por Cristina de la Torre | Oct 1, 2013 | La paz, Septiembre 2013
¿No les basta con los 220.000 muertos mal contados del conflicto? ¿A cuántas décadas más de violencia aspiran los amigos de la guerra? ¿No ven o no quieren ver llegado este momento único para la paz? En su escalada contra el fin de la contienda, Uribes y Ordóñez y Londoños –fundamentalistas del castigo para la contraparte y de la vista gorda para la propia- honran la predilección por las armas que un día les dio el poder y hoy reavivan para reconquistarlo. Saben, además, que exigir investigación y condena por todos los crímenes de todos los guerrilleros en medio siglo de conflagración es ahogar cualquier intento de paz. Por impracticable. Bonito atajo de insubordinación contra el mandato constitucional de paz, que se resuelve en espectáculo moralizante (y electorero) de última hora.
También las Farc parecen atravesar sus palos en aquella rueda. Mezquinar el reconocimiento de sus víctimas y querer pasar por inocentes no hace sino refinar el odio de los colombianos hacia esta guerrilla, alinear a la opinión contra las negociaciones de La Habana y poner, así, la paz al borde del abismo. Y las zancadillas del ministro de Defensa, ubérrimo valentón que no baja de terroristas y hampones a quienes el propio presidente dio categoría de interlocutores válidos. Sus arrebatos, acaso enderezados a congraciarse con Uribe, fiero opositor a soluciones distintas de la reducción del enemigo por la fuerza, acusan debilidad e incoherencia del Gobierno. Y enturbian la osada defensa de Santos en la ONU del derecho de Colombia a conjurar la violencia, modulando a su manera el difícil binomio de justicia y paz, pero privilegiando siempre a las víctimas.
Ante el desafío de integrar las guerrillas a la civilidad de modo que puedan hacer política sin armas, en su tremendismo paralizante el procurador interpone (y magnifica) la supuesta prelación de la justicia internacional sobre la propia, dizque para evitar impunidad. En verdad, aquella sólo interviene si la nuestra no sanciona los delitos de lesa humanidad. Que no es el caso, como lo anticipa el Marco Jurídico para la Paz. Por otra parte, no toda ejecución de pena se resuelve en cárcel, y la Corte Penal Internacional así lo admite. Puede la justicia ser también restaurativa, si median confesión de la verdad, ruego de perdón y reparación a las víctimas, dejación de armas y acatamiento de la pena. Pepe Mujica, el sabio de la tribu, defiende la libertad de Colombia para trazar su camino: la justicia, dice, siendo válida, tiene mucho de pasado; y la paz, mucho de porvenir: “la paz vale más que todo lo demás”.
Mucho de hipocresía hay en la descalificación de este esfuerzo por alcanzar el don supremo de la paz. Destapa Maria Elvira Samper (El Espectador, 9,29) perlas que dejan estupefacto al país, vista la beligerancia de la derecha contra el más leve riesgo de impunidad. Resulta que, siendo presidente, habría firmado Uribe carta de intención con las Farc para convocar una constituyente integrada a dedo y sin refrendación popular por 50 amigos del Gobierno y 50 delegados de las Farc. Más aún, propuso amnistía disfrazada de “alternatividad penal” para victimarios de las autodefensas y paramilitares sindicados de crímenes atroces. Monumento a la impunidad, ese sí, que debió moderarse después como Ley de Justicia y Paz.
Con todo, podríamos los colombianos buscar caminos de entendimiento para encarar, juntos, un propósito que exige más que votos, y más valentía que la guerra: la paz. Imposible porfiar en la prehistoria, en el estadio de salvajismo que da su habitat a la guerra. Imposible resignarse a llorar otros 220.000 muertos. Vengan la reconciliación y el perdón.
por Cristina de la Torre | Sep 24, 2013 | Corrupción, Septiembre 2013, Uribismo
Una cosa es capitanear a las derechas, opción que la democracia respeta; otra, mofarse del dolor de un país agobiado por el peso de sus muertos a manos, sobre todo, del narcotráfico con anuencia de políticos. La lista de Uribe al senado, anunciada como renovación de la patria es, por el contrario, perpetuación del viejo con sabor a país en clave de parapolítica. Mascarada desafiante, rehabilita en la parentela del gamonalismo sus lazos con mafias y exfuncionarios públicos sindicados de corrupción. Todo ello, cuando Colombia y la Corte Penal Internacional esperaban respuesta de Uribe a la sindicación del Tribunal Superior de Antioquia sobre supuestos vínculos suyos con el paramilitarismo. Y registran con alarma las amenazas de muerte que desde entonces se ciernen sobre el autor del pliego, magistrado Rubén Darío Pinilla. Esperaban también claridad sobre acusaciones de asociación con paramilitares que llevaron a la cárcel a Luis Alfredo Ramos, exgobernador de ese departamento y el más seguro candidato del uribismo a la presidencia. Por gracia del destino aparece en la lista de Uribe el hijito de este cacique, sin más mérito que el de llevar el nombre del sindicado, y dudosas posibilidades de devolverle el honor al apellido.
