por Cristina de la Torre | Mar 12, 2024 | Modelo de mercado, Marzo 2024, Reforma política, Protesta social, Desarrollo agrícola, Impuesto progresivo, Violencia, Reforma Rural, GEA, EPM, Especulación Financiera, Libre Mercado, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Banca, Derecha, Modelo Económico, Justicia, Corrupción, Modelo Económico en Colombia
Hoy vuelven ellas en defensa de sus privilegios como avanzada contra el reformismo, ave rara en el régimen más conservador del continente. Con excepciones que confirman la regla, como la de un Carlos Enrique Cavelier, empresario promotor de la productividad campesina. El cambio propuesto en este Gobierno -modesto por comparación con los derechos y necesidades de la mayoría- desafía la tradición del Estado que responde a intereses particulares de la clase dirigente y, en políticas públicas, concede espacios a razón de centímetros por metro, según el ímpetu del reclamante. O ni eso. Como se infiere de los cincuenta mil manifestantes del 7 de marzo arrastrados por una campaña de propaganda construida sobre la demagogia, la mentira y el miedo contra las reformas que cursan en el Congreso. Instrumento de una oposición letal a cambios elementales en un país donde trece millones de ciudadanos no hacen tres comidas diarias. Conspicuo doctrinero y activista de esta derecha cerril, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, blande mazos desde el flanco de un deshonroso exfiscal contra todo amago de transformación.
Pero el modelo de mercado que ha multiplicado gabelas a sus selectos beneficiarios va desnudando sus vergüenzas. Versión renovada del rentismo como política de Estado que, en palabras de Hernando Gómez Buendía, favorece -entre otros- con crédito subsidiado y exenciones tributarias a industriales y empresas con nombre propio. Matriz de conglomerados económicos, con la Carta del 91 derivaron éstos en tres grupos financieros dueños del país. El secreto, la forzosa intermediación de nuestra banca privada en el financiamiento del Gobierno. Y con escandaloso diferencial bancario: entre 2000 y 2016, la diferencia entre tasas de captación y de colocación fue del 102%. Un obstáculo severo al desarrollo económico, dirá nuestro analista. Como que una tajada macanuda de la deuda pública resulta contraída con bancos de los Grupos Aval, Davivienda y Empresarial Antioqueño.
Si la dupla capital público y privado resulta vital para el desarrollo en clave de reindustrialización, por qué no retomar el modelo de economía mixta que predominó en tiempos de Alberto y Carlos Lleras bajo la égida de la Cepal y dio lugar a la industrialización por sustitución de importaciones, adaptándolo a las condiciones de la hora. Entonces Colombia creció al 5.2%, la industria al 6.2% y los salarios al 5.4%. Por qué no volver a la planificación concertada con el sector privado, un paso en cuya dirección pudo perfilar el encuentro del Gobierno con grandes empresarios en diciembre. Fruto inicial, la inversión a dos manos de DPS y el grupo Aval para contribuir a mejorar la vida en la Guajira. No queremos que sea donación o ayuda humanitaria, declaró Sarmiento, la meta es ofrecer soluciones a los problemas estructurales. ¿Y no es esta la divisa del desarrollo? ¿Estaría el Grupo Aval dispuesto también a moderar réditos de su intermediación financiera para el Gobierno?
Las de Cavelier son iniciativas en marcha, efecto de demostración de su poder transformador si se proyectan como políticas de Estado. Entre otras, fundó una cooperativa para comprarles leche a campesinos reinsertados; empezaron con 1.000 litros y, a poco, llegaron a 60.000. De otro lado, a la reactivación de la red férrea que potenciará el transporte de carga y conectará el centro del país con los puertos, se han integrado firmas que a corto plazo trabajarán bajo la fórmula de Asociación Público-Privada. Pasos se dan. ¿Por qué no proyectarlos hacia un modelo formal de economía mixta con planificación concertada? ¿O rendirá más votos la oposición que obstruye y vocifera para ocultar con el griterío la intención de salvaguardar hasta la última migaja de sus privilegios?
