por Cristina de la Torre | Feb 18, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Cese multilateral, Clan del Golfo, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Crímen organizado, Cultivos ilícitos, Derecho fundamental, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Febrero 2025, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, JEP, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Narcotráfico, Pacto Social, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Rural, Sanción Política, Seguridad Humana, Sustitución de cultivos, Tierras, Violencia
Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y encarnación del personalismo en el poder, en el presidente Petro recae la responsabilidad última del desastre de la Paz Total; no en su ministro de Defensa, Iván Velásquez, que recibe órdenes del mandatario. Cada decisión (o indecisión) de gobierno responde a la mano del príncipe, que aprieta o afloja según su impredecible designio de cada hora. Yerra Petro en la concepción de la Paz Total, en el diagnóstico, en el método, en la ejecución. Pero en consejo de ministros teatralizado para el país irrespeta al funcionario insinuando que la toma de El Plateado no se consumó debido a sabotaje por inacción de su cartera. Respondió Velásquez que las fallas de esa estrategia no le caben al ministerio sino al Gobierno nacional que, pese a la insistencia del ministro, nunca logró una acción articulada del Estado sobre la región. Daniela Gómez, exviceministra de Defensa, dirá que la falta de coordinación en el Ejecutivo obstaculizó la acción militar en el territorio: nos sentíamos remando solos, precisó.
Y suscribió la crítica generalizada de la estrategia de Paz Total y sus ceses de fuego, traducidos en fortalecimiento de los grupos armados y debilitamiento de operaciones ofensivas de la Fuerza Pública. Revela Hugo Acero, experto en seguridad, que el presidente le ordenaba al ministro frenar la acción militar en territorios donde se imponían ceses del fuego sin planificación suficiente. Este Gobierno disolvió su capital político y la ilusión del cambio en el voluntarismo del mesías (¡otro!) que prometió sellar en tres meses la paz con el ELN. Mas al amparo de inauditas larguezas en la mesa de negociación, multiplicó ese grupo sus efectivos, consolidó negocios ilícitos, avanzó en control de territorios, en sojuzgamiento de comunidades y se destapó como retaguardia armada de la dictadura venezolana, con la que comparte utilidades del narcotráfico en la frontera.
Se propone ahora el presidente aplicar la estrategia de El Plateado en el Catatumbo, sin haber antes corregido entuertos. La tragedia humanitaria de esta región requiere, sí, un modelo semejante al del Cauca, pero depurado y acondicionado para lograr sus objetivos: intervención de la Fuerza Pública, acción coordinada de las instituciones del Estado e inversión social. Como lo pidió el ministro Velásquez.
El drama rompe fronteras del Cauca y Santander. Si el Catatumbo padece una tragedia humanitaria sin precedentes en 28 años, esta se cocina ya en Sur de Bolívar, Antioquia, Valle, Arauca y Chocó. Líderes del Pacífico se confiesan agotados de registrar “guerras anunciadas y esperar la lenta, insuficiente y descoordinada respuesta del Estado”. Tras el paro armado del ELN que hace tres meses confinó a 50.000 personas, su guerra con el Clan del Golfo responde ahora por 3.400 desplazados, 9.200 confinados y anuncia una debacle como la del Catatumbo. 71% de los municipios de Colombia están bajo alerta y la ministra de Justicia, Angela María Buitrago, revela que en el Chocó se están suicidando los niños para no ser reclutados.
En virtual confesión de parte que bien le valdría como autocrítica, hoy denuesta Petro “el ego individual, el tribalismo, el ego de grupo sectario”. Pero ha dejado en vilo el Plan de Choque para implementar la paz que su exministro Cristo trazó, basado en romper egos, y sin el cual queda ésta reducida a polvo de estrellas. Comprende el plan pactos para acelerar la transformación del territorio, reforma rural integral, agenda legislativa, articulación de la seguridad en el territorio y acuerdo para un pacto nacional. Se trata de rectificar la política de paz y trazar una estrategia de seguridad para combatir a quienes persisten en la violencia. Si no convierte por esta vez su idea en acción, podrá Petro sucumbir en el hoyo negro de su Paz Total.
