por Cristina de la Torre | May 30, 2016 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Mayo 2016, Proceso de paz
Con el secuestro de los periodistas Salud Hernández, D’Pablos y Melo, parece hundirse sin remedio el ELN en la trampa de su torpeza. La sociedad en pleno le ha gritado a la cara que no tolera un plagio más. Pero se ignora si esa guerrilla pueda registrar, tras la coraza de su inmodestia, el repudio general. Si persista en la insultante justificación del secuestro como “política normal” para financiar su guerra, con la que zahirió hace dos meses el trascendental anuncio de dejar las armas, una invitación a soñar con la paz integral. O si entienda que renunciar al secuestro no es ya apenas condición del Gobierno para dialogar sino exigencia de un país que se levanta contra la infamia. El Centro de Memoria Histórica le adjudica al ELN la presunta comisión de 7.362 secuestros; otros la tasan en 10.411. Y el único que sufre no es el plagiado, a quien se deshumaniza con frecuencia hasta matarle el alma. Por víctimas directas asociadas al secuestro se tiene también a otras 200.000 personas, los familiares. Caso al canto, hace un mes debió entregarse Odín Sánchez a esa guerrilla, en canje por su hermano, el exgobernador del Chocó Patrocinio Sánchez, que llevaba dos años y medio secuestrado.
En doctrina y en programa, poco ha cambiado el grupo armado desde su creación. Contra el vértigo de la historia, porfía el ELN en el estatuto que lo vio nacer. Salvo en el referente ético. Si proclamó en la cuna el respeto a la libertad de pensamiento y de culto, fue su primer jefe quien entronizó la violación de ese principio, con el ajusticiamiento por “traición” de todos sus contradictores ideológicos. Y la saga siguió. El 3 de octubre de 1989, secuestró el ELN en Arauca a monseñor Jesús Emilio Jaramillo, de 72 años. Lo torturó y le incrustó cuatro balas en la cabeza. Fue “ajusticiado… por delitos contra la revolución; (por formar parte) del sector más reaccionario de la jerarquía eclesiástica”. Por pronunciarse contra la revolución y contra el comunismo.
Como si no bastara con el secuestro, otras señales levantan dudas sobre la viabilidad de paz con el ELN: el lenguaje de la agenda pactada con el Gobierno, abstracto, hiperbólico sugiere la pretensión de esa guerrilla de alcanzar en la mesa la revolución que no logró en su trasegar de medio siglo. A tono con su ideario, el punto de Transformaciones para la paz no augura concesiones al reformismo. Respira también aquella agenda la tácita ambición de oficiar como vocero legítimo de la sociedad civil. ¿De la sociedad que deplora sus métodos de guerra? ¿De alguna comunidad campesina –en Catatumbo o en Arauca– que resiente el puño de hierro con que el ELN le impone su dominación? Mas el grupo persevera en la ilusión de ser vanguardia político-militar del pueblo, el núcleo armado que “genera y canaliza la conciencia revolucionaria”. Así, el tercer punto invoca la Participación de la sociedad en la construcción de la paz (¿y la implícita autoproclamación del ELN como su líder y vocero?). Años de conversaciones, acaso décadas tendrían que pasar para que las condiciones del país se adaptaran al anhelo mesiánico de este grupo reducido de insurgentes.
Se impone lo contrario: que la agenda sea negociable, no sólo conversable; que aterrice sobre la realidad. Que se reconcilie el ELN con los colombianos devolviendo a los plagiados y renunciando públicamente al secuestro. Sólo así podrá revalorizar la esencia del viraje cardinal que tuvo la valentía de anunciar el 30 de marzo: pasar de la lucha armada a la política. He aquí el camino para que el ELN no tenga que inmolarse en su propia trampa. Para que derive, más bien, en artífice de la paz integral que Colombia reclama.
por Cristina de la Torre | May 23, 2016 | Mayo 2016, Movimiento social, Salud
Sin siervos no hay yugo que valga. Si la multinacional Novartis vende en Colombia su Imatinib contra el cáncer seis veces por encima de lo que valdría el genérico es porque en 2012 nuestro flamante Consejo de Estado le otorgó, hincada la rodilla, patente de exclusividad a la farmacéutica suiza. Y porque la Superintendencia de Industria y Comercio, que nueve años atrás se la había negado, enmudeció. Entonces salieron los genéricos del mercado y Novartis navegó a sus anchas con precios astronómicos que atentan contra la vida de los pacientes y contra las finanzas de nuestro sistema de salud. Se propone ahora el ministro Alejandro Gaviria romper el monopolio que a ese tiburón le permite devorarse a los más débiles; triturarlos bajo el peso de su obesidad. Colombia sometería la patente de su fármaco a licencia obligatoria, y lo declararía de interés público, pues se trata de un medicamento esencial. Enhorabuena.
