por Cristina de la Torre | Mar 21, 2016 | Marzo 2016, Mujer
Ni Macondo es fantasía pura, ni ha muerto la maldición del paraíso al género femenino. Contra eruditos que ven mujer fuerte en la obra de García Márquez, estiman otros que madre, virgen, rebelde, santa o libertina, las mujeres en aquel entorno encarnan una femineidad moldeada a rajatabla por la necesidad de dominio del varón. Que en la obra prevalece un pasado apelmazado en discriminación y violencia sobre la mujer. Como prevalece en casi toda pareja, rica o pobre, de este Macondo extendido que es Colombia, donde no falta quien contemple el feminicidio como cosa natural. Secuela de una cultura acuñada en el relato más oscuro de la Escritura, que curas y pastores propalan, y descarga sobre la hembra –ser ponzoñoso– las culpas todas de la humanidad.
Mercedes Ortega y Nadia Celis estudian a la mujer en la obra del Nobel, como personificación de los imaginarios culturales que nutren la pluma del escritor. Exploran la relación entre el mundo de la ficción y la cultura regional en torno a la mujer, su cuerpo y su sexualidad, en personajes femeninos de creación literaria como representaciones del medio que la rodeó.
Según ellas, en Cien años de soledad es mito el poder de la madre y el de la fémina que libera su deseo, pues una y otra definen su sexualidad en función exclusiva de las expectativas del hombre. Como la define también la mujer virgen, candidata a la dignidad de esposa y madre. Pero la de la madre es una sexualidad asexuada, meramente reproductiva, sujeta al fin de preservar el linaje, domesticada para la respetabilidad del espacio doméstico. Hasta Pilar Ternera y Petra Cotes, “hembras libres”, subordinan su sexualidad al dominio masculino. En términos de prestigio y de estatus, muy costoso les resulta el margen de libertad que se conceden. Aquellos parecen reservados sólo a la esposa, jamás a la libertina. Macondo invisibiliza a la mujer inconforme, dueña de su libertad, a la iconoclasta que desafía el ideal patriarcal. La violenta. O la desaparece, como a Remedios la Bella, greñuda enfundada en un camisón, antítesis del “eterno femenino”.
Mas esta desapacible condición de mujer entraña una antiquísima violencia moral de las iglesias contra ella, antesala del ataque físico y hasta del homicidio que la ley le permitía al marido, si obraba “en estado de ira e intenso dolor”. Y se extiende a la patria entera del Sagrado Corazón. Apunta la investigadora Ana Catalina Reyes que la Iglesia fundamentó “un arquetipo de mujer sometida al hombre pero dignificada en su papel de madre e imitadora de la Virgen María. Esta ‘angelización’ le permitía ocupar el trono del hogar a cambio de practicar las virtudes de castidad, abnegación, sumisión, negación de sus deseos y, aun, de su propio cuerpo”. Pero ninguna en el entorno exterior de la modernidad que despuntaba en la Medellín de 1920. Reina del hogar, bajo la égida del marido. También Úrsula Iguarán. Y todavía hoy. En tal desdén por la figura femenina, menudeaba el padre Ulpiano Ramírez advertencias a la esposa de obedecer al marido porque “él es superior”. Palabras de hace un siglo que monseñor Alejandro Ordóñez acotaría hoy con el versículo del Génesis: “Tu deseo será para tu marido, y él te dominará”. Y lo recitaría en estado de ira e intenso dolor.
Literatura y religión: dos flancos que dicen casi todo de la cultura que humilla a la mujer en Colombia hasta provocar 34 mil investigaciones por feminicidio en la última década. Pero una luz inesperada brilla en el horizonte: el movimiento de Nuevas Masculinidades. Hombres en rebeldía contra el patriarcalismo que los convierte en cómplices de la violencia de género, contra el estereotipo de machos sin derecho a rasgo alguno de humanidad.
por Cristina de la Torre | Mar 14, 2016 | Marzo 2016, Mujer, Posconflicto
¡Tremenda fuerza moral la de nuestras mujeres! Si bien paramilitares, guerrilleros y hombres de la Fuerza Pública convirtieron sus cuerpos en territorio de guerra, se dieron ellas a reconstruir la vida en comunidad, con el horror planeando todavía sobre sus cabezas. Mucho antes de que asomara el posconflicto. En cientos de localidades devastadas por el terror se replica la hazaña de Montes de María, donde son las mujeres quienes restauran lazos de vecindad, idean medios de trabajo, llenan como pueden el vacío del Estado y dan afecto para paliar el dolor. Saben que la brutalidad sexual que se descargó sobre ellas para humillar, de paso, al enemigo, es extensión natural de la costumbre. De maneras de pensar, de sentir y de actuar que, pese a la ley, autorizan la violencia contra la mujer en el hogar; en la calle; en el trabajo; en la inspección de Policía, donde uniforme y arma repotencian el machismo congénito de los agentes. Si avanza a tropezones la lucha de las mujeres en estos escenarios, más complejo es el desafío allí donde ellas reconstruyen el tejido social. Y abrumador será, con el renacer del paramilitarismo de motosierra al cinto como alternativa político-militar de la extrema derecha contra los acuerdos de La Habana. ¿Qué espera el Gobierno para neutralizar esta amenaza sangrienta?
