por Cristina de la Torre | Oct 25, 2022 | Pacto Social, Pacto Histórico, Estado Social, Estado de Derecho, Gustavo Petro, Reformas liberales, Paro Nacional, Octubre 2022
¿Casualidad? El cavernario ataque de César Gaviria y de la derecha en pleno a la reforma tributaria que grava a los más ricos ha coincidido con llamados del presidente Petro al empoderamiento popular. Los primeros lanzan carga de dinamita contra el proyecto madre de la política social en un país donde el hambre no cede; el otro convoca a la “movilización de multitudes en todo el territorio nacional”, con ocasión de los diálogos regionales que nutrirán el Plan Nacional de Desarrollo. El modelo -dijo- apunta a transformaciones en el orden de la política social, económica y ambiental. En síntesis feliz de La Silla Vacía, busca a la vez estructurar un plan de desarrollo que cuente con legitimidad y respaldo popular, pavimentar su estrategia de paz total y prender la máquina para arrasar en las elecciones de 2023.
Pero la grieta que amenaza con derrumbar la coalición de gobierno y desamparar el cambio provocaría una respuesta de mayor alcance: la manifestación de las masas en calles y veredas, en expresión política sostenida. Y es que la democracia no se contrae al voto. Abarca libertades y derechos; es también, desde hace un siglo, democracia económica tutelada por el Estado social; y se extiende a la expresión colectiva en la calle, bullicioso escenario que dio nacimiento a los partidos, copado sin pausa desde entonces por todas las democracias maduras. Aun por la nuestra, tan precaria ella: ya el CD prepara movilización contra las reformas y el senador Bolívar, otra, en apoyo del Gobierno.
Habitat predilecto de Petro, ¿volvería él al pueblo enfervorizado que llenó tres veces la plaza de Bolívar cuando quiso el procurador Ordóñez borrarlo de la política? ¿A la mar de jóvenes, desarraigados y pobladores urbanos abandonados a su suerte que protagonizaron el paro nacional de 2021? ¿A los nadies de todos los departamentos costaneros que lo elevaron al solio de Bolívar, hoy en trance de trazar el desarrollo de sus regiones? ¿O será mensaje subliminal para reanimar su base social, que la derecha se anticipa a trocar en exhortación a la revuelta? Melodramática en su delirio, da por hecho lo impensable en el hombre que viene de configurar una coalición multipartidista de gobierno; de negociar una détente y la primera reforma agraria en un siglo, con Fedegán, gremio salpicado de aliados del paramilitarismo que arrebató a sangre, fuego y notarios venales millones de hectáreas a los campesinos.
Desbordada la capacidad logística del Gobierno, hubo en el arranque de estos diálogos unas de cal y otras de arena: un fiasco, se dijo, el de Cali; un éxito memorable el de Buenaventura. Revela Luis Fernando Velasco, Consejero para las Regiones, que poblaciones hay con seis meses de trabajo sobre su plan de desarrollo. “La gente ha hecho un ejercicio mucho más avanzado de lo que imaginamos”. Enhorabuena.
Saltan a la vista dos niveles de participación en este proceso. Uno será el trabajo de seleccionar, evaluar, ordenar y procesar como proyecto los problemas de la región. Otro, la movilización colectiva para presionar su ejecución en el PND o contra el boicot al cambio. Pero una alerta suena ya: en el ocaso de los partidos, podría saltarse alegremente de la primigenia acción colectiva en democracia a la llamada democracia directa de la masa amorfa que, juguete de un caudillo, derivó tantas veces en totalitarismo. O en democracia del aplauso al líder de ocasión, sea de derecha o de izquierda. Suena bien el empeño del Pacto Histórico en constituirse en partido con ideario y propuestas definidos. Bien los amagos en otras colectividades de revisar y depurar su quehacer político en esta experiencia única de las consultas regionales vinculantes. Dios nos guarde de la necia cruzada que Vivian Morales propone dizque para proteger la democracia de las ideologías.