Manes de la soberbia extranjera, le han llovido al país advertencias, amenazas, chantajes desde todos los poderes habituados a imponerse a coces sobre pueblos vulnerables: vociferan en el mundo (y en Colombia) los gremios de las multinacionales farmacéuticas, agentes del congreso estadounidense que velan por los intereses comerciales de ese país, y hasta su propio gobierno. Porque para ellos, escribe nuestra embajada en Washington, “regular el precio de ese fármaco […] puede desembocar en disputas relacionadas con lo pactado en el TLC o crear inconvenientes en la aprobación de los recursos para ‘Paz Colombia’”.
Pero no será el nuestro el primer país que libre en su suelo esta batalla planetaria contra la gula de la gran industria farmacéutica. Ya Tailandia, Brasil, Suráfrica y la India la dieron. Y cobraron victoria. En la India, la Corte Suprema de Justicia tomó en 2013 la histórica decisión de negarle la patente al Imatinib. Privilegió el principio de brindarle a su población acceso a medicamentos genéricos sobre la supuesta mayor eficacia terapéutica del fármaco de Novartis. Su precio se redujo a la dieciochoava parte: pasó de 2600 dólares a 145. Estos países han montado toda una industria nacional de genéricos incentivada por el Estado, vía expedita para democratizar la salud reduciendo drásticamente los precios de las drogas. Y Colombia sufre ahora una segunda embestida: hace dos años arremetieron las farmacéuticas gringas contra el proyecto del ministro Gaviria de optar por medicamentos biotecnológicos y de producirlos en el país.
Pero conforme pujan los tiburones por apretar la encerrona contra Colombia, surgen apoyos acá y allá, de quienes saben que nuestro país es el escenario de la hora donde tiene lugar esta disputa global contra los muy civilizados mercachifles de la salud. Ciento veinte oncólogos del mundo entero le dirigieron al Gobierno una misiva donde protestan por la desmesura de Novartis. Para la Federación Médica Colombiana, entre otras muchas, al país le asiste pleno derecho a priorizar la salud de sus ciudadanos, a defender el interés público de atropellos como éste.
En búsqueda de competencia equilibrada, jugará papel crucial la aplicación Click Salud que el Gobierno prepara, donde aparecerá el precio de cada droga, comparado por laboratorios. Divulgará, por ejemplo, tres valores distintos del omeprazol: $36, $138 y $11.249. El consumidor decide. Mas no debería el Estado limitarse a controlar precios y a apoyar la industria nacional de genéricos. Debería, también él, producirlos. Inyectar recursos abundantes en ciencia, tecnología e innovación. Y pedir dignidad a quienes, como en el caso que nos ocupa, regalan el país desde el Consejo de Estado. Como si el alto tribunal pudiera degradarse a guarida de la servidumbre del déspota extranjero.
por Cristina de la Torre | May 16, 2016 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, La paz, Mayo 2016, Proceso de paz, Uribismo
A la inminente finalización del conflicto armado opone Álvaro Uribe una resistencia que, librada a su suerte, podría derivar en baño de sangre. En tan extrema reacción contra la paz menos imperfecta negociada en 20 años en el mundo, parecen presionar, sobre todo, tres factores no cantados. Primero, sin guerra se marchita el poder del notablato más beligerante en las regiones, autoproclamado uribista. Segundo, la reforma rural pactada daría tierra y apoyos al campesinado, restitución comprendida. Anatema para especuladores con tierras, despojadores de predios, latifundistas y ganaderos improductivos, impetuosa avanzada de la extrema derecha. Tercero, el Acuerdo Especial que brinda seguridad y estabilidad a la agenda pactada en La Habana descarta la convocatoria de una constituyente y, con ello, la posibilidad de revivir la reelección del expresidente. Golpe cruel al delirio de poder.
El llamado del uribismo a resistencia civil ―primera en la historia concebida contra un anhelo mayoritario de paz después de 300 mil muertos y 30 mil desaparecidos en la guerra más prolongada de Occidente― interpela a una gama variada de colombianos. A una porción sustantiva de la sociedad que sigue con fervor las tesis ultraconservadoras del senador y su versión infantilizada -manes de la propaganda- del proceso de paz: éste sería la entrega de la patria a la guerrilla. Convoca a las víctimas de las Farc que cabalgan todavía en el odio legítimo del caudillo hacia ese grupo armado. Mas, si no circunscribe con celo sus acciones a la legalidad, podría esa resistencia interpelar también al neoparamilitarismo, brazo armado de las mafias de narcotraficantes, ganaderos, empresarios, funcionarios y políticos que medran en la guerra, no en la paz. Aguerridos conmilitones de la ultraderecha, extienden ahora su apoyo a los ejércitos antirrestitución de tierras.