por Cristina de la Torre | Ene 30, 2024 | Enero 2024, Violencia, Capitalismo Social, Capitalismo, GEA, Especulación Financiera, Libre Mercado, Socialdemocracia, Neoliberalismo, Derecha, Modelo Económico, Internacional, Salud, Justicia, Corrupción, Clientelismo
Una inmensa marea de argentinos protestó este 24 de enero contra el desmantelamiento del Estado y la libertad de mercado a todo trance que el presidente Milei se propone. Movilización proporcional a su plan de revivir, extremándolo, el capitalismo en bruto que ofreció ríos de leche y miel, pero disparó la desigualdad, la pobreza y la exclusión en la región. Anacrónico mentor del neoliberalismo que despuntó en el Chile de Pinochet, Milei se postró de hinojos en Davos ante la “revolución conservadora” que hasta sectores del gran capital resienten ya. Pero amigos tiene: por él deliran figuras de la caverna como María Fernanda Cabal, enemiga del “buenismo”, pues la gente, dice, quiere autoridad, libertad y orden. No igualdad.
El mundo está en peligro, advirtió apocalíptico, sus valores se encuentran cooptados por una visión que inexorablemente conduce al socialismo. Sin la versatilidad de Hayek, el doctrinero mayor, repite la trampa de meter totalitarismo soviético y socialdemocracia en el mismo saco. Así, toda versión de capitalismo social, redistributivo, le resulta marxista-leninista. Reivindica sin atenuantes la propiedad privada, el mercado libre y el gobierno limitado. La justicia social, dice, es injusta porque es violenta: se financia con impuestos que el Estado cobra mediante coacción. El Estado no es la solución, es el problema. Lo dirá también César Gaviria, paladín del neoliberalismo en Colombia, en su batalla contra la “estatización” de la salud, derecho ciudadano privatizado en su Gobierno, que quisiera perpetuar como negocio particular.
Al lado de la privatización de funciones y de empresas del Estado, se le dio preeminencia al sector financiero. Gracias a nuestra Carta del 91, terminó la economía del país en manos de dos grupos financieros gigantes: el GEA y el Grupo Aval. Tal su poder, que en los primeros 20 años del modelo la participación del sector financiero en el PIB pasó de 8,8% al 22%. Caso único en el mundo.
La apertura económica, otro puntal del modelo de mercado, desindustrializó. Golpeó dramáticamente la agricultura colombiana, por la radical reducción de aranceles a las importaciones agropecuarias. Se empezó aquí por eliminar las instituciones del sector: Incora, Idema, Caja Agraria. El senador Jorge Robledo verificó que, en los siete primeros años de apertura, las importaciones del sector pasaron de 700 mil toneladas a siete millones. Hasta las hojas de plátano para envolver tamales se compraron en el extranjero. En 30 años, la participación del agro en el PIB cayó del 27% al 7%; y en la industria, del l9% al 11%.
Con apertura económica indiscriminada y veloz en países que hacían sus primeras armas en industria o avanzaban en su sofisticación se frenó el sector y retrocedió a la producción de bienes primarios: minerales, petróleo, materias primas. Ya proponía Smith condenar los países pobres a producir esos bienes y, a los ricos, especializarlos en bienes acabados. Mientras en aquellos crece la pobreza, en éstos aumenta la riqueza.
Señala el teórico Hernán Fair que, como teoría y proyecto político, el neoliberalismo condensa las ideas-fuerza de la nueva derecha que privilegia el mercado y la iniciativa privada sobre el Estado y lo público. Su odiada antípoda, los proyectos democráticos, igualitarios y distributivos. En doctrina y en práctica, se afirma en los privilegios del capital concentrado, y naturaliza niveles inaceptables de pobreza, desempleo, precarización laboral, desigualdad y marginalidad.