Hilo conductor de nuestra guerra fue el ataque a la población civil. Y en él, como se ha visto, la violencia sexual centrada en la mujer, como prolongación patológica del sexismo que desemboca a menudo en feminicidio y cuya cota rodea los 1.200 casos al año. Cultura y sociedad, de raíz católica, y que la obra de García Márquez traduce fielmente, legitiman la agresión contra la mujer. Cuando no la alientan, desde la orilla del patriarcalismo bíblico, donde no faltan mujeres. Como la parlamentaria Rendón al aplaudir exultante la paliza que un primate del fútbol le propinara a su compañera de ocasión: “si le cascó, por algo será”, sentenció la miserable. Orilla nefanda desde donde se incita lo mismo a la violencia contra la mujer anónima que contra la aprisionada entre los bandos en guerra.
Sostiene el Centro de Memoria Histórica en su obra (de consulta obligada), Basta ya, que la violencia sexual contra las mujeres se practicó en el conflicto armado como estrategia de guerra. Entre otros fines, para atacar a las mujeres por su condición de liderazgo. Por ser “voceras de reclamos colectivos, o por desempeñar papel central en la reproducción de la vida social y cultural de una comunidad”. Mediante el ataque violento y el asesinato de mujeres “se mancha también su cuerpo como territorio, y el territorio se desacraliza”. La Corte Constitucional calificó esta práctica como alarmante: 90% de tales ataques se perpetró contra mujeres desprotegidas de las autoridades, y sin castigo de la justicia.
El mismo principio sicológico, el mismo abandono, obran en los casos “apolíticos”. En Soacha se presenta siete veces a la impasible comisaría de familia una mujer cada vez más alarmada porque su compañero quiere matarla. No hubo octava vez. Fue el entierro. Tras 25 años de golpizas, a María Clara Rivas la mató el marido. Un juez consideró después que ella, “con su intolerancia”, no había hecho lo suficiente para salvar el matrimonio.
En acto emocionante de convocatoria a Un millón de mujeres de paz dijo Ángela María Robledo: el primer territorio por recuperar es el cuerpo de la mujer, porque éste ha sido territorio de guerra. De guerra en el hogar, se diría, y de guerra donde la insania del conflicto se ensañó en ella. Lo pacífico no quita lo valiente; al contrario, más temple exige hacer la paz que hacer la guerra.
por Cristina de la Torre | Mar 8, 2016 | Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Marzo 2016, Partidos, Régimen político, Uribismo
Absurdo imaginar que un demócrata como el padre Francisco de Roux quisiera favorecer la causa uribista. Pero su propuesta de marginar a los partidos políticos del poder local en el posconflicto, entregando los recursos de la paz a etnias, líderes, universidades y empresarios podrá ser un salto al vacío que sólo sirva al autoritarismo. Como al autoritarismo sirvió la ficción de democracia directa que la Carta del 91 introdujo, y cuyo único beneficiario fue Álvaro Uribe, en sus ocho años de caudillismo, corrupción, violencia, persecución a las Cortes y al disidente político. Llegado al poder con la bandera de la antipolítica, gobernó él a sus anchas sobre una sociedad desorganizada, aborregada en su debilidad y en el miedo, pasto de demagogia. Y, pese a que ella se expresa ahora con más ímpetu, frágiles son sus organizaciones, cuando no cooptadas por la contraparte. Peor aún, aquello de marginar a los partidos para reconstituir el poder territorial alrededor de intereses gremiales es reminiscencia del corporativismo fascista de Mussolini y Oliveira Salazar.
Claro que De Roux interpreta el hastío de los colombianos con partidos que proceden como salteadores de caminos y vehículo de criminales hacia las posiciones de mando y control de los recursos públicos. Malestar manifiesto en foro sobre construcción de la paz territorial, donde arrancó aplausos el sacerdote. Pero no es suprimiendo los partidos como se camina mejor hacia la democracia, ni negando, de paso, el advenimiento de nuevas asociaciones políticas llamadas a renovar las elites del poder.