por Cristina de la Torre | Ene 28, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Crímen organizado, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Enero 2025, Fascismo, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, Pacto Social, Paramilitarismo, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Seguridad Humana, Tierras, Violencia
No es un episodio más de nuestra violencia, es una verdadera tragedia humanitaria. El ELN, como ejército de ocupación que hace décadas empeñó la revolución a la disputa sangrienta por rentas de crimen organizado, masacra a la población inerme en espectáculo de terror comparable al desplegado por el paramilitarismo. Y acude a los peores expedientes de inhumanidad. En el campo, desaparece, mutila, tortura, desmembra y amarra con alambre de púas a sus víctimas para rematarlas a tiros. Sólo le faltan los hornos crematorios que las Autodefensas usaron allí para desaparecer a cientos de los ultimados. En centros urbanos, tiende razzias fascistas: pasan encapuchados de casa en casa, lista en mano, para ejecutar al “enemigo” en presencia de sus hijos. Pero, a diferencia de los fascios, que apuntaban al poder del Estado, con incursiones como la del Catatumbo se ríe el ELN de su viejo anhelo de cambio, para entregarse a negocios de alcantarilla.
Se propone controlar esta rica zona estratégica de frontera, ideal para traficar seres humanos, armas, oro y cocaína. Plato suculento para bandas de todo jaez, que ahora quieren los elenos para sí solos. Se lo pelean asesinando 80 personas en cosa de días, provocando la estampida de 42.000 y el confinamiento de 12.000, según autoridades de la región y la Defensoría del Pueblo. Mas no se libra allí una guerra entre combatientes, es campaña de exterminio contra la población. Ha virado el conflicto armado de insurrectos contra el Estado hacia una violencia fragmentada sin propósito político. Lo sucedido en el Catatumbo, declaró el presidente, es una demostración más del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia organizaciones narcoarmadas.
Pero a este Gobierno le cabe responsabilidad. Por haber abandonado durante dos años los Planes de Desarrollo Territorial llamados a atenuar la ausencia del Estado donde más se necesitaba. Es responsable, sobre todo, por sus desatinos en la negociación con el ELN, que le permitieron expandirse, aumentar su capacidad militar y multiplicar crueldades contra la población, con ceses del fuego que maniataron al ya debilitado Ejército y no impusieron respeto a las comunidades. No es gratuita su brutal incursión de hoy en el Catatumbo.
Explica Luis Fernando Trejos que con el ELN no se negociaba la finalización del conflicto sino un armisticio: en vez de desarme, desmovilización, reintegración y postacuerdos, treguas prolongadas (sin mucho control, se diría). El Gobierno declaró desde el comienzo del proceso no tenerle líneas rojas al ELN. Entonces este controló tiempos y agenda de negociación, porque sabía que Petro no se levantaría de la mesa. A tres factores atribuye el expresidente Santos la crisis del Catatumbo: a la falta de una clara política de seguridad; al formato de la Paz Total que le permite a un grupo negociar armado y beneficiarse de ceses del fuego, y a la falta de implementación del Acuerdo de Paz suscrito en 2016. Para Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, la desarticulación entre políticas de paz y de Seguridad expuso gravemente a comunidades rurales. Y este abandono, agrega, es violación de derechos humanos, por omisión.
En Colombia no hay ya guerrillas ni hay guerra; hay grupos armados para el crimen, que se enfrentan por el control del narcotráfico y de otras rentas ilícitas. Pero cabe todavía soñar con la posibilidad de reorientar la negociación con el ELN: imponiendo condiciones, devolviéndole a la Fuerza Pública su capacidad de acción (no episódica sino permanente) y acometiendo la transformación de los territorios. Acaso pudiera vencerse el pesimismo del más entusiasta defensor de la paz, Juan Fernando Cristo, para quien, ante esta orgía de terror, no habría ya posibilidad de retomar el camino con el ELN, pues éste habría “tirado a la basura la llave de la paz”.