Oscuro iluminado, profeta de lo fracasado, rescata Milei del fango el modelo que vende como “moralmente superior” para imponerlo a mazazos. Y se permite, en su fanfarronería, llamar “comunista asesino” al presidente de Colombia.
por Cristina de la Torre | Ago 22, 2023 | Agosto 2023, Campesinado, Sustitución de cultivos, Cultivos ilícitos, Desarrollo agrícola, Impuesto progresivo, Seguridad Alimentaria, Industrialización, Violencia, Desplazamientos, Inseguridad Alimentaria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, GEA, Especulación Financiera, Reforma Agraria, Tierras, Modelo Económico, Salud, Educación
Un escandaloso grado de concentración del poder económico sitúa a Colombia entre los países más desiguales del mundo. En depurado análisis (Le Diplo) concluye Libardo Sarmiento que entre nuestras 2.161.000 empresas sólo 50 definen el destino del país. Reciben ellas ingresos operacionales equivalentes al 36.7% del PIB y emplean apenas el 1.3% de la fuerza laboral. Las ganancias de las mil mayores empresas subieron el año pasado 40.8%. Cinco compañías bancarias controlan el 72% del sistema financiero. En esta estructura consolidada de nuestra economía, podrá el gran capital sortear con menos afugias la difícil coyuntura: un bajón de 24% en la inversión, inducido sobre todo por la elevación de las tasas de interés por el Banco Central, conlleva menos producción, menos crecimiento de la economía y amenaza el empleo. Más debilitadas para sortear la desaceleración se verán la pequeña y la mediana empresa, el grueso del empresariado.
En el Octavo Congreso Empresarial en Cartagena, Bruce MacMaster, vocero de la Andi, se hace eco de la insistencia del presidente en allegar acuerdos con la elite económica: con el empresariado y los gremios de la producción. Propone redoblar esfuerzos para acelerar el cambio y cerrar brechas en ingresos, educación y salud. Y revitalizar el modelo de asociación público-privada en dos momentos: primero, para enfrentar las dificultades de la desaceleración inyectando inversiones en infraestructura y construcción; y, puesta la mira en el largo plazo, embarcarse en la reindustrialización.
Concedida la distancia que pueda mediar entre el discurso y la real disposición a la acción, difícil calibrar la viabilidad de la propuesta. Y no porque al gran empresariado le signifique sacrificio o concesión de privilegios, pues dinamizar la economía, crear riqueza será siempre un buen negocio. Para ricos y pobres. Es que implicaría desplazar el eje del modelo especulativo y rentista al modelo productivo, ya reducido a su mínima expresión.
De la banca de fomento que durante casi todo el siglo XX fuera motor de la industria y la agricultura, no queda sino el recuerdo. Salvo el Banco Agrario. Señala Hernando Gómez Buendía que el sistema financiero está concentrado hoy en tres actores principales, e integrado a su turno en los mayores grupos empresariales: el GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), el grupo AVAL y el grupo Bolívar. Los dos primeros monopolizan los fondos de pensiones, principal ahorro de los colombianos.
Vino el salto, inesperadamente, de la Constitución del 91, que revolcó la forma de financiar los gastos del Estado. Desde entonces, no puede el Gobierno acudir al Banco de la República sino a la banca privada, que le presta con intereses elevados. “La deuda pública -escribe Gómez Buendía- es hoy fuente principal de las ganancias que reporta cada año la banca colombiana. En 20 años pasó (el sector financiero) de generar el 8.8% del PIB al 22% en 2017. Un cambio en la composición sectorial de la economía (casi) sin precedente en el mundo. La Carta igualitaria del 91 le entregó la economía del país a dos grupos financieros gigantes”.
