por Cristina de la Torre | Jul 23, 2013 | julio 2013
En el Catatumbo, zona de agudo conflicto social que las Farc quieren convertir en mesa auxiliar de sus negociaciones en La Habana, se juega el verdadero alcance de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Núcleo de la solución agraria que rompe el espinazo de la guerra, su precisión formal quedaba pendiente en el acuerdo de reforma rural suscrito hace dos meses por las partes. Pero ahora se topa, inesperadamente, con el escenario de aplicación que parecía reservado al posconflicto. Las Farc podrán pescar en la protesta de pobladores a los que que tampoco su economía cocalera arrancó de la miseria, y bregar por su ideal histórico de zona autónoma (en política, en leyes, en presupuesto). O el Gobierno honra el compromiso suscrito con los labriegos de la región y hace respetar el perfil que la ley le asigna a la ZRC para proteger y modernizar la economía campesina en áreas baldías delimitadas. O, al extremo, los pulpos del carbón, el petróleo y la palma obligan a Santos a recular, a remover todo obstáculo al modelo extractivo, tan acariciado en este Gobierno. Así el obstáculo se llame reserva protegida para producir alimentos.
Contradictoria les parece a algunos la conducta del Presidente: no conjuga –dicen- su audaz liberalidad de buscar una paz negociada con la descalificación del movimiento del Catatumbo, convertido, según él, en instrumento de las Farc. Mas, si lo que está en juego no es conceder o negar la zona de reserva sino “no dejársela imponer por la fuerza”, o plegarse al modelo de zona liberada que pareció negado ya en La Habana, se comprenderá que quiera separar la reivindicación popular de su aprovechamiento por la guerrilla que tratará de imponer su propia idea de reserva. Lo que no se comprende es la modorra exasperante del Gobierno para echar a andar los correctivos de fondo –ya pactados- en una región tan apaleada como pocas: el plan de desarrollo, con sus pobladores en primer plano, sustitución rentable de los cultivos de coca y ZRC dotada de todo el instrumental y los recursos de ley. Tampoco se comprende la torpeza de trocar la acción política del senador Robledo en instigación a la violencia. Manes del uribato, ecos de la caverna, cuyo jefe atacó la iniciativa del alcalde Petro de declarar ZRC al Sumapaz porque cambia –dice- esperanza de desarrollo por terrorismo.
¿Qué impide ejecutar el plan y sacudirse así la pesca milagrosa de las Farc? ¿La testarudez de los manifestantes? ¿Ineficiencia suicida del Gobierno? ¿El poder de las multinacionales que extraen minerales y siembran palma, y no conciben “una zona de reserva campesina rodeada de pozos petroleros, minas de carbón y monocultivos”, al decir del investigador Gearóid Loingsigh? No augura él esta reserva en el Catatumbo, pues hace tiempo el entonces gobernador del departamento, Miguel Morelli, abrió apetitos sobre una zona que ofrecía las mejores oportunidades de explotación de carbón, petróleo y palma africana. Calculó un potencial de 350 millones de toneladas de carbón en la zona. Riqueza que otros envidiarían, si no fuera porque quienes aquí la explotan arrasan con la gente y con el medio ambiente. Y no reintegran regalías. Su modelo de desarrollo se edifica sobre el subdesarrollo de los desheredados que hoy se hacen matar porque no tienen nada que perder.
Ya se respira el aire de la controversia que le espera al posconflicto. Por encima del Presidente, pontificó el general Navas que una ZRC en el Catatumbo “sólo beneficiaría a grupos violentos”. Entonces preguntó Petro: “si lo rural lo convirtieron en narcolatifundismo, ¿por qué no en reservas campesinas”. Una precisión: ni la reserva del Sumapaz ni la de los campesinos del Catatumbo serían repúblicas independientes.
por Cristina de la Torre | Jul 16, 2013 | Izquierda, julio 2013, Personajes
América Latina sigue, expectante, las negociaciones de La Habana. Y es que el fin del conflicto armado le traería a Colombia el espacio de apertura política que desde hace tres décadas impera en casi toda la región. Si las Farc renunciaran a las armas y las amarras de la política cedieran en ésta nuestra democracia de papel, respiraría el centro-izquierda. Momento irrepetible, emergería aquel del extrañamiento que una clase dirigente ramplona, elemental, le impuso, acaso aupada por la arrogancia de la izquierda armada que se autoproclamó opción única de cambio. Mas no sería la izquierda beneficiaria exclusiva de un acuerdo con las Farc. Ahora el terreno de la política se vería copado por la construcción de la paz, de un país sintonizado con el viraje del subcontinente. Todos los partidos tendrían que redefinirse en función de escalar peldaños en democracia y desarrollo; o bien, de porfiar en el estado de cosas que condujo a la guerra. Pero de frente, sin ambigüedades ni temores.