Será una reforma política la que les imponga democracia interna y controles; abra el abanico del sistema; limpie de delitos las elecciones; y reglamente un estatuto de oposición que dé carta de ciudadanía a la idea liberal, a la idea conservadora, a la idea socialista, al conservadurismo ultramontano. Al pluralismo. Que les permita a las Farc trocarse en partido, no bien abandonen las armas. Que le permita al Centro Democrático consolidarse como partido no bien rompa su ambigüedad entre la legalidad y su llamado a la rebelión, cuyo destinatario natural sería, entre otros, el paramilitarismo revitalizado y andante. Y será el primer interpelado por Paloma Valencia, pues ya él había canalizado mares de votos, motosierra en mano, para la elección de Álvaro Uribe y de los cien parapolíticos que fueron su bancada en el Congreso y hoy pagan cárcel.
Destaca Humberto de la Calle dos elementos del cambio que se avecina. Primero, la apertura cobijará a todas las fuerzas políticas. Segundo, la comunidad concurrirá al poder local mediante democracia directa que le garantice a la vez participación y capacidad decisoria; singularmente en mesas de concertación de los planes de desarrollo. Se trata de permitir la expresión de los movimientos sociales, no sólo de los partidos políticos. Para Sergio Jaramillo, el modelo de paz territorial dará voz a la gente y fortalecerá las instituciones del gobierno local, incorporando el nuevo ingrediente de la participación, con procesos y reglas del juego formalizados.
Ricas enseñanzas deja este modelo socialdemocrático que concierta políticas y planes entre el mandatario elegido democráticamente por un partido y los grupos de interés y organizaciones de la comunidad. Mas lo primero será fortalecer las organizaciones sociales, protegerlas, rodearlas de garantías; depurar los partidos, democratizarlos, reformar el sistema electoral y lograr el sueño de la paz: que ningún político vuelva a disparar contra su adversario. Riesgo a la vista si al poder torna un Mesías por el camino de una institucionalidad territorial “no política”, como lo pregona el padre de Roux.
por Cristina de la Torre | Mar 1, 2016 | Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Marzo 2016
El abuso de poder para prostituir alféreces es apenas la punta del iceberg en la degradación de la Policía, otro de cuyos expedientes deshonrosos la vincula con el narcotráfico. Pero la corrupción es, a su turno, sólo uno de los componentes que postran a esa institución en su peor crisis. Como la ausencia de toda vigilancia externa e independiente; y el abandono de su originaria condición civil para derivar en cuerpo armado de corte militar, a la manera del Ejército. Al punto que desprotegió la Policía al ciudadano, para darse a la guerra. Y transformó la solidaridad de cuerpo en encubrimiento generalizado de irregularidades, delitos y hasta asesinatos. Como el presumible de la cadete Lina Zapata en la Escuela General Santander, porque “sabía demasiado” sobre la Comunidad del Anillo, organización que el propio general Palomino habría tolerado. Para no mencionar el enriquecimiento ilícito del que se le sindica también.
Como si no bastara con la deshonra que mandos suyos le han infligido a la institución, la inminencia del posconflicto empieza a desnudar rivalidades entre el Ejército y la Policía. Si volviera ésta por sus fueros de cuna –seguridad ciudadana y lucha contra el crimen–; y si aquel se contrajera a los suyos –defensa del Estado y de las fronteras– pronto veríamos restablecerse la deseable división de funciones entre fuerzas que se había perdido. De las Bacrim, organización criminal del narcotráfico que opera en 491 municipios, se encargaría la Policía. Por el ELN, único remanente de insurgencia si no se allanara a la paz; y por una improbable guerra con Venezuela respondería el Ejército: poca cosa para tanto presupuesto y tantos hombres. He aquí una consecuencia del replanteamiento en doctrina y organización que la crisis y el posconflicto le demandan a la Policía Nacional.
Hoy cobra vigencia renovada estudio de la Comisión para la reestructuración de la Policía, creada en 1993, y cuyas directrices reconstruye su coautor Álvaro Camacho (Violencia y conflicto en Colombia, Obra selecta, Univ. del Valle y de Los Andes). La comisión propende a devolverle a la Policía su carácter civil; a desprenderla de las Fuerzas Militares y del ministerio de Defensa; a eximirla de la lucha contrainsurgente y concentrarla en seguridad ciudadana; a despojarla del perfil militar que la incita a violar los derechos humanos y la aleja de la ciudadanía, en un país donde la permanente alteración del orden público convirtió a la Policía en agente de represión política.
Para Camacho, en la ambigüedad entre defensa del Estado y seguridad ciudadana terminó ésta avasallada por la guerra contrainsurgente, en la que proliferaron alianzas de policías con paramilitares que oficiaban como contraparte de la guerrilla. Resultó así la Policía involucrada en el conflicto armado, más allá de su función como agente del orden público. El Plan Colombia fundió en uno el ataque al narcotráfico y a la guerrilla: las Farc condensaron ambos objetivos.