El pacto para transitar de un país con 22 cerrado de la riqueza hacia otro con más democracia y equidad debería principiar por un compromiso de los banqueros con el cierre financiero, a tasas mínimas, de los proyectos de infraestructura y construcción, a punto de ejecución. Con jugosos aportes a la reforma agraria en marcha (titulación, compra, entrega de tierra a campesinos y sustitución de cultivos ilícitos con adjudicación de la parcela respectiva). Y, abordada la reactivación, proyectarla hacia el complejo estratégico de la industrialización. Grupos económicos: en reciprocidad por los favores recibidos, ¡la mano al dril!
por Cristina de la Torre | May 17, 2022 | Estado Social, Clan del Golfo, Capitalismo Social, GEA, Impunidad, Justicia, Corrupción, Mayo 2022
He aquí los brazos de la tenaza que este Gobierno apretó hasta desencadenar una crisis social sin precedentes en décadas. Mientras el crimen organizado controla a sangre y fuego territorio y población en la tercera parte del país –como lo probó el paro armado del Clan del Golfo–, en Medellín, segunda ciudad de Colombia, parece cogobernar con las autoridades, y el gran capital hace la vista gorda. En grosera concentración de la riqueza que se traduce en una o dos comidas diarias para el 30% de los paisas, la cúpula del empresariado antioqueño alardea del “milagro” de Medellín. No oye la balacera de combos y organizaciones armadas que así someten a las comunidades desde su propio seno. Ni registra el viraje en boga de grandes corporaciones que en el mundo amansan el orgiástico principio de la ganancia a toda costa y se proyectan hacia un capitalismo social. Es en la desigualdad y en la penuria donde fructifica la violencia. Se sabe. Los investigadores Alcides Gómez, Hylton y Tauss describen el paradójico sistema que genera, por un lado, pobreza a escala industrial y, por otro, capitalismo desenfrenado. Gestión institucional moderna y dominio del crimen organizado. Coexistencia de dos formas del capital: una lícita, otra ilícita.
Mas no se contrae el caso a Medellín. El paro del Clan del Golfo, escribe Gustavo Duncan, fue demostración de fuerza de quienes gobiernan de facto en más de una región, y de la incapacidad del Gobierno para apersonarse de la seguridad. Abundan los armados que controlan territorios enteros y a su gente mediante milicias que vigilan e imponen su ley con puño de hierro. Para revertir la situación, no sirve ya el modelo de derrota militar de un ejército insurgente. Ahora se trata de desmantelar estructuras armadas vinculadas al crimen que viven en el seno mismo de la comunidad y guardan el orden interno. Se impone, dice Duncan, un trabajo de inteligencia para judicializar a los facciosos y un despliegue de fuerza pública por el territorio entero que ofrezca protección y garantías a la población.
Para Gómez et al, el cambio en Colombia tendría que empezar por Medellín, asiento de una élite económica poderosa y de mafias que a menudo cogobiernan con la administración municipal. Aquí el capital ofrece niveles extremos de concentración. Han perpetuado sus agentes el poder mediante el control de la política, de autoridades públicas, de regímenes jurídicos, de derechos de propiedad, de la política económica. El GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), gobierno de facto no elegido e inamovible, representa hoy el 7,1% del PIB nacional y paga impuestos irrisorios, mientras la precariedad impera en todas las comunas que rubrican con su hambre el “milagro de Medellín”. Contraste violento que es fuente de desigualdad y caldo de cultivo para el reino de la ilegalidad. Por su parte, las mafias organizadas en torno a la Oficina de Envigado –agregan nuestros autores– supervisan la vida cotidiana de la gente en media ciudad; cierran vínculos con la autoridad, con la política y con el mundo de los negocios, financiando alguna campaña y lavando dinero de la droga.
De candidatos para el cambio se espera la solución: depositar en el Estado el monopolio de la fuerza y de la ley. Pero, además, combatir el abandono y la miseria en los que la violencia y el crimen germinan, transformando el modelo de desarrollo. Saltar del rentismo y la especulación –religión del privilegio– a la producción intensiva en el campo y a la industrialización, catapultadas por la aplicación en ellas de ciencia y tecnología. Su efecto probado en 70 años de Estado social: redistribución decorosa del ingreso y tasas crecientes de empleo formal. Empezando por conjurar el hambre y el recrudecimiento de la violencia, vergüenzas sólo dables en regímenes despiadados como éste que Duque impuso.