El alegato contra el margen de impunidad que la justicia transicional concede pinta más como pretexto movilizador del que siendo presidente se excedió en larguezas con los miles de paramilitares “desmovilizados”. Si extraditó a sus jefes fue porque empezaban éstos a comprometer en sus confesiones a prestantes autores intelectuales y responsables políticos de sus crímenes. Tampoco convence su coartada de fungir como enemigo de la negociación de paz, mas no de la paz: querer imponerle rendición a una guerrilla con la que se negocia justamente porque no fue derrotada es dinamitar la mesa de diálogo; y lograr, por esta vía, que vuelvan todos a las andadas de la guerra.
Empotrado en el infundio de la entrega del país a las Farc, escribe el ganadero y dirigente uribista Lafaurie: “La reforma Rural Integral de La Habana deja ver las expectativas de control territorial político de las Farc en el posconflicto, que dé continuidad al control territorial armado que hoy ostentan. La restitución ha sido permeada por esas expectativas” (El Tiempo, 4, 25). Pero sabe, como lo recuerda el exministro Juan Camilo Restrepo, que el acuerdo rural busca profundizar el desarrollo agrario y los mecanismos de acceso a la tierra; que “no entraña peligro para la propiedad privada, el Estado de derecho o las tierras bien habidas”. ¿Habrá también resistencia contra un cambio mínimo en el campo? ¿Será cívica, desarmada?
Uribe está en su derecho de oponerse a la paz. Pero también en el deber de preservar su resistencia civil de cualquier incursión en ella de la derecha armada, chispa que podrá encender la pradera. Y ojalá entienda que la mayoría de colombianos reivindica el derecho a la paz que la Constitución consagra y ya reclama a voz en cuello: ¡no más secuestrados, no más desplazados, no más desaparecidos, no más muertos, no más guerra!
por Cristina de la Torre | May 7, 2016 | Justicia, Mayo 2016
Bajo una espesa nata de venalidad e impunidad, florecen procesos emblemáticos que sacan la cara por la justicia y exaltan el valor de un número en aumento de jueces y fiscales. Apenas ayer, los magistrados de la Corte Suprema juzgaron, contra viento y marea, la parapolítica. Un hito contra la alianza de criminales y políticos. Hoy, el juicio a Samuel Moreno, capo di tutti capi en la billonaria defraudación de Bogotá, condenado a 18 años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para desempeñar cargos públicos. Y el proceso de falsos positivos eleva por fin pesquisas hasta la cúpula militar que habría propiciado el asesinato de 4.800 civiles inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras, e involucra al mismísimo general Mario Montoya, excomandante del Ejército.
Casos de igual trascendencia anteceden a éstos de la hora. Como la sentencia histórica de Rubén Darío Pinilla, magistrado del Tribunal Superior de Medellín, proferida en mayo 2015. Se reconstruye en ella la historia del despojo y la lucha por la tierra en Córdoba, marcada por la brutalidad del narcoparamilitarismo y la guerrilla. Y exhorta al Estado, por vez primera, a identificar y exigir cuentas a los empresarios, comerciantes, ganaderos, políticos y miembros de la Fuerza Pública que patrocinaron la expansión del paramilitarismo y su dominio absoluto en ese departamento.
A 22 generales de la República investiga la Fiscalía por falsos positivos, 12 de los cuales concurrirán este mes a indagatoria. Al general Montoya se le imputarán cargos por posible responsabilidad en 1.205 de aquellas ejecuciones de civiles cuando, entre 2006 y 2007, pedía “ríos de sangre” en la guerra contrainsurgente. Tras estudiar miles de folios y testimonios, concluyó la Fiscalía que se había diseñado “un proyecto para hacerle creer al país que la guerra contra la subversión estaba ganándose cuando, en realidad, miles de civiles inocentes resultaron ser víctimas de esta empresa criminal […] y quienes los ultimaron terminaron llenos de medallas” (Juan David Laverde, El Espectador, 4, 16). Pero ahora viene a saberse que el general Jorge Arturo Salgado paró en seco al coronel William Peña, comandante en 2007 de la Brigada XI con sede en Montería, entonces estrella de la infamia: 296 “positivos” se contaron allí ese año. Digno precedente sienta el general Salgado, que honra al Ejército y el sacrificio de la mayoría de soldados.