En este territorio de ideas y propuestas, el centro-izquierda no es mendigo. Brillará, si reconoce que batirse por reformas de fondo exige más imaginación y arrojo que apertrecharse, huidizo, en las altisonancias de una revolución improbable y abstracta; si no se presume partido prematuramente sino coalición de fuerzas; si depone autocomplacencias y dogmas, será opción de poder. En 2014, para comenzar. Que no es utopía lo sugiere la marcha de los diálogos de paz, más afirmativa cada día. Y con nuevos ingredientes que ensanchan la esperanza. Como las conversaciones privadas que las Farc han sostenido en Cuba con excombatientes del IRA y de Centroamérica sobre mecanismos de desmovilización y desarme, sobre el perdón, sobre reconocimiento y reparación a las víctimas. Por su parte, en sentencia que responde a la intención expresa de esa guerrilla de abandonar la guerra y hacer política, el Estado le devuelve a la UP su personería jurídica. Por sustracción de materia -5.000 militantes asesinados a mansalva- la UP es hoy más sigla que partido. Pero sigla cargada de sentido. Y ahora capaz de cobijar bajo su manto a la izquierda dispersa (Farc desmovilizada comprendida), que puja por remontar el umbral del 3% de votos, norma letal para las minorías.
Tal vez por el peso de los símbolos, el renacimiento de la UP contagió de optimismo a la izquierda toda, que no ha cesado de invitar a la unidad, a coligarse en torno a la bandera de la paz. Clara López, del Polo; Antonio Navarro, de Progresistas; Omer Calderón, de la UP, Carlos Lozano del PC, los Independientes de Angelino Garzón, Marcha Patriótica, Verdes, Indígenas, hasta Iván Márquez declaró que su sueño es la unidad. Navarro presiona la expedición de una ley que autorice coaliciones para cuerpos colegiados, y Clara López aboga por un estatuto de oposición que garantice participación equitativa en política. E insiste en la formación de un frente político que desborde las organizaciones de izquierda. Viene a la memoria el Frente Amplio de Uruguay, que ha llevado a la presidencia a dos hombres de izquierda. Integrado por rebeldes y demócratas de los partidos tradicionales, lejos de fusionarse, se aliaron en torno a un programa mínimo y se obligaron a respetarlo sin sacrificar la identidad política de cada uno. Pasó también en Chile y en Brasil.
Un acuerdo de paz sería el logro estelar de Colombia en medio siglo. En propuestas para reconstruirla, la izquierda unida podrá sobresalir. Y en votos, sorprender. Si su supervivencia electoral depende de una ley, su supervivencia histórica dependerá de la desaparición de todo brazo armado de partido: los de derecha y los de izquierda. Dependerá de que haya paz.
por Cristina de la Torre | Jul 10, 2013 | julio 2013, Política agraria
Si en Brasil el bienestar alcanzado mueve a pedir más, en Colombia la posibilidad de paz parece precipitar acontecimientos que desde distintos flancos apuntan a una reforma agraria. Solución inescapable a un conflicto centenario por la tierra, hoy convertido en tragedia por la monstruosidad de la violencia que acompaña a la economía de la droga. Se movilizan los pobladores del Catatumbo para que el Gobierno honre su compromiso expreso de declarar la zona como reserva campesina; de ejecutar allí el plan de desarrollo rural que los redima de la miseria y ofrezca alternativas económicas a los cultivos de coca, su fuente de sustento desde hace treinta años. Se moviliza el Gobierno, a su vez, no ya apenas con la restitución de tierras en marcha, sino con la expedición de un decreto que habilita al Incoder para comprar y expropiar tierras con destino al campesinado. La trascendencia de esta medida se infiere de la alarma que tal “ánimo expropiatorio” suscita en José Félix Lafaurie, precandidato del uribismo, siempre en pie de guerra contra toda iniciativa de equidad. Por décadas han vivido estas gentes atrapadas entre el fuego cruzado de guerrillas y paramilitares que se disputan el control del territorio, de los sembradíos de coca, de sus cultivadores, de los corredores por donde se saca la droga hacia la Costa y Venezuela, con destino al primer mundo. 14.000 labriegos de la zona completan hoy 23 días de protesta y 4 muertos, gritando el abandono y la pobreza que hermanan a su región con el Chocó.
