por Cristina de la Torre | Ago 8, 2016 | Agosto 2016, Corrupción, La paz, Política agraria, POR FECHA, POR TEMA, Uribismo
Entrañable conmilitón del uribismo, el magistrado Jorge Pretelt evoca, desde la cumbre del poder, la negra marcha de la corrupción en Colombia; y permite adivinar la senda de venalidad que su partido seguirá en adelante. De allí la trascendencia del juicio político que el Senado podrá seguirle, el primero desde cuando declarara indigno al general Rojas Pinilla y lo privara de sus derechos políticos. Es primera vez también que la Comisión de Acusaciones acepta sindicar a un togado por supuesto soborno de $500 millones para fallar en favor de un particular. La plenaria de esta corporación lo halló responsable –pese a la oposición de los 19 representantes del Centro Democrático– y envió el caso al Senado. Con la derrota de los senadores uribistas José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia y Alfredo Ramos que pretendieron declarar nulo el proceso, recibe el acusado un golpe letal.
Postulado al cargo por el entonces presidente Uribe, Pretelt simboliza el poderío de elites agrarias que se impusieron por la fuerza sobre el campesinado, a menudo en alianza con el paramilitarismo. Más especuladores que empresarios, hombres de media vaca por hectárea de las mejores tierras, lunar feudal del continente, manipulan ellos la ejecución de inversión pública que valoriza sus dominios. O decretan desde el Gobierno subsidios de Agro Ingreso Seguro, para colmar las ya rebosantes alforjas de los privilegiados. Y no tributan; o pagan impuestos irrisorios. Costumbre inveterada del notablato que así acapara los recursos del Estado. Entre sus beneficiarios, el mismísimo expresidente quien, según Salomón Kalmanovitz, se habría lucrado en su segundo mandato con inversión pública en el Ubérrimo, hacienda de su propiedad (El Espectador, 6,10,13).
A Pretelt no sólo se lo acusa de cobrar comisión por una tutela. Se lo investiga además por presuntos nexos con sujetos de oscuro pedigrí –diríamos aquí–, por supuesta complicidad en despojo de tierras y desplazamiento. Habría adquirido él fincas de campesinos acosados por subalternos del paramilitar Monoleche, en operaciones protocolizadas ante el Notario Segundo de Montería, Lázaro de León, apresado por asociarse con paramilitares. Según la Fiscalía, este habría formalizado centenares de fincas obtenidas a la brava. Y tendría vínculos con el investigado Fondo Ganadero de Córdoba, por compra de casi todos aquellos predios, que empresarios, ganaderos y paramilitares habían adquirido a precio de remate.
Es ya clásica la sentencia del magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Rubén Darío Pinilla, que reconstruye la historia de la guerra contra la población civil en Córdoba, acicateada por el abigeato, el secuestro y la extorsión de las guerrillas. Con el control final del territorio todo por los ejércitos de la mafia, Córdoba derivó en “eje de la expansión paramilitar en Colombia”. Corredor estratégico del narcotráfico entre Antioquia y la Costa Caribe, fue allí donde mejor cristalizó la alianza del paramilitarismo con la clase política y empresarial. La guerra resultó providencial para masacrar, desalojar, desplazar y acaparar tierras, muchas de las cuales podrán terminar en manos de felices compradores “de buena fe”, como Pretelt.
Prueba de fuego enfrenta el Senado: o claudica, o encabeza la brega contra la corrupción que postra al país tanto como la guerra. Si da el timonazo necesario para abrir puertas hacia la edificación de la patria que todos anhelan: sin señores de la guerra y sin corruptos que succionan el 30% del presupuesto nacional. Una sanción contra el bochornoso Pretelt sería símbolo potente de redignificación del Congreso; y notificación de que no podrá en adelante medrar a sus anchas la villanía.
por Cristina de la Torre | Ago 1, 2016 | Agosto 2016, La paz, POR FECHA, POR TEMA
La paz empieza por el desarme de las extremas –a izquierda y derecha–; pero también por la despolitización de las Fuerzas Armadas. El voto que ahora se ofrece a los uniformados no hará sino ampliar la enormidad de su poder político. No en el sentido insigne de defender la Constitución, los derechos de todos y las fronteras patrias, sino como instrumento de partido, de elites que han prevalecido en el sojuzgamiento de la oposición y de las mayorías. El viraje operado en los últimos años por adscripción al bien supremo de la paz, es todavía primer giro de timón. Aunque un general Flórez, héroe de mil batallas capaz de sellar con honor en La Habana la desmovilización del enemigo, es muestra de un sentir que se abre paso en el seno de la oficialidad, setenta años consagrada a hacer política. Abierta o veladamente. Así se le tenga por no deliberante.