Pero ahora, desaparecido el grupo armado, deberá la Policía sacudirse cometidos que la desnaturalizan. Además, si la paz ha de ser territorial, que se pliegue a la autoridad civil en las localidades, como lo ordena la Constitución. Y que se someta, como toda institución en una democracia, a control y vigilancia civil y ciudadana. El solo control interno, liviano y de yo con yo, ha probado su perversidad: casi siempre terminó por alimentar complicidades non-sanctas. Llegue pronto el día en que la ominosa Comunidad del Anillo y la noticia recurrente de policías sorprendidos en tráfico de cocaína sean vergüenzas del pasado. El día en que la protección del ciudadano prevalezca sobre la guerra. Colombia lo reclama.
por Cristina de la Torre | Feb 22, 2016 | Febrero 2016, Izquierda
Guerrilleros, académicos y pueblo raso interpretan tres memorias distintas de Camilo. El ELN lo convirtió en mártir de su causa revolucionaria, recurso del que echó mano fríamente tras la muerte del sacerdote en combate; muerte inducida por la cúpula de esa guerrilla, si damos crédito a testigos de excepción como Ovidio García. Pero intelectuales y dirigentes populares reivindican su largo recorrido como sociólogo y docente, frente al cual palidece su fugaz incursión en el monte. Másque un legado teórico, rehabilitan su innovación en método de ciencias sociales: la convivencia de conocimiento y comunión transformadora con la comunidad. Y deploran la desaparición del líder que, para amargura de las élites, llegó a movilizar multitudes bajo virtual enseña de la Teología de la Liberación. Por último, el odio de los colombianos hacia insurgentes sin discurso y sin reato para la crueldad se proyecta sobre la imagen de Camilo, del “cura-guerrillero”, que el ELN consiguió vender como símbolo de su guerra santa. Cuando una marcha quiso llegarse esta semana al Carmen de Chucurí para conmemorar el aniversario del sacrificado, los pobladores la atajaron, indignados ante aquel intento de “endiosar a un delincuente”.
Ovidio García, exguerrillero del ELN, se hallaba al lado del novato combatiente aquel 15 de febrero de 1966 y relató a Los Informantes los momentos finales de la tragedia. Mientras se planeaba la emboscada de Patio Cemento, prestaba guardia Camilo y seguía, subrepticiamente, la conversación entre jefes. A la propuesta de dejarlo en la guardia para no arriesgarlo, habría replicado Fabio Vásquez –jefe del grupo armado–: “A Camilo mandémoslo pa’allá (la emboscada); es que los hombres tienen que formarse es en el combate y tienen que pelear” (reproducido por El Espectador, 15,2,16). Por su parte, Jorge González, oficial retirado del Ejército que entonces participó en los hechos, le refirió a Plinio Apuleyo Mendoza que habiendo caído herido “vio a Camilo, pistola en mano, acercarse a él. Camilo le apuntó, pero al encontrarse con su lánguida mirada, no se atrevió a disparar. Los eternos segundos de aquella indecisión le costaron la vida…”.
A tono con el Concilio Vaticano II, en su apostolado rescató Camilo la dimensión social del Evangelio: el sentido de solidaridad y amor eficaz al prójimo. En su Frente Unido emplazó a la burguesía, responsable de la injusticia que mantenía al pueblo detenido en el hambre y la ignorancia. Si la caridad no alcanza para dar de comer al hambriento, escribió al final, un recurso rápido se impone: la revolución. Y para darle sustento, invocó el postulado de Santo Tomás que justificaba la rebelión contra el tirano. Pero en el Eln la presencia de prelados inflamó el potencial místico de jóvenes que, negado el cambio por las buenas, se alzaron en armas. No sospecharon ellos que, a poco, el grupo armado derivaría en secta que trocó la revolución en religión y terminaría por desplegar todas las violencias de la guerra santa. Ejecución de sus mejores líderes comprendida, para eliminar toda amenaza al mando unipersonal y despótico del jefe, que es norma de fundamentalismos.