por Cristina de la Torre | Feb 15, 2022 | Libre Opinión, Capitalismo, AUC, Desplazamientos, Inseguridad Alimentaria, Desplazados, GEA, Libre Mercado, Paramilitarismo, Tierras, Narcotráfico, Febrero 2022
Motivo “reestructuración”, El Colombiano prescindió del columnista Francisco Cortés Rodas en el día del periodista. Al parecer, no tolera ese periódico la opinión libre sobre verdades que violan su intimidad con los grupos de poder en Antioquia. Piedra de escándalo habría sido la columna que el catedrático tituló “El capitalismo paraco y los empresarios honorables”.
Nuestros grupos capitalistas –escribió él– no son moralmente virtuosos. Aquí se desarrolló también la fórmula extrema de un capitalismo sin ley ni orden que podrá llamarse “Capitalismo paraco”; con apoyo de los Gobiernos de turno y gracias a una alianza entre paramilitares, narcotraficantes, políticos y “honorables empresarios”. Uno de ellos –dice– es José Félix Lafaurie, denunciado de tales vínculos por el dirigente ganadero Benito Osorio, cuya revelación reafirma Mancuso: para él, la de Fedegán y AUC fue una “alianza gremial, política y militar de alcances que la sociedad colombiana aún no ha llegado a imaginar”. Entre otros, un sangriento proceso de apropiación de tierras.
Hay capitalismos de capitalismos, argumenta Cortés. En Antioquia floreció uno “virtuoso” construido mediante estructura empresarial de propiedad cruzada llamado GEA. Virtuoso sería porque ha generado empleo y mejorado la calidad de vida. Un capitalismo benévolo, inscrito en la línea de la filantropía moderna, pese al pecadillo de Argos que compró con ventaja tierras de campesinos en situación de desplazamiento. Pero filantropía es caridad, no justicia social. Se pregunta el columnista si benévola será la fórmula corporativa que al GEA le permitió usar una empresa pública como EPM para sus propios intereses. Para mantenerse y expandirse, este capitalismo se habría valido de la razón y de la ley, pero también de la fuerza, la violencia y la apropiación de bienes ajenos. Excesos propios de su natural voracidad, que demandan una transformación del orden político y económico capaz de regular el capitalismo y redistribuir la riqueza.
Para Juan Manuel Ospina (El Espectador enero 28), el discurso liberal del dejar-hacer mueve a grandes empresas que terminan por destruir las instituciones del capitalismo de libre mercado. En la base del fenómeno, el desplazamiento del poder de los accionistas –los dueños de la empresa– a sus administradores que, empoderados, cambian las prioridades: reparten una pizca de utilidades entre los accionistas e invierten el grueso, no en creación de nuevas empresas sino en la compra de otras ya existentes. “Es –señala Ospina– un capitalismo más de concentración que de creación de capacidad productiva, donde el capital financiero es actor central”. El GEA es una variante de este modelo, con una particularidad: un grupo de empresas de propiedad cruzada, florecientes, y con acciones en la bolsa (las de sus accionistas) subvaluadas.
Marcadas ya por el crimen, ya por el despotismo empresarial, armonizan estas dinámicas del capitalismo en Colombia con las políticas de los Gobiernos, y mucho desemboca en violencia, exclusión y hambre. Dígalo, si no, la más reciente revelación sobre inseguridad alimentaria que en el país alcanza al 54,2% de los hogares, 64,1% en el campo. Debido, en parte, a la franciscana asignación de recursos al agro que, cuando la hay, va a parar a la gran agricultura empresarial de materias primas, no al campesino que pone más de dos tercios de los alimentos en la mesa de los colombianos. Debido, también, a la importación masiva de alimentos que el país puede producir.
