidenció la crisis de ideas y de programas que abate a ese partido. Y efectos inesperados. El asalto del ala reaccionaria que César Gaviria encarna en el liberalismo contra su partido le ha permitido al Pacto cabalgar sobre el ideario social democrático de aquella colectividad. El desafío inédito de una izquierda en el poder agudizó y destapó, blanco sobre negro, la tensión entre izquierda y derecha que permea al liberalismo. Pero el reformismo de Petro -asediado por atavismos refocilados en el dogma del mercado que el propio Gaviria entronizó- apenas emula el pensamiento de un Uribe Uribe, las ejecutorias de un López Pumarejo, de un Carlos Lleras.
Introdujo López reformas sociales que la reacción calificó en su hora de “sovietizantes”, como “estatizantes” le parecen a Gaviria las de Petro en salud, pensiones, trabajo y servicios públicos domiciliarios; derechos sociales que apuntalan el bien común, ahora convertidos en bolsa de mercaderes. Y, ay, la reforma rural. A la de López le opusieron la Violencia y Lleras defendió la suya, codo a codo con los campesinos, pues desbordaba la simple redistribución de ingresos: repartir tierra es repartir riqueza. Se la hundieron en Chicoral, con participación decidida de la derecha liberal. Lleva Colombia un siglo intentando en vano una reforma agraria sin expropiación, mientras en Europa procedió por expropiación de latifundios para repartir, y fue reforma liberal. Pero Petro, el azaroso exguerrillero, compra tierras al latifundismo, a precio comercial, para acometer la suya.
Nuestra alharacosa derecha llama comunismo a la función social del Estado que, según el principio de igualdad, introdujo el liberalismo contemporáneo. Es coco providencial que Gaviria y la reacción menean para asustar y para justificar avanzadas de emperador en platanal. Desde el pináculo del partido que había representado al pueblo irredento, votó Gaviria por Andrés Pastrana, por Federico Gutiérrez, por Rodolfo Hernández. Y boicoteó la campaña a la presidencia de Humberto de la Calle, sueño malogrado de un país ahíto de nulidades.
Tras medio siglo de industrialización dirigida por el Estado, con planificación e instituciones de fomento del desarrollo, sobrevino el modelo de mercado que nos devolvió al capitalismo primitivo e invirtió prioridades en los valores de la democracia liberal. Sobre el principio de igualdad primó ahora el de libertad. Libertad económica sin límite ni control que desmadró los mercados, porque libre competencia en condiciones de desigualdad desemboca en monopolio y en abuso de los que pueden prevalecer. Afirma el exministro José Antonio Ocampo que en este período de economía de mercado que siguió al de industrialización aumentó la pobreza y retrocedió la distribución del ingreso.
El nuevo paradigma, que debutó en el Chile de Pinochet y rige todavía, liberó el comercio bajando de golpe aranceles (quebraron el campo y miles de empresas nacionales), desmontó las instituciones públicas de fomento a la industrialización y al desarrollo productivo, privatizó funciones y empresas sociales del Estado. Se diría que este Gobierno vuelve la mirada hacia su antípoda, hacia aquel medio siglo de industrialización con intervención del Estado, de proteccionismo con aranceles, de crédito situado en sectores de punta de la economía, de control de precios y reforma agraria. Tal vez no para copiarlo a la letra, pero sí como referente exitoso adaptable al mundo de hoy.