Ocurre desde mediados del siglo XX, cuando Ejército y Policía perdieron su neutralidad como soportes del Estado, para ponerse al servicio de un partido: el de los presidentes Mariano Ospina y Laureano Gómez, ilustres animadores de la Violencia. Luego, durante treinta años de Frente Nacional, se redujeron las Fuerzas Armadas a herramienta del curubito bipartidista que vio en la modesta insurgencia marxista pretexto para descalabrar toda disidencia legal, toda manifestación del movimiento social. Bajo la divisa descarnadamente política del anticomunismo. Hasta su alianza con el narcoparamilitarismo (y su brazo político), que repintó de antisubversivo el ascenso sangriento de aquellos sectores al poder. La subordinación de los uniformados al poder civil, que Alberto Lleras pidiera para asegurar la independencia del cuerpo armado, se resolvió en subordinación a los dictados de una minoría insolente.
Por largo tiempo medró la idea fascista que desencadenó la violencia liberal-conservadora: aquella de supeditar la acción civil a la acción militar. Juan Carlos Palou señala tres hechos derivados del Gobierno de Gómez que habrían cambiado el perfil de la institución armada. Primero, el recurso al Ejército para enfrentar la rebelión de los Llanos –más política que armada– contra la rabiosa hegemonía del conservatismo. Segundo, el envío del batallón Colombia a la guerra de Corea contra la “amenaza comunista”, preludio del enemigo interno que nuestra oligarquía magnificó para seguir reinando sin soltar pizca de poder. Tercero, el Gobierno de Rojas Pinilla, espectáculo de protagonismo militar en la política. El Frente Nacional prolongaría aquel festival de charreteras al entregarle al Ejército el control del orden público y del estado de sitio: se militarizó el conflicto social. Desaparecida la competencia entre partidos, las Fuerzas Armadas llenaron, deliberantes, el vacío.
Quiso la Carta del 91 devolverle al poder civil el manejo del orden público. Pero la alianza de militares con el paramilitarismo, que decía luchar contra el terrorismo, fue política de Estado. Y la Policía perdió su condición de cuerpo civil para derivar en institución armada de corte militar adscrita al ministerio de Defensa. Agente de represión política, terminó involucrada en el conflicto armado y olvidó su condición de protectora del ciudadano.
Bienvenida la reforma militar que el Gobierno anuncia. Se filtran ya cambios en las Fuerzas Armadas que auguran replanteamiento en su organización y doctrina. Pero mientras éste no se depure en la reconstrucción del país; mientras sobreviva en oficiales la añoranza de prerrogativas políticas largamente disfrutadas, ajenas a la función constitucional del cuerpo armado, devolverles a los militares el derecho al voto resulta prematuro. Y contraproducente.
por Cristina de la Torre | Jul 26, 2016 | Conflicto armado, Conflicto interno, Julio 2016
Dijo una dama de Medellín, llevándose la mano al corazón. Así se sumaba ella, entusiasta seguidora del expresidente Uribe, al contingente en expansión de colombianos sacudidos por el imperativo moral de ahorrarle a su país otros 300.000 muertos. Otros se inclinarán, aun desde orillas opuestas a la del Centro Democrático, por sacrificar esta oportunidad irrepetible de conjurar la contienda, en el altar de una paz perfecta, impracticable, sublimada en la propaganda de los paladines que no mandan a sus hijos al frente de batalla. Muchos en la base del uribismo se dejarán arrastrar de buena fe por el señuelo de una “paz sin impunidad”, fraguado en la aversión de la gente hacia las Farc. Pero hacen sus dirigentes maromas para tratar de ocultar lo inocultable: votar contra el acuerdo de paz es votar contra la desmovilización de las Farc; contra su renuncia a las armas y su incorporación a la vida civil. Es, en últimas, votar por la contrapartida inevitable de la paz posible: la continuidad de la guerra.
Guerra de crueldades y sevicia que desafían la imaginación. De escuelas paramilitares que enseñan a descuartizar hombres vivos, con motosierra o machete. De incinerados en el horror de Machuca, en incendio provocado por voladura del oleoducto por el ELN. De 27.000 secuestrados, casi todos a manos de guerrillas. De 25.000 desapariciones forzadas, más del doble de las que registraron las dictaduras del Cono Sur. De masacres selladas con huida de los que no alcanzaron a mirar atrás para dar un último adiós a sus muertos.
