La crisis de la salud inculpa lo mismo al sector público que al privado. El descalabro financiero, gestado en 30 años de privatización libérrima que permitió robo masivo de sus recursos, estalló con la intervención de este Gobierno en EPS que atienden a la mitad de usuarios del país. Caos contable por incuria, por ineficiencia, por tozudez, escandaloso en la empresa mixta Nueva EPS que podía arrastrar ya el estigma de muchas de ellas: el del desfalco por fraude que había condenado a Palacino, gerente de Saludcoop, a diez años de prisión y que, según la Fiscalía, podría comprometer también a exdirectivos de la Nueva EPS. Estos, como sus antecesores, habrían girado cheques y cheques para cubrir falsos servicios de salud; y entregado al Gobierno información adulterada para apropiarse el dinero del Estado.
En esta EPS halló la Fiscalía, entre otros, un desfalco por $70.563 millones y camuflaje de deudas por cinco billones para mostrar utilidades ficticias y presumir el equilibrio financiero exigido en los giros del Estado. El ente abriría procesos contra los exdirectivos de marras por avalar operaciones que favorecían a directivos, a accionistas y a un grupo de proveedores beneficiarios de suculentos contratos, así no se repartieran utilidades entre los socios. Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, describía el procedimiento: enviaban pacientes sólo a ciertas clínicas, privilegiaban a farmacéuticas escogidas y montaron un sistema de coimas a los proveedores. Reveló Leal a Cambio: me decían que la única manera de que les pagaran era devolviendo el 30% del valor; “todos lo sabían pero nadie se atrevía a presentar pruebas, para no perder el contrato”. Chequera millonaria.
Para el sector en su conjunto, alerta la Contraloría por aumentos enormes en anticipos, facturas de cuentas por pagar sin auditar, falencias en la contratación de prestadores y en la constitución de reservas técnicas. Los pasivos en el sector saltaron en el último año y medio de $11.7 billones a $21.3 billones. Los anticipos sin legalizar, de $3.4 a $15.3 billones. O sea que durante la intervención se han adelantado montañas de dinero a clínicas y hospitales sin soporte de facturas. Se dispararon quejas y tutelas.
En este torbellino de irresponsabilidad, irregularidades y delitos presumibles, Gobierno y oposición debatirán en el Senado sin muchas credenciales morales y políticas la reforma oficial de salud y la alternativa, en cabeza de la senadora Norma Hurtado. Ambas iniciativas reafirman el modelo mixto público-privado, aunque con diferencias de énfasis y de estructura. El de Petro privilegia la atención primaria y extiende la cobertura a todo el territorio. Devuelve al Estado la iniciativa en políticas de salud, el giro directo de sus recursos a los prestadores, la integración de sus redes, y formaliza el trabajo del personal del sector. La alternativa cede el giro directo, pero entrega a las EPS la integración de las redes de prestadores, su contratación y auditoría: no gira pero decide a quién pagar. Y previene contra la “estatización” del sistema: contra la integración de redes por gobiernos locales y contra el cálculo oficial de la UPC. Propone dar crédito a las EPS para que paguen sus deudas; pero, laxas o nulas las garantías, este podrá derivar en multimillonaria acción de salvamento a la corrupción.
Diferencias mayores, mas no insalvables. Así lo sugiere la liberalidad de los senadores Ferney Rojas del Pacto Histórico y Norma Hurtado de la U, abiertos a un debate capaz de contemplar líneas medias, ajenas a extremos paralizantes de todo-o-nada, del que venimos ya curados. Ojalá a la fatalidad del caos pueda oponérsele la concertación democrática. Lo pide a gritos el 75% de colombianos que sienten cada día pasos de animal grande contra su derecho irrenunciable a la salud.