por Cristina de la Torre | Dic 17, 2024 | Conflicto interno, Corrupción, Crímen organizado, Diciembre 2024, Francia Márquez, Gustavo Petro, Impunidad, Justicia, Justicia restaurativa, Ministerio de Salud, Movimiento social, Mujer, Narcotráfico, Posconflicto, Progresismo, Salud, Seguridad Humana, Violencia
No pierde la sociedad su capacidad de reacción. Ni muda ni maniatada ante la violencia sexual que se ejerce contra nuestras niñas y niños, rechaza la opinión el nombramiento de Daniel Mendoza, supuesto instigador de ese delito, como embajador en Tailandia. En esta Colombia del Sagrado Corazón que naturalizó al narcotráfico como medio de ascenso social y lo incorporó al poder del Estado, reconforta la oleada de voces que se alzan contra el principio de hacer plata como sea, ahora robustecido por la ética que asocia sin dolor negocio y crimen. Enriquecimiento regado de muertos en cada operación de narcóticos que corona, también destruye la vida de miles de infantes esclavizados en explotación sexual. El Instituto Nacional de Salud documenta 34.842 casos de violencia sexual, la tercera parte contra niñas menores de doce años. En Bogotá, en Cartagena, en Cali, en Palmira, en Medellín, ciudad donde se detiene Carol Ann Figueroa, editorialista de La Píldora, para auscultar la desgarradora realidad.
Contra el nombramiento de Mendoza debuta Iris Marín, defensora del pueblo, por haberse mostrado él reiterada y públicamente afecto a relaciones sexuales con niñas. En la contraparte, defiende el presidente a su elegido y, en nombre de la libertad de amar, lo llama “emancipador”. Soy un demócrata radical, dice Petro, no un fascista; ¿cómo esperan que un Gobierno libertario y progresista prohíba el amor? Complacerse en relaciones sexuales con niñas o con adultas previamente drogadas no es amor, replica Marín, son modalidades de violencia sexual. Nuestro Estado, remata, no puede convertirse en dolorosa caricatura de la cultura violenta.
Acompañan a la defensora Laura Gil, embajadora ante la ONU para Política Global de Drogas, y Arlene Tickner, embajadora para Asuntos de Género y Política General Feminista. Estiman ellas que las publicaciones de Mendoza constituyen violencia de género y que bien haría el agraciado con renunciar al cargo ofrecido. Y Francia Márquez, vicepresidenta de la República, condena la misoginia de Mendoza, otra de las violencias patriarcales.
Para la analista Figueroa, ser mujer aquí es correr más riesgo de vender por la fuerza la virginidad, o una relación sexual, o una fantasía sexual actuada ante una cámara. 93% de las 4.921 víctimas que han denunciado ante la Fiscalía de Antioquia explotación sexual infantil en los últimos catorce años vieron periclitar su caso judicial sin pena ni gloria; sólo un 7% fructificó. Señala informe de Cuestión Pública que el fenómeno se ha salido aquí de control, y las autoridades hacen poco o nada por detenerlo. Sorprende el perfil de los empresarios que montan la red del negocio: un padre de familia, un político, un trabajador social, un profesor de deporte, un policía.
Informó La República que la industria webcam estaría reportando 600 millones de dólares en ganancias al año por el trabajo de 10.000 estudios instalados en Medellín, Cali y Bogotá. Si Cartagena se lleva las palmas, afirma Figueroa que en Antioquia la cultura traqueta se camufla con la cultura de la familia, la religión y las buenas costumbres, mientras parte sustancial de sus dirigentes y de la población saca pecho por considerarse “prueba viviente de la pujanza, la innovación y la berraquera” que atraen al extranjero que invade sus ciudades. El narcotráfico, concluye nuestra analista, dejó más que dinero: una cultura que, más allá de la cosa estética o musical, cierra los ojos para no ver la tragedia de sus niñas, niños y adolescentes y deslumbrarse, en cambio, en el fulgor del oro.
