En melodramática exhibición de hipocresía, saca la ultraderecha a danzar el coco de la expropiación; pero calla sobre la que operó como despojo de 6 millones de hectáreas a 7 millones de campesinos. Despojo a mano armada al que tributaron, por acción o por discreta complacencia, franjas del capital y de la elite política que se opone ardorosamente a la restitución de lo hurtado. Y a destrabar la compra oficial de tierras por oferta voluntaria, un componente sustantivo de la reforma rural que es mandato de la Constitución, ya integrada por el Congreso al Plan de Desarrollo. Como mandato suyo es también, desde hace 90 años -una y otra vez ratificado por leyes de la república-, la extinción de dominio de tierras ociosas, previo pago de indemnización, en virtud del principio de prevalencia del interés público sobre el privado. Y, sin embargo, no acudirá a ella este Gobierno.
Se sabe. Al amago de devolver lo usurpado, de recuperar baldíos de la nación y bienes incautados a la mafia, de agilizar la compra de tierras inexplotadas en favor de los productores del campo, montan estas elites su performance de rigor: gradúan de comunista todo intento de reforma en tal vez el único país del mundo donde un 2% de habitantes es dueño del 85% de la tierra. Histórica concentración de la propiedad agraria, ampliada con la masiva expropiación de predios en estas décadas de conflicto armado. Negocio de la guerra sazonado en sangre, que alguna tuitera invita hoy a defender con las armas. ¿Tendrá eco su delirio?
La cadena del despojo enlaza desde venta forzada hasta desalojo a bala con asesinato, tortura, desaparición y desplazamiento. Sus ejecutores inmediatos, paramilitares o guerrilleros (en menor medida); tras ellos, terratenientes, ganaderos, narcotraficantes, grandes empresarios y, en la “legalización” de lo usurpado, el juez amigo y el notario. Convergieron en el despojo el ascenso del narcotráfico a las capas dirigentes, la captura del poder regional por los señores de la guerra, las guerrillas, la complicidad o tolerancia del Gobierno y de sus Fuerzas Armadas y las reacciones de la justicia, apunta Alejandro Reyes: en regiones con larga tradición de monopolio sobre la tierra, como la Costa Atlántica, el paramilitarismo reforzó la tendencia secular de subordinación y marginalidad campesina; derivó en captura del poder local y regional y en cooptación o subordinación de la clase política en amplias regiones del país.
El caso Tulapas en Urabá ilustra los alcances y la brutalidad del fenómeno. Para armar un predio que toca tres municipios, y crear un corredor de tráfico de armas y drogas, Benito Osorio, exgobernador de Córdoba y gerente del brazo de Fedegán allí, protagonizó la expulsión de 130 familias. De consuno con la cuñada de los Castaño, redujo a las víctimas a la indigencia y, a instancias de notarios, negoció sus predios por cuatro pesos. Éstos terminaron en el fondo de marras. En entrevista de El Espectador, el investigador Gerardo Vega señalaba entre involucrados en despojo a empresas agropecuarias como Argos; entre bananeros, a firmas de Augura; en industria extractiva, a la Anglo Gold Ashanti; y en el sector financiero, a los bancos Agrario, Ganadero, BBVA y Davivienda.
Señala Reyes que, en Sucre, 9 clanes familiares son dueños del 55% de la superficie del Departamento. Tierras que fueron baldías, tituladas por un juez. (Reivindica este recurso Paloma Valencia, para suplantar al ministerio de Agricultura, autoridad suprema en la materia). ¿Qué porción de aquellos dominios en Sucre responde a expropiaciones violentas legalizadas por el favor de un juez? ¿Cuánto agregan en este país el despojo y la crueldad a la preeminencia social y política de los clubmen (de viejo y nuevo palmarés)? ¿Cuánto a la doble moral de los verdaderos expropiadores en Colombia?