Fue El Dorado de la hoja el que movilizó a las AUC hacia la zona en 1999, después que las Farc entronizaran su cultivo en 1981. Revela el investigador Álvaro Villarraga que Carlos Castaño se propuso trazarle al negocio un corredor entre Urabá, en la frontera con Panamá, y el Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Dejando a su paso una estela de muertos y en disputa sangrienta con las guerrillas, consiguieron los paras controlar el cultivo, la producción, la exportación y las rutas de comercialización de la droga. Hasta 2004, cuando se desmovilizaron y sus reductos se reorganizaron en Bacrim, que ahora manejan el negocio con las Farc. Masacres como la de Gabarra fueron 31, sólo en aquel primer año fatídico. Con 11.200 asesinatos a cuestas en la región y sus campos sembrados de minas por las Farc, hoy los campesinos piden “un pedazo de tierra donde se nos permita vivir en paz”.
Acaso responda a este clamor el decreto mencionado, y no sea otra promesa vacía. De aplicarse a derechas y sin vacilaciones, podría ejecutarse una verdadera redistribución de la propiedad agraria: con predios incautados al narcotráfico, adquiridos por extinción de dominio o expropiados con indemnización por razones de interés social o utilidad pública. Como lo prescribe la ley. Mas no se trata sólo de entregar tierra al campesino. Según Ana María Ibáñez, es preciso garantizarle el derecho de propiedad. Y lanzar una estrategia de desarrollo rural capaz de elevar la productividad del pequeño productor y reducir la pobreza en el campo: con vivienda, educación, asistencia técnica, adecuación de tierras, infraestructura, comercialización e inversión en bienes públicos. Diríase también que las ZRC deberán tener perfil empresarial y perspectiva de asociación con grandes productores.
Pobladores y Gobierno apuntan al mismo blanco: al desarrollo rural, para conjurar la violencia. De Santos depende emprenderlo ya, sin dilación; y sin disparar contra los campesinos. De éstos depende no dejarse infiltrar por las Farc; ni resignarse a ser carne de cañón de una guerrilla que no se sabe si defiende los cocales por ser fuente de sustento campesino o por salvar su negocio.
por Cristina de la Torre | Jul 9, 2013 | julio 2013, Régimen político, Uribismo
No pertenece Uribe a la dulce medianía. Amañada, sí, su elección como el gran colombiano: en ella mediaron el cálculo político y el dinero, como lo describe Cecilia Orozco en su columna. Pero la reacción de la sociedad resulta reveladora pues, para bien o para mal, se siente interpelada toda por el ex presidente. De un lado, media Colombia resiente la distinción otorgada a quien tuvo por protomacho camandulero, reaccionario y corrupto. Del otro, se enorgullecen aquellos en quienes, a la manera de Chávez, sembró esperanza de redención. Muchedumbres enteras le guardan afecto al hombre que arrinconó a las odiadas Farc y, poncho al hombro, se acercó al común, aunque siempre rodeado de cámaras y reflectores. Otros prosélitos suyos se suman al aplauso: los sectores más virulentos que emergieron al calor del narcotráfico y consideraron a Uribe su mentor. Y no estaban solos, que el negocio irrigaba todas las venas de la economía y la política. En 2008, cuando los asesinatos de paramilitares alcanzaban su cúspide, un tercio de colombianos los apoyaba.
Pero en aquel codearse con el pueblo había doble fondo. En muchos dejó su impronta el gobernante que cada sábado durante ocho años alternaba invocaciones al padre Marianito con injurias a quienes no reverenciaban al caudillo; con algún “proceda mi coronel que yo respondo”, cuando disparar contra el prójimo parecía cosa de niños; y con chequecitos del presupuesto oficial que él presentaba como dádiva personal al desvalido. En la mira, atornillarse indefinidamente al solio de Bolívar. Mientras tanto, las grandes decisiones de gobierno abultaban la chequera de importadores y banqueros y especuladores de tierra y ladrones de tierra (con muertos o sin ellos) y potentados nacionales y extranjeros a quienes se les perdonaron billonadas en impuestos dizque para animarlos a crear empleo. Nunca lo crearon.
La clase política comprometida con paramilitares y narcotraficantes fue su bastión en el Congreso. Tal como Mancuso lo había anunciado, 35 por ciento de los parlamentarios eran parapolíticos. A la fecha, una centena de ellos ha pasado por los tribunales de justicia. “Los paramilitares llegaron a poner dos millones de votos en las elecciones de 2006, y de ellos el 90% se fue para la campaña uribista”, anota Claudia López. Según la investigadora, prueba reina de que el entonces presidente redondeaba mayoría parlamentaria con parapolíticos fue su orden de hundir el proyecto que retiraba del Congreso a políticos impuestos por las armas o el narcotráfico. Les había pedido (¡por la radio!) votar sus proyectos antes de ir a la cárcel.