por Cristina de la Torre | Oct 17, 2022 | Agencia Nacional de Tierras, Desarrollo agrícola, Pacto Histórico, Economía productiva, Gustavo Petro, Reformas liberales, AUC, Desplazamientos, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Reforma Agraria, Tierras, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Política agraria, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Modelo Económico en Colombia, Actores del conflicto armado, Octubre 2022
Pragmático en su empaque de humanista reformador, la mira puesta tercamente en la paz, Petro negocia por lo alto con el latifundismo: con José Félix Lafaurie, figura de recibo en el gremio ganadero, aun entre quienes fungieron allí como agresivos instigadores y usufructuarios de la guerra. Consigue el mandatario a un tiempo poner en hibernación ejércitos privados y acometer la anhelada reforma agraria. Será demostración de que la paz viene adherida al cambio. Al tránsito de ganadería extensiva a agricultura intensiva en manos de campesinos. Y no mediante la expropiación que la legislación colombiana autoriza para tierras subexplotadas, sino con la fórmula más conservadora, la de Carlos Lleras: comprar tierra para redistribuirla entre quienes la necesitan.
Incorar se le llamó en su hora, mas con tantos tropiezos y vacíos, que en medio siglo entregó escasos 2 millones de hectáreas; mientras se aspira ahora a reunir 3 millones, de procedencias varias, en el curso de un gobierno, y con los necesarios apoyos financiero, de infraestructura y técnico. Moñona. Petro le baja decibeles a la violencia y, a la par con titulación de predios y recuperación de baldíos, emprende por fin la reforma del campo. Pero el efecto político no suma sólo al haber del Pacto Histórico borrándole el Inri de expropiador. Es también carambola calculada con esmero por lo más granado de la derecha; “un acuerdo de alta política”, diría Lafaurie, para subirse al tren de la paz y del cambio, que arrastra el sentir mayoritario del país y el aplauso del mundo.
En abordaje del Acuerdo de Paz, la ministra López anuncia compra de tierra productiva en la frontera agrícola a Fedegán y a otros oferentes posibles, previa evaluación de su capacidad productiva, de la legalidad de sus títulos, sin pleitos, a paz y salvo en impuestos, en posesión de su dueño y revisado el precio por el IGAC. El reto primero, ha dicho, llegar al amplio sector que produce alimentos, siempre marginado de la política agraria, del crédito, del agua. Aunque apunta también a la gran producción y a las cadenas productivas entre economía campesina y agroindustria. Propone entronizar el sistema silvopastoril para la producción de carne y leche: liberar 20 millones de hectáreas de los 39 millones dedicados a ganadería extensiva, para sumarlos a los míseros 7 millones destinados a agricultura, sin afectar la producción ganadera.
“Es mucho mejor comprar tierras que crear pánico con la expropiación”, declaró el poderoso terrateniente Álvaro Uribe. “No, replicó el especialista en problemas agrarios Alejandro Reyes, mejor extinguir el dominio que comprar la tierra”: el Estado pierde en un mercado de monopolio de quienes engordaron la tierra sin trabajarla y ahora querrán venderla con valores inflados, a precio comercial. Para evadir la extinción de dominio, alegarán ellos que sí explotaban la tierra (¡con menos de una vaca por hectárea!). Retomando la idea original de la ministra, insta Reyes a fijar el precio con base en la declaración de renta: o se confiesan evasores de impuestos o se confiesan propietarios improductivos. Y entonces el Estado podrá comprar esas tierras a su precio real. Punto sensible del acuerdo con Fedegán, que debería revisarse.