Sea la renuncia de Daniel Mendoza al cargo ofrecido otra cortina que se descorre al escenario de dignidad que el país reclama. Y a la autocrítica del presidente Petro.
Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Felicidades a los amables lectores.
por Cristina de la Torre | Dic 10, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Cese multilateral, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Corrupción, Crímen organizado, Desarrollo agrícola, Desplazados, Desplazamientos, Diciembre 2024, ELN, Fuerzas Armadas, Gustavo Petro, JEP, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Libre Opinión, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Paz Total, Posconflicto, Tierras, Violencia
Un avance imprevisto se registra en el replanteamiento de la política de paz: el reconocimiento de sus errores de origen. Equivocaciones y vacíos que explican la inusitada expansión de los grupos armados que, dedicados sin excepción a economías ilegales, se disputan a bala el territorio e imponen su dictadura a las comunidades. En favor de esta violencia redoblada obraron las pautas que Danilo Rueda, primer comisionado de paz, trazó desde el día uno de la negociación y en buena hora se revisan hoy. Y se materializan, para comenzar, en bombardeos de aviones Kafir a un campamento madre del Clan del Golfo en Antioquia; primera acción de la Fuerza Aérea contra grupo armado en la era Petro.
En foro promovido por El Espectador y la Universidad de los Andes con participación de autoridades de Gobierno, negociadores y líderes de territorios sojuzgados, proliferan razones enderezadas a corregir entuertos. Pasan al banquillo los diálogos de paz sin objetivo definido o claudicante en la orilla del Estado; ceses de fuego improvisados y aquietamiento letal de la Fuerza Pública, para solaz de la contraparte; manipulación y segregación de organizaciones de base por los armados, a fuer de integración de la sociedad al proceso de paz. Desaguisados cuyos efectos señala Leyder Palacios, líder social del Chocó: normalización de la guerra en su región, miedo, violencia, gobernanza armada de los criminales por cooptación del poder local, pérdida de legitimidad del Estado y de sus Fuerzas Armadas, cese el fuego que sólo beneficia a los armados. Y Luz Estela Sucre, líder social en Arauca, dice: “estamos solos, en nuestro departamento gobiernan los grupos armados… nos sentimos desamparados”.
La cruda realidad ha impuesto ya objetivos inescapables en la negociación: reducción de la violencia, transformación del territorio y desarme de la contra parte. Claro, no siempre se lograrán ni al mismo tiempo. Una es la experiencia de Comuneros del Sur, cuyo proceso entra en fase de implementación; otra, la engorrosa mesa con el ELN, que va para el año congelada y anuncia ese grupo que no suscribirá acuerdo final con el Gobierno. Se depuran los objetivos de la mesa también al tenor de los cambios producidos en los grupos armados: no apuntan éstos ahora a la toma del poder sino que batallan por prevalecer en las economías ilegales: saltan ellos de la política al lucro regado en sangre. Y el Gobierno pasa de mesa y cese el fuego con todos, a mesa y cese el fuego con quienes lo merezcan.
En algunos casos ha salvado vidas el cese el fuego; pero, decretado sin mecanismos precisos de control y verificación, ha robustecido a los grupos armados. Señala el gobernador del Caquetá que en su departamento éste disparó la violencia entre armados: cuando había que mantener el control del territorio se desescaló, no la violencia sino la presencia de la Fuerza Pública, y se fortalecieron los armados. El ministro de Defensa baja de su pedestal al cese y le concede importancia sólo si beneficia a las comunidades: a guisa de negociación de paz, no puede el Estado ceder poder de control sobre el territorio, ni igualarse con los ilegales.
Tampoco podrá permitirse más la manipulación, la cooptación o la segregación de organizaciones populares por grupos armados, a título de participación de la sociedad civil en el proceso de paz. En esta avanzada para monopolizar la voz del pueblo, tampoco se les permitirá violentar ni presionar a las Juntas de Acción Comunal.