Y cuando empezaron a caer en manos del los jueces, el presidente se dio a defenderlos y a deslegitimar a la Corte Suprema que los juzgaba. Dice López que guardó silencio o “minimizó las evidencias de complicidad entre paramilitares, miembros de la Fuerza Pública y políticos (…) Defendió al exgobernador de Sucre, Salvador Arana, y lo nombró embajador en Chile; defendió a Jorge Noguera, exdirector del DAS, y lo nombró cónsul en Milán; defendió al general Rito Alejo del Río y lo homenajeó públicamente; defendió al exfiscal Luis Camilo Osorio y lo nombró embajador en México…”
La distinción a Uribe halaga, pues, a unos, y a otros los cubre de vergüenza ajena. Habrá quienes sigan considerándolo “una inteligencia superior” comparable a Napoleón Bonaparte. Otros, como Guillermo Aníbal Gärtner, promueven por las redes sociales la revocatoria del título concedido: por tratarse de “un personaje sub-judice sobre el cual pesan fundadas sospechas de su compromiso por acción y por omisión en el fenómeno paramilitar y la parapolítica en (este) país”. Colombia no es Uribe. Sólo una parte.
por Cristina de la Torre | Jul 8, 2013 | Julio 2014, Modelo Económico en Colombia
Si el faro del segundo mandato de Santos va a ser la Tercera Vía –como lo fue en el primero, según el propio Presidente- se nubla el horizonte de la paz. Salvo la ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y el proceso de La Habana, sus políticas respondieron a aquel neoliberalismo edulcorado. No se ve cómo pueda acometer con tal referente las reformas del campo y de la política esbozadas en Cuba, cuya urgencia resienten las mayorías. O revertir una reforma tributaria que redobla gabelas a los ricos. O una estrategia de integración a la economía del mundo mediante tratados que sacrifican el desarrollo propio. O un modelo de salud que, tras cuatro años de vacilaciones, sigue devorado por las EPS. Por supuesto, el encuentro de los cinco exmandatarios en Cartagena arroja dos efectos notables. El primero, rutilante, su apoyo al proceso de paz afianza el ya masivo aval de la comunidad internacional a esta iniciativa histórica. El segundo, doméstico, envía a las bases uribistas un mensaje: Santos no milita con el castro-chavismo. Pero tampoco con la versión latinoamericana de la socialdemocracia europea que en nuestra región simboliza Lula, y contra la cual apuntó, precisamente, la Tercera Vía.
Si la socialdemocracia fue solución intermedia entre comunismo y capitalismo, la Tercera Vía lo fue entre neoliberalismo puro y duro –a la Thatcher- y la izquierda socialdemócrata que instauró en la posguerra el Estado de bienestar. Resultado de la “nueva” opción: el mismo neoliberalismo, maquillado de economía mixta y reducido, en suma, a un asistencialismo que se pretendió sustituto del Estado redistributivo e igualitario. Ruido fatuo, porque la dictadura del mercado no cedió. Y ocasionó una tragedia global, con víctimas como España donde el desempleo alcanza cotas superiores a las registradas en la crisis de los años 30.
A América Latina llegó, modestísimo, el ablandamiento asistencialista hacia 1997, en previsión de un estallido gestado en la rudeza de las primeras medidas de choque. Tampoco aquí cedió la dictadura del mercado. Fueron sus secuelas desmonte del Estado promotor del desarrollo, desindustrialización y agudización de las desigualdades. Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, pregona la Tercera Vía. La socialdemocracia estipula lo contrario: tanto Estado como sea posible, tanto mercado como resulte necesario. He allí la diferencia entre derecha e izquierda.
La socialdemocracia preconiza el intervencionismo para regular mercados, proveer bienes públicos y velar por el bienestar general. Acuerda sus metas con empresarios y trabajadores. Propende a la economía mixta o social y su divisa es el pleno empleo. Las empresas de interés público o nacional reposan en el Estado. Por su parte, el neoliberalismo desmonta el Estado de bienestar, pues asume que éste depende del crecimiento económico guiado por el mercado. Combina conservadurismo moral e individualismo con una radical libertad económica. Y amortigua el golpe con asistencialismo.
Del modelo neoliberal se hizo eco Santos por ejemplo reduciendo impuestos a los capitales especulativos y cargándole la mano a la clase media. Los empresarios dejan de pagar hoy 18 billones por parafiscales. Una puñalada a la política social. Como los TLC, la Alianza del Pacífico entrega a la contraparte todos los nichos de nuestra industria potencial.
