por Cristina de la Torre | Jun 18, 2024 | Impunidad, Junio 2024, Movimiento social, Mujer, Violencia, Violencia Intrafamiliar
Dos grandes alcahuetas los amparan: el atávico privilegio que la cultura concede al varón, de un lado, y del otro, la nula o raquítica acción de la justicia y de las instituciones para prevenir y castigar el feminicidio. Mientras en España, país con la misma población de Colombia, hubo el año pasado 52 casos, en el nuestro se registraron 525; la cifra del Observatorio de Feminicidio para este año podrá proyectarse a 813 eventos. Una catástrofe. El viejo uxoricidio que autorizaba el asesinato de la mujer adúltera ha mutado en blandura de la justicia y hasta en exoneración de la pena cuando el hombre, presa de ira e intenso dolor ante el honor mancillado, la asesina. Claro, el castigo por infidelidad es aquí de una sola vía. Además, el estado de ira e intenso dolor aletea en otros móviles de feminicidio que se colorean como “crimen pasional”. Obra esta coartada en homicidio por infidelidad, por celos y delirio posesivo (“si no eres mía no serás de nadie”), por sentimiento de humillación ante la mujer que brilla y rompe el molde del eterno femenino. Por el principio de supremacía masculina: ser varón es ser capaz de todo, aun de matar.
Discurre la jurista Whanda Fernández del uxoricidio por adulterio al feminicidio. Además del trato indigno, desigual y deshumanizado que tradicionalmente se ha deparado a las mujeres -escribe- la adúltera ha padecido penas atroces: flagelación, mutilaciones, tormentos, lapidación y muerte en la hoguera. Los códigos insertaron un concepto jurídico que daba al marido el derecho de matar a su mujer. Nuestro Código Penal de 1938 plasmó la figura de uxoricidio por adulterio, versión canónica del estado de ira e intenso dolor.
A menudo derivó éste en comodín para burlar la justicia. En 1980 se eliminó el delito de uxoricidio por adulterio, pero la nueva ley lo evocó en la figura de ira e intenso dolor, muchas veces como justificación del feminicidio. Bendición moral y legal a caracteres irascibles y violentos que creen afirmar la hombría en el crimen, y que el movimiento de nuevas masculinidades denuesta. La Ley Rosa Elvira Cely creó en 2015 el delito penal de feminicidio, anclado en la vileza de los móviles, en las condiciones de indefensión y vulnerabilidad de la mujer. Y ahora, por acción del Gobierno, se creó la ley que suprime los beneficios penales y endurece medidas para los sentenciados por feminicidio: ni suspensión condicional de la pena, ni prisión domiciliaria. Esperanzador con cierto de medidas.
En estado permanente de ira e intenso dolor se conduce el estudiante de la Universidad de Antioquia que ha tendido brutal persecución y amenaza a una profesora lánguidamente protegida por el claustro. La doctora en astrofísica Lauren Flor Torres narró a Cecilia Orozco (Espectador, 9-6) los pormenores del caso, que amenaza resolverse en tragedia. Con once denuncias por agresión ante la Fiscalía, se pavonea el fauno por el campus sin que nadie le impida siquiera ingresar en él. Y agentes de policía visitan a Torres en casa (donde ha quedado confinada) para recordarle que puede llamar, “si algo le pasa” (¡).
“¡Nos están matando!”, gritan cada día más mujeres en Colombia. No da espera la organización de un sistema integral que enfrente el hecho contumaz de que los hombres matan porque pueden hacerlo. Lo urgente empieza por un modelo integral de acompañamiento jurídico y psicosocial y por medidas de protección eficaces. Lo estructural podrá venir con la ley que la representante Carolina Arbeláez promueve para hacer expedito el acceso de las víctimas a la justicia y combatir la impunidad. Y, claro, que el Estado y la sociedad trabajen desde la escuela y la familia en desaprender las violencias del patriarcado.
por Cristina de la Torre | Jun 11, 2024 | Actores del conflicto armado, Antioquia, Desplazados, Desplazamientos, Junio 2024, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, La ley de Víctimas, Paramilitarismo, Política agraria, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
A un paso de hacerse realidad en el Congreso, la jurisdicción agraria cristaliza como el medio más eficaz para resolver el conflicto por la tierra que catapultó esta guerra de 500.000 civiles muertos y millones de campesinos despojados de sus fundos. La ley protegerá, por fin, los derechos de propiedad en el campo y resolverá problemas de tierras congelados en 38.000 litigios en gavetas. En particular, casos de restitución de predios, con pobrísimos resultados a trece años de expedida la ley. Paladeada desde tiempos de López Pumarejo, la beligerante repulsa del latifundismo había frustrado la creación de este sistema de justicia especializada en problemas de propiedad, posesión y tenencia de la tierra. Jueces avezados en la problemática rural -exacerbada en estas décadas de contrarreforma agraria operada por una troika de paramilitares, empresarios y políticos, abocarán ahora la restitución de tierras, el más dramático entre los conflictos de posesión que pesan sobre una población de 15 millones de campesinos. Ya no tendrán que resolverse estos conflictos por la violencia, por la imposición del más fuerte o mediante acuerdos desesperados fuera del marco legal. Habrá ahora reglas claras.
Se crearán 32 juzgados agrarios, tribunales de segunda instancia, puestos en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado. Operarán los juzgados en zonas apartadas donde el Estado prácticamente no existe y en zonas de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, sobre los miles de procesos campesinos que persiguen asignación de tierra o formalización de título. 65% de los títulos en Colombia no están registrados. Y a los problemas de orden público que rodean la miríada de procesos de restitución se suma el cuello de botella creado por el sabotaje a la restitución administrativa de quienes prefieren manipular un proceso. En 2013 registró Planeación Nacional 8.3 millones de hectáreas despojadas o abandonadas por la fuerza: 358.937 predios afectados.