Sostiene el expresidente Santos que toda negociación de paz conjuga garrote y zanahoria, que en ésta no han sentido los armados el garrote y sí, en cambio, se han comido la zanahoria. Mucho indica que se apunta esta vez a equilibrar las cargas, y otra política de paz empieza a tapizar nuevos caminos con los despojos de sus reveses iniciales.
por Cristina de la Torre | Oct 1, 2024 | Actores del conflicto armado, Álvaro Uribe Vélez, Comisión de la Verdad, Conflicto interno, Corrupción, Corrupción Electoral, Crímen organizado, ELN, Farc, Impunidad, Iván Duque, Justicia, Octubre 2024, Paramilitarismo, Parapolítica, Privatización, Reforma Fiscal, Sistema de salud
Como una bofetada en pleno rostro acusó el país la exoneración de culpa a la exministra Abudinen por la desaparición de $70.000 millones de su cartera, graciosa concesión de su amiga y copartidaria, la procuradora Margarita Cabello. El impúdico archivo de ese expediente desafía la esperanza de sitiar la corrupción que borbotea en el poder público, justo cuando vuelve a ventilarse una reforma política que deposita en el Estado la financiación de las campañas electorales. Y es por la transacción que media entre los agentes del negocio: el financiador privado de campaña será retribuido por el elegido con puestos, contratos y ventajas; su meca, la usurpación compartida del erario y del mando. La sociedad de financiador de campaña, elegido y contratista obra como mafia que se adueña del poder público y como ejército de ocupación. Tan lucrativo el negocio de la corrupción política, que se ha vuelto profesión.
Gustavo Duncan dirá que son empresarios especializados en contratación pública, en lavado de dinero y contrabando quienes financian las campañas, colonizan el Estado y minan la democracia. Hoy “da más la política que el narcotráfico”, declaró un congresista en prisión: abundan narcotraficantes financiadores de políticos. Del humilde clientelismo que canjea el voto por una teja de zinc, por un cupo de escuela, por un tamal, se ha saltado a torrentes de candidatos apadrinados por capitales a menudo malolientes, cuyo norte es la toma del poder. Envidia de guerrillas que no lo lograron por las armas.
El punto nodal de la corrupción es la contratación pública, sentencia Transparencia por Colombia. La mueven mallas abigarradas de contratistas que acaparan las inversiones del Estado: sólo una de ellas llegó a concentrar adjudicaciones por $60 billones, revelaría el excontralor Felipe Córdoba. Exhibe la saga más reciente los escándalos de Reficar y sus $17 billones en sobrecostos, el robo de $1.4 billones de dineros de la salud por Saludcoop, y el carrusel de la contratación en Bogotá que a jefes del Polo sólo les mereció mutismo, dizque a la espera del pronunciamiento de los jueces; como si no existieran sanción política y social. Tampoco dijeron mu los expresidentes Uribe, Santos y Duque, supuestamente salpicados por Odebrecht. Ni musitó palabra el jefe de la bancada uribista que terminó presa por parapolítica, ni Iván Duque porque la justicia buscara en su campaña platas de un narco llamado cariñosamente el Ñeñe. Y reinó el silencio a la voz de alianza en la sombra entre señorones de negocios y el ELN para robarle a Ecopetrol crudo por valor de ochenta millones de dólares al año. El adalid, Hernando Silva Bickenbach, primo de la esposa del expresidente Andrés Pastrana.
Las elecciones son ahora feria en mercado libre de inversión y de lucro, de lavado de activos y asalto a los recursos del Estado, gracias también al timonazo del neoliberalismo: en la conveniente creencia de que la gente de bien es más confiable que el Estado, se privatizaron empresas y funciones públicas. Desmantelado aquel, suprimidas sus funciones de regulación de la economía, se tomó la corrupción el Estado y la sociedad. Amancebados negocio privado y función pública -que no la sana alianza público-privada- se disparó la corrupción.