Así mismo, le devuelven credibilidad a la justicia fiscales de la talla moral de Claudia Patricia Vanegas y Juan Vicente Valbuena. No sólo por desafiar el poder de altos mandos militares que parecían intocables, sino el de la Casa Rojas que cifraba en su último vástago toda esperanza de volver al solio de Bolívar. Pero el ungido se convirtió en cabeza de la mayor defraudación cometida en la historia contra la capital, mediante contratos multimillonarios en malla vial, hospitales, movilidad, vigilancia, y la dolosa adjudicación del sistema integrado de transporte por la fruslería de $64 billones a 25 años vista. El juez 14 recriminó indignado a Moreno en plena audiencia: por abusar de su investidura para repartirse con funcionarios y particulares, “como en una feria”, los recursos públicos, y lo llamó “ladrón de cuello blanco”. Desapacible evocación del abuelo-presidente, general Rojas Pinilla, quien resultó también condenado y despojado de sus derechos políticos. Por indignidad. Por abusar de su investidura para enriquecerse.
Reconforta verificar que la justicia no apunta ya únicamente a los de ruana. Que empieza a concentrarse en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y en la faraónica corrupción de las altas esferas, con cuyo monto bien podría financiarse el posconflicto.
por Cristina de la Torre | Abr 30, 2016 | Abril 2016, Internacional, Modelo Económico, Modelo Político
Con golpe de Estado sin muertos ni cañones se derrocará a Dilma Rousseff, elegida por 55 millones de brasileños, y sin que se le hubiera tipificado delito de responsabilidad o corrupción. De paso, se inflige una estocada letal a la ya debilitada izquierda en Suramérica. Pecado de Dilma, no haber alcanzado a depurar a fondo el partido de gobierno, pese a sus repetidas destituciones de ministros incursos en delitos. Tres efectos persiguen los conspiradores, y mucho indica que los alcanzarán. Primero, encubrir a los corruptos y debilitar la acción penal que contra ellos obra, comprendido el flamante 60% de quienes promueven el juicio político contra la presidenta. Segundo, devolverle el poder político a la derecha. Tercero, desmontar el modelo desarrollista que lleva siete décadas en Brasil, único país de la región poco sensible a los cantos de sirena del neoliberalismo. Ha mantenido la potencia latinoamericana hasta hoy una estrategia de industrialización que todos los gobiernos respetaron, con independencia de su color político.
El Partido de los Trabajadores (PT) llegó con Lula al poder como promesa de redención de los olvidados. Arrancó de la pobreza a 40 millones de personas, pero se dejó arrastrar por la corrupción que era festín en todos los partidos, y le birló a Petrobrás, empresa madre del Estado, 8.000 millones de dólares. Deshonor para el partido de izquierda que así compartía lecho con lo más venal de la política tradicional. Y crisis de gobierno, agudizada por medidas de ajuste draconianas en el segundo período de Rousseff, para paliar la recesión que vino con la caída de precios de las materias primas. Tocaba a su fin la bonanza económica que había repotenciado a la socialdemocracia en Brasil y en el resto de la región.
Y en este caldo pesca la reacción. No sólo para resolver la crisis en su favor, sino para derrumbar el paradigma de industrialización doméstica, protección a la producción nacional y distancia frente al modelo de mercado, que había instalado al país en el club de las cinco nuevas potencias mundiales. Entre desarrollismo y neoliberalismo, Cardoso, en un extremo, se había inclinado por el segundo, pero sin desmantelar la industria. Apunta Marcelo Falak (Le Monde Diplomatique) que Lula reconcilió después los dos términos de la ecuación: hubo a un tiempo crecimiento económico y redistribución en favor de las clases media y baja. En régimen de economía mixta, concentró al Banco Central en el mercado y a la gestión de gobierno, en el desarrollo.
Pero no es Brasil el único damnificado: en toda la región oscila el péndulo hacia la derecha. Y no apenas por la corrupción y por el desplome de precios de sus exportaciones. En ello pesa también la estigmatización de la oposición por la izquierda en el poder, que polarizó la política moralizando entre buenos (el pueblo) y malos (la oligarquía). Empoderamiento social que no inhibió a los gobernantes, sin embargo, para reeditarse como herederos del enmohecido caudillismo latinoamericano; y para querer eternizarse en el poder.
Todos los vientos soplan otra vez hacia el paradigma de mercado, contra el modelo desarrollista que parecía imbatible en el Brasil. Mas, dicen unos, este golpe blanco sólo fructificará si a Lula se le niega el derecho de postularse para las elecciones venideras pues, según cuentas, llevaría él las de ganar. Desde luego, a condición de que demuestre ante la sociedad y ante los jueces su inocencia. Queda servido el reto de un modelo que regresa sin otra credencial que su desastroso paso por la historia. Tan ruda como la del parlamentario que, al votar contra Dilma, felicitó al militar que la había torturado en las mazmorras de la dictadura.
