Esta descertificación es un acto de cobardía: el poder supremo de las derechas del mundo agrede al gobierno progresista de un país pequeño para mejor sujetarlo a su dominio. Manes del imperio que, en la guerra estéril contra el narcotráfico, reclama aún más muertos a Colombia. La conmina a reimplantar políticas fracasadas, y once jefes de la oposición -genuflexos, indignos- le piden al mono medidas más severas. Pese a que éste busca ahora autorización para desplazar su fuerza militar a territorio extranjero, so capa de combatir el narcotráfico. ¿Pretexto para la invasión?
Ni Trump ni sus conmilitones colombianos piensan en las prioridades de este país. Piensan en votos. En lugar de replantear la política antinarcóticos, convierten la descertificación en bandera electoral. El gobierno de izquierda, por su parte, sí ha pensado en alternativas de desarrollo rural pero, incapaz de traducirlas en hechos, termina por alternar entre retos de valentón y rescate de la pepa del problema. Entre el “véngase que no le tengo miedo, aquí nos damos cocas” y un diagnóstico sobre el fracaso de la guerra contra el narcotráfico: porque el negocio multimillonario sólo compromete al país productor, no al consumidor. Porque ataca la oferta, no la demanda. Estados Unidos está descertificado, dijo Petro, por no disminuir el consumo de cocaína en su sociedad, causa primera del narcotráfico; y por la prohibición. Y porque apunta contra los cultivadores, el eslabón más débil de la cadena, mientras elude su corresponsabilidad de país consumidor.
Tres razones aduce el gobierno estadounidense para descertificar al de Colombia: máximos históricos en cultivos de coca y producción de cocaína, poquísima erradicación de esos cultivos, y la Paz Total con grupos armados dedicados al narcotráfico como disparador de la crisis. Pero ignora factores determinantes, como el abandono del programa de sustitución de cultivos, que dejó colgadas de la brocha a 99.000 familias entusiastas de esa alternativa. Como la virtual parálisis en la implementación del Acuerdo de Paz y sus Planes de Desarrollo Territorial, para blindar a las comunidades más vulnerables ante el conflicto armado y el narcotráfico.
Dispone el mono volver a la fumigación aérea, aunque la resiembra neutraliza sus efectos; y la costosísima erradicación masiva no cambia a las comunidades. Señala Angélica Durán que la salida está en el desarrollo alternativo, ajeno a todos los gobiernos, el de Petro comprendido. Su diagnóstico descorazona: la descertificación no es una medida técnica sino política, unilateral y con efecto nulo sobre la reducción del narcotráfico, de sus cultivos y sus organizaciones criminales. Su costo humano, económico y ambiental es descomunal. El incumplimiento del punto cuatro del Acuerdo de Paz sume a las comunidades en el peor de los mundos: las deja sin Estado, sin proyectos productivos y bajo la dictadura de grupos armados en disputa por el territorio.
Medio siglo de guerra contra el narcotráfico ha demostrado que este es inexpugnable. Su exorbitante valor lo fija la prohibición y su costo marginal se mide en corrupción y en vidas. Produce billones que los paraísos fiscales y la banca mundial lavan a ojos vistas y sin control. En particular, los bancos de Estados Unidos y Europa. Urge un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que sume al apoyo financiero, logístico y de inteligencia contra los grandes carteles y el lavado de activos la corresponsabilidad de países productores y consumidores en la lucha contra el narcotráfico. Y que controle el tráfico de armas norteamericanas, savia de las más temibles bandas del narcotráfico en el mundo. En Colombia la demagogia electorera de todos los bandos suplanta proyectos de modernización productiva para las comunidades rurales, carne de cañón del narcotráfico. Y el mono ahí.