Bienvenida la ley que prohíba, por fin, la financiación de campañas por particulares que han demostrado no ser confiables. Será medida eficaz contra la vergonzosa profesión de corrupción política que se disemina desde la cima del poder. No más Abudinen protegidas por el mismísimo ministerio público. Ni más hijos del Ejecutivo, llámense Uribe o Petro, enriquecidos bajo el ala de su privilegio. Aunque el papá de este último lo mandó de entrada a la justicia.
por Cristina de la Torre | Sep 24, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Clan del Golfo, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conversaciones de Paz, Corrupción, Crímen organizado, Curules de Paz, Desplazados, Desplazamientos, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, JEP, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Pacto Social, Paramilitarismo, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Septiembre 2024, Tierras, Violencia
La crueldad del ataque a la guarnición militar de Arauca desnuda por enésima vez la índole terrorista del ELN, antípoda del humanismo y de la paz. Pero resulta también de la largueza del Gobierno que, en vez de trazar líneas rojas desde el día uno de la negociación, derrochó concesiones. Viejo zorro en este platanal de oro y sangre, abusó esa guerrilla de la bonhomía del presidente Petro, primer hombre de izquierda en llegar al poder. Volver a la mesa sin reformularse antes los términos de la negociación, será claudicación que entierre toda posibilidad de paz con el ELN y desbroce el camino al guerrerismo soñado de la ultraderecha. Diálogo pero, ahora sí, con condiciones. Y, en todo caso, extensión a otros grupos y frentes el modelo de paz territorial que Comuneros del Sur inauguró. Es decir, trabajar sobre la realidad geográfica y militar de grupos armados que incursionan en zonas definidas del territorio y sojuzgan a sus gentes, y que no siempre responden a mando centralizado, como al Coce del ELN. La paz total como propuesta política fue derrotada. Pero tampoco se impone la cerrada disyuntiva entre guerra total o diálogo alegrón.
Sea que cristalice en este Gobierno o en uno próximo, habría que disponer condiciones que fueron siempre garantía de buen éxito en procesos de paz. Como el de 2016 con las Farc, para no ir lejos. Lo primero, respeto al Derecho Internacional Humanitario: ni secuestro ni reclutamiento de menores ni atentado contra civiles. Segundo, diálogo mientras discurre la confrontación armada. Es error garrafal precipitar un cese el fuego que, sin los necesarios requisitos de control, violó el ELN 45 veces y usó para fortalecerse mientras la Fuerza Pública bajaba la guardia y la población urgía protección del Estado. Tercero, manifestación expresa de que el fin último de la negociación será desmovilizarse y abandonar las armas. Contrapartida para los armados no será la revolución en la mesa que en 60 años de trasiego fueron incapaces de lograr, sino garantía plena de que podrán librar lucha política en la legalidad, y de justicia transicional.
Brilla la experiencia de Comuneros del Sur como modelo de paz regionalizada que responde al clamor de la población y a la atomización de grupos armados que más parecen confederación de frentes autónomos que organización cohesionada por mando central. Tres ejes dibujan el norte de Comuneros: desescalamiento de la violencia, transformación de la región y compromiso de migrar de las armas a organización política o social en la legalidad. El desminado empezó ya, y en octubre, la entrega de armas.
Por lo pronto, escribe el editorialista de El Espectador, imposible adelantar negociaciones con una contraparte que recurre al horror cuando siente que sus caprichos no se cumplen. La tragedia es que se siguen sacrificando vidas y al Gobierno sólo le queda aplicar la fuerza del Estado para acorralarla, perseguirla y judicializarla. La puerta de la paz sigue abierta, pero si la contraparte la cierra, impone el desastre de la guerra. Al extremo, dirá Yesid Arteta, el hartazgo podría dar licencia a una ultraderecha recargada que decapite al movimiento social mientras libera toda su potencia bélica contra los alzados.
Opción honorable para el ELN sería adherir al programa de cambio del Gobierno que interpreta los anhelos del pueblo, y a la implementación de la paz. Si los desprecian y si, además, desdeñan la oferta de garantías para mutar a fuerza legal que enarbole sus propias banderas, es porque no eran grupo político sino simples criminales.
Coda. Se va llevando la muerte a nuestros mejores hombres. Carlos José Reyes deja en la cultura un vacío difícil de llenar. Sentida condolencia a su esposa y a sus hijos.