por Cristina de la Torre | Abr 26, 2016 | Abril 2016, Corrupción, Modelo Político, Política económica, Régimen político
Por aséptico que quiera presentarse, Enrique Peñalosa evidencia, como todo gobernante, que la disociación entre técnico y político es ficción o una fanfarronada: al mando de la ciudad se llega para abrirle un rumbo determinado, echando mano de los poderes y del instrumental técnico necesarios. A eso le llaman ejercicio del poder. Política. Y aquella fractura parece más caprichosa cuando pierde su inocencia la imagen de gerente que nuestro alcalde publicitó para hacerse elegir, por contraposición a la de politiquero y corrupto. Cuando resulta afeada por el interés del negocio que parece rondar decisiones de su gobierno. Como el de constructores que financiaron su campaña y serían los beneficiarios del atropellado proyecto de urbanización de la reserva Van der Hammen. Y más maltrecho todavía su prestigio, con la fábula de títulos académicos que nunca mereció. Pergaminos que cierta tecnocracia de colonias exhibe para distinguirse de la “canalla iletrada” y, en política, de la manzanilla.
Este afán de lustre encuentra nuevo impulso en el embate que técnicos dizque libres de pasión política protagonizaron contra la corrupción y la politiquería del Estado social. Declararon al capital privado refractario a la corrupción. (¿los tales Nule no existen?) Y emprendieron la privatización que no ha cesado en 25 años, a la que Peñalosa aportará la venta de ETB y la entrega de la reserva de marras a grupos financieros y especuladores urbanos. Otro paso que acerca a Peñalosa peligrosamente a la línea roja de la corrupción es su estrategia de expandir Transmilenio con articulados producidos por empresas con las que él ha mantenido relaciones comerciales. De ITAP, firma en la que Volvo participa, habría recibido honorarios por valor de 468.394 dólares.
En suma, se cambió el modelo político del Estado social por el modelo político del Estado neoliberal. Pero siguió incólume la manzanilla. Pura y dura, a la colombiana. Dígalo, si no, el nombramiento de los primeros alcaldes locales de Bogotá: tras mucho buscar “los mejores gerentes”, dizque en el ánimo de privilegiar la meritocracia sobre el clientelismo, terminó Peñalosa por designar a los que traían aval de poderoso padrino político.
El Proyecto de Plan de Desarrollo del alcalde respira, naturalmente, su concepción política de ciudad. Sobre ese documento dijo el Consejo Territorial de Planeación: “…presenta una ciudad a la que se accede en términos de infraestructura, espacio físico y servicios mercantilizados y no en términos de garantías sociales”. A lo poco de social que tiene se le asigna mísero 2% de la financiación. Monto vergonzoso para construir comunidad (seguridad, justicia, derechos humanos, víctimas, paz, posconflicto).
Tras la frialdad de la cifra yacen una idea de ciudad y los intereses particulares que la rodean. Sea desarrollista, sea neoliberal, toda tecnocracia –meritocracia la llaman hoy–, por incontaminada que se pretenda, no hace otra cosa que ejecutar decisiones de gobierno que por definición son políticas. La elección del modelo económico y social es política. Política fue la inspiración de la reforma agraria de Lleras Restrepo, sustentada en estudios de planificación económica y social, y propulsada por fuerzas políticas: el liberalismo reformista y el campesinado. Política es la reforma urbana de Peñalosa, de expansión de la capital sobre la Sabana, con sustento técnico precario o nulo y enderezada a favorecer a urbanizadores y banqueros.
Mejor le iría a Peñalosa si olvidara su presuntuoso fetiche del gerente, si erradicara de la Alcaldía sus intereses particulares, si sus técnicos sustentaran a derechas las políticas de gobierno. Si se sacudiera la culposa condición de político vergonzante.
por Cristina de la Torre | Abr 18, 2016 | Abril 2016, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Proceso de paz, Uribismo
Aparece cada día un nuevo indicio de que la derecha violenta, paramilitar, se arrima a la ofensiva del uribismo por la reconquista del poder, cuando la paz y una reforma rural asoman la cabeza. En simultánea, ideólogos de esta corriente –Ordóñez y Lafaurie– defienden sin máscaras, sin eufemismos a los despojadores de tierras. Peroran acaloradamente en santuarios del paramilitarismo que ahora incorpora “asociaciones de víctimas de la restitución”; vale decir, ejércitos antirrestitución, autores de 72 asesinatos de líderes reclamantes de tierra en Urabá. Cazando votos sobre el sufrimiento de las víctimas, despliegan estos patriotas sin mácula energúmeno lenguaje que invitaría a disparar contra los despojados y sus apoderados. Táctica siniestra esta de poner lápida a la contraparte en el debate. De la cual abusó el régimen de la seguridad autocrática y hoy ensaya de nuevo el expresidente Uribe en la persona de dos de sus críticos: Moritz y Yohir Akerman, a quienes acusa, sin fundamento, de militar en el ELN.