Y acaso esta historia de contrastes en el seno del liberalismo sustancie la vilipendiada polarización. Bienvenida su nítida expresión, fuente de controversia democrática. Sí, el liberalismo se debate entre la reforma y la caverna.
por Cristina de la Torre | Nov 5, 2024 | Actores del conflicto armado, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Conflicto interno, Corrupción, Derecho fundamental, Desarrollo agrícola, Desarrollo sostenible, Desplazados, Desplazamientos, Estado de Derecho, Gustavo Petro, Impunidad, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, La ley de Víctimas, La paz, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Noviembre 2024, Pacto Histórico, Pacto Social, Polarización social, Política de Estado, Posconflicto, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
No hay mal que dure cien años y ojalá Colombia, después de tantos muertos por la tierra, honre el dicho popular. En su último tramo de Gobierno decidió Carlos Lleras crear concentraciones parcelarias para el campesinado. Pero en menos que canta un gallo el presidente Misael Pastrana, prohombres de los partidos tradicionales, el latifundismo, la SAC y Fedegán, respondieron al Incora con una virulencia que no acusaban siquiera las élites más retardatarias de la región: mataron la reforma agraria en Chicoral. Por segunda vez, pues a la de López Pumarejo le enfrentaron la Violencia. Corría el año de 1972 y hasta el sol de hoy, cuando Gustavo Petro entrega, en su más reciente medida agraria, cuatro zonas de reserva campesina: 103.000 hectáreas a 4.000 familias que llevaban décadas luchando contra artificios jurídicos en las zonas más atormentadas por el conflicto. El hecho es trascendental porque esta figura reconoce al campesino como sujeto de derechos que decide con autonomía en ordenamiento y planificación de su territorio. Y es paso que se inscribe en un horizonte de reforma agraria que revierte el Pacto de Chicoral.
A aquellas hectáreas se suman las 877.000 compradas, entregadas y en proceso de adjudicación en estos dos años. Ha dicho la ministra Carvajalino que el Gobierno apunta a reformar el Pacto del 72 que frenó la redistribución, concentró aún más la tierra y aceleró la expulsión del campesinado “sobrante” hacia la colonización de selvas y hacia ciudades sin empleo. Dádiva descomunal al latifundismo, aquella contrarreforma suplantó la redistribución de tierra por apoyo al desarrollo capitalista de la gran agricultura pero sin redistribución del producto, concentró el crédito en los grandes propietarios y restableció el ominoso sistema de aparcería. La SAC se opuso ardorosamente a la creación de empresas comunitarias y, ya desde entonces, a la jurisdicción agraria.
Para guardar las formas, estableció Chicoral el pago de impuestos calculados sobre la renta presuntiva que el avalúo catastral de la tierra indicara. Había, pues, que demostrar un mínimo de productividad de la tierra para que ésta se considerara adecuadamente explotada y quedara libre de intervención oficial. Explicará Absalón Machado que se estableció una renta presuntiva del 10% sobre el valor del terreno dedicado a agricultura y del 4% del dedicado a ganadería. Pero ese valor sería la mitad de su avalúo catastral (ya reducido desde tiempos inmemoriales al ridículo). Nunca se aplicaron los niveles mínimos de productividad. Resultó cada vez más fácil simular que un predio estaba adecuadamente explotado y más difícil la expropiación de terrenos intocados o que exhibían una vaca solitaria en la lejanía. La renta presuntiva ni modernizó el campo ni mejoró la productividad de la tierra.
La ministra Carvajalino anuncia para diciembre un proyecto “anti-Chicoral” que acelere el tránsito hacia una agricultura competitiva mediante política estatal que responda a las necesidades de la agricultura campesina, de los productores y de los gremios, concertada con empresarios, campesinos y comunidades. Empezaría por restablecer instituciones del sector como el Idema.
Un año y ocho meses deliberaron comunidades, gremios, trabajadores y etnias hasta resolver esta semana un largo y sangriento conflicto de lucha por la tierra en el norte del Cauca. Es ejemplo de concertación que podrá replicarse en otros escenarios. Claudia Calero, presidenta de Asocaña, exaltó esta experiencia como modelo de paz. A leguas del Nobel colombianista James Robinson, que niega la necesidad de una reforma agraria en el país, nuestra dolorosa realidad ha probado con creces que sin ella no habrá paz ni equidad ni instituciones que valgan. Reformar la contrarreforma de Chicoral se impone.