Mal hace Santos en recitar con José Obdulio que diferencia no hay entre izquierda y derecha. ¿Acaso el personaje de marras puede caber en el mismo costal con Ángela Robledo o con Jorge E. Robledo? De persistir el Presidente en su Tercera Vía, serán la izquierda y el movimiento popular quienes se la jueguen por las reformas de posconflicto.
por Cristina de la Torre | Jul 4, 2013 | julio 2013, Política agraria
Cientos de miles de muertos y cinco millones y medio de víctimas de la Violencia y el conflicto armado preceden el acuerdo agrario suscrito con las Farc. De operarse en el campo el vuelco que éste promete, se ahorraría Colombia nuevas cifras de horror y de vergüenza, hijas del lastre colonial que se niega a desaparecer, y del narcotráfico. Razón poderosa para congratularse y batirse por el proceso de paz en marcha. Así redoble él la vocinglería de sus enemigos, Uribes y Londoños y Pachitos y Lafauries y Mancusos, paladines del pensamiento más retardatario donde se atrincheraron, con sus fierros, la vieja guardia del campo y ahora el paramilitarismo.
El texto del acuerdo se diría fragmento de la Ley de Tierras de López Pumarejo, o de la reforma agraria que la Alianza para el Progreso de Kennedy le propuso a América Latina en 1960. Primero la de López, tributaria de la revolución liberal que hace un siglo campeaba en el continente, murió en la cuna a mano armada del latifundismo que respondió con la Violencia a las enseñas de Estado laico y reforma agraria. Aquella guerra santa, juguete de caudillos y purpurados, arrojó 280 mil muertos, por los cuales ninguno de sus instigadores pagó cárcel. No pocos fascistas entre ellos, pasaron a la historia con su indignidad trocada por milagro en virtud, y la legaron a sus hijos: Fernando Londoño porfía en defensa de terratenientes, ya de los añosos Leopardos de sus ancestros, ya de Carlos Castaño, el asesino despojador de labriegos a quien tiene por intelectual. Y Juan Lozano, jefe de un partido sembrado de políticos aliados de aquellos despojadores, ¿será por ventura heredero de Juan Lozano y Lozano, el intelectual de la violenta APEN que conspiró contra la reforma agraria de López?
También pasó a peor vida en Chicoral la reforma agraria de los dos Lleras cuando ésta era ya un hecho en 14 países de América Latina. Con altibajos, sí, pero se acometió en todas partes (en Bolivia, en Chile, en el Perú), y en todas partes periclitaron las guerrillas marxistas que habían enarbolado la bandera agraria. Salvo en Colombia. Curioso, único país donde se frustró una y otra vez, a bala, el cambio; único donde el conflicto armado por la tierra suma 50 años, y donde persiste una insurgencia que se autoproclama portavoz del campesinado irredento. Aunque no lo sea sino por el origen, pretensión que a mitad de camino degradó con crímenes y negocios non-sanctos.
Evocando la función social de la propiedad enderezada contra el latifundio improductivo que la Carta del 36 introdujo, y la lucha que la Alianza para el Progreso y la Cepal lanzaron contra el sistema remolón que tiranizaba al campesino, el acuerdo de La Habana apunta a vencer, por fin, el rezago de Colombia en materia agraria. Habrá distribución y titulación masiva de tierras, con ayuda de una jurisdicción agraria al más alto nivel. La actualización del catastro forzará la reconversión productiva del latifundio o su expropiación con indemnización por el Estado, y fortalecerá las finanzas del municipio. Se apoyará la economía campesina en predios que se entregarán siempre dentro de la frontera agrícola. Habrá megaplanes de inversión por regiones, obras de infraestructura comprendidas.
La Ley de Tierras de Santos eliminaría “la inequitativa concentración de la propiedad rural”. También la citada Alianza propuso corregir “la injusta estructura de tenencia y uso de la tierra”. Nada nuevo bajo el sol. Mas para nuestro país, avasallado durante siglos por una derecha montaraz, estos cambios revolucionarían el campo. Si se renegocia el TLC. Y por sobre todo: desactivado el conflicto agrario, desactivado el ciclo de la muerte.
por Cristina de la Torre | Jul 1, 2013 | Internacional, Izquierda, Julio 2014
Critican algunos a la izquierda –moralista, irresoluta, inmadura- porque, habiendo decidido la elección del Presidente, en vez de exigir participación en el Gobierno tornó a sus cuarteles de invierno como oposición a las políticas que le repugnan; aunque también como aliada de la paz y sus reformas. A la voz de terminación del conflicto y en la inminencia del retorno al autoritarismo, sorprendió el centro-izquierda con un reagrupamiento en Frente Amplio por la Paz, que no parece apuntar al cogobierno con Santos sino al poder local-regional el año entrante, y a la Presidencia como fuerza alternativa en 2018. Unidad insospechable en agrupaciones celosas a veces hasta la autoinmolación por preservar la pureza de una idea abstracta y la autoridad irreductible del líder que la encarna. Una verdadera sublevación contra este conservadurismo. Mas, pese al poder electoral que acaba de probar, la nueva coalición está en pañales.