Hay en esta incontinencia verbal del uribismo asombrosa afinidad con la terminología que Carlos Castaño empleaba para recubrir sus crímenes con barniz político. Al punto de no saberse quién copió a quién: si Uribe en su persecución a opositores, jueces y periodistas dizque por ser “guerrilleros vestidos de civil”; o el jefe paramilitar al asesinar civiles inermes rugiendo idéntica expresión: en 1997 le dijo Castaño a Cambio 16 que él mataba “guerrilleros fuera de combate, que no son campesinos sino guerrilleros vestidos de civil”. Y Aurelio Morantes, jefe de las autodefensas de Santander y el sur del Cesar, autor de la masacre de Barranca en 1988, declaró: “unos fueron incinerados y otros arrojados a las aguas del río Magdalena […]; hemos declarado objetivo militar a los guerrilleros vestidos de civil” (Espectador, 21, 9, 98).
Pero hay más. La coincidencia de términos parece enraizar en identidad política. En columna memorable (El Colombiano, 2006), abunda Fernando Londoño en elogios al “intelectual” Carlos Castaño, se duele de su muerte y hace votos por la resurrección de su ideario. Pero al temible jefe de las AUC y a sus hermanos se les atribuían ya, entre 1987 y 2002, 18 masacres con centenares de muertos y el asesinato de otros tantos dirigentes políticos. Lo que tampoco a Ordóñez le impidió escribir por esas calendas que “las autodefensas se ajustan a las normas de la moral social, del derecho natural y de nuestra legislación positiva”. Ni inhibió al espadachín del Señor de los Ejércitos para hacerse el distraído esta semana ante la presencia en sus concentraciones políticas de Tuto Castro, comandante del Bloque Norte de las AUC. Ni para patrocinar virtualmente a los victimarios que habían readjudicado a nuevos campesinos los predios arrebatados, “de listas elaboradas por Jorge 40 que ahora alegan su buena fe”, según revela Alejandro Reyes. Como todo el mundo sabe, a Jorge 40 se le atribuyen 80 masacres en el Magdalena. Mas Lafaurie coopta el argumento del masacrador y espeta: la restitución de tierras es la cuota inicial para que ciertos grupos armados recuperen el control del territorio; “y no se lo vamos a permitir”.
¿Toque a guerra civil, a la acción intrépida y el atentado personal, a hacer invivible la República, como en efecto lo logró Laureano, dios y mentor de los nuevos cruzados de la guerra? Tiempos aciagos de la Violencia que arrojó 300 mil muertos, seguidos de esta otra con otros 300 mil muertos, que el uribismo podría prolongar con el pavoroso efecto de su verbo intrépido sobre el gatillo de la derecha armada; y con su defensa a ultranza del modelo agrario en boga: el de tierra sin hombres y hombres sin tierra.
por Cristina de la Torre | Abr 11, 2016 | Abril 2016, Corrupción, Impunidad
En casi todo país van a la cárcel; en Colombia no. Miles de empresarios, políticos, negociantes y familias divinamente –entroncados o no con mafias de variado pelambre– ocultan fortunas en Panamá y completan en ese país su evasión doméstica de impuestos, que alcanza el 90%. Revelación de Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian. Según él, a ese paraíso va a parar buena parte del producto de la corrupción política, de la evasión tributaria y del crimen organizado. Con los $300 billones que estos patriotas expatrian se financiaría casi la mitad del Plan de Desarrollo para los cuatro años venideros. Y los $30 billones que dejan de tributar en Colombia doblarían el recaudo esperado de la reforma tributaria en ciernes, que caerá como un piano sobre los hombros de los más desfavorecidos.
Ahora bien, entre la maraña de cuentas secretas y firmas fantasmas, brillan excepciones de compañías registradas con el nombre de sus dueños verdaderos, que producen, declaran a la Dian y tributan. Pero el grueso de los que estafan al fisco desde Panamá –miembros prestantes de la élite incluidos- no enfrentarán la suerte de sus homólogos en otras latitudes. Hoy pagan sus deslices tras las rejas, por ejemplo, el ministro de Hacienda de Francia y, en España, el extesorero del partido de Gobierno.
Al amparo del secreto bancario degluten insaciables las entidades financieras esta economía paralela hecha de evasión tributaria, lavado de activos y ocultamiento de capitales malhabidos o bienhabidos. En ocho mil billones de dólares se calcula lo escondido en paraísos fiscales: diga usted una décima parte de la riqueza mundial. Casi un tercio de la riqueza de América Latina reposa en ellos. Y son los bancos su puerta de entrada. La cuarta parte del sector financiero en Panamá es colombiana, con los grupos Aval, Empresarial Antioqueño y Davivienda a la cabeza. Fueron grandes cacaos colombianos y, desde luego, Panamá, quienes se opusieron en 2014 a declararlo paraíso fiscal. Se dijo –apunta Ortega– que “el poder político del sistema financiero terminó echando para atrás la medida”.