En esta comparsa que sólo innova extendiendo el nepotismo del Ejecutivo al Parlamento, descuella la exministra Maria del Rosario Guerra. Sucesora de su clan cuasifeudal en Sucre, es esposa del presidente de Fedepalma e hija del senador perpetuo José Guerra Tulena; su tío Julio César, gobernador del departamento, acababa de ratificarle a La Gata negocios teñidos de sangre. A su lado, José Obdulio Gaviria, ideólogo de cabecera del entonces presidente Uribe, no obstante haber recibido regularmente estipendios de su primo, Pablo Escobar, si hemos de creer a su hermano, Roberto Escobar. Dos hermanos de José Obdulio fueron a la cárcel por narcotráfico y a un tercero, Carlos Alberto, se le asocia con el asesinato de Guillermo Cano. No existe en Colombia el delito de sangre. Pero sí avergüenza la desfachatez de Uribe para concederle al narcotráfico el más elevado poder simbólico en los cargos que dio a su amigo.
Mas no es todo. En la lista figura también Honorio Henríquez Pinedo, sobrino del condenado por parapolítica Miguel Pinedo Vidal. Y la esposa de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, elementos de cuya organización tuvieron trato y negocios con los Castaño en Urabá. Y Susana Correa, cercana al PIN y miembro de familia poderosa del Valle que resultó beneficiaria de AIS. Y Fernando Araújo, en gracia de ser hijito del excanciller de Uribe. Y Paloma Valencia, ficha de Fernando Londoño. Nieta del expresidente Valencia e hija de congresista, eleva a categoría de “teorizante” su habilidad para distorsionar hechos y argumentos hasta dar por verdad un absurdo. ¿Se arrepentirá de haber militado en Alas Equipo Colombia, emporio de la parapolítica? Y Alfredo Rangel, que exhibe don retórico parecido al de Paloma. Serán estos dos, parlamentarios aguerridos. Y Ana Mercedes Gómez, parte del notablato conservador en Antioquia exdirectora de El Colombiano y ficha de Fabio Valencia Cossio, cuyo hermano, el exfiscal, anda preso por vínculos con la mafia. Y…
Con bancada tan pobre y de oscura condición, no dará el uribismo la talla en los debates que el posconflicto imponga. Quizá tampoco el propio Uribe, más proclive al agravio personal que a la razonada confrontación de ideas: rezará la oración de los tres huevitos y sus nostalgias de guerra, mientras el país estalla hacia horizontes que desbordaron a Uribe hace rato. Como anacrónica y afrentosa resulta su selección al Senado, cándido remedo de la Lista Clinton.
por Cristina de la Torre | Sep 17, 2013 | Política agraria, Septiembre 2013
Repican al unísono contra el reclamo campesino de renegociar los TLC, por su potencial demoledor. En páginas y páginas de prensa vierten ahora su contraofensiva nuestros hacedores de apertura atolondrada y su más insidioso producto, los TLC. Alguno, estima que tocarlos ahondaría la pobreza. Otro, que la propuesta es estratagema de las Farc. Uno más denuncia, sin ruborizarse, asalto al modelo entronizado en los 90 y sus convenios comerciales; clama contra el diabólico propósito de restaurar una “democracia clientelista” que protegía con aranceles a la industria y privilegiaba grupos condenados a desaparecer con el fin de la historia (¿sindicatos, organización campesina, gremios de la producción, partidos?).
Y el temido colofón: no bien concluye la sesión primera del gran pacto dizque enderezado a encarar la pepa del atraso en el campo, cuando el ministro Lizarralde declara llegada la hora de “una verdadera revolución verde”. Indicios hay de que la suya nada cambiaría. Más bien daría alas de gavilán al modelo que desde Chicoral sepultó la reforma agraria, colmó de prebendas a la gran empresa agroindustrial, transigió con el latifundio improductivo, toleró o ayudó a la apropiación violenta de casi todas las tierras feraces por el narcotráfico y condenó al campesinado a otros cien años de miseria. No lo diga el sano principio asociativo entre empresario grande y campesino, que el ministro menea, sino su aplicación: la experiencia de Indupalma, obra de Lizarralde, demuestra que el parcelero, así cooptado, se empobrece más. Puede perder su propiedad y terminar convertido en jornalero.