No se libra esta guerra entre combatientes, señala el Grupo de Memoria Histórica, en cuya obra nos apoyamos aquí: su blanco privilegiado fue el campesino inerme. En él se ensañaron los armados para sembrar el terror, subyugar a la población, provocar desplazamiento masivo, apropiarse la tierra y controlar el territorio. Debió ser guerra de exterminio, pues trataron a la población como prolongación del enemigo. Si paramilitares, masacre y tierra arrasada. Si guerrilleros, secuestro. Si miembros de la Fuerza Pública, asesinato selectivo. Degollamiento, descuartizamiento, decapitación, empalamiento fueron medios de violencia y crueldad extremas, especialidades del paramilitarismo.
A la masacre se acudió para causar terror y sufrimiento intenso; para fracturar relaciones y vínculos sociales, para destruir la identidad y la cultura de la comunidad. Doblemente dolorosa, cuando las víctimas fueron niños. Como los 48 que perecieron entre las 102 personas caídas en la iglesia de Bojayá. La desaparición forzada es delito atroz que oculta un asesinato; tortura sicológica para la familia, prolonga el padecimiento en la incertidumbre y la imposibilidad del duelo. Por su parte, el secuestro es barbaridad contra la libertad y la dignidad de la persona. De miles de secuestrados no volvió a saberse: se convirtieron en desaparecidos. La violencia sexual busca degradar a la mujer y humillar, en ella, al enemigo. De desplazamiento, ni hablar; en este rubro, es Colombia campeón mundial. En el peor momento de su tragedia, el pueblo de San Carlos, víctima de todas las violencias, vio reducir su población de 25.000 habitantes a 5.000.
Más allá de cualquier pretexto jurídico, espíritu de venganza o embuste, el plebiscito que se avecina podrá ser un grito de rebeldía contra el horror. Fiesta para congratularse por los muertos que ya no serán. Epifanía, si triunfa de la sinrazón; de la desvergonzada evocación por la bancada uribista del régimen ominoso que vistió de negro sus banderas. Cada día menos colombianos se sienten capaces de votar por la guerra. Y esta comprobación devuelve la esperanza.
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por Cristina de la Torre | Jul 18, 2016 | Corrupción, La paz, Uribismo
Se cuida el expresidente de poner blanco sobre negro el sustrato verdadero de su cruzada contra el acuerdo de paz: la desaparición de las Farc como grupo armado, y cambios en el campo que lesionarían la contrarreforma agraria protagonizada por la ultraderecha violenta que se reputó uribista. Razones poderosas que cree ocultar propalando barrabasadas para meter miedo en la galería; como la ficción aquella de un pacto secreto entre el presidente Santos y Timochenko dizque para instaurar en Colombia el castro-chavismo. Y es que la conversión de esa guerrilla en partido legal deja a Uribe sin discurso, pues es en la guerra, y solo en la guerra, como valida él su liderazgo. En ella medran sus huestes del viejo y el nuevo poder en el campo, y solo con ella justificaría el retorno al Estado policivo de su seguridad democrática. Si a la aprobación del Congreso y de la Corte Constitucional se sumara la refrendación popular de los acuerdos, no le quedaría al expresidente sino la opción que una democracia remozada para el posconflicto les ofrecerá a todos: disputarse en franca lid, sin armas, el favor de la ciudadanía, depurando propuestas de cambio o de sujeción al pasado. Salto olímpico hacia la cualificación de la política.
Que el uribismo optaría por la segunda alternativa lo sugiere la ruda experiencia vivida. Su más reciente confirmación, la pública defensa de los usurpadores de tierras que en el santuario del paramilitarismo y en presencia de Tuto Castro, comandante del Bloque Norte de las AUC, protagonizaron en abril dos notables del uribismo: Alejandro Ordóñez y José Félix Lafaurie. Y María Fernanda Cabal, congresista del CD, promueve norma para desmontar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, mientras ejércitos antirrestitución asesinan a líderes de sus dueños legítimos. Por su parte, el Acuerdo Rural de La Habana apunta a modernizar el campo, a ordenar el territorio y el uso de la tierra, a impulsar la economía campesina, a formalizar la propiedad de los predios, a actualizar el catastro para cobrar impuestos en justicia y promover así el uso productivo de la tierra. Cambios sustantivos, pero ceñidos a la Constitución y a la ley. Lo que no impedirá que después el partido de las Farc pueda luchar, verbigracia, por la expropiación del latifundio improductivo. Bandera clásica del socialismo -y del progresismo liberal de los dos Lleras en los años 60- que debería poder agitarse si un partido legal la enarbola. Así como el uribismo la suya por perpetuar el estado de cosas rural. Y el santismo la propia, de avasallar con Zidres a la economía campesina.
