por Cristina de la Torre | Abr 26, 2024 | Abril 2024, Corrupción, Derecho fundamental, EPS, Estado Social, Pensiones, Política de Estado, Protesta social, Reforma a la salud, Reforma Agraria, Reforma pensional, Reforma tributaria, Salud, Seguridad social, Sistema de salud
López Pumarejo, Gaitán, Carlos Lleras, tres momentos del reformismo liberal que la caverna sofocó: al primero le opuso la Violencia, al segundo el magnicidio, al tercero el Pacto de Chicoral para sepultar la reforma agraria. Sueños siempre ahogados de los ignorados que, entre incógnitas, aciertos y asedios atrapa Petro al vuelo para darles el color y la textura de los nuevos tiempos. Sueños de la muchachada que se hizo matar en las calles, de las negritudes que lloraron de júbilo en su primera, única victoria electoral. Petro es momento de inflexión en muchos años, blanco sobre negro su discurso, según discurre de lo intolerable a lo anhelado y aterriza en lo posible: en reformas negociadas en duro muñequeo con mercaderes que arriesgan hasta un nuevo estallido social a su interés particular. A la opulencia de siempre sumaron acaparamiento de riqueza sin medida en estas décadas de economía de mercado, mientras se disparaban el hambre y las desigualdades.
Indigna el panorama. Según el PNA, 30% de los colombianos no alcanza hoy a hacer sus tres comidas. Pese a la amplia carnetización en salud, entre 2005 y 2020, 46.6% de las muertes pudieron evitarse. El año pasado registró Supersalud 1.240.000 reclamos, un tercio de ellos, casos de vida o muerte. El modelo de Salud invita al robo y al desgreño, pues nadie lo controla: billones desaparecen cada año y, sin los $23 billones que las EPS les adeudan, los hospitales desfallecen.
Los Fondos Privados de Pensiones, dice Salomón Kalmanovitz, administran en 2021 $317 billones de los colombianos, y multiplican con ellos su capital: invierten el 60% en empresas colombianas, varias de propiedad de esos Fondos. El GEA, dueño de Protección, invirtió $23 billones en empresas suyas; y el Grupo Aval, dueño de Porvenir, $6 billones en bancos de su propiedad; fuera de alianzas con Odebrecht. Son ahorros de personas que pueden haber cotizado sobre un sueldo de $5.5 millones durante 30 años, y reciben 1.8 millones; aparte, pagan prepagada y 12% a la EPS. ¡Una bribonada!
Todo ello, resultado de convertir los seguros de salud y pensiones en negocio de astutos usurpadores de la riqueza pública, y de hurtarle al Estado sus funciones económica, social, de intervención y control. Que hace agua el modelo lo confirma el propio Fukuyama, gurú de esta involución al capitalismo primitivo que quiso sellar el fin de la historia, a la caída del régimen soviético. Enmienda él la página del modelo que derivó en radical desigualdad, gracias al “atrincheramiento de las derechas que no quieren renunciar a sus privilegios Y Manuel José Cárdenas, analista internacional, fustiga a este capitalismo rentista que no transforma la riqueza en prosperidad general. Para enderezar el rumbo y mantener la democracia -escribe- los Estados deben ofrecer a sus ciudadanos seguridad, oportunidades, trabajo, prosperidad, dignidad, acabar la corrupción y los privilegios de unos pocos.
Principio del Estado social de derecho, que no nació en 1991 sino en 1936 con la Revolución en Marcha de López Pumarejo. Camino hacia el Estado promotor del desarrollo que en nuestros países fue variante del Estado de bienestar, interpeló a las mayorías con reforma agraria, tributaria, laboral, de educación laica, respeto a la propiedad (que conlleva función social) y al libre mercado (con controles).