Boyantes en el dejar-hacer de los Gobiernos, al lado del patrón que asocia a gremios (de ganaderos, de palmeros) con paramilitares y políticos, el modelo GEA marcha vertiginoso hacia el monopolio, la privatización de lo público y el abuso de poder. He aquí las dos patas del capitalismo hirsuto que nos asiste.
por Cristina de la Torre | Ene 18, 2022 | GEA, Hidroituango, Gilinski, Ardila Lulle, EPM, Antioquia, Especulación Financiera, Narcotráfico, Enero 2022
Dos puñaladas ha recibido por estos días la élite paisa, abrazada al mito fundador de la antioqueñidad que el GEA quiere representar. Primero, un fallo que obliga el pago de $4,5 billones por los monumentales errores y omisiones cometidos en la construcción de Hidroituango, a resultas de demanda interpuesta por un alcalde al que tienen menos por hijo de la comarca que por advenedizo de la odiada Bogotá. Después, la ofensiva de Gilinski para hacerse con la cuarta parte de Sura y Nutresa, sus empresas bandera, abrió una tronera en la fortaleza que protege los negocios locales contra forasteros y vientos que soplan allende la Villa de la Candelaria.
Si la compra de Coltejer por el santandereano Ardila Lulle traumatizó a Medellín, la intrusión de los caleños agrieta el modelo autodefensivo de acciones y directivos cruzados entre firmas del conglomerado que así ahuyentó amagos de compra por el narcotráfico; y, sobre todo, el modelo de enroque abrochó con doble candado la exclusividad regionalista de sus compañías. Esta dinámica cristaliza en el poder indisputado de la burguesía sobre la economía y la política de la región, pues pone a su servicio el relato heroico de un pueblo que forjó su identidad en la colonización antioqueña, más aun cuando sus dirigentes lideraron la industrialización en el país.
La antioqueñidad inspira sentido de pertenencia y nutre el imaginario de las élites. América Larraín dirá que sobrevalora el ego social que sataniza al “otro”, al forastero, y crea un aura épica de hombre recio, blanco, amante de Dios y de la ley. Figura viril que ostenta virtudes de laboriosidad, arrojo, espíritu religioso y de familia, abridora de caminos y de empresas. Mas, como todo relato mítico, también éste oculta los conflictos territoriales de la colonización y la violencia ejercida sobre comunidades negras e indígenas de los territorios conquistados. No todo fue tiple, fundación de poblados –con su iglesia– y expansión de la economía cafetera, como alardea la versión hegemónica de la colonización, cuyo correlato moral fantasea con un pueblo homogéneo, igualitario, cohesionado en el yunque de la familia. La verdad es que pocos prevalecieron sobre los demás. Como pasado el tiempo dominarían, diga usted, los intereses ocultos de los más intrépidos sobre el yunque de la “gran familia de EPM”.
Juan Carlos López define el modelo gerencial antioqueño como taylorismo de carriel y camándula. Modernización en la premodernidad, integra valores campesinos, pueblerinos, con sofisticados procesos de acumulación de capital marcados a un tiempo con la impronta tecnocrática de la Escuela de Minas y el activismo moral de la iglesia Católica. Despuntó esta burguesía en la minería, pasó por el café y culminó en la industria. Al menos hasta los años 50 del siglo XX se perfiló el modelo económico en el paternalismo: en la naciente industria textil de Fabricato lo orquestó la Iglesia, para mitigar o liquidar conflictos laborales, mediante un rígido sistema de control físico y moral de las obreras, herramienta poderosa que neutralizaba la naciente lucha de clases. En los últimos decenios vendría la desindustrialización, promovida a la vez por el modelo de apertura y por la avasalladora rentabilidad del narcotráfico y la especulación financiera.
Mérito del GEA será porfiar en la industria con empresas multilatinas en donde casi desaparece ya el espíritu de aldea que había acompañado el arribo a la modernidad. Acaso el soplo de otros aires y la dura lección de la presa de Ituango –tragos amargos que el GEA ha debido apurar– moderen su atávica inclinación al ejercicio del poder omnímodo, despótico, excluyente, que en la ambigüedad de la fórmula corporativa ordeñó a veces en la sombra a una empresa pública como EPM, para llenar bolsillos inescrupulosos.