Mas no se agota en ello la plataforma del uribismo. Derecha redomada, si recupera el poder querrá sin duda rescatar el régimen de fuerza que instauró a su paso por la Casa de Nariño. Para no mencionar los 3.900 falsos positivos, la conversión del DAS en policía política contra la oposición y contra el órgano supremo de Justicia que investigaba a la bancada de parapolíticos del Presidente y cuestionaba la legalidad de su reelección, emparentó a Colombia con las dictaduras. Acaba de pedir la Fiscalía pena máxima para Jorge Noguera, primer director del DAS en el uribato, que puso la entidad al servicio del paramilitarismo. Había sido jefe de campaña del entonces candidato Uribe en el departamento del Magdalena. Hoy paga cárcel por asesinato.
Declaró el senador Uribe hace tres días en España que Colombia había caído en manos del comunismo; que su situación “es peor que la de Venezuela”. Desespera ante la paz esta alma gemela del mismísimo Chávez; y porfía en la estrategia de camuflar con infundios y demagogia el calado autoritario de su proyecto político
por Cristina de la Torre | Jul 12, 2016 | Iglesias, Julio 2016
Un enjambre de iglesias que se autoproclaman cristianas para poder consagrarse al despojo de incautos desdibuja un logro extraordinario de la Constitución del 91: tras cien años de Estado confesional católico, la libertad de cultos. Islamistas, budistas, taoístas, judíos, protestantes, cristianos ortodoxos, evangélicos, pentecostales se expresan ahora sin bozal en el país del Sagrado Corazón. En ejercicio de pluralismo que antaño fuera pecado, decenas de confesiones medran hoy entre las 5.600 entidades religiosas con personería en Colombia. Pero este florecer en libertad parece sofocarse bajo el ruido de la liturgia y las audacias mercantiles de muchas iglesias cristianas, no de todas, que nacen en garaje y, a poco, son manzana. O coliseo. Como la Iglesia de Dios Ministerial, en cabeza de doña María Luisa Piraquive, célebre por haber quedado sus finanzas en paños menores: riqueza habida mediante exacción a la grey y delitos que la justicia penal investiga. Gracias, también, al poder que emana de oficiar a un tiempo como iglesia y como partido bajo la divisa de “un fiel, un voto”.
Explosiva aleación de religión y política que países como México y Argentina prohíben. Mas no Colombia, donde fue baluarte de una jerarquía católica eficientísima en poner y quitar presidentes; y no menos activa en las conflagraciones entre partidos, que adquirieron así ribetes de guerra santa. La última, la Violencia de mediados del siglo pasado. Acaso por prurito de imitación, alternan aquellas iglesias cristianas la palabra sagrada con la consigna electoral y con un esmero ejemplar para acopiar óbolos y donaciones y diezmos impuestos a la feligresía. Ejemplo ominoso, el de la pastora Piraquive, terror de sus ovejas que osen negarle el diezmo o el voto. Con los dineros del culto habría adquirido su familia propiedades por más de 13 millones de dólares. La Fiscalía la investiga por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos, estafa y abuso de confianza al forzar la entrega de bienes y donaciones a su iglesia. Pastorcitas como esta pululan en el país y degradan una conquista esencial de la democracia, la libertad religiosa.
De otro lado, en abierta rebelión contra el Estado laico que la Carta del 91 consolidó, más de un líder de iglesia cristiana aboga por subordinar el poder público a sus particularismos religiosos. El pastor Edgardo Peña, verbigracia, protesta contra “una especie de fanatismo laico [y una] liberalización desbalanceada del pensamiento en quienes orientan la opinión o detentan el poder político”. Y, en involución a la educación confesional que ya el Gobierno de Álvaro Uribe había iniciado, invita Peña a “proteger las instituciones educativas que defienden la fe […] de quienes desestiman o incluso aborrecen la moral y los valores extraídos de la espiritualidad genuina”.
Tres siglos y medio tuvieron que pasar para que alumbrara aquí mejor el candil liberal de la Revolución Inglesa: la simultánea instauración del pluralismo religioso y el pluralismo político. Fue el camino para conjurar las guerras de religión que devastaron a Europa, para independizar el poder político que en ellas se jugaba e instaurar el Estado laico, garante del libre juego de iglesias y partidos en la sociedad civil. La Carta del 91 dio un paso de gigante en esa dirección. Liberó al país de concordatos con la Santa Sede que lo acercaban a una teocracia. Lo que no evita, por supuesto, intentonas de acá y de allá, de los Ordóñez y los Peña, por volver a las cavernas de la Regeneración. Se impone la defensa del Estado laico y de su corolario natural: la libertad de credos y liturgias, hoy desnaturalizada por pícaros que fungen de pastores.
por Cristina de la Torre | Jul 4, 2016 | Julio 2016, La paz, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Mujer
Sin violentar el capitalismo, como izquierda remozada en ejercicio de gobierno, apunta la ministra de Trabajo a la pepa del cambio que la reconstrucción del país apareja: el empleo, motor del desarrollo. Y, al rescate del modelo socialdemocrático cuyo embrión en Colombia mataron los filibusteros del mercado, Clara López anuncia un nuevo trato social entre trabajadores, empresarios y Gobierno. Objetivo, superar mediante políticas concertadas las hondas desigualdades que están en la base del conflicto armado. Espera convertir así su cartera en un verdadero laboratorio de paz.