Si bien este Gobierno escogió negociar en vez de chocar, comprar en vez de extinguir el dominio y comprometer en la Paz Total a todos los actores del conflicto, revisar el criterio de fijación del precio de compra no quita lo bailado. Protegería las finanzas públicas y favorecería, más bien, los proyectos productivos aledaños a la entrega de tierras. Su poder negociador dependerá en mucho del acompañamiento del movimiento campesino, combativa avanzada del pueblo que eligió a Petro presidente. Y éste pasaría a la historia como gran hacedor de la reforma agraria.
por Cristina de la Torre | Oct 11, 2022 | Fascismo, Fuerzas Armadas, Violencia, AUC, Desplazamientos, Desplazados, Restitución de Tierras, JEP, Líderes Sociales, Paramilitarismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Régimen político, Octubre 2022
Para salvar la cara cuando su partido abre campaña electoral de mitaca, el expresidente Uribe hace de la historia una caricatura. Caricatura macabra esta vez, para convertir a las víctimas en victimarios. “Los falsos positivos -escribe paladinamente- parecieron una estrategia para deshonrar la Seguridad Democrática y afectar a un Gobierno que había conquistado cariño popular”. Las 6.402 ejecuciones extrajudiciales certificadas por la JEP para el período en que Uribe gobernó (la más pavorosa atrocidad de la guerra que campeaba) habrían sido un simple ardid de sus detractores políticos. Y, por extensión, de la Colombia y del mundo que registraron horrorizados la matanza. A su lado, otras políticas de aquella Seguridad: las de crear una red de un millón de informantes civiles y, a cuatro años, un contingente de cien mil soldados campesinos de apoyo al cuerpo profesional. Medidas que tributaron al despliegue del paramilitarismo, al asesinato de inocentes para presentarlos como bajas en combate; y abrieron puertas a la guerra civil, a la irrupción de la población como protagonista de la guerra.
Confeso responsable de falsos positivos, el coronel (r) del Ejército Gabriel Rincón declaró que la exigencia de mostrar resultados en bajas respondía al imperativo del comandante del Ejército de acopiar “litros de sangre, tanques de sangre”. “Por tener contento a un Gobierno”, adujo el cabo Caro Salazar, cabía todo, aun la alianza con paramilitares. Dos coroneles describieron la acción de “una verdadera banda criminal” en el seno de la Brigada 15 que ellos comandaron. El 25 de julio pasado imputó la JEP a 22 militares más por la comisión de falsos positivos, por los cuales la justicia había ya condenado a otros 1.749 uniformados. Para Jacqueline Castillo, vocera de Madres de Falsos Positivos, las revelaciones de la JEP “prueban que la Seguridad Democrática fue una política criminal (…) sistemática y generalizada, bajo el ala de un Gobierno que vendía ideas falsas de seguridad a cambio de beneficios para quienes entregaran resultados macabros”.
Y sí, sólo en el primer año del Gobierno Uribe aumentaron estos crímenes 138%, dice La Pulla, y entre 2004 y 2008 se presentó el mayor número de falsos positivos en el país. A la cifra fatal, que escandalizaría aun a las dictaduras del Cono Sur, llegó la JEP contrastando fuentes oficiales y no oficiales: de la Fiscalía, del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Coordinadora Colombia-Europa-Estados Unidos. La JEP registró confesiones, contrastó fuentes y verificó los hechos. Ninguna autoridad jurisdiccional del país o del mundo ha cuestionado este resultado.
La red de informantes de marras derivó en abusos y detenciones arbitrarias a granel; y el programa de soldados campesinos expuso a las comunidades a nuevos riesgos en el conflicto. Primer efecto, se dispararon los falsos positivos. Integrada por civiles remunerados y con instrucción militar, pronto la primera dio lugar a las Convivir, matriz del paramilitarismo. Mimetizados en la entraña misma de la comunidad, los soldados campesinos cumplirían de preferencia labor de inteligencia: reportarían movimientos de extraños. La estrategia apuntaba, como en la Rusia de Stalin y en la Italia de Mussolini, al apoyo de la población al régimen. Ya escribía Antonio Caballero que el fascismo está menos en la represión que en el entusiasmo generalizado por la represión.
A los falsos positivos, a la red de informantes y de soldados campesinos se sumó la transformación del DAS en órgano presidencial de espionaje a la oposición y de persecución a la Corte Suprema que juzgaba a la parapolítica. En todas las aristas de la Seguridad Democrática mandaba El Supremo, desde arriba. La queja que Uribe emite hoy evoca la parodia de los pájaros que disparan a las escopetas.