Cosa distinta era la estrategia de reforma agraria de Carlos Lleras. Y prometedora, si la crema de nuestra clase dirigente no la hubiera liquidado, indiferente como se mostró a la violencia que aquel raponazo podía engendrar. Con Lleras, corrían parejas la industrialización y una reforma agraria que entregara tierra y soportes a los labriegos y apretara al latifundio ocioso. Cambio que el Gobierno no podía acometer sin apoyo campesino. Entonces creó la Anuc, para que fuera el propio campesinado organizado el artífice de “una reforma agraria radical”. Más de un millón de usuarios llegó a afiliar la Anuc. Esperaban pasar “de sirvientes de los ricos a propietarios de tierra”. Pero fueron derrotados por la derecha que hoy asoma, remozada, la cabeza. Tras cuatro décadas de ostracismo, en un mes exhibieron los campesinos potencia para enfrentar el modelo que rige en el campo. Pero revertirlo dependerá de su capacidad para organizarse.
Imposible solucionar los problemas del campo perpetuándolos. Tampoco se necesitarán revoluciones verdes ni rojas para vencer la extrema desigualdad, la injusticia y el atraso que casi todas las democracias, ricas y pobres, enfrentaron y superaron con mayor o menor éxito. Colombia lo intentó. No sólo con el proyecto redistributivo de la tierra, sino con políticas de sustentación de precios agrícolas, compra oficial de cosechas, banca de fomento agropecuario, impulso a la agroindustria, estímulo a la organización campesina, asistencia técnica y construcción de distritos de riego, entre otras. Nuevas políticas tendrían que añadirse hoy. En particular, reconstruir las instituciones del sector. Crear reservas campesinas en las goteras de las ciudades. Modernizar la ganadería, y recuperar así tierras para la producción de alimentos. Integrarnos a la economía mundial sin morir en el intento. Renegociar el TLC con EE.UU. implicaría, para comenzar, recuperar el derecho de subsidiar nuestra agricultura, como lo hacen ellos. Con acuerdo en La Habana, o sin él, éste sería el principio de la paz.
por Cristina de la Torre | Sep 10, 2013 | Política agraria, Septiembre 2013
Pues sí: preferible rescatar del siglo XX palancas del desarrollo olvidadas, como la reforma agraria y la industrialización, en vez de devolverse hasta el capitalismo primitivo del siglo XVIII, según se desprendería de comentario de Bernardo Congote a mi última columna (Espectador 9,5). Supone el analista que en el siglo pasado “hubo” dos reformas agrarias enderezadas a redistribuir propiedad, intervenir el latifundio improductivo y reivindicar la economía campesina. Pero es que no las hubo: por reacción violenta de la caverna, aquellas se quedaron en el papel. Peor aún, la escandalosa concentración de la tierra se disparó, precisamente porque los gobiernos, alelados en el credo dieciochezco del dejar hacer-dejar pasar, permitió que el libre mercado de tierras –tan caro para Congote- se resolviera ahora en favor del narcotráfico y sus amigos políticos. Con la venia del Estado, la tal “redistribución de la propiedad por las fuerzas del mercado” arrebató sus fundos a millones de campesinos que huyeron sin tiempo para enterrar a sus muertos. Y en la refriega, aprovecharon los potentados de siempre para usurpar baldíos destinados a los campesinos.
Como si fuera poco, el libre comercio practicado entre tiburón y sardina –que los TLC presentan como pacto entre iguales- termina en que el primero se manduquea a la segunda. Por obvias razones de tamaño y porque los nuestros, asimétricos, abusivos, son tratados que violentan inclusive los principios mismos del libre comercio. No es cierto, como lo afirma Congote, que “renegociar los TLC ahondaría nuestra pobreza”. Si apenas en el despegue ellos han causado estragos, negro pinta el porvenir. En la primera década de la apertura hacia adentro, se dejó aquí de sembrar un millón de hectáreas. El TLC con EE.UU. suprime de entrada los aranceles para más de dos tercios de los productos que ellos nos mandan. Y este Gobierno acaba de firmar desgravación total de aranceles con los países de la Alianza Pacífico. Lo que implica terminar con 48% del producto agropecuario restante y comprometer 1.250.000 empleos. Razón le asiste al movimiento campesino en apuntar de nuevo al acceso a la tierra, activo primero de su supervivencia; y en exigir renegociación de los TLC. Acaloradas discusiones se prevén en la mesa de deliberaciones que este jueves se inaugura sobre “cambios estructurales” para el campo. Sobre todo si el nuevo ministro Lizarralde postula, como se teme, el imperio excluyente de la gran propiedad agroindustrial en desmedro de una economía campesina que levanta cabeza y ocupa a la cuarta parte de los colombianos.