Mas desigualdad no hay apenas entre empleados y desocupados; la hay también entre los trabajadores mismos: en virtud de la brecha salarial que remunera con 21% menos a la mujer por labor igual o de valor equivalente a la del hombre. En todos los oficios y profesiones. Pese a que la Constitución consagra igualdad de derechos; a que la ley 1496 de 2011 prohíbe discriminar por salario a la mujer y exige idénticas oportunidades para ambos sexos; a que desde 1951 rige convenio de la OIT sobre igualdad de remuneración. Para no mencionar la economía del cuidado en el hogar, no remunerada, que asumen casi en pleno las mujeres, y representa 19,3% del PIB. La discriminación sexista del salario hiere tanto como el desempleo y la informalidad laboral en el país. Demanda acción decidida de la Ministra que en buena hora se la juega por el empleo y ojalá, asimismo, por la equidad de género en el trabajo.
Alternando con oficios domésticos, en Colombia media población femenina trabaja fuera del hogar. Su aporte a la riqueza del país florece con la reducción de hijos por hogar: en los años cincuenta, cuando se acentuó la revolución silenciosa que significó el ingreso masivo de mujeres en aulas, fábricas y oficinas, nuestras mujeres tenían 6,8 hijos en promedio; hoy tienen 2,4. A su relativa autonomía ha contribuido también la multiplicación de modelos de familia, a distancia del ominoso paradigma patriarcal, que con tanto celo cultivan el machismo y la religión. Mas, pese a tan protuberante transformación, aquella liberación es en gran medida engañosa. Porque la discriminación salarial persiste. Y porque, mientras no se redistribuyan tareas domésticas y laborales equitativamente entre los miembros de la pareja, la anhelada emancipación femenina acaba por resolverse en doble jornada de trabajo para la mujer.
Se sabe: precondición medular contra la violencia de género es la independencia económica de la mujer y su libertad de decisión. A tal propósito deben apuntar las políticas del Estado, su energía para imponerse sobre la arbitrariedad y una educación enderezada a sacudir los estereotipos de género que justifican la sobreexplotación laboral de la mujer. Los empresarios, por su parte, han de nivelar salarios, no por condescendencia, sino en acatamiento de la norma. Irrita el hálito de caridad que rodea la llamada responsabilidad social empresarial, coartada de relaciones públicas que escamotea con frecuencia los derechos; y exime al Estado de velar por su respeto riguroso.
Otra dimensión ofrece el instrumento tripartito de negociación de políticas públicas entre los agentes de la economía: sindicatos y organizaciones sociales, gremios de la producción, y Gobierno. Grandes esperanzas despierta la audaz iniciativa de Clara López, prometedora contrapartida al modelo neoliberal que hace agua y tanto ha contribuido a caldear la guerra. De alcanzar sus propósitos en el ministerio, habría ella ofrecido experiencia aleccionadora para la izquierda que prefiere hibernar en su capilla de cristal antes que “contaminarse” con los que, en todo caso, lo arriesgan todo por la paz.
por Cristina de la Torre | Jun 27, 2016 | Conflicto interno, Junio 2016, La paz
A medio camino va la hazaña de La Habana. Hito de nuestra historia en un siglo, sí; saludado con lágrimas de felicidad, el fin de la guerra será flor de un día si no se empieza ya a forjar un país distinto del que dio lugar a la contienda. Y se manchará si no entienden las Farc que con su renuncia a las armas ganaron el derecho político de disputarse el poder, mas no todavía el derecho moral de pedir su voto a los millones de colombianos que repudian los crímenes de esa guerrilla y le exigen pedir perdón. Legítimo reclamo que no inhibió, sin embargo, un estallido de júbilo en el país, a la firma del cese el fuego definitivo. Era el cierre de un conflicto que cobraba casi 300.000 muertos y 100.000 desaparecidos.