Gonzalo Sánchez piensa que por vez primera en décadas experimenta el país un cambio real, una ruptura democrática de modelos oxidados. Si en el ámbito del poder la coalición limita al Gobierno, en el de la ideología Petro invita a romper inercias y lanza tareas de sociedad que se materializan en reformas agraria, de salud, tributaria, educativa, pensional. Si lo dejan, se dirá, Petro sería un cuarto momento del reformismo liberal, esta vez con decidida vocación socialdemócrata.
por Cristina de la Torre | Abr 19, 2024 | Abril 2024, Álvaro Uribe Vélez, Corrupción, Derecho fundamental, Industrialización, Ministerio de Salud, Política de Estado, Salud
Aplauso de pie. A casi tres décadas de haberse coronado como potencia regional en producción de vacunas, se alista Colombia para recuperar el sector que recibió de Andrés Pastrana su puntillazo final. La construcción de una planta de biológicos es proyecto tangible de la estrategia de reindustrialización de este Gobierno. Se inscribe en la batería de innovaciones y reformas que batallan por rescatar los sueños de un país hipotecado a la glotonería de elites sin hígados, esta vez en vergonzosa subordinación a las multinacionales farmacéuticas. El Ministerio de Salud y la Alcaldía de Bogotá suscriben acuerdo para construir, con socio privado estratégico, una fábrica de vacunas que reviva la producción nacional de fármacos, dinamice la investigación en biotecnología y asegure la independencia farmacéutica del país. Su meta, garantizar acceso masivo a vacunas, parte del derecho universal a la salud. En dos años largos empezaría BogotáBIO a suplir las necesidades del país.
El estropicio de Pastrana presidente fue desenlace natural del Consenso de Washington que César Gaviria había adoptado, e implicaba ceder el mercado nacional al onerosísimo producto extranjero. El héroe del Caguán cortó la inversión pública en laboratorios y centros de investigación, y puso macizo candado a la planta que en 1998 (su último año de vida) arrojó once millones de vacunas para tétanos, seis millones para tuberculosis, dos y medio para fiebre amarilla y cifras de ese orden para tuberculosis, rabia y cólera. Hacia finales de los 70 se había erradicado en Colombia la viruela. Respondía la fábrica del Estado a la demanda doméstica y exportaba a 20 países.
La Administración Pastrana echó por la borda décadas de desarrollo, señala el profesor Gabriel Cifuentes: en total dependencia tecnológica y farmacéutica, hoy importamos todo en medicamentos. Con las vacunas anti covid pagamos el precio de haber entregado la soberanía del sector, nos inclinamos ante las multinacionales y desechamos fórmulas de acción coordinada con países afines. Al cierre masivo de hospitales públicos por no ser “rentables”, sumó el Gobierno de Álvaro Uribe la circular 004 de 2006 que desregulaba en gran medida el mercado farmacéutico y daba a los medicamentos amplia libertad de precios: éstos se dispararon, como se dispararon en su segundo mandato los recobros al Fosyga. Colombia inmoló su economía y su potencial de innovación en el altar del mercado. En vez de reformular el modelo de industrialización que traía adaptándolo a los tiempos, 1991 ahogó su soberanía productiva y hoy protagoniza bufonadas: la Andi y Fenalco presentan con orgullo entre sus miembros a grandes importadoras.
La estrategia de reindustrialización apunta a articular empresas, políticas públicas en ciencia y tecnología y centros de investigación. A ella contribuirían una iniciativa del Gobierno Duque para revivir la producción de vacunas en Colombia y la disposición de Asinfar a suscribir una política industrial que impulse la producción nacional de fármacos. También la suscribe el exrector Moisés Wasserman, no sin advertir que un proyecto de tal envergadura demandaría grandes capitales público y privado. Propone una estrategia regional que produzca las vacunas en forma complementaria para los países asociados, e implicaría construir un gran potencial de investigación.
Entre franjas del empresariado atrincheradas a menudo en los privilegios del rentismo y la venalidad, brillan las que acogen la estrategia de industrialización en el sector salud. Es que -recuerda Cifuentes- vacunas y medicamentos deberían catalogarse como bienes públicos esenciales, y de allí el imperativo de reactivar el sector farmacéutico como política de Estado. Esta de rescatar la soberanía en producción de vacunas sería una reforma con sabor a revolución.