Al segundo día de su paro armado, el ELN había matado por la espalda a tres policías y dejado sin energía a cuatro municipios en el sur de Bolívar. Rudo mentís al hombre que, teniendo a tiro a un ser humano, fue incapaz de disparar. Camilo no es del ELN, escribió el columnista Álvaro Jiménez; “pero el secuestro de su ejemplo y memoria en la visión armada es la opción que ha quedado a algunos para justificar los balazos de hoy (…) Celebrar a Camilo y su ejemplo debe hacerse sin la sombra del fusil”.
por Cristina de la Torre | Feb 15, 2016 | Febrero 2016, Internacional, Izquierda, Política exterior
Un siglo tuvo que correr para que volviera a pronunciarse en Estados Unidos la palabra socialismo. Ayer, acicate de trabajadores que marchaban por miles en Denver y Nueva York contra las iniquidades del capitalismo fabril; hoy, bandera del candidato Bernie Sanders contra las villanías del capitalismo financiero que restableció la brutal desigualdad de aquel pasado. Adalid de la juventud, de las clases sojuzgadas y empobrecidas, el insospechado socialista, seductor en su desaliño, amenaza con ganar la presidencia en el país campeón de la justa anticomunista en el mundo y meca del capitalismo. Si predicara Sanders, como los de ayer, el derrocamiento de la burguesía y la dictadura del proletariado, movería a risa. Ya ese paradigma se ensayó y naufragó. Pero su propuesta alarma a multinacionales y banqueros –el ominoso 1% que acapara la riqueza y el poder– porque es viable. Porque es modelo de probada eficacia sobre la tierra: el de la socialdemocracia escandinava; el del New Deal, reforma mediante la cual sorteó Roosevelt la crisis de los años treinta; el del Estado de bienestar de la posguerra en el occidente industrializado, EE.UU. comprendido.
Ya exultante en la desesperación de los oprimidos; ya apagada cuandoquiera que el reformismo desactivó la bomba de la inconformidad, la idea socialista resucita hoy por las tropelías del neoliberalismo, a la vera de un partido demócrata amilanado ante la derecha republicana. En los indignados de Ocupar Wall Street floreció de nuevo, para que Sanders la trocara en desafío monumental al estatus quo. La desigualdad es para él, ante todo, un problema moral. Por eso promete gravar con elevados impuestos a los más ricos, doblar el salario mínimo, brindar salud y educación gratuitas, crear empleo, eliminar la pobreza que pesa sobre 27 millones de estadounidenses. Y poner en cintura al sistema financiero, responsable de la crisis de 1998, con desempleo galopante y cinco millones de hogares destruidos.
También en EE.UU. se montó la economía fabril sobre la explotación inclemente de la mano de obra. Jornadas de 14 horas y salarios de miseria dieron lugar al sindicalismo bajo la enseña socialista, a la protesta multitudinaria de obreros en las calles, donde no faltaban los muertos. En los excesos del sistema se gestó la crisis de los treinta, que dejó cesante a un tercio de la fuerza laboral. El New Deal elevó a 80% el impuesto a los mayores ingresos, invirtió recursos ingentes en obras públicas, descentralizó, creó empleo y capacidad de compra. La conflagración mundial completó la tarea: la economía de guerra masificó el empleo, el Estado se entrenó en nuevas funciones económicas y preparó el terreno a la prosperidad de tres décadas que vendría en la posguerra. Pero a su lado debutó el más fiero anticomunismo. Hacia adentro, el ominoso macartismo. Hacia afuera, aquel encubrió el apetito de poder de la nueva potencia en el orbe: en nombre de la democracia, EE.UU. invadió países, montó dictadores y se adueñó de lo ajeno. Hasta desembocar en la guerra de Vietnam. Entre los críticos que le dieron sepultura política, Bernie Sanders, hoy héroe de la muchachada que no irá a ninguna guerra. En este periplo histórico emergió, hibernó y resucitó el socialismo en EE.UU.
Ha dicho Sanders que las circunstancias favorecen su revolución democrática. Y el ejecutivo en jefe de Goldman Sachs ve en él un peligro letal para la patria. Naturalmente. No son los banqueros los amigos de Sanders; son los humillados y ofendidos de la base social. Si no llega Sanders a la Casa Blanca, la presión popular obligará a Clinton a acometer reformas sustantivas. Lo que sería ya un triunfo resonante del socialismo renacido.
por Cristina de la Torre | Feb 8, 2016 | Corrupción, Febrero 2016, Impunidad, Narcotráfico, Política económica
Si Colombia fuera país medianamente civilizado, ¡ay!, andarían tras las rejas sus hordas de ladrones de cuello blanco. No bien nos enteramos del mayor escándalo de corrupción en la historia del país –sobrecostos de $13 billones en Reficar causados por una firma gringa con aval de Ecopetrol durante los gobiernos de Uribe y Santos– cuando salta otra liebre de bíblico tamaño. Denuncia el Auditor General que la mitad de los $120 billones del presupuesto regional en 2015 se ejecutó por contratación directa. A dedo. Entre gavillas de gamonales, políticos y contratistas que así se manduquean, muertos de risa y en la complacencia de sus huestes, el dinero de los colombianos reservado a salud, educación y gestión pública. Y la oposición, llamada al control del Gobierno, neutralizada en los pecados de su propio pasado.