Sueño convertido en realidad, la guerrilla más recalcitrante del hemisferio se comprometía ante el mundo a deponer las armas. Tras perseguir durante medio siglo el derrocamiento del Estado burgués, se allanaba ahora a las instituciones de la democracia liberal: a la decisión de la Corte Constitucional sobre refrendación de los acuerdos; a la exclusividad de la Hacienda Pública sobre los impuestos, es decir, renuncia a la extorsión; al monopolio de la fuerza en cabeza del Estado, al deponer ellas las armas. El pacto suscrito es proporcional a la fuerza de las partes: ni pudo la insurgencia imponer su revolución por decreto; ni el Estado, humillar con rendición a una guerrilla apaleada pero no derrotada. Exánime quedó la paz de la derecha extrema, perversamente magnificada como cárcel sin apelación y negación de la política para quienes ofrecían con lealtad las armas. Su calculado desenlace, la guerra perpetua. Modelo único entre todas las experiencias de negociación de paz en el orbe.
Ahora bien, construir la paz será desafío formidable para todos. Porque implica no sólo disponer los espíritus a la reconciliación y entronizar una genuina democracia, sino producir cambios sustanciales en la economía y en la sociedad. Ya los acuerdos de La Habana prometen, verbigracia, una reforma rural que nuestras élites, las más reaccionarias del continente, han represado a plomo durante un siglo. Anticipando el posconflicto, el renacido movimiento campesino reclama de nuevo reforma agraria integral, cambio de modelo económico en el campo y protección del Estado sobre la producción nacional. Hay también quienes puntualizan propuestas de reindustrialización y un viraje en el paradigma de apertura que la frustró en el huevo. En salud, proliferan alternativas a la ley 100 que convirtió en negocio la salud, y este Gobierno acolita.
Mientras se presiente el espectáculo de confrontación de ideas, sin fusiles, bien para reconstruir el país, bien para defender la sociedad del privilegio, Rafael Pardo, Ministro del Posconflicto, anuncia cambios sin precedentes en el campo. Para empezar, proyectos de estabilización socioeconómica inmediata, justicia y seguridad en los 100 municipios más afectados por la guerra. A diez años vista, se maduran contratos-plan con enfoque territorial en todos los departamentos, con énfasis en reconstrucción del tejido social. Enhorabuena.
Aquel hervidero de ideas, acicateado por el advenimiento de la paz, augura un nuevo amanecer. Al abrigo del siempre nuevo principio democrático. “He sido un implacable adversario de las Farc –dijo en su discurso de La Habana el presidente Santos– Pero defenderé con igual determinación su derecho a expresarse […] por las vías legales, así nunca estemos de acuerdo”. Elocuente invitación a la recíproca de las Farc, no bien sanen ellas las heridas de sus víctimas. Y a la extrema derecha, cuando esta emplace de viva voz a quienes disparan en nombre de su corriente política.
por Cristina de la Torre | Jun 20, 2016 | Junio 2016, Mujer
Miles de hombres y mujeres se sublevarían contra la elección de Néstor Humberto Martínez como Fiscal, si la Corte Suprema cometiera este miércoles el desliz de asignarle el cargo. Como si no bastara con la indolencia de jueces y policías frente a la brutalidad doméstica que se cierne sobre las mujeres, propone Martínez despenalizar el feminicidio y la violencia intrafamiliar. Porque criminalizarla, dice, atentaría contra el núcleo familiar. Alude, sin duda, a la familia patriarcal, una entre las muchas modalidades de esa institución que hoy existen. Pero es aquella, precisamente, fuente primera de las agresiones y crímenes que se busca conjurar. Preservarla es perpetuar su razón de ser, el ejercicio del poder vertical, inapelable del patriarcalismo sobre la mujer, instalado en el inconsciente del varón. Y su instrumento, la violencia física, moral o económica, de recio poder disuasivo, pues viene consagrado por la religión y la cultura para situar a cada uno en su lugar: al hombre, en su pedestal de amo y señor que desde niño desprevenido el medio le asignó; a la mujer, en el oscuro rincón de la servidumbre doméstica.
Ya la Biblia definía prioridades entre sexos: “Tus deseos serán los de tu marido, y él mandará sobre ti”, se le dijo a la mujer. Sentencia terrible que sellaba la victoria del monoteísmo, del patriarcado sobre el matriarcado, del dios-varón sobre las diosas de la fecundidad. E iba contra natura: no nacía ya el hombre de la mujer, era ésta la que nacía de una costilla de Adán. Y la imagen del dios viril se proyectó a cada figura de autoridad masculina: al padre, al marido, al sacerdote, al juez, al rey, al Estado.
Mas no todo en la familia patriarcal es violencia desembozada. Tras una acumulación de sutiles humillaciones diarias que minan la dignidad de la mujer, su autonomía y su libertad, aquella va ascendiendo de agresión física a violación y, aún, al asesinato. El feminicidio es desenlace de una violencia moral alimentada por micromachismos o manipulaciones a menudo maquinales. Como relegar en la mujer las tareas domésticas, pues ella “las hace mejor”. O prohibirle salir, estudiar, trabajar, para “ahorrarle esfuerzo”. O descalificar sus opiniones porque a su intelecto le basta con las delicias de la maternidad. Con el tiempo, los micromachismos causan daño irreparable contra el cual no hay defensa porque son imperceptibles. O ejecutados con manecita rosadita.