También critica nuestro interlocutor la protección de la industria naciente que, en su opinión, más bien la rezagó. Olvida que los países industriales llegaron a serlo porque protegieron sin pausa su producción nacional, y sólo se lanzaron al mar proceloso del comercio mundial cuando se sintieron capaces de competir. No al revés, como lo hacemos aquí. Rudolf Hommes, artífice de la apertura en Colombia, sostiene que “el mayor beneficio del comercio proviene de las importaciones y no de las exportaciones”. Ya decía Smith que el destino de los países avanzados era producir manufacturas; y el de los atrasados, extraer lo que natura da: productos primarios. ¿Industrializarse? ¡Anatema! Colombia involuciona sumisa a la economía primaria: carbón, petróleo, bananitos, florecitas.
Tal vez llegó la hora de sacudirnos las telarañas de este liberalismo anacrónico que, tras un siglo de capitalismo redistributivo, nos presentan hoy los neoliberales como panacea del siglo XXI. Cuando no es más que sabotaje del desarrollo a manos del capitalismo salvaje.
por Cristina de la Torre | Sep 3, 2013 | Política agraria, Septiembre 2013
¿Fue argucia del momento para resarcir la imagen apaleada por las torpezas de su Gobierno frente al paro agrario, o propósito digno de un López Pumarejo? Resonaba todavía el desatino de Mindefensa, el Valentón, que magnificaba el poder de las Farc al presentarlas como artífices de un movimiento campesino probado en mil batallas, sin armas, cuando sorprendió el Presidente con su anuncio: el 12 de septiembre instalará mesa de negociación de un gran pacto agrario con todos los campesinos y gremios del campo. La meta, “darle un vuelco a la política agraria del país”. Si ardid publicitario, está perdido: no parece el campesinado impresionarse con lucecitas de bengala ni paliativos pasajeros; más bien se la juega por sacudir los ejes de la vida y la economía del campo. Pero si va Santos en serio, precipitaría el debate madre del posconflicto: la reforma agraria. Un timonazo que redistribuya propiedad, intervenga el latifundio improductivo, proteja y modernice la economía campesina, mejore la productividad general del sector y renegocie los TLC. Tabú de las derechas, anhelo siempre burlado a las mayorías, la posibilidad cierta de una reforma agraria elevaría el debate desde las vilezas de la política menuda hasta motivos de calado superior.
Aunque de los partidos no cabe esperar mucho. Ley de Víctimas aparte, da grima la pobreza ideológica del liberalismo que otrora abanderara la causa de las mayorías. A un reclamo por su mutismo vergonzoso ante la movilización campesina, su jefe responde que es el Gobierno el que reparte la mermelada. Insaciables, los conservadores sólo aciertan a sentirse “maltratados” (léase sin todos los puestos que quisieran). Por falta de credibilidad, el jefe del Centro Democrático dejará de fingirse vocero del campesinado al que oprimió con saña, para defender, a grandes voces, los intereses más retardatarios del campo. Se le abonará la franqueza, pivote del debate democrático. La izquierda enarbolará la bandera agraria, enseña de paz. Pero el factor decisivo será la contundencia del argumento campesino y su capacidad movilizadora. Si aspiran los partidos a sobrevivir, tendrán que decidirse a nutrir en serio este debate.
Que agroindustria y pequeña propiedad de economía campesina pueden convivir, y hasta complementarse, no se discute. Lo que abruma es la rémora centenaria del latifundio improductivo. La subutilización de las mejores tierras y su concentración en pocas manos bloquean el desarrollo y sumen al campesinado en la miseria. Ningún país se permite hoy el adefesio de albergar media vaca por hectárea de suelo feraz. Pero no basta con entregar tierra al campesino; necesitará ayudas en crédito, técnica, comercialización de sus productos y calidad de vida digna. Y protección frente a la riada de importaciones que los TLC traen. Con más veras si ellos violentan los principios mismos del libre comercio, como sucede en Colombia. Al punto que nuestro TLC con EE.UU. más parece un pacto de adhesión que un convenio comercial. La mitad de los alimentos que consumimos viene de afuera. Si Santos aspira a concertar un pacto que resuelva los grandes problemas del campo, entre otras medidas, habrá de renegociar estos tratados. Por imperativos de interés nacional.