Acostumbrados como estamos al grotesco, nos pasan de largo desafueros que en las democracias derriban gobiernos y dignatarios de primer orden. Un presidente de Corte Constitucional que mancilla el honor del cargo, atornillándose en él cuando se le sorprende en supuestos tratos de tierras con asesinos. Un ministro de Hacienda que repite carteras acá y allá, y hasta aspira a Presidente, tras protagonizar el escándalo de Dragacol. Un Congreso integrado en porción sustantiva por la parentela de parapolíticos condenados por los jueces. Y, entre una nube de granujas impresentables educados en universidades de élite, los Nule, saqueadores de Bogotá que dejan una deuda, perdida, de $2,2 billones.
Hubo en Reficar feria de contratos, lucro cesante y desplome de la rentabilidad esperada. Botón de muestra en los estrafalarios sobrecostos: un contrato de servicio de andamios se tasó en $23 millones y terminó en $8.615 millones. Todo ello, contra las finanzas de la Nación. Fue “una compleja estructura delincuencial”, se dijo en órganos de control. Por su parte, la contratación a dedo en municipios y departamentos es puerta abierta al robo de los recursos públicos. En salud, aquella aumentó 81% el año pasado. Y el ministro ahí. Según el Auditor General, se ha creado una malla empresarial de contratistas que reúne firmas temporales para concentrar los contratos del Estado en “distintos” proponentes que resultan ser el mismo. Las mallas son hoy siete y, gracias a ellas, una empresa agrícola puede terminar construyendo vías. En suma, tres familias acaparan la contratación pública.
En tal cuadro de poder patrimonial propio de república bananera, donde el narcotráfico consolidó la hegemonía de las viejas élites y catapultó su alianza con las nuevas, poca esperanza ofrece la oposición. Tras ocho años de conceder franquicia a una corrupción desbordada, carece el Centro Democrático de autoridad moral para señalar a nadie con el dedo. Si maniatada la oposición de derecha para estos menesteres, tampoco la de izquierda que el Polo encarna exhibe credenciales para cuestionar con todas las letras estos desafueros. En su ardorosa defensa del alcalde que entró a saco en las arcas de la capital, corregida a la hora de nona, menoscabó el Polo la credibilidad de sus dirigentes en debates memorables. Como el del brillante senador Robledo contra la ley Zidres.
Recursos archisabidos para contrarrestar la ladronera: depurar partidos, Congreso y administración pública; desmontar el negocio del narcotráfico, motor de la corrupción, legalizándolo. Pero no será cosa fácil. Entre tanto, da la ciudadanía pasos hacia el escenario primigenio de la democracia moderna: la calle. Para exigir de viva voz justicia contra la minoría de malhechores que paraliza a Colombia en el atraso y quiere proyectar sobre todos los demás el estigma del ladrón.
por Cristina de la Torre | Feb 1, 2016 | Febrero 2016, Modelo Económico en Colombia, Política agraria, Política económica
El 23 de marzo podría registrarse un timonazo memorable en la historia contemporánea de Colombia: el fin de una guerra de medio siglo que cobró 280 mil vidas, dejó siete millones de víctimas y una contrarreforma agraria que consagró al nuestro como el país de mayor concentración de la tierra en el mundo. Con todo, más dudas que certezas sugiere de momento el posconflicto. Firmado el armisticio, la paz demandará la construcción de un nuevo país, pero el Gobierno debutará con unas de cal y otras de arena. Con inversiones de emergencia en zonas de violencia aguda, bajo la experimentada batuta de Rafael Pardo; pero también con una reforma tributaria enderezada a preservar la estructura de las desigualdades, como puede inferirse de lo filtrado hasta ahora. Si cambios apremian en Colombia para eliminar las causas de la guerra, no serán los de una revolución socialista sino los del Estado social democrático y sus dos instrumentos distintivos.
Primero, una apertura del sistema político que acoja a todas las fuerzas, aún las más radicales del espectro ideológico, en el entendido de que ya nadie podrá imponerse en política a bala. Como se pactó en La Habana y acaba de ratificarlo, por su parte, Timochenko. Enhorabuena. Segundo, una reforma tributaria progresiva, a instancias de la que el capitalismo introdujo hace un siglo en Occidente. Un sistema impositivo que por vez primera en siglos obligue a ganaderos y terratenientes a pagar impuestos, élites atornilladas en el capitalismo del siglo XIX, fetichistas de la propiedad y olvidadas de la igualdad. Una reforma que, además, grave dividendos y ganancias de capital, que modere la tributación confiscatoria de la clase media y suprima las cargas indirectas que han reducido a dos magras comidas el sustento de las capas populares.