Vulnerable en su cuna, se debate ella de seguro en una delicada disyuntiva: o uno de los suyos se deja nombrar ministro a título personal o en nombre de su grupo, lo que podría dinamitar en el huevo la unidad de un Frente que no estaría todavía en condiciones de hacerse representar como un todo en el Gobierno central. O bien, se consolida como proyecto estratégico de tercería de centro-izquierda, donde deberá caber eventualmente un aliado ideal: el liberalismo de avanzada. Será su momento sicológico, será su historia, serán sus aprehensiones. Pero es lo que da la tierra da. Tal vez obre allí el impulso de una izquierda que, cooptada históricamente por el reformismo liberal, aspire por ahora a brillar con luz propia.
Aunque podrá suscribir ya pacto formal con el Jefe de Estado para materializar las transformaciones que el propio reelegido ofreció. Y hacerlo respetar como minoría decisoria en el Congreso, cuando de legislar se trate; y como animador del movimiento civil extraparlamentario. Parte sustancial del pacto sería recomponer el gabinete de ministros con figuras excelsas y dispuestas a jugársela por un país nuevo. Un Moisés Wasserman, verbigracia, en Educación. Y hallar antípodas para ministros tan reaccionarios como los de Hacienda, Agricultura y Defensa, de inocultable impronta uribista. Ojalá el nuevo bloque termine por abrazar también a demócratas de los partidos tradicionales y amplíe una opción socialdemócrata capaz de emular a la extrema derecha, que se hará sentir.
Mucho enseña la experiencia del Frente Amplio de Uruguay. Integrado hace 43 años y llegado hace una década al poder, rebeldes, reformistas y demócratas de la política tradicional se aliaron en torno a un programa mínimo, se obligaron a respetarlo sin sacrificar la identidad política de cada agrupación y a dirimir sus discrepancias en casa. El más variado espectro de reformistas y radicales –exguerrilleros comprendidos- se obligaron a la unidad de acción, a respetar los compromisos suscritos y los mecanismos de solución de conflictos entre ellos. Pero sin sacrificar la identidad histórica, filosófica y de principios de las distintas fuerzas. Explica Clara Lucía Rodríguez que ellas mantienen su estructura, sus estatutos, sus decisiones autónomas, pero preservando la unidad básica pactada. Y el respeto por los compañeros de viaje.
Se adivina en el Frente colombiano la intención de fortalecerse en la unidad para negociar con buen éxito una agenda mínima de reformas, como fórmula intermedia entre la independencia y el cogobierno. Acaso le llegue después la hora de participar en el Gobierno. Y abre una esperanza: ingresar, por la vía del Frente Amplio, en las ligas de la nueva izquierda latinoamericana que lideran Uruguay, Chile y Brasil.
por Cristina de la Torre | Jun 25, 2013 | Conflicto armado, Junio 2013
Como una bofetada en pleno rostro debió de sentirlo la opinión: poca autoridad moral y política les cabe a las Farc para presumirse heraldos de una reestructuración democrática del Estado y la economía sin pedir antes perdón por los 12.958 secuestros de colombianos que se les atribuyen, 3.360 de su autoría confirmada. Tras cinco años de investigación, César Caballero de Cifras y Conceptos y Gonzalo Sánchez de Memoria Histórica documentaron 39.058 plagios desde 1970, infamia cuyo protagonista principal fueron las Farc y el Eln. Símbolo estelar de la degradación del conflicto, la población toda se siente interpelada por este crimen, que la hiere directa o tangencialmente. Botón de muestra, los nueve millones de colombianos que el 4 de febrero de 2008 inundaron las calles en protesta por el asesinato de 11 diputados del Valle en poder de esa guerrilla. Que el bien supremo de la paz justifique penas alternativas a la de prisión – como ha sucedido dondequiera que la insurgencia se transformó en movimiento político- este sacrificio sólo podrá afirmarse sobre la verdad y la reparación a las víctimas. Tendrán las Farc que darles la cara a sus víctimas de secuestro, a los 405 plagiados que encadenan todavía, a las familias de los asesinados, a los mutilados por sus minas antipersonal, a los despojados y desplazados. Si no, sus aires de cambio serán mueca de burla a los colombianos.