por Cristina de la Torre | Oct 7, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Desplazados, Desplazamientos, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Lavado de activos, Narcotráfico, Neoliberalismo, Octubre 2024, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Sustitución de cultivos, Tierras, Violencia
Es un tic. Un tic de siglos. A la primera insinuación de dar parcelas a campesinos se activa en la derecha la máquina de lamentos y veladas amenazas contra la expropiación de tierras, que sólo existe en su cabeza. Y en todas las leyes agrarias desde 1936, que este Gobierno elude. Un borrador de decreto que agiliza la compra de fundos para reforma agraria reduce el proceso de siete a dos meses y, lejos de expropiar, simplifica procedimientos de compra en vigor. Pero la oposición asocia el decreto con la ley ordinaria de jurisdicción agraria que el Gobierno radica ahora en el Congreso. Coco del latifundismo porque entrega a jueces especializados la solución de los conflictos de tierra, donde se cuece la violencia que encubre a menudo abusos por ambigüedad o por dolo en el estatuto legal de la propiedad. Dos pájaros de un tiro. Mientras tanto, para mayor zozobra de la reacción, devuelve la ministra Carvajalino 8.430 hectáreas a campesinos despojados de Córdoba y anuncia para este mes entregas hasta de 50.000 hectáreas en el país. Semejante cantidad, de una tacada, no tiene antecedentes.
Parte de esas tierras había sido entregada hace años al Estado; la otra, incautada a exjefes del paramilitarismo en Justicia y Paz. Fueron propiedad de quienes dirigieron las masacres más escabrosas, en Mapiripán, en El Aro, en El Salado, en Cabrera. A todos sorprendió la idea del presidente de reabrir el proceso de justicia y paz con el paramilitarismo, cuyo fin último sería “devolver todas las tierras (de paramilitares) que hoy tengan testaferros, políticos y otros grupos”. Anunció que, de materializarse, abarcaría regiones enteras. Y ha de preocupar a más de un propietario que lo fuera en gracia de alianza poco católica. Aunque cabe preguntarse si estará el Estado preparado para garantizar seguridad a los beneficiados con esa restitución.
La usurpación paramilitar de tierras viene a consolidar el modelo inexpugnable de propiedad agraria en Colombia, el tercero más desigual del planeta. Su gran usufructuario ha sumado al privilegio ancestral la religión neoliberal, que también santifica la propiedad sin función social. Escribirá Absalón Machado en su más reciente obra, “Relatos sobre Reforma Agraria en Colombia, 1960-2000”, que en nuestras elites primó el apego a la propiedad marcado por la codicia de riqueza y de poder. Tras brillante recorrido sobre avatares y debates de la reforma agraria que no fue, lamenta la incapacidad de esta sociedad y de sus dirigentes para acometer el desarrollo desde la transformación de las estructuras agrarias. Se atizaron la violencia, el despojo, el desarraigo, el sufrimiento de amplios sectores de la población, señala, bajo la égida de una clase de propietarios más rentista que productiva.
El proceso registra el paso del reformismo agrario al desarrollismo como transición hacia el modelo neoliberal que prevaleció. Se transitó del desarrollo concebido como crecimiento con distribución al crecimiento económico por sí y para sí; de la planificación a la dinámica del mercado librado a las querencias de los menos. El reformismo agrario, concluye nuestro autor, fue un fracaso institucional y político. No dieron nuestras élites la talla para liderar el desarrollo que la historia les confió. Fueron inferiores a su destino.