Este esquema impositivo financió las políticas de beneficio general en educación, salud, pensiones y subsidio familiar del Estado social que prevaleció durante medio siglo XX en Europa y Estados Unidos y arrojó cotas de prosperidad sin antecedentes en la historia. Hasta cuando banqueros y especuladores financieros capitanearon su desmantelamiento en la década de 1980 y liberaron las fuerzas del mercado, para concentrar la riqueza de media humanidad en 62 señorones enfermos de codicia. Ignominia más acusada aún en nuestro país, donde 2.681 cuentahabientes acaparan el 58,6% de los depósitos bancarios, mientras 44,6 millones de personas tiene apenas el 2,4% de los depósitos.
Los acuerdos político y agrario suscritos con las Farc abren trocha hacia el Estado social que la izquierda democrática de Suramérica rescató hace treinta años. Invita Piketty no a resucitar el Estado de bienestar sino a modernizarlo “con nuevas herramientas, para retomar el control de un capitalismo financiero que se ha vuelto loco [y] renovar los sistemas de impuestos y gastos que son el corazón del Estado social moderno”. Modelo cimentado en una lógica de derechos y en el principio de igualdad.
Aunque no acordado en La Habana, pide cambio a gritos nuestro modelo económico. Sin mejorar la distribución del ingreso y la riqueza mediante el impuesto progresivo, no habrá crecimiento ni desarrollo posibles. Un enigma bifronte cobra forma: primero, con qué sorpresa tributaria saldrá el ministro Cárdenas; segundo, si podrán funcionarios de su acendrado conservadurismo fiscal (que además privatizan el patrimonio nacional e imponen salario mínimo por debajo de la inflación) acometer las reformas del posconflicto. Si podrán estas figuras de la derecha disecada armonizar con el viraje histórico de un proceso de paz que el mundo aplaude de pie y ofrece al pueblo de Colombia esperanza cierta de redención.
por Cristina de la Torre | Ene 26, 2016 | Enero 2016, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Política económica
Ni lo uno ni lo otro, cuando el dilema se abre como dogma universal e inapelable. Pero si a privatizar tocan, una cosa será vender la empresa de licores del Tolima, diga usted, y otra, sustancialmente distinta, feriar bienes estratégicos como Isagén o la ETB, según anuncia el alcalde de Bogotá. En este caso, más allá del imperativo de rentabilidad que le permite a la empresa –pública, privada o mixta– sobrevivir y competir, un criterio adicional entra en juego: no se subordina la rentabilidad social al lucro particular. Tras cinco amargos lustros de involución al capitalismo despiadado del siglo XIX, la democracia de nuestros días rescata uno de sus principios fundacionales: no entrega el Estado al interés privado la infraestructura del desarrollo. Porque transporte, vías, energía, telecomunicaciones, suministro de agua y salud son andamiaje del bienestar colectivo y cimiento del futuro como país. Y, en manos de negociantes, pueden periclitar.
Nadie igualaba la visión estratégica de Isagén en energías limpias. Mas se le entregó la empresa a una banca de inversión extranjera que no desarrollará energías alternativas ni expandirá la empresa hacia las regiones. Soltó el Gobierno las amarras ambientales, sociales y ecológicas de Isagén. Dijo que invertiría los $6,4 billones en carreteras. Pero éstos se volverán crédito público cargado de riesgos financieros, a favor de multimillonarios como Sarmiento Angulo, que construirán carretas con la plata del Estado y acapararán todos los beneficios. Podría asimilarse esta gabela a los llamados anticipos en tiempos de los Nule. Tiempos aciagos de corrupción catapultada por la impoluta empresa privada.
Y es que privatizar no es apenas pasar a manos de particulares la propiedad pública. Es también confiarles funciones y proyectos del Estado mediante normas de contratación escritas a vuelapluma cuando el delirio del mercado alcanzaba su clímax, y su más alto pedestal, el mercader. Revela Arturo Charria que el de Transmilenio fue pésimo negocio de Peñalosa (El Espectador, I, 6). “Por cada $100 que entran al sistema –escribe– el operador privado se lleva $95”. Transmilenio es panacea de los privados: la ciudad corre con todos los gastos y debe contentarse con un mísero 5%. Y ahora quiere vender ETB, en pleno auge financiero de la empresa y cuando ésta despliega su mayor capacidad de innovación tecnológica para competir de tú a tú con las multinacionales.