Tras el amor romántico entre príncipe azul y princesita se agazapa el más sórdido ejercicio de poder que trueca las diferencias de sexo en desigualdad y asigna roles a conveniencia del varón: a él le adjudica el mundo e ímpetus para desafiarlo; a ella, el reino del hogar, edén del sometimiento, el aislamiento y, cómo no, del silencio. De transgredirlo, obrará su compañero con energía suficiente para reducirla por la fuerza. 83.000 casos de violencia doméstica se denunciaron en Colombia en el último año y medio, la mayoría, contra mujeres. La cifra sólo recoge la cuarta parte del fenómeno, pues la mayoría de víctimas no denuncia. Y el 97% de los casos queda en la impunidad.
Lejos de ablandar o suprimir normas de protección a la mujer, hay que revolucionar la Fiscalía para que se apliquen a cabalidad. Revaluar la concepción de familia, su organización jerárquica, autoritaria, monolítica. Y los estereotipos de género que condenan a la mujer a la esclavitud; y al hombre, a violentar su natural humano con la exigencia de fungir siempre de macho-proveedor y dómine sin el femenil derecho al llanto. Porque aquello de llorar “es de nenas”. Pueda ser que no apadrine la Corte al candidato que se ofrece como enemigo jurado de la mujer.
por Cristina de la Torre | Jun 13, 2016 | Conflicto armado, Conflicto interno, Junio 2016, Proceso de paz, Régimen político, Uribismo
Hasta en sus empresas menos heroicas, como esta de boicotear la paz, adopta Álvaro Uribe aires de dios tronante para diluir en ruido las flaquezas propias. Con firmatón rubrica sus delirios –siempre en tono de guerra– simulando indignación por las penas alternativas que se impondrán a las Farc; y exige cárcel para ellas, entre otros, por el delito de narcotráfico. Pero este estatuto de justicia transicional es pálido reflejo, y él lo sabe, de las concesiones y gabelas que pujó por concederles a los narco-paramilitares en su primer Gobierno. Cuando acaso esperaban ellos reciprocidad por los muchos votos que habían aportado a su elección; y porque la Ley de Justicia y Paz, concebida para regular la desmovilización de las AUC (que albergaban a los capos del narcotráfico) alcanzara en Ralito su primer hervor.
Pero, simulando honor ultrajado, pregona el expresidente que el de La Habana es “un pacto de total impunidad”. Inflama así la instintiva aversión de muchos colombianos hacia esta guerrilla arrogante, y la transforma en odio al enemigo supremo, “la far”. Además, se insubordina por anticipado contra un pronunciamiento de las mayorías por la paz. Y, presa de pánico ante el fin del conflicto armado, se fatiga en prefabricar un clima de catástrofe semejante al de 2002, cuando el fiasco del Caguán le despejó el camino hacia la presidencia de la república. Entonces devolvió a los subversivos selva adentro y se tomó la guerra a pecho como estrategia invariable, eterna de su proyecto político. Presumible que porfíe en ella mientras se asienta el ciclo de la violenta transición que el narcotráfico apareja, y cuyos beneficiarios, ricos y pobres, lo consideran su mentor. Voluntario o involuntario, pero mentor.
La Ley de Justicia y Paz terminó por reducir las culpas de los paramilitares a su mínima expresión. En 2003 debutó el Gobierno con la propuesta de conceder amnistía aún a los responsables de delitos atroces, sin pagar un día de cárcel, mientras aceptaran desmovilizarse. Llovieron críticas. Mas una segunda versión de 2005 contemplaba, entre otras prerrogativas, la de darle al paramilitarismo estatus político. Y podía la Ley favorecer a desmovilizados que vinieran del narcotráfico. La aplanadora uribista del Congreso aprobó la norma, aun violentando el procedimiento legal. Pero las Cortes la modularon después. Ahora quien rindiera versión libre por delitos de guerra y de lesa humanidad pagaría entre cinco y ocho años de prisión; y la Corte Suprema negó la posibilidad de elevar el paramilitarismo a delito político. En diez años de vigencia, sobre 32.000 desmovilizados y 900 judicializados, la Ley arroja míseras 22 condenas. Una vergüenza.
La uribista, entusiasta de esta Ley, no era cualquier bancada. Hasta 2009 se contaron 102 parlamentarios investigados por vínculos con paramilitares y 80% de estos parapolíticos pertenecía a la coalición de Gobierno. No es cosa baladí: la parapolítica es el brazo político de los ejércitos del narcotráfico, autores de masacres sin cuento y de asesinatos espeluznantes a motosierra batiente. ¿A qué tanto moralismo impostado del exmandatario que le pidió a esa bancada aprobarle sus proyectos antes de ir a la cárcel?