El Presidente insistió el domingo en la convocatoria de la mesa para suscribir el gran pacto agrario. Reenfoque sustancial del Estado, no concebido ya apenas como garante de la libertad de mercados sino como instancia directriz del desarrollo concertado con la sociedad. Más aún, si el anuncio no fuera señuelo sino gallada del calibre de la paz. Entonces López Pumarejo sonreiría desde el más allá. Y nuestros campesinos, desde el más acá.
por Cristina de la Torre | Ago 27, 2013 | Agosto 2013, Corrupción, Uribismo
Crece con los días el asombro. Conforme se acercan las elecciones, una faceta esquiva de su carácter va suplantando en Uribe la reputada franqueza: una fría disposición a la doblez. Debutante en la privatización de Isagén, ahora simula escandalizarse porque quieran vender las acciones que al Estado le quedan en esta empresa. Ardoroso promotor del TLC con Estados Unidos y protector de su entonces ministro Uribito cuando se lo pilló regalando los subsidios de AIS a los ricos, hoy el expresidente dizque apoya a los campesinos, que son víctima de aquellas políticas. Y, poniendo sordina a su frustrado intento de convertir en rebeldes políticos a miles de narcos y paramilitares, le indigna que este Gobierno negocie con terroristas en La Habana. Santos empolla, sí, el huevo neoliberal que Uribe le legó; pero rompe, valiente, el de la “seguridad” que asfixia el anhelo más sentido de Colombia en 60 años, la paz. Afrenta intolerable para quien ganó fama y gloria y votos botando fuego y en ello cifra su suerte electoral. Como cifra su prestigio Santos en la finalización del conflicto, aunque por otro lado entrega el remanente de lo público al capital privado, y con los TLC le inflige al agro estocada de muerte.
“Los políticos fueron los que vendieron la patria con los TLC, y ahora resultan haciéndose los `buenecitos´”, declaró el dirigente campesino César Pachón. Por efecto de la apertura económica, dice, producir una carga de cebolla cuesta $65.000 y se vende en $10.000. Guante a la cara de presidente y expresidente. Mas en punto al despojo de tierras, unas son manzanas y otras, peras. Tras apropiarse a la brava de 4 millones de hectáreas, nada devolvieron a sus víctimas los paras “desmovilizados” en el pasado gobierno. La Ley de Restitución de Tierras que Santos logró contra la férrea oposición del uribismo, ha debido arrancar con otros predios. Poco o nada dijo Uribe contra aquellos despojadores o sus aliados políticos, la tajada más robusta y mimada de su bancada parlamentaria. Poco o nada, su precandidato Francisco Santos, a quien señalaron algunos como presunto animador del Bloque Capital de los paras. Poco o nada, Luis Alfredo Ramos, otro de la baraja uribista, que reconoció haber tratado con jefes paramilitares; incidentes de la especie que a otros políticos pusieron tras las rejas. Tan elásticos ellos en tratándose del paramilitarismo, tan rígidos con la justicia de transición hacia la paz.
Al lado de la imprevisiva apertura comercial y del reordenamiento violento del campo, lleva el país dos décadas desmantelando el Estado. Isagén, uno de sus últimos tesoros, ya está en venta. El pasado gobierno concentró el proceso privatizador: Ecopetrol, Telecom, Ecogas, Isagén, electrificadoras, aeropuertos, hospitales públicos que el entonces ministro Palacios declaraba “no rentables”. En 2007 se vendió el 10% de Isagén, a razón de $1.300 la acción; quince días después, ésta valía $2.000. El detrimento patrimonial subió a $500.000 millones. También con Uribe despegó la privatización de Ecopetrol: se vendió la acción a $1.330 y hoy ronda los $4.000. Antecedente dramático del desmonte del Estado empresario, la venta de Carbocol en el gobierno de Andrés Pastrana, por 400 millones de dólares; a las dos semanas, la empresa valía US1.200 millones. Ahora Santos remata con la venta total de Isagén.
Si a Uribe y Santos los hermana el modelo de apertura y privatización, en política los separa el abismo que media entre la guerra y la paz. Si el presidente reconsiderara la insensatez de feriar el Estado; si se decidiera a renegociar el TLC, quedaría Uribe reducido a solazarse en su imagen propia, en la autocomplacencia de sus pueriles dobleces.
por Cristina de la Torre | Ago 20, 2013 | Agosto 2013, Modelo Económico en Colombia
El paro agrario y la decisión de privatizar Isagén remiten a la pepa del modelo que burla el desarrollo y sacrifica el bien común a la gula del capital privado. Mientras el mundo entero lo censura, en Colombia se le rinde todavía pleitesía al paradigma del mercado que, aplicado a rajatabla por todos los gobiernos desde César Gaviria, ha desindustrializado el país, quebró el campo y acentuó la desigualdad. A la obsesión de apertura comercial sumó la de privatizar las funciones del Estado y sus empresas. Contra la primera irrumpe hoy la protesta del agro que languidece bajo importaciones de alimentos de producción nacional y que, con TLC, arrasarán. Y el gringo ahí. Y nuestros gobernantes ahí, rodilla en tierra, como avergonzados de existir. Ya se oyen también voces contra la privatización de Isagén que los tres últimos gobiernos intentaron en vano. Uribe debió aceptar esa derrota y, además, conformarse con la venta de sólo el 10% de Ecopetrol, la otra joya de la corona. De la misma escuela, el ministro Cárdenas se propone ahora entregar a particulares Isagén, empresa estratégica del Estado, ejemplo de eficiencia, rentabilidad y beneficio social.