Para Jorge Iván González, la disyuntiva no se dirime entre privatizar o estatizar, sino entre regular y estatizar. La regulación alcanza, sí, para controlarle calidad y tarifas al privado; pero no transforma su finalidad de lucro particular en propósito de interés general. Verdad es, como él postula, que la eficiencia depende más de la competencia que de la propiedad. Mas, vuelve la pregunta que nos inquieta: qué destino darle al lucro que deriva de la eficiencia, ¿sólo el bolsillo del empresario, o también y, sobre todo, el beneficio social de reinvertir en desarrollos de largo aliento? Asevera González que el sistema de salud fracasó en Colombia por falta de regulación. Claro que sí; pero, de bulto, porque su mercantilización sustituyó el principio de la medicina preventiva y de salud pública, por la racionalidad eminentemente lucrativa de la curación. Y porque olvidó que el de la salud es un derecho fundamental.
El Consenso de Washington se nos impuso en los noventa gracias a que magnificó las fallas del Estado de bienestar. Ahora se alista una nueva ola privatizadora justificada en la torpe defensa de lo público de Gustavo Petro. Pero lleva las de perder. El rechazo casi unánime a la venta de Isagén marcó la pauta para los días por venir.
por Cristina de la Torre | Ene 18, 2016 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Enero 2016, La paz, Modelo Económico en Colombia, Régimen político, Uribismo
En su búsqueda incesante de pretextos para malograr la paz, va el uribismo saltando matones. El reto de la hora, preservar el barniz moralizante que encubre su predilección por la guerra, en un plebiscito que decidirá si pararla o prolongarla. Si promueve el No o la abstención y gana la partida, quedará en evidencia como adalid de la conflagración armada; si la pierde, será derrota letal para un partido en ciernes. Frente a tal fatalidad, querrá convertir la insensata venta de Isagén en comodín contra el mentor de la paz, como se insinúa ya en redes del Centro Democrático: que Santos, el “traidor”, no sólo entrega el país al terrorismo sino los bienes de la nación al extranjero. Mensaje subliminal: quien así vende la patria y sus bienes, no podrá engendrar sino una paz deforme. Mas este intento de apropiarse el descontento con la operación de marras se estrella contra las ejecutorias del propio Uribe, privatizador estrella entre todos los presidentes desde los años noventa y vendedor frustrado de la propia Isagén.
De tanto vociferar contra el proceso de La Habana, esta derecha montaraz desgastó hasta la inopia su recurso a la mentira, a la tergiversación. Dijo verbigracia que, en tributo al castrochavismo, el acuerdo agrario apuntaba a la colectivización de la propiedad en el campo, con expropiación de tierras y extinción de dominio. Que “ninguna propiedad legal (tendría) seguridad ni garantía jurídica de permanencia”, escribió Alfredo Rangel, con ímpetu propio del recién llegado desde la orilla opuesta. Se demostró al punto la falsedad de tales acusaciones. Nada de lo acordado violaba la Constitución o la ley. En suma, no apuntaban las objeciones a lo firmado sino a la legislación liberal vigente de tiempo atrás.
Pero en punto a justicia y participación política, no miente el uribismo. Auténtico anatema le parece salvar de cárcel a la cúpula de las Farc, abrirle las puertas de la política y juzgar a soldados sindicados de atrocidades con el mismo rasero que a la subversión. Su “paz sin impunidad” equivale a rendición de una guerrilla a la que el mismísimo Uribe no pudo derrotar. Pide a sabiendas lo imposible, pues querer mandarla a prisión y negarle el canje de armas por votos es reventar la negociación. Reactivar la guerra y sus montañas de muertos. Ni siquiera reconoce los sapos de la contraparte. Que las Farc renuncian al alzamiento armado; se acogen a la democracia liberal y a la justicia burguesa, con proceso integral de investigación, juicio, sentencia y sanción.
De otro lado, más le valdrá a Uribe no menear el estropicio de Isagén (que ya él había intentado en 2008), pues vienen a la memoria los bienes públicos que en su gobierno vendió por más de $13 billones. Las2orillas incluye a Bancafé, Telecom, Ecogas, Granahorrar, centrales eléctricas de los Santanderes y Cundinamarca. Liquidó las electrificadoras de toda la Costa Atlántica y la del Chocó. Aparte, vendió el 10% de Ecopetrol. Cerró hospitales públicos y la Caja Nacional de Previsión. Y, montado sobre su Ley 100, convirtió la privatización de la salud en movimiento envolvente que ha cobrado más vidas que la guerra. Impresentable esto de usurpar la indignación general por la venta de Isagén, viniendo él de feriar decenas de bienes públicos.
No tendría Uribe autoridad para trocar el rechazo a este descalabro en bandera personal de sus rencores, contra la paz, que es anhelo y derecho de los colombianos. Como la potestad indelegable de protestar por ello, más allá de la megalomanía de ningún héroe vengador. Menos autoridad aún tendrá Uribe para exigir paz sin impunidad, tras la laxitud de su negociación con los paramilitares. Anda embrollado el uribismo.