La inminencia del fin de la guerra con las Farc demuestra que el país no está condenado a la fatalidad de una violencia sin remedio. Que, por saber del sufrimiento extremo, desconfiarán los colombianos de simulaciones y mentiras que bien pueden costar otros 300.000 muertos. Hago votos por una refrendación masiva de los acuerdos de La Habana. Hago votos porque no prospere la resistencia del expresidente Uribe contra la paz que por vez primera en sesenta años asoma la cabeza.
por Cristina de la Torre | Jun 6, 2016 | Conflicto armado, Conflicto interno, La paz, Modelo Económico en Colombia, Movimiento social, Política agraria, Política económica, Proceso de paz
Gobierno tardo, desganado cuando de campesinos se trata, lo sorprende el posconflicto sin instrumentos acondicionados para saldar una deuda histórica con la población del campo sojuzgada, ahogada en sangre por cuarteleros de todos los colores. En la otra orilla, resucita la organización campesina que bajo la enseña de Anuc protagonizara hace cuarenta años la más pujante movilización por la tierra en América Latina. Y restaura ahora, como Cumbre Agraria, su estatura política: se impone como interlocutor legítimo del Gobierno para contraponerle –en la mesa de negociación o en la protesta– un modelo económico alternativo al del ignominioso privilegio del gran capital. Debuta, pues, con libre juego de ideas en un posconflicto que augura más democracia. Exige, sí, el cumplimiento de lo acordado en 2013. Como los fondos para vías, escuelas, acueductos y puestos de salud en zonas olvidadas. Pero han dicho los líderes que es la estructura del modelo rural la que concentra su interés. En perspectiva de reforma agraria integral y de participación política, cooptan, a su manera, los acuerdos de La Habana y apuntan a los problemas de tierra, territorio y soberanía; del modelo minero-energético, y de sustitución de cultivos.
Marcadas ayer y hoy por el despojo violento de la tierra, las luchas campesinas en Colombia sufrieron también el embate de la expansión guerrillera y paramilitar. Sobre todo a manos de esta última, el campesinado perdió la tierra y, sus dirigentes, la vida. La contrarreforma agraria arrojó ocho millones de víctimas. Hoy prevalece un agresivo modelo agroindustrial y de minería depredadora que podrá triturar la economía campesina, compromete la seguridad alimentaria del país y profundiza las inequidades. Resultado: hiperconcentración, sin par en el mundo, de la propiedad agraria. Duro patrón histórico de lucha por la tierra, adjudicación, violencia y despojo, en cadena siniestra integrada por grupos armados, notablato tradicional, funcionarios públicos, empresarios y políticos. Funesto conglomerado que hoy organiza ejércitos antirrestitución y promueve leyes que revictimizan a los despojados. Como la de María Fernanda Cabal.
De un cambio en la tenencia y uso de la tierra dependerá en gran medida el buen éxito del posconflicto. Con acceso a la tierra, entrega de baldíos a los campesinos, medidas para enfrentar la crisis de la producción agropecuaria, control de la minería, sustitución autónoma y concertada de cultivos ilícitos; amparo jurídico a territorios indígenas, a consejos comunitarios de los afros y a las zonas de reserva campesina; y respeto a los derechos políticos del campesinado, como lo postula la Minga Agraria.
Cuídese el movimiento campesino de los intentos del ELN por suplantarlo, en repetición de la trágica experiencia de la Anuc en los años 70, cuando a la brutal represión oficial se sumó el asedio de grupos guerrilleros. En su afán de “tomarse” lo ajeno, le dieron a la caverna y al Gobierno argumentos para liquidar a la Anuc y asesinar, uno tras otro, a sus líderes: “son guerrilleros vestidos de campesinos”. Con el tiempo, Carlos Castaño y algún expresidente ajustarían la expresión que era sentencia de muerte: “Son guerrilleros vestidos de civil”. Entre líderes populares y de restitución de tierras, hubo el año pasado 63 asesinados y 251 amenazados.
La clase dirigente no puede ya darse el lujo de trivializar el posconflicto con mohines y mediastintas que, a la hora de las definiciones, pueden significar aval a una guerra sin fin, tolerada o propiciada por aquella desde tiempos inmemoriales. Ni puede el Gobierno taparse ojos y oídos para no ver ni oír un viejo anhelo que se ha convertido en bandera inexpugnable del campesinado: “queremos pasar de sirvientes de los ricos a propietarios de tierra”.