La ley de Víctimas de 2011 reconoció derecho de restitución a propietarios o poseedores de predios que fueron objeto de despojo o de abandono forzado de su tierra por causa del conflicto armado. Se quiso responder con ella a la contrarreforma agraria que gavillas ejecutaron por despojo, desde el poder. Preso cayó el entonces gobernador de Córdoba y gerente del fondo ganadero de ese departamento por expropiación de tierras a dos manos con paramilitares en Urabá: 130 familias tuvieron que vender a precios irrisorios y sus tierras fueron a parar a Fedegán.
Pocos estudios tan atinados como los del Grupo de Memoria Histórica sobre la usurpación de tierras, objeto no declarado de la guerra. Según él, la acción de los grupos armados fue de tierra arrasada: escenificaron ellos la violencia con sevicia y tortura. Fue un ejercicio de terror sistemático y buscaba generar una desocupación duradera. El terror desplegado apuntó a volver inhabitable el espacio físico y social, para provocar el desplazamiento físico forzado, el abandono y, tras éste, el despojo de la tierra. Fue apropiada violentamente o comprada a huevo a propietarios presa de pánico. En el municipio de San Carlos, Antioquia, se abandonaron 54 de sus 74 veredas. Los habitantes se redujeron de 25.000 a 5.000.
La restitución de tierras, esperanza mayor que la Jurisdicción Agraria abre, sólo tendrá buen éxito si se acompaña de la seguridad del Estado. Por sí sola, podrá enfrentar la contraofensiva de los mismos usurpadores. A esta condición necesaria se suma otra: la actualización del catastro, instrumento que ratifica la propiedad y uso de la tierra. Aplauso al Gobierno y al Congreso que habilitan esta ley de reforma agraria sin expropiación.
por Cristina de la Torre | Jun 4, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Cese multilateral, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, ELN, Guerrillas, Impuesto progresivo, Junio 2024, Justicia, Justicia restaurativa, La paz, Pacto Social, Paz Total, Política agraria, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma a la salud, Reforma Agraria, Reforma Fiscal, Reforma pensional, Reforma política, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma tributaria progresiva, Reformas liberales, Violencia
Barajando constituyente o acuerdo nacional, los términos convenidos en la mesa para la participación ciudadana en negociaciones con el ELN convierten de momento a esa guerrilla, gratuitamente, en depositario político del cambio. Al menos dos circunstancias así lo sugieren. Uno, la exclusión del punto de vista de gremios, académicos y militares en una primera versión de innovaciones deseables que el comité de participación volvió agenda en tono de revolución, no de reforma, “corregida” después con ambigüedades que remachan su espíritu de origen. Dos, el carácter vinculante de cada propuesta que la mesa acoja y su automática transformación en política de Estado, cuyo cumplimiento verificará ese grupo aún en armas. No incorpora el texto de manera taxativa el papel insoslayable del Congreso, cuando la iniciativa implique cambio en la ley o en la constitución. Para Juan Camilo Restrepo, sería una constituyente por la puerta de atrás. Se diría inmerecida preeminencia política concedida a una guerrilla más proclive al crimen que a la rebelión; que viola su palabra de renunciar a la atrocidad del secuestro y, según dice, no depondrá las armas. ¿En qué consiste, pues, la negociación si el Estado lo concede todo y la guerrilla nada?
Podrá sucumbir entre altisonancias y golpes de mano la representación plural que legitima la participación de la sociedad en la construcción de paz. Peor aún, la voz de los excluidos que se hicieron matar hace dos años en las calles por verla traducirse en las reformas agraria, pensional, de educación, salud y trabajo hoy en trámite en el Congreso. Sí, es hora de las reformas que el país anhela, siempre escamoteadas (como la agraria) por élites apoderadas de todas las ventajas del Estado, que suavizan inequidades donde no les duele, con parsimonia de tortuga y por encimita, mientras las necesidades se disparan a la velocidad del rayo en el país que se corona casi como el más desigual del planeta.
Siete gremios se quejaron de que el borrador de la consulta social no recogía todas las propuestas discutidas, excedía su alcance y ofrecía a la discusión elementos estructurales de la democracia y del modelo de país que no se debatieron porque no era su propósito. Les preocupó también el carácter vinculante del proceso, pues desconocía la supremacía de la constitución y anulaba la separación de poderes: “un organismo que no tiene competencias constitucionales está generando una agenda de reformas estructurales”. Ese acuerdo, dijeron, no garantiza que la ciudadanía participe sin presiones y sin miedo. Se dirá que se trata sólo de dialogar, que llegado el caso se acudirá al Congreso. Pero cuando de pactos formales se trata, las palabras no escritas se las lleva el viento.
Y a veces redundan. ¿A qué tanto adanismo cuando el Acuerdo de La Habana es ya plataforma acabada para cambios de fondo que también el presidente Petro impulsa? ¿Por qué esta consulta a la sociedad ignora el modelo de los PDET, que institucionaliza el sentir de las comunidades? Estos se montaron sobre consulta a 11.000 juntas de Acción Comunal y participación activa de 200.000 personas.
Otty Patiño, Comisionado de Paz, desvanece temores: no se fragua una constituyente con el ELN. Porque es inviable y porque el ELN no tiene el prestigio ni la fuerza para un proyecto semejante. Indeciso entre la paz y la violencia, su delegación en la mesa carece de poderes plenos. El punto suscrito sobre participación “no es un avance mayor”. Que no lo sea para el ELN, diríamos, no debe empeñar el propósito –ese sí revolucionario– de auscultar, esta vez, el sentir diverso y plural de los colombianos. Para que el Acuerdo sea de la nación, no apenas del ELN.