Y es en este huracán donde se bracea a contracorriente, contra atavismos irreductibles, contra intereses particulares edificados sobre el sojuzgamiento de los más; contra arrebatos que denuestan la compra de tierras para repartir, la solución de conflictos en el campo por medio de la ley y un horizonte soñado de restitución en grande de predios arrebatados a sangre, fuego y notaría. Buen viento, buena mar.
por Cristina de la Torre | Sep 11, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Corrupción, Crímen organizado, Cultivos ilícitos, Desarrollo agrícola, Desplazados, Desplazamientos, Guerrillas, Gustavo Petro, Iván Duque, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, La paz, Pacto Social, Paramilitarismo, Paz Total, Polarización social, Política agraria, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Septiembre 2024, Sustitución de cultivos, Tierras, Uribismo, Violencia
No fue Iván Duque el único en boicotear la implementación de la paz. También la saboteó Gustavo Petro, por inacción y por haber desmontado los órganos creados para alcanzarla. Y es causa protuberante de la violencia que vuelve a enseñorearse del país. La paz total no tendrá éxito, declaró en su franqueza el ministro Cristo en foro sobre el acuerdo nacional organizado por la revista Cambio; el logrado en 2016 fue la oportunidad perdida, pues los grupos armados no valoraron esta vez la mano tendida del presidente. Hoy debemos retomarla, puesta la mira en circunstancias nuevas, como la degradación del debate público en un país donde al insulto puede seguirle la bala; la simbiosis de legalidad e ilegalidad en todos los grupos armados y su atomización: la de hoy es una violencia de grupos criminales sin ideología, apuntó el ministro.
Para el Comisionado de Paz, Otty Patiño, la paz total es un desafío y una necesidad. Grande esperanza le siembra la experiencia de Comuneros del Sur porque toca con la paz territorial, donde la gente está. Y sí, la violencia no responde hoy a un ideal insurreccional sino a rentas ilegales, en armonía con el modelo económico que combina legalidad e ilegalidad. Difícil hallar la línea divisoria entre organización delincuencial y grupo político. Dígalo, si no, -señala Patiño- el hecho bochornoso de que el cartel de Medellín gobernara en esa ciudad y el de Cali en la capital del Valle. Un acuerdo de paz con armados supone avanzar en negociación territorial: la paz se materializa en el territorio.
El acuerdo que se teje no será para proclamar la suerte final de la nación, ni para reducir a mecánica de mercado político la discusión de las reformas en el Congreso, dice Cristo. Será para divorciar la violencia de la política, concentrándose en la reforma integral del campo, cuyo punto nodal son los 170 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los más atormentados por el conflicto armado: son el 36% del territorio que acoge a la cuarta parte de la población rural. Sin los PDET, acción mancomunada de Estado y sociedad, no habrá paz, pues ella pasa por la transformación de aquellos territorios. Tal como lo señalan la norma constitucional y la legal que les da sustento.
Los PDET son un medio de planificación y gestión para el cambio regional, que acelera la reforma rural integral allí donde más se han sufrido la guerra, las economías ilícitas y la ausencia de Estado. Principiando por encarar el obstáculo de tenencia de la tierra, diagnostica problemas, planifica soluciones y las ejecuta a dos manos con el poder público, bajo la mirada vigilante de las instituciones y de la comunidad. No busca este instrumento “llevar” el Estado a la región sino construirlo desde la región que, olvidada, es pasto de feroces ejércitos de ocupación. Los PDET son la médula de la implementación de paz.
Recuerda la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino que, si ha sido la tierra causa del conflicto, por la tierra pasa la búsqueda de la paz; y por la reforma agraria, el acuerdo nacional. Invita ella a consolidar los Comités de Reforma Agraria, instancia vital de concertación porque materializa el diálogo plural en los territorios.
Plural y diverso fue también el diálogo en este Foro de Cambio, que arroja cuatro divisas a la reflexión: un acuerdo nacional deberá invalidar la violencia y acatar en los hechos la reforma agraria: tierra y paz. La paz total no podrá ser objetivo de un gobierno sino propósito nacional y política de Estado. El diálogo de paz es irrenunciable. El acuerdo nacional no es punto de partida sino punto de llegada. Trabajar por el acuerdo es trabajar por el país. ¡Manos a la obra!
