ONPara desconcierto de nuestra derecha sombría, sorprende Petro en la ONU con un plan de choque capaz de enrutarnos por fin hacia la paz. Capaz de recuperar territorios que violentos de todo jaez se disputan para prevalecer en narcotráfico, minería ilegal y extorsión, sojuzgar a las comunidades e imponerles su régimen de terror. Iniciativa capaz de lanzar el modelo de desarrollo trazado en el Acuerdo de 2016, reforma agraria comprendida, mediante compra administrativa expres de tierras y sustitución de cultivos ilícitos por proyectos de agroindustria. Estrategia enderezada a repotenciar los Planes de Desarrollo Territorial (PDET) en las zonas más atormentadas por la guerra. Apunta, en suma, a la incorporación de regiones a medias integradas al Estado nacional en 200 años de República, hoy bajo asedio de guerrilleros y paramilitares. Es empresa de trascendencia histórica que podrá acometerse en virtud de un gran acuerdo nacional. Implementación de la paz y acuerdo nacional son divisas de Juan Fernando Cristo, ministro del Interior cuyas batallas por la reconciliación y por las víctimas comportan cambios que sólo los más obcecados reaccionarios, amigos de la guerra, querrán obstaculizar. Sí, con Cristo renace la esperanza.
El presidente activa ahora su estrategia bifronte de seguridad: ofensiva militar contra todo reacio a dialogar -como ocurre hoy en el Cañón del Mikay contra la disidencia de Mordisco- e intervención social y económica sobre el territorio y su población. La reforma agraria será en ella protagonista con adquisición de tierras no ya por la morosa decisión de un juez sino por acción administrativa del Estado.
Aunque todas las normas habidas en un siglo le permitirían expropiar, no acudirá Petro a la Ley 74 de 1926, ni al Acto Legislativo 1 de 1936 para expropiar con indemnización por razones de utilidad pública o interés social, ni al Artículo 58 de la actual Constitución que autoriza la expropiación por vía judicial y, aun, por la administrativa; ni al Artículo 34 que contempla extinción de dominio sobre bienes habidos mediante enriquecimiento ilícito. Si de comprar se trata, Alejandro Reyes propone aclarar la propiedad antes de mover ese mercado, con un barrido que identifique predios con irregularidades, abrirles un proceso y tasarlos, entonces, en su valor real: sólo así podrá distribuirse tierra “sin que la compra sea una transferencia gigantesca de dineros públicos para pagar las rentas de la tierra a los ganaderos de Fedegán”.
Propone también inversiones forzosas para sustituir economías ilegales por proyectos productivos y agroindustrialización. Para integrar regiones al desarrollo, cambiar normas que rigen las vigencias futuras y el plan fiscal. Y, mediante reforma al sistema general de participaciones, favorecer las regiones PDET. Se revierten así la sórdida aventura de Duque para hacer trizas la paz y la pifia de Petro al suprimir la Consejería del Posconflicto, órgano que coordinaba la relación del Estado central con los entes territoriales, es decir, la acción integral del Estado en esas zonas: se estancó la implementación. En buena hora la destraba Cristo.
Si la ausencia del Estado disparó en los territorios la violencia, es hora de activar la estrategia paralela al diálogo: volcar en ellos la Fuerza Pública pero, sobre todo, emprender su transformación económica y social. La tal constituyente es un señuelo electorero: lo usa el Gobierno para exacerbar entre sus bases el apetito de cambio; lo usa la oposición para agudizar entre las suyas el miedo al cambio. Pero éste bien puede pactarse, sin normas dramáticas, desde los ocho caminos que Petro abre hacia la reconquista del territorio. Esos son. Manos a la obra.