En el espíritu de quienes convirtieron en negocio la salud y los servicios públicos, argumenta Cárdenas que el Gobierno debe ser un buen regulador de Isagén pero no su dueño. Para comenzar, traslada de un plumazo a los agraciados compradores las utilidades de esta empresa que el año pasado alcanzaron 460 mil millones y para el entrante superarían el billón. El pretexto, fortalecer la inversión en carreteras, dizque cambiar un activo por otro. Simplismo que pretende ocultar el sol con un dedo, pues apunta a feriar la infraestructura eléctrica, activo valiosísimo y que en cualquier democracia dice de la seguridad misma de la nación. ¿Por qué vender un bien público esencial para construir vías que bien pudieran financiarse con otros recursos? Fuentes alternas podrían ser las propias utilidades de Isagén, o mayores impuestos a la gran minería que paga chichiguas, o cobrarles a los ricos impuestos sobre dividendos, o neutralizar la corrupción que se engulle diez billones cada año, o destinar cifra parecida de un gasto militar reducido en el posconflicto. O todas a una.
Recuerda Diego Otero en Razón Pública que fue el Estado y no el sector privado el que llevó electricidad a todo el país y a sus sectores productivos, el que construyó las grandes hidroeléctricas y el sistema de interconexión eléctrica. Era la estrella de América Latina. Mas en 1990 abrió sus fauces la privatización y con ella se dispararon las tarifas de electricidad. Nuestras industrias pequeñas y medianas pagan el doble que en Estados Unidos. ¿Cómo competir con estos costos si, encima, se le entrega el mercado al extranjero? Abunda Otero en razones para no privatizar Isagén: porque ella amortigua el golpe de los precios que un puñado de empresas privadas quiere imponer. Porque invierte en proyectos regionales con un sentido de desarrollo del que carece la empresa privada, siempre condicionada por la rentabilidad individual, no por la social. Porque el sector privado, cortoplacista, no invierte en proyectos ambiciosos que rentan en el largo plazo.
Otro caso aleccionador, las EPM. Segunda mayor empresa de Colombia y propiedad de Medellín, no se dejó privatizar y mantuvo la confianza de la sociedad en lo público. A nadie se le ha ocurrido venderla para abrir vías. Si éstas no se construyen no es por falta de recursos: es porque se los roban y por ineficiencia. Santos ha exhibido audacias mayores por las víctimas y por acabar la guerra. Pero porfiar en este modelo económico sería conspirar contra la paz.
por Cristina de la Torre | Ago 13, 2013 | Agosto 2013, La paz
Cuando más avanzan las conversaciones de La Habana, en la perseverancia de las partes, las Farc interponen talanqueras que pondrían en grave riesgo un desenlace de paz: quieren ellas eludir responsabilidades frente a sus víctimas. Nunca antes se había llegado tan lejos con la insurgencia, declara Humberto de la Calle. Pero al propio tiempo se vuelve esa guerrilla contra los pilares mayores del proceso, a saber, la verdad y la justicia. El Grupo de Memoria Histórica revela la cantidad y la atrocidad de los delitos perpetrados, entre otros, por guerrillas revolucionarias contra una población inerme en este conflicto armado. Por su parte, el Marco Jurídico para la Paz apuntaría a seleccionar los más graves y a juzgar a sus máximos responsables. Pues las Farc descalifican aquella historia de la guerra y rechazan el instrumento de justicia transicional que pondría fin al desangre.
Como si en la mesa se estuviera barajando el Estado de derecho al cual prometieron acogerse para librar desde la democracia liberal sus luchas por el cambio, las Farc dicen ahora no reconocerle legitimidad para juzgarlas y sugieren, mas bien, someter al Estado a un juicio revolucionario. Siendo éste, según ellas, el responsable último de la violencia, apelan las Farc a su particular interpretación de los hechos. Por ejemplo, al secuestro lo llamarían retención de algún indeseable burgués que deberá cotizar a la causa popular. Terminarían por no reconocer a sus víctimas, cuyos derechos obligan; por negarse a aceptar la verdad y a confesarla, a reparar y a pagar por el horror causado.