Vista la desfachatez inmarcesible de los más ricos, mal hará el Gobierno en imponer una reforma tributaria que empobrece aún más a la clase media y arroja nuevos contingentes de pobres a la miseria; en lugar de apretar a los adinerados, que resultan ser los grandes evasores. Será efecto inevitable de elevar el IVA al 19%, esperando de este impuesto regresivo el 80% del nuevo ingreso tributario. Injusticia que clama al cielo, en un país donde el 1% más rico paga 11% de lo que recibe; el 0,1% tributa 4% y los asalariados pagan el 22% de sus ingresos. Para no mencionar a ganaderos y terratenientes, que seguirán pagando impuestos irrisorios, o ninguno, mientras no se actualice el catastro rural. Las empresas que honran las reglas tributan hasta el 40%; pero son las menos.
Contra esta orgía global de pillos de cuello blanco en paraisos fiscales propone Piketty un impuesto mundial al capital, calculado sobre información de flujos financieros entre países. Y retomar el control de un capitalismo financiero que ha enloquecido, “renovando los sistemas de impuestos y gastos, corazón del Estado social moderno”. En Colombia, habría que empezar por aplicar el añoso principio del impuesto progresivo al ingreso. Además, para que nuestra tributación deje de ser un chiste, taponar el hoyo que succiona el erario: la corrupción. Y aprender de Islandia, donde la protesta ciudadana provoca la renuncia de su Primer Ministro por incurrir en operaciones oscuras en un paraíso fiscal. Allá se movilizan contra el corrupto; aquí, en cambio, la derecha delira en defensa del corrupto. ¿Hasta cuándo?
por Cristina de la Torre | Abr 4, 2016 | Abril 2016, Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Proceso de paz
Pese a los pronunciamientos de la derecha armada y la derecha desarmada contra la paz, la apertura de negociaciones con el ELN podrá acercar dramáticamente un final sin fisuras del conflicto armado. Por vez primera en 25 años de aproximaciones sin fruto, se allana esa guerrilla a la pepa de la negociación: dejar las armas. Pero en desafortunada confluencia con nutridas manifestaciones del uribismo en Medellín y Bogotá, sembraron pánico los paramilitares en 36 municipios y asesinaron a 6 personas. Un atentado fallido se registró contra la senadora Piedad Córdoba en Quibdó, mientras el orador que animaba la movilización paisa exigía libertad para Jorge Noguera. Director del DAS en tiempos de la Seguridad Democrática, hoy paga él cárcel por asesinato y por poner ese organismo al servicio de narcotraficantes y sus ejércitos. Heredera de aquel paramilitarismo, la sola organización de los Urabeños controla 60% del narcotráfico y 70% de la minería ilegal; provoca todavía el desplazamiento anual de 300 mil campesinos; asesina dirigentes sociales y de izquierda; coloniza el Estado en provincia y se roba sus rentas; cultiva viejos vínculos con empresarios, con uniformados y con la parapolítica, hoy actuante desde las cárceles o por interpuesta parentela. Poder terrorífico capaz de malograr todo acuerdo con las guerrillas y la construcción de un país sin guerra, si no lo disuelve el Estado a tiempo. Que es al calor de la guerra como medran su embestida sobre el Estado y sus negocios.
Pero, torpe, arriesga el ELN borrar con el codo lo que ha escrito con la mano. Y debuta agregando sal a una de las heridas más lacerantes que ha infligido esta guerra a los colombianos: el secuestro. Delito abominable, del cual este grupo armado es campeón. A la condición del Presidente de liberar a todos los secuestrados para iniciar conversaciones, responden sus negociadores que no aceptan condiciones, que el secuestro es “una política normal” con la cual se financian, y que no piensan tratar el tema en la mesa. Vea usted.
No apenas porque el Gobierno lo imponga como condición, sino por ser exigencia clamorosa de la sociedad, el ELN debe liberar a los secuestrados, comprometerse públicamente a cesar esta práctica inhumana y pedir perdón por ella. Llamado insistente de Carlos Arturo Velandia, excomandante desmovilizado del ELN y vocero suyo en procesos de paz adelantados con los gobiernos de Samper, Pastrana y Uribe. Es que las cifras escandalizan. Según el Centro de Memoria Histórica, a las guerrillas se adjudica el 90% de los 27.023 secuestros documentados entre 1970 y 2010 y asociados al conflicto. La mitad de ellos, al ELN. Mancha infame que éste ha de borrar en el acto. No sólo para arribar a la mesa de negociación sino, sobre todo, por respeto a los colombianos.