Si por el número de casos Colombia se disputa el campeonato mundial del secuestro, la impiedad con que aquí se practica no encuentra paralelo. Diez integrantes de la fuerza pública ajustaron 14 años plagiados por las Farc. El sargento José Libio Martínez murió a punto de cumplirlos, a manos de sus captores. Como otros 2.287, que se sepa, murió en cautiverio. Luis Francisco Cuellar, gobernador del Caquetá, fue secuestrado cinco veces por las Farc, y éstas terminaron por degollarlo. Indiferente a los ruegos del niño Andrés Felipe Pérez para que le permitiera a su padre secuestrado acompañarlo en el lecho de muerte, Manuel Marulanda le negó esta gracia. Falleció de cáncer terminal el muchacho y, a poco, también el padre, cabo Norberto Pérez, por guerrilleros del frente 42 que le dispararon al primer amago de escape. El entonces defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes, calificó el hecho como “una de las más grandes afrentas al derecho internacional humanitario, de frialdad pasmosa, de irracionalidad y de crueldad”.
Atrocidades de una guerra que demanda a gritos verdad, justicia, reparación material y simbólica, vale decir, pedir perdón. Acto que dignifica, abre la puerta de la reconciliación y no da espera. Como sí da espera este prematuro agitar de banderas de cambio que habrán de confrontarse con otras en el posconflicto. Se trata ahora de tender la mano, no el fusil, al pueblo que las Farc dicen representar. Y ganarse, así, el derecho a disputarse el poder desde la arena de la democracia.
La ultraderecha en acción. Por fallos de gestión que el procurador presenta como “gravísimas” faltas disciplinarias para encubrir su desacuerdo con el modelo que privilegia lo público, prepara nuestro Torquemada la destitución de Gustavo Petro. Del hombre que denunció la parapolítica y la más monstruosa defraudación contra Bogotá. Persigue al denunciante y protege, por omisión, a los concejales denunciados. Y a los contratistas que, en virtud de la libre competencia, volverán a devorar las arcas de la ciudad. En acción simultánea con el nieto de Laureano que prepara referendo contra el alcalde progresista, el jovenzuelo incinerador de libros a la manera nazi que aprendiera del caudillo conservador ahora quema a todo el que pueda competirle en su carrera por el poder absoluto.
por Cristina de la Torre | Jun 18, 2013 | Junio 2013, Narcotráfico
Ni abnegada redentora del pueblo, como se presentan las Farc en sociedad; ni cartel puro de narcotraficantes, como tantos lo quisieran. Menos romántica que pragmática, esta guerrilla aunó por décadas la idea de revolución al negocio de la droga, su fuente de financiación. Los cultivadores de coca fueron a la vez base social y retaguardia militar proveedora de combatientes de las Farc. Pero la ofensiva de las Fuerzas Militares en esta década rompió el laso entre comandantes guerrilleros y raspachines, para lanzar a más de un jefe de frente al negocio del narcotráfico. Acaso, enriquecidos, prefieran éstos marginarse de un acuerdo de paz que les desfonde el tonel de oro y cocaína donde se sientan hoy. Tome nota a tiempo la Mesa de La Habana. Aunque anden las Farc tan metidas en el negocio maldito como metidos andan los banqueros en el lavado de sus activos, paz no habrá si la negociación deja aquellos cabos sueltos. Pasó con los 32 mil paramilitares que se “desmovilizaron” para reencarnar en bacrim, porque en Ralito no se obligó al desmonte de sus estructuras militares y negocios. Si se repite el error –ya lo advierte Fernando Londoño-, parte sustancial de las Farc derivará en farcrim. Y la violencia seguirá.
Gustavo Duncan y Juan David Velasco demuestran en Razón Pública que las Farc no deben su supervivencia exclusivamente al narcotráfico o a su ideología marxista. Si la tradición comunista organizó al grupo armado como guerrilla, la droga le suministró recursos y apoyo social. Tuvieron las Farc territorio, población, capital y fuerza armada, condiciones suficientes para escalar la guerra. Vienen a la memoria nuestros militares-hacendados del siglo XIX con sus peonadas de labriegos-electores-soldados de sus guerras. Pero la guerra terminó ahora por fracturar la alianza de idea comunista y economía cocalera. Campos minados, bombardeos, erradicación de cultivos, migración creciente de raspachines hacia minas de oro y rabia de la gente con la arrogancia de comandantes citadinos ajenos a las querencias del campesino alteraron el escenario de esa alianza. La vieja comunidad de colonos perdió poder de mando en la guerrilla y ésta se le volvió un lastre. A la defensiva, tornaron las Farc a la guerra de guerrillas, el Estado penetró sus zonas de influencia y la retaguardia cocalera perdió valor estratégico para la guerrilla.