Contra el informe de Memoria Histórica, proponen la creación de una comisión de la verdad que indague los delitos de los agentes del Estado y se remonte a los promotores de la violencia liberal-conservadora de los años 40 –origen remotísimo y episódico de la guerrilla comunista. Con riesgo evidente de que el recurso a las calendas griegas escamotee las responsabilidades particulares de esta insurgencia en su medio siglo de existencia. Justa la exigencia de investigar a agentes del Estado incursos en crímenes atroces. Y justo volver sobre los victimarios del pasado. Pero eso no invalida la tragedia ya documentada, hija del conflicto presente, en la cual tuvieron arte y parte las guerrillas. El informe “Basta ya” atribuye a las Farc 343 masacres de las 1.982 perpetradas en las tres últimas décadas. Y a las guerrillas, 24.482 de los 27.023 secuestros registrados desde 1970 y asociados al conflicto armado.
Gonzalo Sánchez, director de la obra, se refiere a esta guerra degradada, que “rompió todas las reglas humanitarias, más allá de los objetivos sociales o políticos que los múltiples bandos puedan esgrimir”, trátese de guerrillas, de agentes del Estado, de paramilitares, o de sus aliados entre políticos y empresarios. Pero no es sólo la cifra de muertos y de daños, recava; hay que inscribir esta guerra “en el tejido de mecanismos de exclusión, de impunidad, de despojo y de terror que han configurado el diario acontecer de nuestra nación”.
Acaso no hayan comprendido las Farc que su despliegue de propuestas, viables o desmesuradas, le llegan a la opinión como un insulto mientras aquellas no asuman sus delitos, acepten sanciones y pidan perdón a sus víctimas. Negarse a hacerlo sería seguir apostándole a la guerra. Reconciliación habrá sólo cuando todos los actores armados asuman sus responsabilidades. Único camino para que la insurgencia pueda reintegrarse a la sociedad y para que el Estado recupere su legitimidad. Si no conocemos nuestra historia, estaremos condenados a repetirla, se ha dicho. Nuestra verdadera historia, pues sin verdad (reconocida) no habrá paz.
por Cristina de la Torre | Ago 6, 2013 | Iglesias
No podían creerlo. Ochocientas religiosas venidas de 75 países a congratularse con el nuevo Pontífice que se estrenaba en el espectáculo de la humildad lo oyeron tronar en pleno Vaticano contra monjas norteamericanas inconformes con la jerarquía masculina de Roma y su pensar. “¡Solteronas!” –les habría espetado Francisco el Bueno-; tan embebidas en el trabajo social con los pobres, a estas feministas no les quedaría energía para fustigar el aborto, la homosexualidad, el sacerdocio femenino. Remató instándolas a comportarse como madres espirituales y a obedecer a sus superiores, los obispos.
Escena desapacible que siembra dudas sobre la sinceridad de sus gestos de caridad en el Brasil. Parecerían ellos reinvención de la vetusta Propaganda Fide (propagación de la fe) potenciada al infinito por los modernos medios de comunicación de masas, concesión de indulgencias por twitter comprendida. Pero no se adivina vuelco en la doctrina ni en el sistema de poder de la Iglesia, fuentes de su crisis letal. Mientras no reúna Francisco un Concilio de la envergadura teológica y política del Vaticano II de Juan XXIII, su “Iglesia pobre para los pobres” será pompa de jabón. Más aún si la jerarquía de Roma insiste en conspirar contra derechos incorporados a la ciudadanía de nuestros días: aborto, matrimonio entre homosexuales, eutanasia, matrimonio de sacerdotes. Sobre ordenación de mujeres declaró: “No. Lo dijo Juan Pablo II, con una formulación definitiva. Esa puerta está cerrada”. Cerrada también la del matrimonio gay. Echando por el camino del absurdo, el papa les propone a los jóvenes el ideal del cristiano “revolucionario”: contraer matrimonio católico.
Cecilia Rodríguez reconstruye con creces el conflicto entre Vaticano y monjas estadounidenses (El Tiempo, 6, 18). Éste se remonta al pontificado de Benedicto, cuya Santa Inquisición (hoy Congregación para la Doctrina de la Fe) concluyó que muchas de las 45 mil monjas que integran el movimiento en ese país luchan “por causas feministas radicales incompatibles con la fe católica”. Ahora las acusa Francisco de rebelión y las conmina a obediencia. Se precipitaron protestas y plantones de las comunidades protegidas por estas monjas. El Congreso de Estados Unidos emitió resolución de apoyo a su trabajo. Líder de la rebelión, la teóloga Laurie Brink es blanco de cardenales que la señalan como “fuente de escándalo”. Ella responde acusándolos de reciclar curas pedófilos entre parroquias. Ya el Vaticano había censurado el libro de la hermana Farney, catedrática de Yale, por violentar los preceptos de la Iglesia que condenan el sacerdocio femenino, la homosexualidad y la contracepción. La ofensiva de estas hermanas apunta hoy contra el poder de la misoginia y la caverna en el Vaticano.