Parece de suyo sospechar que violentos como los Urabeños puedan sentirse justificados en la procacidad de los ataques del uribismo a la paz. Y tal vez ese temor inspire a Luis Carlos Restrepo para pedirle al CD que apoye las negociaciones de paz. Que acepte públicamente “que es mejor culminar con un acuerdo el proceso en marcha, que exponernos a una ruptura que podría desatar nuevas dinámicas de violencia […] El CD debe complementar sus críticas válidas con una propuesta para manejar la continuidad del diálogo, tendiendo puentes hacia un sector importante de la ciudadanía que de buena fe quiere la paz”.
Apresúrese el Gobierno, por su parte, a parar en seco al monstruo renacido del paramilitarismo. Y el ELN, a entender que renunciar al secuestro no le es ya una opción voluntaria; es imperativo político sin cuya satisfacción podrá quemársele el pan en la puerta del horno. Responda al boicot con una esperanza cierta de paz integral.
por Cristina de la Torre | Mar 27, 2016 | Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Marzo 2016, Uribismo
Con el arresto de Santiago Uribe, la hipocresía del uribismo alcanza su clímax. Simulando dignidad, se subleva su bancada sin atisbo de pudor por la causa más innoble: la justificación a priori, por encima de la justicia, de un hombre sindicado de homicidio, concierto para delinquir y creación del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, al que se le atribuyen 300 asesinatos en el Yarumal de los años 90. Tras dos décadas se reanuda un proceso que, según la Fiscalía, se vio obstruido por el asesinato, la intimidación y el soborno de los principales testigos. Bochornoso expediente que difícilmente convierte al acusado en preso político. Como lo quisiera el senador Uribe, a quien todo le sirve en su invariable estrategia de matar dos pájaros de un tiro. Primero, contra los tribunales que juzgan a su gente. Luego, contra la paz, fingiendo que se lo persigue por oponerse a la entrega de la patria al castro-obamismo en La Habana. La verdad es que la paz representa peligro inminente para su proyecto político, la guerra. Guerra que es catarsis de sus odios; desangelado perfil de su liderazgo, cuando el país y el mundo claman por parar la sangría; y escudo de una contrarreforma agraria sangrienta ejecutada por la ultraderecha con auxilio del narcoparamilitarismo. En suma, el rencor y el delirio de poder de un individuo elevados a razón de Estado, mientras el crimen arrolla en sus narices.
La historia del padre Gonzalo Palacio, supuesto miembro de Los Doce Apóstoles, ilustra la impiedad que el grupo paramilitar desplegó. Y sobrecoge. No apenas por los alcances de su crueldad, sino por provenir de ensotanado emisario de Dios que en el secreto del confesionario auscultaba vida y milagros de cuantos le parecían escoria de la sociedad y de la política. Desdichados que, conforme el cura confesaba, iban apareciendo muertos a manos de pistoleros, policías o soldados. El relato original es del periodista Gonzalo Guillén, en el portal Hispanopost, marzo 7. Escribe nuestro autor que el pavor se apoderó de Yarumal cuando policías empezaron a amarrar cadáveres en el parachoques de su radiopatrulla para exhibirlos en lentos recorridos por el pueblo. Corría el año de 1990.
“Los paisanos [descubrieron] que un grupo de hacendados y comerciantes del pueblo, asociados con la Policía Nacional y el Ejército, estaba cometiendo asesinatos selectivos, llamados ‘limpieza social’”, apunta Guillén. Vino a saberse que a la cabeza de la organización criminal operaban once personas. El cura completó la docena, y entonces pudieron llamarse los Doce Apóstoles, “raíz y cimiento de lo que años después sería el gran ejército de los carteles del narcotráfico que, con más de 20 mil sicarios distribuidos en bloques paramilitares regionales, se conoció como Autodefensas Unidas de Colombia, AUC”.
Por un campesino, sabría el cronista que el cura tenía dos biblias: una, la de la misa; otra, la que llevaba camuflado entre sus folios un revólver Smith y Wesson. El mismo cura habría revelado 20 años después, como párroco en Medellín, que el arma se la había regalado el general Pardo Ariza, protector de Pablo Escobar en su fuga de La Catedral. Biblia envenenada que deberá abrirse a la Verdad, preámbulo insoslayable de la reconciliación y el perdón.
Con tanta vileza (de dominio público), y mientras no se establezca la inocencia de Santiago Uribe, entre otros del círculo uribista, mal hará el CD en desfilar contra la corrupción. Corre el riesgo de que muchos de los suyos, gente de honor, no avalen la impostura. Debería más bien debutar como alternativa de gobierno, con un sólido programa de oposición; no como saboteador impenitente de la paz que todos quieren, por satisfacer la vanidad de un seudocaudillo anacrónico.