Con el caso de la comandante Mayerly en el Frente 21 del sur del Tolima ilustran nuestros autores la complementariedad de comunismo y narcotráfico, y su resquebrajamiento final. Pobre en finanzas, el 21 vivía de otros frentes dedicados al narcotráfico. Pero rico como símbolo político, heredaba el prestigio de cuna de las Farc y último refugio de Cano. Asediada, la muerte de su marido en bombardeo precipitó el viraje de Mayerly: por sospechas y para repudio general, mandó matar a 16 líderes de Acción Comunal. Como sus zonas de retaguardia flaquearan, se rompió el contacto con otros frentes y, con ello, el flujo de recursos. Entonces acudió a extorsión masiva en las localidades. Conclusión: mientras el frente 21 se financió con coca de otros frentes pudo agitar la idea de revolución campesina. Ahora priman la extorsión y el narcotráfico en núcleos amplios de las Farc. Insight Crime sostiene que, de consuno con bacrim, las Farc ganarían hasta mil millones de dólares al año por este concepto.
Un acuerdo de paz no liquidará el narcotráfico, pero sí podrá comprometer a las Farc a desactivar los núcleos del negocio en sus filas. Y catapultar, en su lugar, una economía campesina asociada a la agroindustria, mientras se vira hacia la despenalización de la droga. Alternativas preferibles al contrasentido que hermana coca y revolución.
por Cristina de la Torre | Jun 11, 2013 | Junio 2013, La paz
Se dan silvestres. Mil fanatismos pelechan en Colombia como la maleza; y configuran, al lado del conflicto por la tierra, el otro motor de la violencia. Tan trascendental como el acuerdo agrario sería el de participación política de la guerrilla, que hoy empieza a discutirse en La Habana. Porque comenzaría a vencer nuestra costumbre inveterada de descalificar, perseguir y hasta matar al disidente o al opositor. Dogmatismos de izquierda y de derecha que quisieran imponer a la brava su verdad única, absoluta, inapelable en política, en economía, en religión. O en los tres territorios a un tiempo: logro redondo del huevo uribista que compactó seguridad por el exclusivo camino de la guerra, economía de mercado por dictado del credo neoliberal y búsqueda de un Estado confesional bajo la égida del integrismo católico. En la otra orilla, medio siglo de insurgencia templada entre luchas campesinas que no representa ya y el dogma de la lucha armada. Sectas todas en carrera por el poder del Estado para trocar desde allí su verdad en violencia contra todo amago de debate democrático. Por algún régimen de fuerza dispuesto a aplastar las ideas distintas de la propia. Y a frustrar, así, cualquier amago de paz.
¿Cómo pudo Colombia resultar tan fértil para este absolutismo de las ideas? Tal vez por la incesante manipulación política del sentimiento religioso, que es tradición de una Iglesia siempre exaltada a las más elevadas dignidades del poder. Tal vez por la presteza del establecimiento y sus partidos para reprimir al contrario, en persecución a la cual contribuyó la guerrilla que, sintiéndose depositaria heroica de la revolución, maniató a la izquierda legal. Y la derecha devoró golosa el plato que se le servía. Fácil le resultó al entonces presidente Uribe motejarla de terrorista, cuando la guerra alcanzaba su clímax y las partes en contienda ponían igual cuota de crueldad. Acaso por imitar la “firmeza” que distinguía al mandatario, perpetraron los paras también crímenes de clara intención ideológica. Como el asesinato del catedrático Alfredo Correa, a manos de Jorge 40 concertado con el DAS. O el de 17 profesores y estudiantes de la Universidad de Córdoba cuando los hombres de Mancuso se tomaron por asalto el centro docente y lo sometieron al terror.
En estos campos de Dios han florecido también neonazis, al parecer entroncados con las fuerzas ultramontanas que van por la reconquista del poder. El Espectador de junio 9 informa que Tercera Fuerza declaró haber organizado encuentro en finca de la Universidad Gran Colombia en apoyo de una candidatura conservadora, y con presencia del paramilitar “El Alemán”. La concejal Angélica Lozano denunció vínculos de neonazis con la organización Creo Colombia, promotora de la revocatoria de Petro y militante del Centro Democrático de Álvaro Uribe. Quizás el caso más nítido de manipulación religiosa con fines políticos sea el del procurador Ordóñez. Manzanillo de nación, no regala tamales contra votos sino una fe. Y sobre la fe ajena monta su imperio mundano, grosera impostura de tanto ensotanado que se dijo santo para hacerse con el poder y coronar su idea sobre el cadáver de todas las demás.
Alarmados ante la paz posible, los que contemporizaron con la derecha armada vociferan hoy porque “se negocia con terroristas”. Acaso no les inquiete tanto la negociación como que de ella pueda surgir una Colombia más abierta a la controversia civilizada entre adversarios. No está en juego apenas el Estado laico sino el advenimiento de una democracia más amplia y del pluralismo, si La Habana arroja un acuerdo final. Por eso a estas derechas la paz les resulta poco menos que una afrenta de mismísimo Satanás.