Piensan ellas, por demás, que la concepción de mujer en la Iglesia contraviene la enseñanza de Jesús, su vida y obra, en la cual mujeres como la Magdalena desplegaron igual reciedumbre que los apóstoles. Pero siglos de oscuridad vinieron a ensañarse en ella, bruja maldecida desde el origen de los tiempos, no obstante que algún concilio del siglo XV reconociera -¡por mayoría de votos!- que la mujer tenía alma. Las estructuras de la Iglesia se volvieron patriarcales y obraron a su vez como legitimación cristiana de la sociedad patriarcal.
Si a tal anclaje se suma el improbable viraje de Roma hacia un compromiso cierto con los desheredados, las estridencias de este papa se reducirán a eso: a ruido, a gesto sin trascendencia histórica. No tocarán el caduco trono del papado ni sus dogmas, así presuma Francisco sentarse en él a desgana. Serán las suyas flores de un día sacrificadas a sus espinas.
por Cristina de la Torre | Jul 30, 2013 | Conflicto armado, julio 2013
Habrá que reconocerlo: la nuestra, es la historia de la guerra. Medusa contrahecha que en medio siglo ha cobrado 220 mil vidas, la cifra podría representar apenas un tercio del holocausto. Brutalidad contra civiles indefensos que muta con el tiempo, diversifica a sus asesinos y renueva la sevicia, pero conserva intacta la doble fuente que la potencia hasta el delirio. Primero, la concentración de la propiedad en el campo se ensaña en el campesino y lo convierte en mendigo errante sin esperanza. Segundo, la costumbre inveterada de callar al contradictor a rugidos o a bala. Como en estadios primitivos de la sociedad, el fanatismo liquida a garrote al “otro”, a quien ose discrepar del pensamiento consagrado por los poderes consagrados. “El sectarismo de la política extendido a las armas y el de las armas proyectado a la política”. Así reza el informe del Centro de Memoria Histórica titulado “Basta ya”. Obra cumbre, imprescindible, sobre nuestro acontecer en medio siglo, su vigor testimonial y analítico desnuda la tragedia que lo signó.
Tras tanto machete y metra y fusil y motosierra, andan sus responsables sueltos. Sueltos desde la guerra del partido católico contra el laicismo, a la que se llamó Violencia liberal-conservadora. Pasando por la no menos sagrada contienda de la Guerra Fría que en Colombia enfrentó a las guerrillas comunistas contra el capitalismo. Para culminar en la república del narcotráfico, despiadada reelaboración de ferocidades anteriores.
Fueron primero los Laureanos, adalides de la intransigencia político-religiosa que llevó a feliz término la estrategia de su líder –filofascista confeso- de “hacer invivible la república” que apuntaba a la modernidad. Hubo 300 mil muertos y ningún promotor condenado por la degollina. Antes bien, siguen sus discípulos mandando, cargados de dagas y rosarios, como el procurador Ordóñez. Le siguió la dictablanda del Frente Nacional, la espada siempre enhiesta contra toda voz disonante en aquel concierto de élites habituadas al perrero. En la otra orilla, guerrillas gestadas en la rigidez del sistema; aunque también sembradas por las mecas del socialismo internacional _Rusia, China, Cuba- para librar en patio ajeno y sotto voce su guerra contra el titán del Norte. Para Farc, Eln y Epl la guerra fue religión, y sus organizaciones, iglesias. Abundaron en su seno purgas y ejecuciones contra aquellos que discutían “la línea correcta”. Al disidente Ricardo Lara no le perdonaron la vida. Y se autoproclamaron opción única de cambio. La izquierda legal quedó triturada entre dos bandos que pujaban por suprimir a bala las ideas del contrario. El narcotráfico reconcentró la tenencia de la tierra y, a título de anticomunismo, se lió en guerra con las Farc. Mediaba el negocio de la droga. Como se trataba de controlar el territorio y la población, a esta última se la tuvo por prolongación del enemigo. Miles y miles de asesinados por las partes, y cinco millones de desplazados. No tuvo límites la guerra. Se reprodujeron las atrocidades de la vieja Violencia, ahora bajo el trepidar de la motosierra. En la arista ideológica de la confrontación, Memoria Histórica documenta por ejemplo tantas víctimas de la UP como liberales, conservadores y comunistas.
Paramilitares, guerrilleros, agentes del Estado y parapolíticos tendrán que responder por las infamias de esta guerra atroz. La obra de Gonzalo Sánchez, Álvaro Camacho, Martha Bello, Maria Victoria Uribe, Maria Emma Wills, entre otros valientes investigadores, hará historia. Si (como señala Sánchez) contribuye a liquidar la pretensión totalitaria de exterminar al adversario, ayudará a conjurar el horror, a despejar el camino de la paz.
